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REELECCIÓN PRESIDENCIAL, ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y MEDIOS MASIVOS

1. Disposiciones constitucionales que se pretende modificar. Comenzaremos por analizar la cuestión de fondo, es decir, las disposiciones constitucionales que se desea modificar, sin hacer mención alguna a la vía por la cual se las quiere modificar. Estudiaremos las propuestas tratando de verificar, principalmente, su carácter democrático o no, atendiendo a su contenido.
a) La principal propuesta es, sin duda, la de admitir la posibilidad de reelección del Presidente de la República. De acuerdo con el texto actual de la Constitución de 1992, dicha reelección está prohibida en términos absolutos (No podrá ser reelecto en ningún caso, cf. Art. 229 Cn.).
La primera cuestión consistiría en admitir o no la reelección presidencial. Nos preguntaríamos si esto tiene relación directa con el carácter democrático o no democrático de un régimen de gobierno. A mi criterio, el que un régimen sea democrático no depende de que admita o no la reelección presidencial. Ni siquiera influye en este carácter el que la posibilidad de reelección sea con alternancia o en forma consecutiva; que pueda aplicarse sólo en un período constitucional ulterior o que se aplique de forma inmediata beneficiando incluso al presidente en ejercicio.
Nuestra Constitución prohíbe la reelección presidencial y es democrática. Las constituciones del Uruguay y de Chile la admiten con un periodo de alternancia, y son democráticas. Las constituciones de la Argentina y el Brasil la admiten en forma consecutiva o inmediata (y también con alternancia), y son democráticas. En esto, como se ve, no hay ningún problema.
La posibilidad de reelección planteada sería aplicada en las elecciones que deben celebrarse en abril de 2018. Ella está acorde con la tradición constitucional paraguaya y es lo predominante en el derecho constitucional latinoamericano.
En los últimos tiempos se ha visto en Latinoamérica que la reelección inmediata o consecutiva de un líder es imprescindible para la continuidad de ciertos procesos revolucionarios o de cambios favorables a las clases populares. Así ocurrió con Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Luis Ignacio Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, etc.
b) Un tema muy similar es el de la reelección de los gobernadores departamentales. Actualmente se encuentra prohibida (Art. 161, 2º pfo., Cn.). Se plantea admitirla en las mismas condiciones que la reelección del Presidente de la República. Tampoco presenta ninguna objeción desde el punto de vista de que tenga carácter democrático.
c) Otros artículos constitucionales que se propone modificar son el 197 y el 235, ambos referidos a inhabilidades, el primero para ser candidato a senador o diputado, y el segundo, para ser candidato a Presidente de la República o Vicepresidente.
Se pretende suprimir algunos incisos de dichos artículos, por ejemplo, para posibilitar que los candidatos a los principales cargos del Ejecutivo (Art. 197, inc. 8, Cn.), puedan ser también candidatos a senadores o puedan integrar la Cámara de Senadores en caso de alcanzar cierto porcentaje de votos. En esto tampoco existe nada contrario a la Ley Suprema, se trata simplemente de criterios.
Otra modificación propuesta es la referida a la renuncia del presidente en ejercicio para postularse para el periodo inmediato. En este caso, la misma no estaría sujeta a la aprobación por el Congreso, sino que bastaría la comunicación a los otros poderes. Esto nos parece lógico, pues, en caso contrario, quedaría abierta la posibilidad de que el órgano legislativo impidiera determinada candidatura, convirtiéndose en un gran elector. De hecho, la opción de aceptar o rechazar la renuncia presentada por el Presidente de la República, tiene relevancia únicamente cuando se esté llevando a cabo un juicio político, el cual podría culminar con la separación del cargo y la consiguiente imposibilidad de acceder a la senaduría vitalicia.

2. Procedimientos para modificar la Constitución. La enmienda. La Constitución paraguaya puede ser modificada por la vía de la enmienda o por la vía de la reforma (Cf. arts. 289 y 290).
El procedimiento de la enmienda exige la aprobación del proyecto respectivo por una y otra cámara del Congreso (Senadores y Diputados), por mayoría absoluta.
El viernes 31 de marzo de 2017, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de enmienda constitucional con los votos de 25 miembros de un total de 45.
La sesión respectiva se realizó bajo la presidencia del Vicepresidente 2º, en una sala que no es la habitual para sesiones plenarias, debido a la negativa del Presidente de la Cámara de Senadores y del Vicepresidente 1º, de permitir el tratamiento del mencionado proyecto.
A mi criterio, la irregularidad no está en esta forma de proceder, pues la mayoría absoluta de integrantes de la Cámara de Senadores deseaba tratar el proyecto de enmienda constitucional. La violación de la Ley Suprema se dio porque el proyecto se repitió antes de que hubiera transcurrido un año de haber sido rechazado (agosto de 2016), lo cual está prohibido por la Constitución (Art. 290, 2º párrafo).
La otra y principal objeción sería que la eliminación de la prohibición de reelección del Presidente de la República (Art. 229 Cn.), no puede ser hecha por la vía de la enmienda.
Ahora, para continuar con el procedimiento de la enmienda, falta la aprobación de la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta. En este punto se está actualmente. El oficialismo (sector del Partido Colorado liderado por Cartes), un sector del Partido Liberal y el Partido Frente Guazú (liderado por Fernando Lugo), cuentan con la mayoría de los votos también en esta cámara.
En caso de que se diera la aprobación de esta cámara, el proyecto de enmienda debe ser sometido a un referéndum, cuyo resultado es vinculante. Es decir, cabe la posibilidad de que el electorado se pronuncie por el rechazo de la enmienda y este es un resultado definitivo.
Sólo en caso de un pronunciamiento afirmativo, la enmienda queda perfeccionada. Sobre el particular, la Constitución preceptúa lo siguiente: “Si el resultado de éste (el referéndum) es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional” (Cf. Art. 290, Cn.).
Si se llegara a este punto, nos encontraríamos ante la situación inédita en nuestros avatares electorales, de que tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, tendrían sectores a favor del sí y sectores a favor del no, lo mismo que otras asociaciones políticas. No se daría, pues, una votación por partidos políticos (en sentido vertical), sino por preferencia del elector (en sentido trasversal).

3. La reforma. La otra vía para la modificación de la Constitución es la reforma. Pero para ello se necesita, en primer lugar, la “declaración de la necesidad de la reforma”, por una mayoría absoluta de dos tercios de votos de los miembros de cada cámara del Congreso. Esto significa un mínimo de 83/84 votos sobre un total de 125 legisladores, lo cual es imposible de lograr para el oficialismo (Cartes y sus adherentes del Partido Colorado) y sus aliados de otros partidos.
Posteriormente debe elegirse a los integrantes de una Convención Nacional Constituyente que debe encargarse de realizar la reforma constitucional. El tiempo requerido para realizar la modificación constitucional por esta vía, es mayor; y, además, existe la incertidumbre acerca de la composición que tendrá el órgano constituyente.
Las dificultades, prácticamente insalvables, para encarar la modificación de la Constitución por esta vía, determinaron que se optara por la vía de la enmienda.

4. Las objeciones a la vía de la enmienda. Ya hemos apuntado que la vía de la enmienda no es la adecuada para eliminar la prohibición de reelección del Presidente de la República. Esto debe hacerse por la vía de la reforma. En efecto, el artículo 290, referente a la enmienda, prohíbe en su último párrafo, usar este procedimiento para modificar lo referente a “la duración de los mandatos”.
Al respecto se ha generado una ardua discusión. Quienes sostienen que la enmienda es una vía idónea, dicen que “duración de mandato” no es lo mismo que “reelección”.
Por nuestra parte, afirmamos que la prohibición comprende todo lo dispuesto en el Art. 229 Cn., cuya denominación es “De la duración del mandato”. Además, resulta ilógico sostener que la extensión del mandato presidencial (por ejemplo, de cinco a seis años) para una futura elección, solo puede ser realizada, vía reforma, por una Convención Nacional Constituyente; cuando la habilitación para la reelección, que en definitiva consiste en que una persona que ya fue Presidente de la República pueda aspirar a un nuevo período de cinco años, en una futura elección, pueda ser realizada vía enmienda.
La otra objeción ya la hemos señalado también, y consiste en que el mismo proyecto de enmienda referente a habilitar la reelección del Presidente de la República, sea presentado de nuevo, antes de transcurrir un año desde su rechazo en agosto de 2016. Esto está prohibido por la Ley Suprema (Art. 290, 2º pfo., Cn.).
No obstante lo señalado que, sin duda, excluye la vía de la enmienda por improcedente, debe dejarse en claro que se trata de objeciones de forma que no inciden sobre el carácter democrático de todas las modificaciones constitucionales que se desea introducir, tal como lo apuntamos más arriba.

5. Aspectos no jurídicos. Los intereses personales mezquinos. Para intentar comprender la situación actual, el análisis no puede quedar circunscripto a lo jurídico. El análisis político es inevitable y necesario como complemento imprescindible del análisis meramente jurídico. En efecto, aquel permite develar aspectos que arrojan luz para una mejor comprensión de los acontecimientos que analizamos.
Es indudable que los dos grandes beneficiados por la admisión de la reelección presidencial serían el actual presidente Horacio Cartes y el ex presidente Fernando Lugo. Y el objetivo principal sería impedir la reelección de Cartes. Y los problemas se han creado por el empecinamiento de éste en lograr ese fin.
En el seno del Partido Colorado se da un duro enfrentamiento entre partidarios de Cartes (“cartistas”) y contrarios a él (liderados por un grupo de senadores). Entre éstos, el senador Mario Abdo Benítez (hijo del ex-secretario privado del Gral. Stroessner), se presenta como el principal aspirante, en disidencia, a la candidatura a la presidencia de la República, por el Partido Colorado. Obviamente, eliminar a Cartes impidiendo su nueva postulación, aparece para Abdo Benítez como un objetivo vital.
El principal partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), también se encuentra dividido. El oficialismo partidario se manifiesta contrario a la enmienda habilitante de la reelección presidencial. Se apoya en lo argumentos válidos expresados precedentemente, pero agita también el temor de habilitar una candidatura vinculada al narcotráfico (la de Cartes), que considera prácticamente imposible de vencer y sumamente nefasta para el porvenir del Paraguay.
Sin embargo, una poderosa razón de oposición a la enmienda consiste en la habilitación del ex presidente Fernando Lugo, cuya candidatura eclipsaría por completo la de Efraín Alegre, actual presidente del PLRA. Un sector disidente de este partido, apoya la figura de la reelección y, en particular, a Lugo.
En estas actitudes no existe ni pizca de defensa de la Constitución ante una eventual grave violación de la misma. Sólo existen intereses electorales mezquinos de quienes en otras oportunidades no tuvieron inconvenientes en trasgredir preceptos de máximo rango.

6. Papel de la prensa. Que los medios decidan. Los medios masivos de comunicación, que en los hechos constituyen un oligopolio, principalmente en manos de Aldo Zucolillo (diario ABC, radios y demás medios), Antonio Vierci (diario Última Hora, radios, canales) y Horacio Cartes (diario La Nación, radios, canales), han ejercido una enorme influencia sobre la población.
Los dos primeros grupos han actuado en forma conteste polarizando las posturas entre democráticos y antidemocráticos. En esta distinción no se aclaraba que el problema debía ser circunscripto a la vía escogida para introducir la modificación a la Constitución (enmienda o reforma), sino que ex profeso se trataba de tildar de violadores de la Constitución a quienes sostuvieran la postura favorable a la reelección presidencial y se consideraba defensores de la Constitución, a quienes adoptaran la posición contraria a la reelección.
La prolongada campaña mediática sostenida por medios escritos, orales, televisivos, etc., con amplio destaque, produjo el efecto deseado de instalar el tema del peligro de una grave violación constitucional hasta en sectores populares que normalmente se suelen ocupar de temas como estos, en forma muy limitada. La manipulación de la opinión pública era evidente.
No es conveniente hacer una gradación de las violaciones constitucionales, pero resulta muy ilustrativa la comparación del caso actual con la grave e indubitable violación constitucional perpetrada en junio de 2012, en que –de lejos- no hubo una agitación popular como la de estos días.
Esto nos lleva a concluir que la labor de los citados medios oligopólicos resultó muy eficaz. Llama la atención que ellos no realizaron una campaña similar cuando se realizó ese remedo de “juicio político” que culminó en unas pocas horas con la destitución de un presidente electo popularmente, sin que se diera a éste la oportunidad real de ejercer su defensa, sin que existieran pruebas que justificaran el procedimiento y su resultado; en definitiva, con una desvergonzada actuación arbitraria de ambas cámaras legislativas.
Asimismo, resulta notable que todos los principales actores que ahora aparecen divididos entre defensores y violadores de la Constitución (salvo, obviamente, Lugo y sus adherentes), en junio de 2012 aparecían todos juntos como indudables violadores de la Norma Suprema.
En conclusión, la reacción tan fuerte de algunos militantes del mismo Partido Colorado y de un sector de militantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y, en general, de la sociedad, es el resultado de la labor sostenida a lo largo de varias semanas y con gran despliegue, por los medios masivos que mencionamos, sin que los del actual presidente pudieran contrarrestarlos.
No es posible pensar que una reacción popular tan extrema pudiera producirse espontáneamente, sin la gravitante intervención de los medios masivos de comunicación, cuando, en realidad, la violación de la Constitución no consiste en introducir la posibilidad de reelección presidencial, sino simplemente en la utilización de una vía improcedente (la enmienda) para incluir esa modificación. ¿Para el gran público esto sería suficiente para llegar a los grados de exaltación, exasperación, irritación y crispación a que se llegó? ¿Se consideraría ésta una gran violación constitucional que pone en riesgo la misma existencia del Estado de derecho? ¿Por qué no hubo una reacción similar en junio de 2012 cuando se perpetró una violación constitucional sobre una cuestión de fondo? Porque en esa ocasión los medios adoptaron un papel meramente descriptivo de los hechos, e, incluso, favorable a su desarrollo.
Paradójicamente, lo que hoy se puede observar es que los medios masivos de comunicación han decidido lo que el pueblo (electorado) debe hacer.
Las circunstancias descriptas nos llevan a interrogarnos acerca de cuáles son los intereses ocultos que motivan a dichos medios, no siempre caracterizados por la defensa a ultranza de la Constitución.
Dijimos que los dos beneficiados por la admisión de la reelección serán Fernando Lugo y Horacio Cartes. La resistencia de parte de los medios masivos no parecer ser contra el primero, que sería controlable y con quien, al decir de algunos empresarios, se tuvo menos problemas que en la actualidad.
Hay una reelección concreta que se debe impedir: la de Cartes. Nos preguntamos ¿qué les habrá hecho y que les podría hacer eventualmente en otros cinco años de gobierno, en perjuicio no sólo de sus empresas comerciales mediáticas, sino de las de otra índole de que son propietarios? Desde la perspectiva de las empresas comerciales mediáticas, ¿nos encontramos ante la posibilidad de una grave violación de la Ley Suprema o ante una encarnizada lucha entre grandes grupos empresariales, en lo alto de la pirámide social?

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ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL

1. Introducción. Desde hace varios años, la Corte Suprema de Justicia ha venido ejerciendo la facultad de interpretar cláusulas constitucionales y determinar su alcance y sentido.
La Ley Suprema confiere al Poder Judicial la atribución de interpretar la Constitución (cf. Art. 247 Cn.) y, en particular, la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano jurisdiccional y titular exclusivo de la potestad de ejercer el control de constitucionalidad, actúa con carácter de intérprete final de la Constitución.
Esa tarea interpretativa de cláusulas constitucionales, la ha hecho la Corte Suprema en varios casos sin usar la frase “declaración de certeza constitucional”. La misma aparece consignada por primera vez en un fallo, en 1999. Posteriormente se consolida esta vía y, a partir de 2014, ya aparece claramente definida la “acción de declaración de certeza constitucional”.

2. Casos precedentes. En varias oportunidades, la Corte Suprema de Justicia ha realizado la interpretación de una cláusula constitucional. A continuación se transcribe la parte resolutiva de diversos fallos del máximo órgano jurisdiccional.

a) JUICIO:”EMILIO CAMACHO C/ DANIEL FRETES VENTRE, CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA S/ AMPARO”.

Acuerdo y Sentencia N° 481
Asunción, 20 de noviembre de 1996.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
RESUELVE:
1. DEJAR establecido que la Contraloría General de la República debe ser ejercida exclusivamente por el Contralor General de la República en los términos del Art. 283 de la Constitución Nacional …

b) JUICIO: “TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL S/ ELECCIONES GENERALES PARA EL PODER EJECUTIVO”.

Acuerdo y Sentencia N° 191
Asunción, 27 de abril de 1999
VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:
1º. DECLARAR CON ALCANCE DE CERTEZA CONSTITUCIONAL que el actual Presidente Constitucional de la República del Paraguay, Dr. Luis Ángel González Macchi, deberá completar el período constitucional 1998-2003.
2º. DECLARAR CON EL MISMO ALCANCE que el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe convocar a elecciones, únicamente para el cargo de Vice-Presidente de la República por el periodo constitucional 1998-2003.

(Comentario: En este fallo se usa por primera vez la expresión “certeza constitucional”. En cuanto a la forma, es decir, a lo procesal, personalmente era partidario de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral resolviera por sí mismo convocar sólo a elección de Vicepresidente de la República, con lo cual implícitamente se entendería que quien estaba en ejercicio de la Presidencia de la República, debía continuar hasta finalizar el período constitucional en curso. Con posterioridad, un fiscal electoral debería promover una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del TSJE. De este modo se tendría el criterio de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, prevaleció la postura de plantear la cuestión en la forma que queda indicada más arriba. Para evitar restar fuerza a la decisión de la Corte, que así pudo ser unánime, me adherí al criterio mayoritario. En efecto, coincidía con las decisiones adoptadas, que, a mi entender, resultaban del primer párrafo del Art. 234 Cn., como lo había expresado con precedencia y en abstracto, en un artículo publicado en La Ley Paraguaya, en marzo de 1998.
En el campo político, la marcada división entre el sector argañista del Partido Colorado, triunfante en ese momento, y el derrotado sector oviedista, significó una gran presión sobre la Corte Suprema de Justicia, para que se decidiera la continuidad de González Macchi, perteneciente a aquel sector. Por suerte, lo pretendido era lo correcto, aunque resultara de una deficiencia del texto constitucional, pues el orden de sucesión previsto en el Art. 234, 1er. pfo., Cn., debiera ser provisional, hasta la realización de nuevas elecciones en caso de doble acefalía simultanea).

c) JUICIO: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART. 19 DE LA LEY 609/95; RESOLUCIÓN 421, DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA CÁMARA DE SENADORES Y CONTRA EL DECRETO N° 6131 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADO POR EL PODER EJECUTIVO (PRESENTADA POR MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA)”[Dres. Felipe Santiago Paredes y Jerónimo Irala Burgos].

Acuerdo y Sentencia N° 222
Asunción, 5 de mayo de 2000.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:
… HACER LUGAR a la presente acción de inconstitucionalidad promovida contra el Art. 19 de la Ley N° 609/95, la Resolución N° 421 del 5 de noviembre de 1999, dictada por la Honorable Cámara de Senadores y el Decreto N° 6131, del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo, con el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, y en consecuencia, establecer que el término del ejercicio de la función de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia se rige únicamente por el artículo 261 de la Constitución, por los fundamentos expresados en el exordio de esta resolución …

c`) JUICIO: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART. 19 DE LA LEY 609/95; RESOLUCIÓN 421, DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA CÁMARA DE SENADORES (PRESENTADO POR EL Dr. ENRIQUE SOSA ELIZECHE, MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA)”.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 223
Asunción, 5 de mayo de 2000.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:
… HACER LUGAR a la presente acción de inconstitucionalidad promovida contra el Art. 19 de la Ley N° 609/95, la Resolución N° 421 del 5 de noviembre de 1999, dictada por la Honorable Cámara de Senadores y el Decreto N° 6131, del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo, con el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, y en consecuencia, establecer que el término del ejercicio de la función de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia se rige únicamente por el artículo 261 de la Constitución, por los fundamentos expresados en el exordio de esta resolución.

(Comentario: En noviembre de 1999, la Cámara de Senadores se excedió por primera vez en cuanto al tema de la permanencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia en sus cargos. En efecto, en virtud de una resolución se arrogó la atribución de confirmar o no a los integrantes del órgano jurisdiccional máximo. La Corte Suprema, en una acertada y valiente decisión, declaró la invalidez de la resolución senatorial (Art. 137, último pfo., Cn.).
Además, realizó la interpretación del Art. 261 Cn. y determinó su sentido y alcance).

d) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL 2° PÁRRAFO DE LA LEY N° 426/94 “ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 1994”.

(Comentario: Esta acción fue resuelta por el Acuerdo y Sentencia N° 771, del 30 de julio de 2002.
Por medio de esta acción, también se solicitó la interpretación o determinación del alcance de la cláusula constitucional del 2° párrafo del Art. 161 de la Constitución, que expresa lo siguiente:
“… El Gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional. No podrá ser reelecto”.
La acción fue rechazada y, además, la Corte Suprema de Justicia dejó sentada la postura de que los gobernadores departamentales no podían ser reelectos en ninguna circunstancia.
Este caso tiene relevancia actualmente por su similitud con el precepto constitucional que establece la prohibición de reelección para el Presidente de la República y el Vicepresidente).

e) ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Acuerdo y Sentencia N° 185
Asunción, 10 de abril de 2014.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:
DECLARAR, con alcance de certeza constitucional, la vigencia para el caso, del principio constitucional según el cual los profesionales que perciben remuneración periódica del Estado o de algún otro ente comprendido en el art. 3° de la Ley 1535/1999, no pueden adicionar a dicha remuneración honorarios por trabajos judiciales cobrados a su mandante …

(Comentario: Este caso se refiere a la aplicación del Art. 105 de la Constitución: “De la prohibición de doble remuneración”.
Se puede apreciar que ya aparece la denominación de “acción de declaración de certeza constitucional”, lo cual indica la consolidación de esta vía de pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Es, además, un caso sin mayor relevancia política, en que un órgano de gobierno (el Banco Central del Paraguay), solicita a la Corte Suprema su pronunciamiento sobre el tema. La cuestión pudo haber llegado al máximo órgano jurisdiccional por la vía de la “consulta” de parte del magistrado a quien se le hubiere solicitado una regulación de honorarios o por la vía de una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones de primera y segunda instancias en que se regularan honorarios en las condiciones señaladas por el Banco Central del Paraguay).

f) “LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL”.

Acuerdo y Sentencia N° 1010

Asunción, 11 de diciembre de 2015.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
R E S U E L V E:
HACER LUGAR a la acción promovida por el Señor Ministro Dr. Luis María Benítez Riera, declarando con alcance de certeza constitucional que el mismo ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional que actualmente desempeña, de conformidad con las consideraciones y conclusiones del exordio de esta resolución, hasta el límite de edad previsto en el Art. 261 de la Constitución Nacional.

(Comentario: En este caso se usa la denominación de “acción de declaración de certeza constitucional” y la Corte Suprema de Justicia realiza una interpretación acerca de la inamovilidad de un ministro, consagrada constitucionalmente).

Estos son sólo algunos de los casos en que la Corte Suprema realizó la interpretación de una cláusula constitucional.

3. Fundamentos jurídicos.
La facultad de la Corte Suprema de declarar la certeza constitucional, encuentra sus fundamentos jurídicos a nivel legislativo, en los siguientes artículos del Código Procesal Civil:

a) Art. 99. Acción puramente declarativa. El interés del que propone la acción podrá limitarse a la declaración de la existencia o no existencia de una relación jurídica, o a la declaración de autenticidad o falsedad de un documento.

La ubicación del artículo es la siguiente:
Código Procesal Civil
Libro I, De las disposiciones generales
Título IV, Del ejercicio de la acción
Capítulo I, De las normas generales.

Como se puede apreciar, el precepto poco dice en cuanto a una cuestión que pudiera ser objeto de una declaración de certeza constitucional. Se trata de una norma de carácter general, referente al ejercicio de una acción civil. Por ello, consideramos que el sustento jurídico de la facultad, es muy endeble.

b) Art. 542. Forma y contenido de la decisión …
Cuando se tratare de interpretación de cláusula constitucional, la Corte establecerá su alcance y sentido.

La ubicación del artículo es la siguiente:
Código Procesal Civil
Libro IV, De los juicios y procedimientos especiales
Título I, De la impugnación de inconstitucionalidad
Capítulo I, De la impugnación por vía de excepción.

El contenido del segundo párrafo del artículo 542 CPC, está en consonancia con lo que es la declaración de certeza constitucional. Pero justamente esta circunstancia, es decir, que constituya el segundo párrafo de un artículo relativo a la impugnación de inconstitucionalidad por la vía de la excepción, es lo que hace surgir dudas al respecto. En efecto, ¿se puede considerar a ésta como una vía autónoma para declarar la certeza constitucional en cualquier caso, o se trata de una vía que se da en el marco de una excepción de inconstitucionalidad solamente?

4) El caso actual de la emisión de “bonos soberanos”.
La Corte Suprema de Justicia, en el marco de la “Acción declarativa de certeza constitucional en: Santiago Peña –Ministro de Hacienda s/ Arts. 217 y 202 inc. 10) de la Constitución Nacional”, ha dictado una medida cautelar que habilita al PE, por medio del Ministerio de Hacienda, a emitir bonos del tesoro, es decir, a endeudar al Estado paraguayo, considerando innecesaria la intervención del Congreso, en este caso.
La medida cautelar es una medida provisional, cuya vigencia se extiende mientras dure la tramitación de la acción y hasta que se dicte una resolución definitiva.
El sentido de la medida cautelar no condiciona el sentido de la resolución final, es decir, del Acuerdo y Sentencia que debe dictar la Corte Suprema de Justicia como culminación de dicha acción.
En consecuencia, la Corte Suprema puede fallar en forma definitiva, en sentido contrario al de la medida cautelar, concedida sólo como algo transitorio.
Por ello no resulta prudente que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, proceda a la emisión de los bonos soberanos sólo con el respaldo de la medida cautelar.
¿Cómo quedarían los bonos emitidos durante la vigencia de la medida cautelar, si luego el fallo definitivo de la CSJ es dictado en sentido contrario, es decir, afirmando que el Congreso debe intervenir para la emisión de dichos bonos soberanos?
Quizá desde un punto de vista jurídico podría sostenerse que los bonos soberanos que se emitieran, serían totalmente válidos, al estar en vigencia la autorización que respaldaba su emisión. Pero si luego, la Corte Suprema se pronuncia en sentido contrario, la validez de los bonos, la mayor o menor facilidad para su colocación o para su negociación y la seguridad de su cobro en el momento oportuno, quedarían sujetas a muchas dudas que crearían múltiples dificultades.

P.S.: a) Al día siguiente de la publcación de este artículo, se dio a conocer el Acuerdo y Sentencia Nº 81, del 24 de febrero de 2017, dictado por la Corte Suprema de Justicia en el caso individualizado más arriba. En virtud del mismo, como decisión definitiva, quedaba sentado  que el Poder Ejecutivo podía emitir los llamados “bonos soberanos”, durante el ejercicio fiscal 2017, sin necesidad de una nueva aprobación del Congreso, atendiendo a que dicha emisión ya había sido aprobada en la Ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2016. Como se sabe, esta ley será aplicada otra vez durante el año 2017, considerando que la respectiva Ley de Presupuesto General fue vetada totalmente por el Poder Ejecutivo.

b) Una cuestión que debió ser analizada previamente es la de si el Ministerio de Hacienda tiene o no legitimación activa para promover una acción como la que estudiamos. En nuestra opinión no la tiene, pues se trata de una entidad que forma parte y depende del Poder Ejecutivo, el cual si está legitimado para la promoción de una acción como ésta.

c) Mencionamos aquí un resolución en que la Corte Suprema sienta los presupuestos para la denegación de una acción declarativa de certeza constitucional.

JUICIO: CERTEZA CONSTITUCIONAL EN RELACION A LA REELECCION PRESIDENCIAL.

A.I. Nº 204, del 24 de febrero de 2016

Considerando: Se pide que la CSJ «se expida acerca de una serie de cuestiones relativas a la regulación constitucional sobre la prohibición de reelección presidencial y su eventual modificación por los mecanismos de la enmienda o la reforma constitucionales (interpretación y alcance de los artículos 229, 289 y 290 de la Constitución …)».

Se trata de «un mero caso de solicitud interpretativa formulada en abstracto al máximo órgano jurisdiccional de la República». Se afirma que la CSJ «no es un órgano de consultas abstractas o especulativas».

Se sostiene que se requiere «legitimación activa del accionante, en función de algún interés, daño o agravio demostrado que justifique la promoción de la acción».

Resuelve: Denegar la petición formulada.

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Sobre la reelección presidencial

El problema de modificar la Constitución con vistas a habilitar la reelección del Presidente de la República, presenta un aspecto político y un aspecto jurídico

1. Desde el punto de vista político, la derecha no puede actuar en forma unida, como lo hizo en junio de 2012, durante el “golpe de Estado parlamentario”, disfrazado de “juicio político” a Fernando Lugo. Aquí todos (colorados, liberales, etc.) actuaron en forma conteste en cuanto a la necesidad imperiosa de derrocar a un gobierno con ciertos atisbos progresistas.

Hoy, si Lugo fuera el único aspirante a la reelección, la posición unánime de la derecha, sería de rechazo total a la modificación de la Constitución.

Pero la derecha juega el partido dividida. En efecto, la derecha liberal (cuyo principal exponente es Efraín Alegre), sabe que sólo podrá postular al principal candidato presidencial de la oposición, si elimina la candidatura de Lugo. Este es su gran problema.

La derecha colorada, por su parte, se presenta dividida entre un sector (liderado por Cartes) que necesita la habilitación de la reelección; y otro sector (liderado por Abdo Benítez) que, como primera medida a su favor, debe impedir esta posibilidad, con la consiguiente eliminación de su oponente principal.

En estas circunstancias, la derecha no puede ofrecer un frente unido contra el principal candidato aglutinador de sectores de izquierda.

2. Desde el punto de vista jurídico, la vía correcta para modificar la Constitución y habilitar la reelección del Presidente de la República, es la de la reforma constitucional y no la de la enmienda.

Circunstancialmente y guiados por sus intereses particulares, la derecha liberal (Alegre) y un sector de la derecha colorada (Abdo Benítez), adoptan la posición correcta desde el punto de vista jurídico.

Por el otro lado, ciertos sectores de izquierda (liderados por Lugo), un sector de la derecha colorada (liderado por Cartes) y un sector de la derecha liberal, oportunista y pescador en río revuelto (liderado por Llano), pretenden lograr la habilitación de la reelección por la vía de la enmienda constitucional.

En mi opinión, jurídicamente están equivocados. El problema no está en repetir un mismo proyecto de enmienda –pues el primero fue tratado sin que hubiera quórum en la Cámara de Senadores–, sino que no es ésta la vía prevista constitucionalmente para el fin que persiguen. Además, se agrava la situación al introducir otro tema (el balotaje), claramente excluido de la enmienda (“el modo de elección”, Art. 290 Cn.).

3. Conclusión. Paradójicamente, lo jurídico podría conducir a evitar la confrontación real y trascendente que debe darse en nuestra sociedad, entre un modelo de derecha y uno de izquierda, con perspectivas absolutamente diferentes en cuanto a la acción estatal respecto de los sectores populares. Por el contrario, todo quedaría reducido a optar entre dos propuestas de derecha, alternativa hartamente conocida y perjudicial, en que el sentido del voto sólo puede ser definido sobre la base de la presunción de la mayor o menor voracidad de uno u otro sector.

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“Masacre de Curuguaty” – Alegatos presentados en el juicio oral

Nota previa: Este escrito es la base de los alegatos presentados oralmente por el Dr. Luis Lezcano Claude, el 4 de julio de 2016, en el juicio oral seguido en Asunción a los campesinos procesados por la llamada “masacre de Curuguaty”. Se aclara que sólo es la parte que correspondía a dicho abogado defensor.

Señor Presidente y

Señores miembros del Tribunal de Sentencia:

1. Versión del Ministerio Público. Este proceso penal referente a los sucesos de Curuguaty, 15 de junio de 2012, no es un juicio cualquiera. El Ministerio Público se ha esforzado infructuosamente en tratar de convencernos de que es así.

Intentó por todos los medios de instalar su versión de que se trataba de un caso más de perpetración de hechos punibles comunes. Un grupo de campesinos constituyen previamente una asociación criminal (primer hecho punible),  con vistas a perpetrar en primer lugar el hecho punible de invasión de propiedad privada (segundo hecho punible),  y, posteriormente, para preparar una celada o emboscada en que premeditadamente debían dar muerte a los agentes de la Policía Nacional que pretendieran desalojarlos (tercer hecho punible). Para que esta historia resultara mínimamente creíble, se debería pensar en campesinos entrenados y con armas de última generación.

Esta fantástica versión del Ministerio Público, debía cerrarse con la determinación, a cualquier costo, de los responsables de los hechos punibles mencionados precedentemente. Acto seguido, dichos responsables serían sometidos a juicio y una vez declarados culpables, se les aplicarían las drásticas sanciones solicitadas por el Ministerio Público, con carácter ejemplificador a fin de que hechos similares no volvieran a repetirse en el futuro. El escarmiento, en verdad, iría dirigido, más a la protección de la propiedad inmobiliaria latifundista, que a la de vidas humanas.

Como sería un juicio a pobres, debía pasar prácticamente desapercibido. Y una vez impuestas las draconianas penas privativas de libertad solicitadas por la Fiscalía, volvería la paz social.  Este era el libreto del Ministerio Público y así acabaría el cuento.

La realidad se está presentando un poco diferente.

2. Error del Ministerio Público: investigación parcial. El Ministerio Público ha orientado la investigación exclusivamente hacia la muerte de los 6 policías, y sobre esta base, ha formulado la consiguiente imputación y posterior acusación contra los campesinos y las campesinas hoy sometidos a proceso.

Dadas estas circunstancias, el presente proceso penal se ha armado del modo que ha planteado el Ministerio Público, es decir, de manera parcial, incompleta, mutilada, cercenada, discriminatoria.

¿Por qué el Ministerio Público ha investigado sólo la muerte de los 6 policías y no la de los 11 campesinos? O aunque se diga que lo ha hecho por separado, ¿por qué lo ha hecho así? ¿Por qué se ha dado prioridad a lo relacionado con la muerte de los 6 policías, al punto de que el presente juicio esté bastante próximo a su culminación?

Y no estamos afirmando que la muerte de 6 compatriotas policías no tenga importancia. Lo que reclamamos es que la muerte de 11 campesinos (según se dice, 6 muertes y 5 ejecuciones posteriores), tiene tanta importancia como aquellas.

¿No ocurrieron todas las muertes en un mismo hecho? ¿Cuál fue el criterio del Ministerio Público para discriminar entre las muertes producidas, y avanzar sólo en cuanto a la investigación de las muertes de policías? ¿La discriminación se basó simplemente en que se tratara de campesinos o policías? ¿La vida de unos y otros tiene distinto valor, de modo que tal circunstancia permita al Ministerio Público incurrir en la burda discriminación que hizo?

3. Error del Ministerio Público: falta de objetividad. El Ministerio Público ha incumplido su papel de representar “a sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado” (Art. 266 Cn.). En efecto, lo que ha hecho, en realidad, es asumir la defensa de los intereses de un ínfimo sector de la sociedad.

Asimismo, ha incurrido en la grave e inadmisible inobservancia de la exigencia de “objetividad” que le impone la ley.

El Art. 54 del Código Procesal Penal, dice: “Objetividad. El Ministerio Público regirá su actuación por un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos de cargo y de descargo en relación al imputado”.

El Art. 35 de la Ley N° 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público, dice: “Relaciones con las partes.  El agente fiscal desarrollará su tarea actuando de buena fe, sin ocultar elementos de prueba a ninguna de las partes e informándoles de todo aquello que sirva a su defensa …”.

La investigación parcial, sesgada, incompleta  realizada por el Ministerio Público, ocupándose exclusivamente de la muerte de los 6 policías y no de la de 11 campesinos, refleja su absoluta falta de objetividad de la investigación de los hechos punibles acaecidos. Sólo buscaba imputar, acusar y lograr la imposición de drásticas y desmedidas penas a los campesinos que señalaba como supuestos autores de los hechos punibles.

El Ministerio Público soslayó igualmente la realización de una investigación tendiente a determinar una supuesta autoría moral en el Poder Ejecutivo, ya que el hecho había sido invocado como causal en el llamado “juicio político” (golpe parlamentario, en la realidad), llevado a cabo contra el Presidente Fernando Lugo. Todo esto refleja su falta de objetividad.

4. Error del Ministerio Público: fabricar culpables. En uno de sus aspectos, este deber de “objetividad” impone al Ministerio Público determinar los verdaderos responsables de un hecho punible y no “fabricar” a cualquier costo los supuestos culpables para de este modo cerrar el caso, como se pretende en el presente juicio.

En efecto, de conformidad con el plan inicial del Ministerio Público, al cual se ha hecho alusión más arriba, todo debía concluir con escoger unos cuantos culpables a quienes endilgar la responsabilidad, y a quienes se habría de imponer tremendas penas privativas de libertad de varios años. Cómo se trataría de gente de escasos recursos, carentes de contactos políticos, podría pasar, según la idea del Ministerio Público.

Los elementos aportados como pruebas por el Ministerio Público, no llegan ni tan siquiera sembrar la duda acerca de la responsabilidad de los procesados, como ha quedado en claro en las brillantes exposiciones de los otros abogados defensores. Vuestras señorías saben que es necesario que la responsabilidad penal quede determinada categórica y claramente, fuera de toda duda razonable.

5. Supuestos hechos punibles y pruebas. Las supuestas pruebas aportadas por el Ministerio Público adolecen de múltiples deficiencias como se ha demostrado en las intervenciones de los abogados defensores de los distintos procesados.

Asociación Criminal. Los campesinos que reclamaban las tierras cedidas para la Reforma Agraria, se habían organizado, a sugerencia del INDERT, en una comisión vecinal, denominada Naranjaty, para iniciar los trámites pertinentes. El INDERT reconoció a la Comisión en el año 2004. Posteriormente solicitó al Ministerio Público que suspenda el desalojo, pues venía trabajando con la comisión hacía tiempo.

No se han aportado elementos que permitan sostener la comisión de este hecho punible.

Invasión de inmueble ajeno. Ha sido suficientemente probado que este hecho punible no fue cometido.

Homicidio doloso en grado de tentativaHomicidio doloso consumado

El Ministerio Público sostiene que los campesinos (alrededor de 60) emboscaron a más de 300 policías. Varios de ellos (y los seis policías muertos) pertenecían a grupos especializados de élite (GEO, GOE y FOPE), y contaban con sus armas reglamentarias (automáticas y semiautomáticas).

La posibilidad de que esto sucediera fue plenamente demostrada en intervenciones anteriores de otros abogados defensores.

Los procesados no han tenido oportunidad de ejercer cabalmente su derecho a la defensa en juicio, al haberse modificado el tipo penal, violándose de este modo lo preceptuado en el Art. 17, inc. 7, de la Constitución; y las disposiciones previstas en el Código Procesal Penal, para estos casos.

Se puede afirmar, pues, que también en cuanto a estas actuaciones el Ministerio Público no ha observado el principio de objetividad y no ha actuado de buena fe.

En lo que se refiere al ocultamiento de elementos probatorios a las partes, debe mencionarse que se han hecho desaparecer algunas pruebas (casquillos de proyectiles de armas de grueso calibre, placas radiográficas y otras).

6. Cuestiones ideológicas. Se ha hablado de ideologización de los campesinos involucrados en esta lucha, en especial por la referencia al lema: “vencer o morir”. ¿No es acaso éste, un lema con el cual está consubstanciada la nación paraguaya? ¿No es éste un lema que puede ser usado por cualquier paraguayo como indicador de la firmeza y la perseverancia en la lucha emprendida en pos de un objetivo determinado?

En varios artículos de la Ley Suprema se consagra el pluralismo ideológico. Así tenemos los siguientes:

Art. 1: La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia pluralista.

Art. 24: Queda reconocida la libertad ideológica; nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de su ideología.

Art. 25: Se garantiza el pluralismo ideológico.

Art. 74: Se garantiza el derecho al pluralismo ideológico.

Art. 124: Los partidos políticos deben expresar el pluralismo.

El traer a colación cuestiones como ésta e insistir en ella, constituye un resabio del estronismo. Y el Ministerio Público, en actitud lamentable, lo ha hecho.

De acuerdo con nuestra Constitución, cualquiera puede adherir a la ideología que le plazca, sin limitación alguna. La mayoría lo hace a la ideología predominante en la sociedad respectiva, lo cual constituye la “normalidad”. Unos pocos “réprobos” lo hacen a otras no predominantes y son los llamados “ideologizados”.

Los miembros del Ministerio Público, intervinientes en este proceso, también han dado muestras de estar “ideologizados” en el sentido de adherir a una ideología que no es la predominante en la sociedad paraguaya. En efecto, hablar de una ideología estronista, implica hablar de una ideología fascista.

7. Afectados: campesinos, fiscales intervinientes. Las eventuales consecuencias del presente juicio habrán de recaer principalmente sobre las vidas de estos compatriotas campesinos sometidos a proceso. Me refiero a la hipotética imposición de las penas privativas de libertad que en forma irresponsable, sin sustento jurídico alguno, ha solicitado el Ministerio Público. Es esto lo más importante en este juicio, es decir, impedir que las cosas fraguadas, montadas, fabricadas por el Ministerio Público, que sus alucinantes lucubraciones, puedan conducir al injusto castigo de personas inocentes.

Pero quienes ya se han jugado su suerte, son los integrantes del Ministerio Público. Triste papel de quienes, como integrantes de un órgano del Estado, intentan y propician la condena de inocentes. Es cierto que como integrantes del órgano denominado Ministerio Público están obligados a cumplir las indicaciones emanadas del Fiscal General del Estado, por el principio de unidad del mismo, lo cual lo convierte en verticalista; pero la entrega y pasión puesta por algunos de ellos en el ejercicio de su función, no es algo imprescindible.

Me resulta difícil imaginar el realizar una tarea (acusar o defender) sin tener la convicción de la justicia de las medidas que uno está impulsando. De mi parte, el coadyuvar a esta defensa, se me figura como una continuación de la lucha contra la dictadura que subyugó a nuestro país (la represión de la lucha campesina, los privilegios para los latifundistas, etc.).

Pero me pregunto que impulsa a los fiscales a hacerlo con entereza y, en particular, en el caso de algunos de ellos, anteriores y actuales, a hacerlo con la aparente convicción de que están defendiendo el sacrosanto derecho a la propiedad privada (no de ellos, sino de otros) y contribuyendo a extirpar un monstruo que atenta contra el modo occidental de vida (el grupo de campesinos “criminales” que supuestamente han perpetrado gravísimos hechos punibles).

8. Lucha por la tierra. Volvemos a decir que este no es un juicio cualquiera. Hay que tener en cuenta que existe un trasfondo político de suma importancia. Es la larga lucha del campesinado desposeído por acceder a un pedazo de tierra propia.

La Constitución de 1940, que inicia el constitucionalismo social en el Paraguay, contenía la siguiente disposición:

Art. 21. La Constitución garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán fijados por la ley, atendiendo a su función social. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en la ley. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser transformada jurídicamente mediante la expropiación por causa de utilidad social definida por la ley, la que determinará asimismo la forma de indemnización. La ley podrá fijar la extensión máxima de tierras de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida y el excedente deberá venderse en subasta pública o expropiarse por el Estado para su distribución.

La Constitución de 1967, que, a pesar de ser la Constitución de la dictadura, siguió en la misma línea del constitucionalismo social, contenía las siguientes disposiciones:

Art. 96. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán fijados por la ley, atendiendo a su función económica y social. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social definida en la ley que también garantizara la justa  indemnización.

Art. 129. La Ley fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser propietaria una persona natural o jurídicaLas áreas en exceso serán consideradas latifundios y deberán venderse a plazos y en condiciones especiales que se establecerán por ley, cuando se trate de tierras incultas necesarias para la explotación agropecuaria o para la fundación o ampliación de poblaciones estables. El latifundio será objeto de un sistema impositivo progresivo que contribuya a su extinción.

Aún cuando se atemperan los términos limitativos de la propiedad privada, la Constitución de 1992, sigue en la línea del constitucionalismo social. El artículo pertinente es el siguiente:

Art. 109. De la propiedad privada.

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.

La propiedad privada es inviolable.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley …

Se afirma que “la propiedad privada es inviolable”, pero la misma Ley Suprema fija los siguientes parámetros:

1) La ley puede establecer el contenido y los límites de la propiedad privada.

2) Se reconoce la función económica y social de la misma.

3) Se reconoce el derecho de todos a acceder a ella.

4) Se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social.

9. Enfrentamiento de clases. En este juicio como trasfondo aparece el enfrentamiento de clases. Campesinos pobres que luchan por acceder a la propiedad inmobiliaria. En definitiva, que luchan por una vida digna.

Por otra parte, un sector de las minoritarias clases dominantes (los latifundistas), que defienden sus privilegios.

Pero lo más grave es que los propietarios latifundistas se sirven del Estado para reafirmar sus privilegios. Primero dejan el trabajo sucio del desalojo (con peligro de muerte, como ha quedado categóricamente comprobado), en manos de cuerpos cuyos componentes, en gran medida, son también de origen campesino. Me refiero a la Policía Nacional.

Provocan el enfrentamiento de campesinos que luchan por derechos propios, con gente de similar origen que, paradójicamente, actúa para ayudar a perpetuar situaciones de privilegio.

Y el Estado sigue actuando en beneficio de las clases dominantes (latifundistas), por medio del Ministerio Público que criminaliza la lucha social por la tierra y pretende poner el derecho y la actuación del órgano jurisdiccional, al servicio de los privilegios de aquellas.

Es por ello por lo que el Ministerio Público indebidamente (porque no ha probado nada) ha solicitado penas exorbitantes que tengan un efecto ejemplificador que impida que en el futuro se repitan hechos como estos (en otras palabras, que se vuelva a atender contra los privilegios de la clase latifundista).

10. Responsabilidad del Tribunal del Sentencia. Las circunstancias descriptas hacen que este juicio pueda convertirse en un juicio histórico:

– Un juicio que marque el punto de inflexión entre el papel de órganos jurisdiccionales como órganos al servicio de los intereses de las clases privilegiadas, condenando a “chivos expiatorios” con tal de favorecer el mantenimiento del status quo social.

– Y un Poder Judicial que haga realmente justicia, que no condene a personas inocentes, bajo la presión espuria del Ministerio Público y de otras fuerzas que pretenden incidir en una decisión judicial que debe ser independiente e imparcial, y obviamente ajustada a derecho y a las constancias procesales.

Ante la lamentable actuación del Ministerio Público, la posibilidad de enderezar el entuerto que constituye el presente juicio, queda por completo en manos del Tribunal de Sentencia. De ahí la enorme responsabilidad depositada en los integrantes del mismo. De ahí que, con todo respeto, deba expresar que en ustedes está depositada toda la confianza de que en el presente juicio se dicte una sentencia que haga honor al Poder Judicial por su independencia e imparcialidad, y evite la condena de personas inocentes. Aunque debe quedar claro que no se trata sólo de algunas absoluciones y de condenas más leves, sino de la libertad de todos, por estar ello ajustado no solo al derecho sino a la justicia.

Sobre la base de todo lo expuesto, solicitamos de este Tribunal de Sentencia, la absolución de todos los procesados y de don Felipe Benítez Balmori, en particular.

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CASO CURUGUATY(Paraguay): ¿justicia o chivos expiatorios?

El 15 de junio de 2012, en las proximidades de la ciudad de Curuguaty, ubicada a unos 250 kms. al noreste de Asunción, se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”. Campesinos pobres que luchaban por el acceso a la tierra, se encontraban acampados en un inmueble de propiedad del Estado paraguayo.

La empresa Campos Morumbí, propiedad de Blas Riquelme, uno de los latifundistas y empresarios próximos al dictador Stroessner durante todo su régimen, reclamó derechos sobre las tierras ocupadas, lindantes con las de la empresa. Por medio de influencias y espurios procedimientos judiciales, logró el reconocimiento de supuestos derechos sobre ellas, aunque el caso no está cerrado aún.

Aquella mañana, más de 300 agentes de la Policía Nacional (incluidos efectivos de grupos especializados), debían realizar un indefinido operativo de allanamiento-desalojo de los campesinos. Según datos de la propia policía, en la zona de campo abierto en que penetrarían los efectivos, se encontraban alrededor de 60 campesinos. El operativo degeneró en una balacera en que murieron 17 personas: 6 policías y 11 campesinos.

Los muertos y los heridos presentaban impactos de balas de calibres correspondientes a las armas automáticas y semiautomáticas que portaban las fuerzas policiales. El suceso fue utilizado también como una de las causales del llamado “juicio político” al presidente Fernando Lugo, aunque, hasta ahora, ni siquiera se intentó probar su autoría moral.

El juicio oral respectivo se desarrolló en Asunción, desde hace aproximadamente un año, y el próximo lunes 11 de julio se habrá de conocer la sentencia de primera instancia.

La actuación del Ministerio Público relacionada con la masacre, estuvo plagada de irregularidades. Una clara muestra de la absoluta falta de objetividad de los fiscales intervinientes es el hecho de que la investigación sólo estuvo orientad a la muerte de los 6 policías. Nada se hizo en cuanto a la muerte de los 11 campesinos. Todo el juicio giró en torno a determinar las responsabilidades referentes a esas 6 muertes y nada más.

Algunas pruebas fueron ocultadas o desaparecieron, algunos procedimientos, como autopsias,  fueron mal realizados. El Ministerio Público buscó, a cualquier costo, sindicar a algunos supuestos culpables para cerrar el caso, con la idea de que tratándose de campesinos pobres el juicio no cobraría mayor relevancia en la prensa y en la opinión pública.

Un grupo de 12 campesinos fueron acusados de “asociación criminal” (cuando estaban en tratativas con el órgano estatal respectivo –Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra -INDERT– con vistas a regularizar la ocupación de las tierras), de “invasión de inmueble ajeno” (cuando el Estado no había realizado reclamación alguna) y de “homicidio doloso en grado de tentativa” (a pesar del absurdo de que existían 17 muertos), convertido luego a la hora de los alegatos, en “homicidio doloso consumado” respecto de varios de los acusados, sin que hubieran tenido la oportunidad de ejercer su defensa en relación con este hecho punible.

En verdad, como una cuestión de fondo está la lucha campesina por el acceso a la tierra, para lograr de este modo los niveles mínimos de una vida digna. Mediante este juicio se quiere seguir postergando indefinidamente esta legítima aspiración del campesinado y mantener los privilegios de una ínfima parte de las clases dominantes: los latifundistas.

El Ministerio Público ha demostrado un excesivo celo draconiano, al  solicitar de 5 años de pena privativa de libertad, hasta 20, 25 y 30 años. Se busca criminalizar la lucha social e imponer penas que sirvan de escarmiento a los supuestos involucrados y de ejemplo a eventuales nuevos delincuentes, no tanto para disuadirlos de atentados contra la vida, sino contra la concentración de la propiedad inmobiliaria.

Organismos del Estado, como la Policía Nacional y el Ministerio Público, han sido utilizados con esta finalidad persecutoria. Está latente la esperanza de que el Poder Judicial –representado por el Tribunal de Sentencia- no caiga en esta manipulación. La disyuntiva es hacer justicia mediante la absolución de todos los procesados, o condenar a algunos “chivos expiatorios” con tal de cerrar el caso.

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Sobre las designaciones para la Corte Suprema

En cuanto al procedimiento para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia, se debe precisar lo siguiente:

1. Ternas vinculantes y facultad de nombramiento restringida. En la primera fase de este procedimiento, el Consejo de la Magistratura se encarga de integrar una terna para cada cargo vacante. Las ternas deben ser consideradas vinculantes en el sentido de que la Cámara de Senadores debe elegir necesariamente a uno de los integrantes de cada terna, sin que le sea permitido rechazarla, y además debe elegir sólo a uno de cada terna. En efecto, la facultad de nombramiento de que está investida, no es amplia sino restringida en cuanto a que la posibilidad de elección está circunscripta a los tres nombres de la terna.

Si se sostuviera que las ternas no son vinculantes, la labor del Consejo de la Magistratura carecería de sentido, pues quedaría convertido en un mero integrador de ternas hasta dar con el nombre que satisfaga la voluntad de la Cámara de Senadores. De este modo, también se está trastrocando una facultad conferida por la Constitución, como limitada, en una facultad amplia, pues, en definitiva, lo que prevalecería sería el criterio de la Cámara de Senadores.

2. Desintegración de la terna. Después de efectuada la designación por la Cámara de Senadores, se requiere el acuerdo del Poder Ejecutivo. Si éste lo da, no se presenta ningún problema. Pero si el Ejecutivo no presta su acuerdo al nombrado, algunos sostienen que la terna queda desintegrada. Esta interpretación contraviene el carácter vinculante de la terna integrada por el Consejo de la Magistratura. En efecto, ¿la terna es sólo vinculante para la Cámara de Senadores, pero no lo es para el Poder Ejecutivo? ¿Cuándo este no da su acuerdo se rompe la terna y todo vuelve a fojas cero? Si las cosas fueran así, ¿cuál es el sentido de conferirle a la Cámara de Senadores la facultad de nombramiento (restringida) de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, si, en definitiva, todo dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no pasarle una terna no vinculante, directamente al Poder Ejecutivo, ya que éste es el criterio que subyace en esta interpretación?

3. Obligación de nombrar a otro de los integrantes de la terna. Otros sostienen que si el Poder Ejecutivo no da su acuerdo al primer designado, la Cámara de Senadores debe escoger entre los otros dos integrantes de la terna; y si la situación se repite, debe enviar el último de los nombres. Esta interpretación es igualmente absurda. La Cámara de Senadores queda convertida en una mera pasapapeles del Ejecutivo y su facultad de nombramiento se vuelve inocua y carente de sentido. En efecto, va pasando los nombres uno a uno, pero, de hecho, la facultad de nombramiento se traslada inconstitucionalmente al Ejecutivo.

4. Posibilidad de nombrar a otro integrante de la terna o de ratificarse en el nombramiento anterior. Como se puede apreciar a estas alturas, el problema se da entre la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo. ¿Debe prevalecer la facultad de nombramiento, (lo principal o substantivo), o la facultad de dar acuerdo (lo accesorio, secundario o adjetivo)? En las dos interpretaciones precedentes, prevalece esto último.

A nuestro criterio, debe prevalecer lo principal. Para que ello sea posible, debe entenderse que la Cámara de Senadores, ante la denegatoria de acuerdo del Poder Ejecutivo, puede escoger el segundo nombre (y, eventualmente, el tercero), pero también puede ratificarse en el nombramiento anterior. Entendemos que, dadas las deficiencias del diseño constitucional, ésta es la solución más lógica y adecuada a la voluntad de la Ley Suprema.

5. Designación ficta por incumplimiento de plazos. Para todos los supuestos de designación por la Cámara de Senadores y para la prestación de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo, deben establecerse no sólo plazos (como ya lo ha hecho una reciente ley de 2014), sino que deben definirse las consecuencias del incumplimiento de dichos plazos. Por ejemplo, si los incumple la Cámara de Senadores, queda designado el magistrado integrante de la terna, de mayor antigüedad; y, si fueran todos abogados, igualmente el de mayor antigüedad. Si el incumplimiento es del Poder Ejecutivo, se debe entender que ha prestado su acuerdo.

6. Deficiencias del diseño constitucional. El problema que abordamos se origina en un diseño constitucional deficiente. Normalmente, si se quiere restringir la facultad de nombramiento conferida a un órgano se la somete a una sola limitación (terna o acuerdo). Si se la somete a las dos, se corre el riesgo de interpretaciones que hacen desaparecer la facultad central o principal.

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EL JUICIO POLÍTICO EN LA CONSTITUCIÓN PARAGUAYA DE 1992, ANÁLISIS CRÍTICO Y PROPUESTA DE LEY REGLAMENTARIA

El procedimiento denominado “juicio político” está previsto en la Constitución paraguaya de 1992 en su artículo 225, como un importante mecanismo de control del Congreso sobre los principales funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, así como de algunos de los llamados órganos extrapoderes.
Por una parte, el juicio político presenta problemas derivados de la forma deficiente en que aparece legislado en la Constitución (v. gr.: la inclusión de la comisión de delitos como causal, entendiendo que las cámaras legislativas por sí solas pueden determinar la existencia de la misma). Estos problemas se encuentran ínsitos en el texto constitucional.
Por otra parte, otros problemas se han presentado debido a la forma en que el juicio político ha sido puesto en práctica, es decir, como derivación de su aplicación en casos concretos. Se trata aquí de un problema de interpretación del texto constitucional, muchas veces perverso, interesado o de mala fe, como el sostener que el hecho de que los plazos para las distintas actuaciones no estén establecidos en forma expresa, habilita a las cámaras (o lo que es peor, a una de ellas) a establecerlos con absoluta discrecionalidad, lo cual en realidad, como ha acontecido, deriva en arbitrariedad.
La posibilidad de llegar a circunstancias que han aparejado gran injusticia, se ha debido a veces a omisiones en que ha incurrido la propia Constitución o en que han incurrido los legisladores secundarios al no reglamentar el instituto. Pero, asimismo, se debió a actuaciones simplemente antojadizas y caprichosas de los actores intervinientes en el procedimiento de juicio político. Esto último alcanzó su grado superlativo en los acontecimientos de junio de 2012, en ocasión del llamado “juicio político” al Presidente Fernando Lugo.
Dadas las características apuntadas, una solución completa y profunda sólo puede darse en el marco de una reforma constitucional por medio de una Convención Nacional Constituyente. Mientras esperamos su realización, como una solución válida proponemos una adecuada reglamentación del texto constitucional que permita subsanar, mitigar o limitar las deficiencias que se presentan.
1. La enumeración de los sujetos pasibles de ser sometidos a juicio político, contenida en el Art. 225 de la Constitución y reproducida en el Art. 1° del proyecto de ley, debe ser entendida como taxativa. No obstante, pensamos que en dicha enumeración taxativa debe considerarse incluidos a los integrantes del Consejo de la Magistratura, en virtud de lo dispuesto en otra norma de rango constitucional. Estamos de acuerdo en que la ley no puede ampliar el número de sujetos pasibles incluyendo a otros funcionarios. Pero en este caso no se trata de eso, sino simplemente de que la ley hace la interpretación de un texto constitucional a fin de señalar en forma expresa que los miembros de dicho Consejo están incluidos en la enumeración taxativa.
Al respecto, Rodrigo Campos Cervera expresa cuanto sigue: “La explicación del contenido del artículo 6° de la ley 296, que establece el procedimiento del Juicio Político para la remoción de los miembros del Consejo de la Magistratura, se funda en lo dispuesto por el artículo 263, in fine, de la Constitución, que preceptúa que los miembros del Consejo de la Magistratura «…gozarán de iguales inmunidades que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia». Es sabido que las inmunidades de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden decaer por el procedimiento del Juicio Político, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 de la Constitución paraguaya que expresa, en la parte pertinente, cuanto sigue: «Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos por Juicio Político». Por ello, de acuerdo con la interpretación lógica y sistemática de la Constitución, la garantía del Juicio Político del artículo 225 de la Constitución alcanza también a los Miembros del Consejo de la Magistratura y así se estableció en la Ley 296.”
2. La Constitución alude a “delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos” y “delitos comunes” como causales del juicio político. El uso del vocablo “delitos” solamente, responde a la terminología de la legislación penal precedente. En la actualidad, el Código Penal distingue entre “crímenes” y “delitos” como especies del género “hechos punibles” (cf. Art. 13, incs. 1 y 2).
La interpretación literal del texto constitucional conducente a excluir a los crímenes como causal de un juicio político, resulta ilógica y carente de una contextualización histórica. Como no se trata aquí de una cuestión penal en que la interpretación no puede ser sino restrictiva, debe entenderse, como expresamente se señala en la norma propuesta (artículo 2° del proyecto de ley) , que el vocablo “delitos” debe ser entendido como equivalente a “hechos punibles”, es decir, como comprensivo tanto de delitos como de crímenes.
3. Cuando se tratare de la causal de mal desempeño de funciones, debe facilitarse la posibilidad de la denuncia de hechos concretos que configuren tal causal. Por ello se establece que cualquier persona mayor de edad puede realizar la denuncia ante la Cámara de Diputados (cf. Art. 3°).
Esta causal admite una amplia discrecionalidad de las cámaras legislativas en cuanto a determinar la configuración de la misma por actos u omisiones de las autoridades pasibles de ser sometidas a juicio político. No obstante se debe tener en cuenta que el mal desempeño de funciones debe ser real y de una relevancia que implique el incumplimiento de las funciones que corresponden al cargo, la afectación del decoro del cargo, u otras circunstancias de cierta importancia que afecten el regular funcionamiento de los órganos de gobierno, evitando que motivos de carácter personal, de mera conveniencia política o similares, determinen que la discrecionalidad devenga en arbitrariedad.
Existe cierto tipo de actos que merecen un tratamiento particular. En efecto, cuando se trata de actos jurisdiccionales emanados del Tribunal Superior de Justicia Electoral o la Corte Suprema de Justicia, no puede quedar en manos de órganos cuyos integrantes tienen un origen político partidario, determinar si al emitir tales actos se ha incurrido en mal desempeño de funciones. En efecto, si tal función quedara en manos de las cámaras legislativas, éstas se constituirían de hecho en el máximo tribunal de justicia, por sobre los mencionados órganos, al poder evaluar si sus fallos han sido dictados en forma correcta o incorrecta.
Por ello se establece que para que un fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pueda ser considerado como muestra de mal desempeño de funciones, previamente debe haber intervenido la Corte Suprema de Justicia, declarándolo inconstitucional o declarando su nulidad, con imposición de costas a los magistrados intervinientes.
Asimismo, cuando se tratare de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, es necesaria la intervención de un órgano superior, que en este caso será un tribunal supraestatal reconocido por el Estado paraguayo, y que éste haya sido condenado como consecuencia del fallo dictado por la Corte Suprema (véase el Art. 4°).
4. Cuando se trata de una autoridad investida de inmunidad de opinión, se debe excluir la consideración de los delitos que eventualmente hubieran sido cometidos como consecuencia de la emisión de opiniones o votos por parte de la misma en ejercicio de sus funciones (cf. Art. 5°). Resulta obvio que en este caso no puede quedar configurada la causal de comisión de delitos y, en consecuencia, el juicio político no puede prosperar.
En el marco de un juicio político, la Cámara de Diputados puede decidir formular una acusación ante la Cámara alta sobre la base de la supuesta existencia de hechos punibles, aunque no se diere manifestación ni intervención alguna del Ministerio Público o de la parte afectada. Asimismo, la Cámara de Senadores puede proceder a juzgar y eventualmente condenar por esos hechos, imponiendo una pena tan gravosa e irreversible como la separación del cargo del funcionario enjuiciado.
Es incongruente con el sistema penal en vigor, conceder tales facultades a órganos no especializados y de conformación eminentemente política, como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se dirá que se trata de la simple oposición entre normas de rango inferior y una norma constitucional, cuya solución debe consistir en hacer prevalecer a esta última. Desde el punto de vista jurídico es así mientras se mantenga la situación, pero desde un punto de vista lógico, el caso no resiste el análisis más elemental.
La acusación es formulada sin intervención alguna del Ministerio Público, órgano encargado de ejercer la acción penal pública cuando se trata de hechos punibles perseguibles de oficio (Art. 268, inc. 3, Cn.); sin petición de la víctima e intervención de aquel órgano, cuando se trata de hechos punibles de acción penal pública perseguibles a instancia de parte; o sin ninguna petición de la víctima cuando se trata de hechos punibles de acción penal privada. En todos los casos resulta incongruente que actúe la Cámara de Diputados sin que el órgano especializado y titular de la acción penal pública se haya manifestado, o, peor aún, sin que la propia víctima haya instado la intervención del Ministerio Público o haya actuado por sí misma promoviendo una querella criminal. No es posible admitir que la Cámara de Diputados pueda formular una acusación sin conocer la opinión del órgano que posteriormente, en caso de prosperar el juicio político y producirse la separación del cargo, es el que debe presentar la imputación y luego formular la acusación en sede penal.
Tampoco es admisible que la Cámara de Senadores adopte una decisión sobre la base de la supuesta comisión de un hecho punible, antes de que se haya llevado a cabo el correspondiente proceso penal y los órganos jurisdiccionales competentes se hayan pronunciado al respecto.
El juicio político opera como antejuicio, pues debe darse antes del proceso penal en sede judicial. Es evidente que en las circunstancias indicadas, resultará afectado el principio de presunción de inocencia, cuando menos en cuanto a la apreciación objetiva del mismo que el magistrado judicial debe tener.
De lo dicho precedentemente surge que los funcionarios afectados, para poder ser sometidos a un proceso penal, previamente deben ser separados de sus cargos como resultado de un juicio político. Sin embargo, puede suceder que como resultado del proceso penal sean sobreseídos o absueltos. De este modo nos encontraríamos ante el absurdo de que son declarados culpables de la comisión de hechos punibles, por un procedimiento en que prevalecen los criterios políticos, por un órgano que carece de competencia substantiva al respecto y con la consecuencia irreversible de la separación de sus cargos; pero luego en sede judicial, con intervención de órganos competentes, especializados en la materia, y con la amplitud y las garantías que ofrece un proceso penal, se les concede el sobreseimiento o la absolución.
La grave situación que eventualmente pudiera presentarse, sólo puede ser subsanada mediante una reforma constitucional en cuanto se refiere a la actuación de la Cámara de Senadores.
En lo que concierne a la Cámara de Diputados, las disposiciones previstas en los artículos 6° y 7° del proyecto de ley, buscan solucionar o, cuando menos, atemperar las dificultades apuntadas.
5. Entre las cuestiones previas a la decisión de formular o no acusación, está la intervención de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a la cual se le pide que emita un dictamen sobre el tema.
Dicha comisión debe evaluar las causales invocadas, particularmente aquellas que pudieran constituir mal desempeño de funciones. En esta tarea, si lo estima necesario, la comisión puede escuchar al afectado.
Debe quedar en claro que no se trata de dar al afectado la oportunidad de la defensa, pues la Cámara de Diputados no es la juzgadora. En otras palabras, no puede haber ejercicio de la defensa, porque no existe juicio; y obviamente, tampoco pueden ofrecerse pruebas de descargo.
Lo que hace la Cámara de Diputados, por medio de su Comisión de Asuntos Constitucionales, es tratar de formarse un criterio acerca de las causales invocadas. Cuando se trata de hechos punibles, la formulación de imputación por el Ministerio Público, la instancia de parte, la promoción de una querella particular y la ausencia de un rechazo in límine por parte del magistrado interviniente, constituirán elementos de convicción de mucho peso. La labor de la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá mayor relevancia cuando se trate de mal desempeño de funciones.
6. El tema la acusación reviste gran importancia. Para formular acusación, la Constitución exige mayoría de dos tercios de los diputados. Se aclara en el Art. 10 que cualquier fracción decimal requerida para conformar dicha mayoría, debe ser redondeada al número entero superior, aunque la misma fuere inferior a 0,5. En efecto, se debe entender que la Constitución quiere, en esos casos, que la mayoría de dos tercios, quede conformada con más que el número entero inferior.
Si se logra la mayoría exigida para formular acusación, se designa a algunos diputados para que actúen en carácter de fiscales acusadores. En caso contrario, se reputa rechazado el pedido y se ordena su archivamiento.
Teniendo en cuenta que no es conveniente que la situación de incertidumbre creada por existir la posibilidad de una acusación contra una autoridad, se extienda más allá del tiempo estrictamente necesario, se establece un plazo máximo para la formulación de la acusación. Si se excediere el mismo, se entiende que hay un desistimiento tácito por parte de la Cámara de Diputados.
7. La causal de comisión delitos ofrece algunas dificultades, como ya se ha señalado precedentemente. Aquí hacemos referencia a una situación que puede presentarse. Cuando una de las autoridades pasibles de ser sometidas a juicio político, comete un hecho punible, existe siempre una víctima que en muchos casos puede ser una persona común. La misma de seguro estará interesada en que se someta a proceso penal al presunto autor, pero ello sólo será posible si como resultado de un juicio político, la autoridad involucrada es separada del cargo que ocupa.
Puede suceder, sin embargo, que la Cámara de Diputados no formule acusación por no haberse logrado la mayoría requerida o por haber vencido el plazo máximo para hacerlo. En tal situación deben precautelarse los derechos de la víctima del presunto hecho punible cometido por una autoridad.
Para ello, cuando en los casos mencionados en el párrafo anterior, la Cámara de Diputados no formula acusación, habrá de considerarse que nos encontramos ante una “circunstancia objetivamente insuperable” que impide que la persecución penal pueda ser iniciada o continuada, por lo que queda suspendido el plazo para la prescripción de la acción .
8. En los juicios políticos llevados a cabo en 1999, 2003 y 2012, se incurrió en violación de las reglas del debido proceso, en particular, del derecho a la defensa en juicio. Por disposición constitucional, al tratarse el juicio político de un proceso “del cual pudiera derivarse pena o sanción”, rigen para él los derechos procesales consagrados en el artículo 17 de la Ley Suprema.
En el llamado “juicio político” al Presidente Lugo, se incurrió en las más claras e irritantes violaciones al derecho a la defensa en juicio. Del hecho de que en la Constitución no esté fijado plazo alguno para este procedimiento, se concluyó contra toda lógica y con absoluta arbitrariedad, que ellos podían ser fijados con extrema libertad por el órgano juzgador. Así, con desvergüenza, un órgano de gobierno de la importancia de una Cámara de Senadores dispuso que el procedimiento ante la misma -desde la formulación de la acusación por los diputados-fiscales acusadores, hasta la resolución final-, fuera llevado a cabo en menos de veinticuatro horas. El escasísimo tiempo otorgado para la preparación de la defensa, para la presentación oral de la misma, para la producción de las pruebas y para la formulación de los alegatos, fue un reflejo palpable de que el derecho a la defensa había sido soslayado.
Con la intención de evitar que situaciones como ésta vuelvan a repetirse, es conveniente establecer plazos razonables para las distintas actuaciones que se dan en el curso de un juicio político. En este sentido se propone que se corra traslado de la acusación al afectado por 18 días, se fije un tiempo no inferior a cinco horas para la presentación de la defensa oral, se determine que la producción de las pruebas deba ser hecha en el tiempo que sea necesario y se fije un tiempo no inferior a tres horas para la presentación oral de los alegatos.
9. El juicio político indudablemente no es equiparable a un juicio llevado a cabo ante la justicia ordinaria, pero ello no significa –como se ha pretendido sostener- que no esté sujeto a norma jurídica alguna y que todo dependa, en realidad, de la voluntad de los integrantes de la cámara acusadora y de la cámara juzgadora.
Las primeras normas jurídicas que rigen el juicio político están prescriptas en la propia Constitución, y lo serán también las que pueda contener una ley reglamentaria. No basta, pues, la mera voluntad política de los actores intervinientes en el proceso (diputados y senadores), es decir, la simple existencia de la cantidad de votos necesarios para acusar y condenar. Es necesario, como requisito básico e inicial, que existan las causales de enjuiciamiento.
En este sentido apuntan las disposiciones propuestas en cuanto a que la Cámara de Senadores debe realizar una sesión de deliberación sobre lo alegado y probado en relación con cada uno de los hechos que configuran las causales imputadas al enjuiciado. Se debe votar luego para la admisión o no de cada uno de esos hechos.
Asimismo, en caso de quedar configuradas una o más causales, se debe redactar un proyecto fundado de resolución que será sometido a votación nominal de los integrantes de la Cámara de Senadores, a fin de determinar la culpabilidad o la absolución del enjuiciado. En consecuencia, la decisión final con que culmine el juicio político, será una decisión previamente debatida y fundada.
10. Por las mismas razones que justifican la limitación del tiempo para la formulación de la acusación, es conveniente establecer también un tiempo máximo de duración de la fase de juzgamiento ante la Cámara de Senadores. Se ha estimado prudente fijarlo en noventa días, transcurridos los cuales se debe entender que existe un pronunciamiento ficto en el sentido de absolver al enjuiciado.
Asimismo, por idénticas razones a las mencionadas más arriba, cuando se tratare de la causal de comisión de delitos, y en la Cámara de Senadores no se diere la declaración de culpabilidad de la autoridad y su separación del cargo que ocupaba, o si el plazo máximo de duración del procedimiento ante dicha cámara, hubiere transcurrido sin pronunciamiento, deberá entenderse que queda configurada una “circunstancia objetivamente insuperable”, con el alcance ya señalado.
11. La aplicación del principio del non bis in ídem en el marco de un juicio político ofrece algunas dificultades, particularmente cuando se trata de la causal de comisión de delitos y de autoridades que pueden permanecer en sus cargos por largo tiempo (v. gr. Ministros de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral).
Si la decisión de la Cámara de Diputados de no acusar o la de la Cámara de Senadores de absolver, pueden ser aceptadas como definitivas cuando la causal es la de mal desempeño de funciones, ¿es posible admitir tal criterio cuando se trata de la causal de comisión de delitos? La respuesta afirmativa, aunque sólo fuera válida en cuanto al juicio político, significaría admitir la posibilidad de retrasar la realización de un juicio penal en sede judicial por muchos años, es decir, hasta que las autoridades involucradas cesen en sus cargos, dando por descontado que se admite que durante todo este tiempo existe una “circunstancia objetivamente insuperable” que impide la persecución penal.
De todos modos, el tema merece una reflexión más profunda.
12. En caso de que la autoridad sometida a juicio político presente renuncia, debe ponerse fin al enjuiciamiento. Esto es así pues el único fin perseguido en cuanto a los sujetos pasibles es el de “declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos” (Art. 225 Cn.). Queda claro que esta solución no impide un eventual sometimiento del funcionario a proceso penal en sede judicial.
Sólo en caso de que se trate del Presidente de la República y en relación con la asunción de la senaduría vitalicia, tiene sentido continuar el juicio político hasta su conclusión. En efecto, uno de los requisitos exigidos para ocupar dicho cargo es el de no haber sido hallado culpable como resultado final del juicio político (cf. Art. 189 Cn.). Se deberá evaluar si es conveniente aceptar la renunciar presentada (atribución del Congreso, Art. 202, inc. 16) o proseguir con el enjuiciamiento hasta su culminación, determinando con ello que el ex presidente pueda asumir o no la senaduría vitalicia .
13. En el marco de la legislación paraguaya, no existe cuestión alguna que a priori o en abstracto pueda ser considerada como no justiciable.
El artículo 12 de la Ley N°. 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone lo siguiente: “Rechazo “in límine”. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables …”. Esto significa que en cada acción planteada, el órgano juzgador (esto es, la Corte Suprema de Justicia), debe decidir inicialmente si se trata o no de una cuestión no justiciable, y, en caso afirmativo, debe rechazarla in límine. Es, por tanto, la Corte Suprema el único órgano investido de la facultad privativa de pronunciarse sobre el tema, de modo que las declaraciones de legisladores, de otras autoridades o de otros órganos de gobierno, a lo sumo pueden ser consideradas como opiniones cuyo valor dependerá de la solvencia intelectual de quien las emita.
No existe duda en cuanto a que las actuaciones realizadas en el curso de un juicio político pueden ser justiciables por la vía del control de constitucionalidad. En efecto, pueden darse varias circunstancias como que la acusación de la Cámara de Diputados no haya sido decidida por mayoría de dos tercios; que no se hayan observado las reglas del debido proceso, y, en especial, que no se haya dado al enjuiciado la oportunidad de ejercer su defensa en debida forma; o que la resolución condenatoria de la Cámara de Senadores no haya sido adoptada por mayoría absoluta de dos tercios. Los casos descriptos determinarían la inconstitucionalidad de la resolución adoptada y su consiguiente nulidad, lo cual debe ser declarado por el órgano jurisdiccional pertinente.
La justiciabilidad de la resolución de la Cámara de Senadores dictada como culminación de un juicio político, es decir su revisión en sede judicial, habrá de darse eventualmente por medio de la acción de inconstitucionalidad.
Otros temas darán margen al ejercicio de la facultad discrecional de la Corte Suprema de Justicia, de declararlos como “cuestiones no justiciables”. Tales serían, por ejemplo, la determinación de la existencia o no de la causal de mal desempeño de funciones y la valoración de las pruebas ofrecidas y producidas, que, en principio, deben quedar a cargo exclusivo de las cámaras siempre que se den dentro de parámetros de razonabilidad. Sólo en casos extremos de arbitrariedad manifiesta o inexistencia evidente de las mismas, será procedente el control de constitucionalidad .
14. Como conclusión se puede apreciar que el juicio político tal como está previsto en la Constitución paraguaya de 1992, presenta algunas deficiencias en cuanto a su texto, lo cual sólo puede ser objeto de modificación por la vía de la reforma constitucional.
Hay, sin embargo, algunos aspectos que pueden ser mejorados por medio de una ley reglamentaria, como se ha visto en este trabajo. Pero lo que fundamentalmente se puede corregir por esta vía son las aberraciones y arbitrariedades en que se ha incurrido en casos concretos de aplicación del procedimiento del juicio político, es decir, la mala praxis de diputados y senadores integrantes del Congreso durante algunos períodos legislativos.
Esperamos que la propuesta que formulamos contribuya a mejorar este instituto, establecido como medio de hacer efectivo el recíproco control entre los diferentes órganos de gobierno y a preservar el correcto desempeño de varios cargos de suma importancia.

Ley Nº …..
Que reglamenta el juicio político previsto
en el artículo 225 de la Constitución

Art.1º. Sujetos pasibles. Son sujetos pasibles de ser sometidos a juicio político el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Fiscal General del Estado, el Contralor General del Estado, el Sub Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo de la Magistratura.
Art. 2º. Causales. Son causales del juicio político el mal desempeño de funciones, la comisión de delitos en el ejercicio del cargo y la comisión de delitos comunes.
La expresión “delitos” será considerada como equivalente a “hechos punibles”.
Art. 3º. Mal desempeño de funciones. Denuncia. Cuando la causal fuere mal desempeño de funciones, cualquier persona mayor de edad puede presentar denuncia ante la Cámara de Diputados.
Art. 4°. Mal desempeño de funciones. Caso de actos jurisdiccionales. En el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solamente podrá considerarse que este órgano jurisdiccional incurrió en mal desempeño de funciones por haber dictado uno o más fallos determinados, cuando estos hubieran sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, o hubieran sido anulados por la misma, con imposición de costas a los magistrados intervinientes.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia, solamente podrá considerarse que este órgano jurisdiccional incurrió en mal desempeño de funciones por haber dictado uno o más fallos determinados, cuando como consecuencia de los mismos, un órgano jurisdiccional supraestatal reconocido por el Estado paraguayo, impusiera a éste una sanción determinada.
Art. 5º. Comisión de delitos. Exclusión. Cuando se tratare de autoridades que gozan de inmunidad de opinión, no podrá considerarse configurada la causal de comisión de delitos, sobre la base de las opiniones o votos que emitan dichas autoridades en el desempeño de sus funciones.
Art. 6º. Comisión de delitos. Exigencias previas. Cuando se tratare de hechos punibles de acción penal pública, perseguibles de oficio, para que la causal sea procedente, es necesario que el Ministerio Público previamente haya formulado imputación ante la autoridad jurisdiccional competente.
Cuando se trata de hechos punibles de acción penal pública, perseguibles a instancia de parte, para que la causal sea procedente, es necesario que la parte afectada haya hecho manifestación de su voluntad en sentido afirmativo en forma fehaciente, y que el Ministerio Público haya formulado la imputación ante la autoridad jurisdiccional competente.
Cuando se trata de hechos punibles de acción penal privada, para que la causal sea procedente, es necesario que la parte afectada haya promovido querella criminal.
Art. 7º. Comisión de delitos. Actuación judicial. En cualquiera de los casos mencionados en el artículo precedente, salvo que existiere motivo suficiente para el rechazo in límine, la autoridad jurisdiccional competente, de inmediato, realizará la comunicación pertinente a la Cámara de Diputados y le remitirá copia auténtica de toda la documentación que obre en su poder, referida al caso concreto.
Art. 8º. Pedido de formulación de acusación. En todos los casos, el pedido de formulación de acusación será propiciado por cinco diputados.
En la primera sesión plenaria subsiguiente de la Cámara de Diputados, el pedido será remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de que la misma emita dictamen sobre el particular.
Art. 9°. Actuación de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales evaluará las causales invocadas y podrá escuchar al afectado a simple título informativo, si lo creyere pertinente. La negativa del afectado a comparecer, en modo alguno podrá ser considerada en forma desfavorable o incriminatoria. Finalmente, la Comisión emitirá dictamen por el que recomiende a la plenaria de la Cámara de Diputados, la formulación de la acusación contra la autoridad involucrada o el rechazo del pedido.
Art. 10. Acusación. Decisión de la Cámara de Diputados. En sesión extraordinaria convocada al efecto, la Cámara de Diputados considerará el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y adoptará una decisión.
A los efectos de la obtención de la mayoría de dos tercios, exigida por la Constitución para la formulación de la acusación, cualquier fracción decimal en la cantidad requerida para conformar dicha mayoría, deberá ser redondeada al número entero superior.
Art. 11. Designación de fiscales acusadores. Rechazo del pedido. Si la Cámara de Diputados resolviese formular acusación, se procederá a la designación de hasta cuatro diputados para ejercer la función de fiscales acusadores. Si no se obtuviere la mayoría requerida, se tendrá por rechazado el pedido y se ordenará su archivamiento.
Art. 12. Plazo para formular acusación. La Cámara de Diputados deberá formular acusación, si correspondiere, en un plazo no mayor a 60 (sesenta días) contados a partir de la presentación de la denuncia cuando se tratare de mal desempeño de funciones; o a partir de la comunicación de la autoridad jurisdiccional competente cuando se tratare de la comisión de delitos.
Vencido el plazo señalado, se entenderá que la Cámara de Diputados ha desistido de formular acusación en el caso concreto.
Art. 13. Circunstancia objetivamente insuperable. Cuando se tratare de la causal de comisión de delitos, y la Cámara de Diputados no formulara acusación o si hubiera vencido el plazo para hacerlo, se considerará que queda configurada una circunstancia objetivamente insuperable que impide que la persecución penal pueda ser iniciada o continuada, quedando suspendido el plazo para la prescripción de la acción.
Art. 14. Casos particulares. En el caso del Ministro de la Corte Suprema de Justicia integrante del Consejo de la Magistratura, el juicio político que eventualmente se promoviere se referirá a ambos cargos.
En el caso del senador y el diputado integrantes del Consejo de la Magistratura, la cámara respectiva deberá tratar simultáneamente su desafuero, al considerar la formulación de la acusación, o al proceder al juzgamiento, según correspondiere, si la causal fuera la comisión de delitos.
Art. 15. Comunicación a la Cámara de Senadores. La resolución de la Cámara de Diputados en virtud de la cual se decide formular acusación en el marco de un juicio político, contra autoridades determinadas, y se designa a los diputados que en ese caso oficiarán como fiscales acusadores, será comunicada a la Cámara de Senadores en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas.
Art. 16. Constitución del tribunal. Recibida la resolución de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores se constituirá en tribunal y a ese efecto, sus miembros prestarán juramento o formularán promesa de ejercer la función juzgadora con observancia de las disposiciones constitucionales y legales que regulan el procedimiento del juicio político.
Art. 17. Audiencia de acusación. La acusación oral por parte de los fiscales acusadores, será recibida por la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria, en audiencia pública. El Presidente de dicha Cámara adoptará las medidas pertinentes para su realización dentro de los tres días subsiguientes a la constitución de la Cámara de Senadores en tribunal.
La acusación debe contener una exposición detallada de los hechos en que se basa y la invocación del derecho. Además, se deben presentar las pruebas instrumentales y ofrecer las demás pruebas.
Art. 18. Traslado de la acusación. El Presidente de la Cámara de Senadores correrá traslado de la acusación al afectado, por 18 (dieciocho) días, para que prepare su defensa. Se entregará la acusación impresa en papel y en medios magnéticos, y también copia de las pruebas instrumentales presentadas.
Art. 19. Audiencia de defensa. En sesión extraordinaria, en audiencia pública, el enjuiciado ejercerá su defensa personalmente o por medio de representante. El tiempo mínimo para el efecto, no puede ser inferior a 5 (cinco) horas. En dicha ocasión debe presentar las pruebas instrumentales y ofrecer las demás pruebas.
Art. 20. Producción de pruebas. El Tribunal decidirá previamente la admisión o el rechazo de las pruebas ofrecidas por la acusación y la defensa. Con posterioridad, en sesión extraordinaria, se producirán las pruebas admitidas en el tiempo que fuere necesario para ello.
Art. 21. Audiencia de alegatos. Con posterioridad a la producción de pruebas, en sesión extraordinaria fijada con antelación, las partes presentarán sus respectivos alegatos. El tiempo mínimo concedido a cada una de las partes, no puede ser inferior a 3 (tres) horas.
Art. 22. Sesión de deliberación de la Cámara de Senadores. Concluida la audiencia de alegatos, se convocará al tribunal a una sesión extraordinaria de deliberación sobre lo alegado y probado en relación con cada uno de los hechos que configuran las causales imputadas al enjuiciado.
La admisión de cada uno de esos hechos se hará por votación y se requerirá el voto afirmativo de la mayoría simple de los miembros del tribunal.
Si resultaran configuradas una o más causales, se designará a no más de cinco miembros del tribunal para la redacción de un proyecto fundado de resolución, para ser sometido a consideración del tribunal. A los efectos pertinentes, se declarará un cuarto intermedio.
Art. 23. Fallo del tribunal. El proyecto fundado de resolución será sometido al pleno del tribunal, cuyos integrantes votarán en forma nominal por la declaración de culpabilidad del enjuiciado y su separación del cargo, o por su absolución.
Para el primer efecto se requiere contar con el voto de la mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de la Cámara de Senadores.
Art. 24. Plazo del procedimiento ante la Cámara de Senadores. La tramitación de la fase del juicio político que se lleva a cabo ante la Cámara de Senadores, en ningún caso podrá exceder del plazo máximo de noventa (90) días.
Vencido dicho plazo, sin que existiere pronunciamiento final de la Cámara de Senadores, se entenderá que el afectado ha quedado absuelto.
Art. 25. Circunstancia objetivamente insuperable. Cuando se tratare de la causal de comisión de delitos, y en la Cámara de Senadores no se diere la declaración de culpabilidad de la autoridad y su separación del cargo que ocupaba, o si el plazo máximo de duración del procedimiento ante dicha cámara, hubiere transcurrido sin pronunciamiento, se considerará que queda configurada una circunstancia objetivamente insuperable que impide que la persecución penal pueda ser iniciada o continuada, quedando suspendido el plazo para la prescripción de la acción.
Art. 26. Renuncia de la autoridad. La renuncia de la autoridad sometida a juicio político pondrá fin al mismo, cualquiera sea la etapa en que se encuentre. Sólo en caso de que se trate del Presidente de la República y si ya hubiese sido formulada la acusación, el Congreso podrá no aceptar la renuncia y la Cámara de Senadores continuará el proceso hasta su culminación.
Art. 27. Control de constitucionalidad. Todas las fases del juicio político pueden ser objeto de control de constitucionalidad en cuanto a la obtención de las mayorías exigidas por la Constitución y la observancia de las reglas del debido proceso, y, en especial, del derecho a la defensa en juicio.
La determinación de la existencia o no de la causal de mal desempeño de funciones y la valoración de las pruebas ofrecidas y producidas, puede ser declarada por la Corte Suprema de Justicia como cuestión no justiciable, salvo arbitrariedad manifiesta o inexistencia evidente de las mismas.
Art. 28. Remisión de antecedentes a la justicia ordinaria. Si el juicio político concluyera con la declaración de culpabilidad de la autoridad y su separación del cargo que ocupaba, y la causal hubiera sido la comisión de delitos, el Presidente de la Cámara de Senadores dispondrá que se pasen los antecedentes a la justicia ordinaria. Ninguna de las autoridades pasibles de juicio político, puede ser sometida a proceso penal, si previamente no es separada de su cargo como resultado final de un juicio político.
Art. 29. De forma.

Bibliografía
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Legislación
Constitución.
Ley N°. 296, del 22 de marzo de 1994. Que Organiza el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Ley 3759/2009, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Código Penal.
Código Procesal Penal.
Proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados por el diputado Víctor Ríos.

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