El 15 de junio de 2012, en las proximidades de la ciudad de Curuguaty, ubicada a unos 250 kms. al noreste de Asunción, se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”. Campesinos pobres que luchaban por el acceso a la tierra, se encontraban acampados en un inmueble de propiedad del Estado paraguayo.
La empresa Campos Morumbí, propiedad de Blas Riquelme, uno de los latifundistas y empresarios próximos al dictador Stroessner durante todo su régimen, reclamó derechos sobre las tierras ocupadas, lindantes con las de la empresa. Por medio de influencias y espurios procedimientos judiciales, logró el reconocimiento de supuestos derechos sobre ellas, aunque el caso no está cerrado aún.
Aquella mañana, más de 300 agentes de la Policía Nacional (incluidos efectivos de grupos especializados), debían realizar un indefinido operativo de allanamiento-desalojo de los campesinos. Según datos de la propia policía, en la zona de campo abierto en que penetrarían los efectivos, se encontraban alrededor de 60 campesinos. El operativo degeneró en una balacera en que murieron 17 personas: 6 policías y 11 campesinos.
Los muertos y los heridos presentaban impactos de balas de calibres correspondientes a las armas automáticas y semiautomáticas que portaban las fuerzas policiales. El suceso fue utilizado también como una de las causales del llamado “juicio político” al presidente Fernando Lugo, aunque, hasta ahora, ni siquiera se intentó probar su autoría moral.
El juicio oral respectivo se desarrolló en Asunción, desde hace aproximadamente un año, y el próximo lunes 11 de julio se habrá de conocer la sentencia de primera instancia.
La actuación del Ministerio Público relacionada con la masacre, estuvo plagada de irregularidades. Una clara muestra de la absoluta falta de objetividad de los fiscales intervinientes es el hecho de que la investigación sólo estuvo orientad a la muerte de los 6 policías. Nada se hizo en cuanto a la muerte de los 11 campesinos. Todo el juicio giró en torno a determinar las responsabilidades referentes a esas 6 muertes y nada más.
Algunas pruebas fueron ocultadas o desaparecieron, algunos procedimientos, como autopsias, fueron mal realizados. El Ministerio Público buscó, a cualquier costo, sindicar a algunos supuestos culpables para cerrar el caso, con la idea de que tratándose de campesinos pobres el juicio no cobraría mayor relevancia en la prensa y en la opinión pública.
Un grupo de 12 campesinos fueron acusados de “asociación criminal” (cuando estaban en tratativas con el órgano estatal respectivo –Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra -INDERT– con vistas a regularizar la ocupación de las tierras), de “invasión de inmueble ajeno” (cuando el Estado no había realizado reclamación alguna) y de “homicidio doloso en grado de tentativa” (a pesar del absurdo de que existían 17 muertos), convertido luego a la hora de los alegatos, en “homicidio doloso consumado” respecto de varios de los acusados, sin que hubieran tenido la oportunidad de ejercer su defensa en relación con este hecho punible.
En verdad, como una cuestión de fondo está la lucha campesina por el acceso a la tierra, para lograr de este modo los niveles mínimos de una vida digna. Mediante este juicio se quiere seguir postergando indefinidamente esta legítima aspiración del campesinado y mantener los privilegios de una ínfima parte de las clases dominantes: los latifundistas.
El Ministerio Público ha demostrado un excesivo celo draconiano, al solicitar de 5 años de pena privativa de libertad, hasta 20, 25 y 30 años. Se busca criminalizar la lucha social e imponer penas que sirvan de escarmiento a los supuestos involucrados y de ejemplo a eventuales nuevos delincuentes, no tanto para disuadirlos de atentados contra la vida, sino contra la concentración de la propiedad inmobiliaria.
Organismos del Estado, como la Policía Nacional y el Ministerio Público, han sido utilizados con esta finalidad persecutoria. Está latente la esperanza de que el Poder Judicial –representado por el Tribunal de Sentencia- no caiga en esta manipulación. La disyuntiva es hacer justicia mediante la absolución de todos los procesados, o condenar a algunos “chivos expiatorios” con tal de cerrar el caso.
luislezcanoclaude 