“Masacre de Curuguaty” – Alegatos presentados en el juicio oral

Nota previa: Este escrito es la base de los alegatos presentados oralmente por el Dr. Luis Lezcano Claude, el 4 de julio de 2016, en el juicio oral seguido en Asunción a los campesinos procesados por la llamada “masacre de Curuguaty”. Se aclara que sólo es la parte que correspondía a dicho abogado defensor.

Señor Presidente y

Señores miembros del Tribunal de Sentencia:

1. Versión del Ministerio Público. Este proceso penal referente a los sucesos de Curuguaty, 15 de junio de 2012, no es un juicio cualquiera. El Ministerio Público se ha esforzado infructuosamente en tratar de convencernos de que es así.

Intentó por todos los medios de instalar su versión de que se trataba de un caso más de perpetración de hechos punibles comunes. Un grupo de campesinos constituyen previamente una asociación criminal (primer hecho punible),  con vistas a perpetrar en primer lugar el hecho punible de invasión de propiedad privada (segundo hecho punible),  y, posteriormente, para preparar una celada o emboscada en que premeditadamente debían dar muerte a los agentes de la Policía Nacional que pretendieran desalojarlos (tercer hecho punible). Para que esta historia resultara mínimamente creíble, se debería pensar en campesinos entrenados y con armas de última generación.

Esta fantástica versión del Ministerio Público, debía cerrarse con la determinación, a cualquier costo, de los responsables de los hechos punibles mencionados precedentemente. Acto seguido, dichos responsables serían sometidos a juicio y una vez declarados culpables, se les aplicarían las drásticas sanciones solicitadas por el Ministerio Público, con carácter ejemplificador a fin de que hechos similares no volvieran a repetirse en el futuro. El escarmiento, en verdad, iría dirigido, más a la protección de la propiedad inmobiliaria latifundista, que a la de vidas humanas.

Como sería un juicio a pobres, debía pasar prácticamente desapercibido. Y una vez impuestas las draconianas penas privativas de libertad solicitadas por la Fiscalía, volvería la paz social.  Este era el libreto del Ministerio Público y así acabaría el cuento.

La realidad se está presentando un poco diferente.

2. Error del Ministerio Público: investigación parcial. El Ministerio Público ha orientado la investigación exclusivamente hacia la muerte de los 6 policías, y sobre esta base, ha formulado la consiguiente imputación y posterior acusación contra los campesinos y las campesinas hoy sometidos a proceso.

Dadas estas circunstancias, el presente proceso penal se ha armado del modo que ha planteado el Ministerio Público, es decir, de manera parcial, incompleta, mutilada, cercenada, discriminatoria.

¿Por qué el Ministerio Público ha investigado sólo la muerte de los 6 policías y no la de los 11 campesinos? O aunque se diga que lo ha hecho por separado, ¿por qué lo ha hecho así? ¿Por qué se ha dado prioridad a lo relacionado con la muerte de los 6 policías, al punto de que el presente juicio esté bastante próximo a su culminación?

Y no estamos afirmando que la muerte de 6 compatriotas policías no tenga importancia. Lo que reclamamos es que la muerte de 11 campesinos (según se dice, 6 muertes y 5 ejecuciones posteriores), tiene tanta importancia como aquellas.

¿No ocurrieron todas las muertes en un mismo hecho? ¿Cuál fue el criterio del Ministerio Público para discriminar entre las muertes producidas, y avanzar sólo en cuanto a la investigación de las muertes de policías? ¿La discriminación se basó simplemente en que se tratara de campesinos o policías? ¿La vida de unos y otros tiene distinto valor, de modo que tal circunstancia permita al Ministerio Público incurrir en la burda discriminación que hizo?

3. Error del Ministerio Público: falta de objetividad. El Ministerio Público ha incumplido su papel de representar “a sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado” (Art. 266 Cn.). En efecto, lo que ha hecho, en realidad, es asumir la defensa de los intereses de un ínfimo sector de la sociedad.

Asimismo, ha incurrido en la grave e inadmisible inobservancia de la exigencia de “objetividad” que le impone la ley.

El Art. 54 del Código Procesal Penal, dice: “Objetividad. El Ministerio Público regirá su actuación por un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos de cargo y de descargo en relación al imputado”.

El Art. 35 de la Ley N° 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público, dice: “Relaciones con las partes.  El agente fiscal desarrollará su tarea actuando de buena fe, sin ocultar elementos de prueba a ninguna de las partes e informándoles de todo aquello que sirva a su defensa …”.

La investigación parcial, sesgada, incompleta  realizada por el Ministerio Público, ocupándose exclusivamente de la muerte de los 6 policías y no de la de 11 campesinos, refleja su absoluta falta de objetividad de la investigación de los hechos punibles acaecidos. Sólo buscaba imputar, acusar y lograr la imposición de drásticas y desmedidas penas a los campesinos que señalaba como supuestos autores de los hechos punibles.

El Ministerio Público soslayó igualmente la realización de una investigación tendiente a determinar una supuesta autoría moral en el Poder Ejecutivo, ya que el hecho había sido invocado como causal en el llamado “juicio político” (golpe parlamentario, en la realidad), llevado a cabo contra el Presidente Fernando Lugo. Todo esto refleja su falta de objetividad.

4. Error del Ministerio Público: fabricar culpables. En uno de sus aspectos, este deber de “objetividad” impone al Ministerio Público determinar los verdaderos responsables de un hecho punible y no “fabricar” a cualquier costo los supuestos culpables para de este modo cerrar el caso, como se pretende en el presente juicio.

En efecto, de conformidad con el plan inicial del Ministerio Público, al cual se ha hecho alusión más arriba, todo debía concluir con escoger unos cuantos culpables a quienes endilgar la responsabilidad, y a quienes se habría de imponer tremendas penas privativas de libertad de varios años. Cómo se trataría de gente de escasos recursos, carentes de contactos políticos, podría pasar, según la idea del Ministerio Público.

Los elementos aportados como pruebas por el Ministerio Público, no llegan ni tan siquiera sembrar la duda acerca de la responsabilidad de los procesados, como ha quedado en claro en las brillantes exposiciones de los otros abogados defensores. Vuestras señorías saben que es necesario que la responsabilidad penal quede determinada categórica y claramente, fuera de toda duda razonable.

5. Supuestos hechos punibles y pruebas. Las supuestas pruebas aportadas por el Ministerio Público adolecen de múltiples deficiencias como se ha demostrado en las intervenciones de los abogados defensores de los distintos procesados.

Asociación Criminal. Los campesinos que reclamaban las tierras cedidas para la Reforma Agraria, se habían organizado, a sugerencia del INDERT, en una comisión vecinal, denominada Naranjaty, para iniciar los trámites pertinentes. El INDERT reconoció a la Comisión en el año 2004. Posteriormente solicitó al Ministerio Público que suspenda el desalojo, pues venía trabajando con la comisión hacía tiempo.

No se han aportado elementos que permitan sostener la comisión de este hecho punible.

Invasión de inmueble ajeno. Ha sido suficientemente probado que este hecho punible no fue cometido.

Homicidio doloso en grado de tentativaHomicidio doloso consumado

El Ministerio Público sostiene que los campesinos (alrededor de 60) emboscaron a más de 300 policías. Varios de ellos (y los seis policías muertos) pertenecían a grupos especializados de élite (GEO, GOE y FOPE), y contaban con sus armas reglamentarias (automáticas y semiautomáticas).

La posibilidad de que esto sucediera fue plenamente demostrada en intervenciones anteriores de otros abogados defensores.

Los procesados no han tenido oportunidad de ejercer cabalmente su derecho a la defensa en juicio, al haberse modificado el tipo penal, violándose de este modo lo preceptuado en el Art. 17, inc. 7, de la Constitución; y las disposiciones previstas en el Código Procesal Penal, para estos casos.

Se puede afirmar, pues, que también en cuanto a estas actuaciones el Ministerio Público no ha observado el principio de objetividad y no ha actuado de buena fe.

En lo que se refiere al ocultamiento de elementos probatorios a las partes, debe mencionarse que se han hecho desaparecer algunas pruebas (casquillos de proyectiles de armas de grueso calibre, placas radiográficas y otras).

6. Cuestiones ideológicas. Se ha hablado de ideologización de los campesinos involucrados en esta lucha, en especial por la referencia al lema: “vencer o morir”. ¿No es acaso éste, un lema con el cual está consubstanciada la nación paraguaya? ¿No es éste un lema que puede ser usado por cualquier paraguayo como indicador de la firmeza y la perseverancia en la lucha emprendida en pos de un objetivo determinado?

En varios artículos de la Ley Suprema se consagra el pluralismo ideológico. Así tenemos los siguientes:

Art. 1: La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia pluralista.

Art. 24: Queda reconocida la libertad ideológica; nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de su ideología.

Art. 25: Se garantiza el pluralismo ideológico.

Art. 74: Se garantiza el derecho al pluralismo ideológico.

Art. 124: Los partidos políticos deben expresar el pluralismo.

El traer a colación cuestiones como ésta e insistir en ella, constituye un resabio del estronismo. Y el Ministerio Público, en actitud lamentable, lo ha hecho.

De acuerdo con nuestra Constitución, cualquiera puede adherir a la ideología que le plazca, sin limitación alguna. La mayoría lo hace a la ideología predominante en la sociedad respectiva, lo cual constituye la “normalidad”. Unos pocos “réprobos” lo hacen a otras no predominantes y son los llamados “ideologizados”.

Los miembros del Ministerio Público, intervinientes en este proceso, también han dado muestras de estar “ideologizados” en el sentido de adherir a una ideología que no es la predominante en la sociedad paraguaya. En efecto, hablar de una ideología estronista, implica hablar de una ideología fascista.

7. Afectados: campesinos, fiscales intervinientes. Las eventuales consecuencias del presente juicio habrán de recaer principalmente sobre las vidas de estos compatriotas campesinos sometidos a proceso. Me refiero a la hipotética imposición de las penas privativas de libertad que en forma irresponsable, sin sustento jurídico alguno, ha solicitado el Ministerio Público. Es esto lo más importante en este juicio, es decir, impedir que las cosas fraguadas, montadas, fabricadas por el Ministerio Público, que sus alucinantes lucubraciones, puedan conducir al injusto castigo de personas inocentes.

Pero quienes ya se han jugado su suerte, son los integrantes del Ministerio Público. Triste papel de quienes, como integrantes de un órgano del Estado, intentan y propician la condena de inocentes. Es cierto que como integrantes del órgano denominado Ministerio Público están obligados a cumplir las indicaciones emanadas del Fiscal General del Estado, por el principio de unidad del mismo, lo cual lo convierte en verticalista; pero la entrega y pasión puesta por algunos de ellos en el ejercicio de su función, no es algo imprescindible.

Me resulta difícil imaginar el realizar una tarea (acusar o defender) sin tener la convicción de la justicia de las medidas que uno está impulsando. De mi parte, el coadyuvar a esta defensa, se me figura como una continuación de la lucha contra la dictadura que subyugó a nuestro país (la represión de la lucha campesina, los privilegios para los latifundistas, etc.).

Pero me pregunto que impulsa a los fiscales a hacerlo con entereza y, en particular, en el caso de algunos de ellos, anteriores y actuales, a hacerlo con la aparente convicción de que están defendiendo el sacrosanto derecho a la propiedad privada (no de ellos, sino de otros) y contribuyendo a extirpar un monstruo que atenta contra el modo occidental de vida (el grupo de campesinos “criminales” que supuestamente han perpetrado gravísimos hechos punibles).

8. Lucha por la tierra. Volvemos a decir que este no es un juicio cualquiera. Hay que tener en cuenta que existe un trasfondo político de suma importancia. Es la larga lucha del campesinado desposeído por acceder a un pedazo de tierra propia.

La Constitución de 1940, que inicia el constitucionalismo social en el Paraguay, contenía la siguiente disposición:

Art. 21. La Constitución garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán fijados por la ley, atendiendo a su función social. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en la ley. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser transformada jurídicamente mediante la expropiación por causa de utilidad social definida por la ley, la que determinará asimismo la forma de indemnización. La ley podrá fijar la extensión máxima de tierras de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida y el excedente deberá venderse en subasta pública o expropiarse por el Estado para su distribución.

La Constitución de 1967, que, a pesar de ser la Constitución de la dictadura, siguió en la misma línea del constitucionalismo social, contenía las siguientes disposiciones:

Art. 96. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán fijados por la ley, atendiendo a su función económica y social. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social definida en la ley que también garantizara la justa  indemnización.

Art. 129. La Ley fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser propietaria una persona natural o jurídicaLas áreas en exceso serán consideradas latifundios y deberán venderse a plazos y en condiciones especiales que se establecerán por ley, cuando se trate de tierras incultas necesarias para la explotación agropecuaria o para la fundación o ampliación de poblaciones estables. El latifundio será objeto de un sistema impositivo progresivo que contribuya a su extinción.

Aún cuando se atemperan los términos limitativos de la propiedad privada, la Constitución de 1992, sigue en la línea del constitucionalismo social. El artículo pertinente es el siguiente:

Art. 109. De la propiedad privada.

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.

La propiedad privada es inviolable.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley …

Se afirma que “la propiedad privada es inviolable”, pero la misma Ley Suprema fija los siguientes parámetros:

1) La ley puede establecer el contenido y los límites de la propiedad privada.

2) Se reconoce la función económica y social de la misma.

3) Se reconoce el derecho de todos a acceder a ella.

4) Se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social.

9. Enfrentamiento de clases. En este juicio como trasfondo aparece el enfrentamiento de clases. Campesinos pobres que luchan por acceder a la propiedad inmobiliaria. En definitiva, que luchan por una vida digna.

Por otra parte, un sector de las minoritarias clases dominantes (los latifundistas), que defienden sus privilegios.

Pero lo más grave es que los propietarios latifundistas se sirven del Estado para reafirmar sus privilegios. Primero dejan el trabajo sucio del desalojo (con peligro de muerte, como ha quedado categóricamente comprobado), en manos de cuerpos cuyos componentes, en gran medida, son también de origen campesino. Me refiero a la Policía Nacional.

Provocan el enfrentamiento de campesinos que luchan por derechos propios, con gente de similar origen que, paradójicamente, actúa para ayudar a perpetuar situaciones de privilegio.

Y el Estado sigue actuando en beneficio de las clases dominantes (latifundistas), por medio del Ministerio Público que criminaliza la lucha social por la tierra y pretende poner el derecho y la actuación del órgano jurisdiccional, al servicio de los privilegios de aquellas.

Es por ello por lo que el Ministerio Público indebidamente (porque no ha probado nada) ha solicitado penas exorbitantes que tengan un efecto ejemplificador que impida que en el futuro se repitan hechos como estos (en otras palabras, que se vuelva a atender contra los privilegios de la clase latifundista).

10. Responsabilidad del Tribunal del Sentencia. Las circunstancias descriptas hacen que este juicio pueda convertirse en un juicio histórico:

– Un juicio que marque el punto de inflexión entre el papel de órganos jurisdiccionales como órganos al servicio de los intereses de las clases privilegiadas, condenando a “chivos expiatorios” con tal de favorecer el mantenimiento del status quo social.

– Y un Poder Judicial que haga realmente justicia, que no condene a personas inocentes, bajo la presión espuria del Ministerio Público y de otras fuerzas que pretenden incidir en una decisión judicial que debe ser independiente e imparcial, y obviamente ajustada a derecho y a las constancias procesales.

Ante la lamentable actuación del Ministerio Público, la posibilidad de enderezar el entuerto que constituye el presente juicio, queda por completo en manos del Tribunal de Sentencia. De ahí la enorme responsabilidad depositada en los integrantes del mismo. De ahí que, con todo respeto, deba expresar que en ustedes está depositada toda la confianza de que en el presente juicio se dicte una sentencia que haga honor al Poder Judicial por su independencia e imparcialidad, y evite la condena de personas inocentes. Aunque debe quedar claro que no se trata sólo de algunas absoluciones y de condenas más leves, sino de la libertad de todos, por estar ello ajustado no solo al derecho sino a la justicia.

Sobre la base de todo lo expuesto, solicitamos de este Tribunal de Sentencia, la absolución de todos los procesados y de don Felipe Benítez Balmori, en particular.

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CASO CURUGUATY(Paraguay): ¿justicia o chivos expiatorios?

El 15 de junio de 2012, en las proximidades de la ciudad de Curuguaty, ubicada a unos 250 kms. al noreste de Asunción, se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”. Campesinos pobres que luchaban por el acceso a la tierra, se encontraban acampados en un inmueble de propiedad del Estado paraguayo.

La empresa Campos Morumbí, propiedad de Blas Riquelme, uno de los latifundistas y empresarios próximos al dictador Stroessner durante todo su régimen, reclamó derechos sobre las tierras ocupadas, lindantes con las de la empresa. Por medio de influencias y espurios procedimientos judiciales, logró el reconocimiento de supuestos derechos sobre ellas, aunque el caso no está cerrado aún.

Aquella mañana, más de 300 agentes de la Policía Nacional (incluidos efectivos de grupos especializados), debían realizar un indefinido operativo de allanamiento-desalojo de los campesinos. Según datos de la propia policía, en la zona de campo abierto en que penetrarían los efectivos, se encontraban alrededor de 60 campesinos. El operativo degeneró en una balacera en que murieron 17 personas: 6 policías y 11 campesinos.

Los muertos y los heridos presentaban impactos de balas de calibres correspondientes a las armas automáticas y semiautomáticas que portaban las fuerzas policiales. El suceso fue utilizado también como una de las causales del llamado “juicio político” al presidente Fernando Lugo, aunque, hasta ahora, ni siquiera se intentó probar su autoría moral.

El juicio oral respectivo se desarrolló en Asunción, desde hace aproximadamente un año, y el próximo lunes 11 de julio se habrá de conocer la sentencia de primera instancia.

La actuación del Ministerio Público relacionada con la masacre, estuvo plagada de irregularidades. Una clara muestra de la absoluta falta de objetividad de los fiscales intervinientes es el hecho de que la investigación sólo estuvo orientad a la muerte de los 6 policías. Nada se hizo en cuanto a la muerte de los 11 campesinos. Todo el juicio giró en torno a determinar las responsabilidades referentes a esas 6 muertes y nada más.

Algunas pruebas fueron ocultadas o desaparecieron, algunos procedimientos, como autopsias,  fueron mal realizados. El Ministerio Público buscó, a cualquier costo, sindicar a algunos supuestos culpables para cerrar el caso, con la idea de que tratándose de campesinos pobres el juicio no cobraría mayor relevancia en la prensa y en la opinión pública.

Un grupo de 12 campesinos fueron acusados de “asociación criminal” (cuando estaban en tratativas con el órgano estatal respectivo –Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra -INDERT– con vistas a regularizar la ocupación de las tierras), de “invasión de inmueble ajeno” (cuando el Estado no había realizado reclamación alguna) y de “homicidio doloso en grado de tentativa” (a pesar del absurdo de que existían 17 muertos), convertido luego a la hora de los alegatos, en “homicidio doloso consumado” respecto de varios de los acusados, sin que hubieran tenido la oportunidad de ejercer su defensa en relación con este hecho punible.

En verdad, como una cuestión de fondo está la lucha campesina por el acceso a la tierra, para lograr de este modo los niveles mínimos de una vida digna. Mediante este juicio se quiere seguir postergando indefinidamente esta legítima aspiración del campesinado y mantener los privilegios de una ínfima parte de las clases dominantes: los latifundistas.

El Ministerio Público ha demostrado un excesivo celo draconiano, al  solicitar de 5 años de pena privativa de libertad, hasta 20, 25 y 30 años. Se busca criminalizar la lucha social e imponer penas que sirvan de escarmiento a los supuestos involucrados y de ejemplo a eventuales nuevos delincuentes, no tanto para disuadirlos de atentados contra la vida, sino contra la concentración de la propiedad inmobiliaria.

Organismos del Estado, como la Policía Nacional y el Ministerio Público, han sido utilizados con esta finalidad persecutoria. Está latente la esperanza de que el Poder Judicial –representado por el Tribunal de Sentencia- no caiga en esta manipulación. La disyuntiva es hacer justicia mediante la absolución de todos los procesados, o condenar a algunos “chivos expiatorios” con tal de cerrar el caso.

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Sobre las designaciones para la Corte Suprema

En cuanto al procedimiento para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia, se debe precisar lo siguiente:

1. Ternas vinculantes y facultad de nombramiento restringida. En la primera fase de este procedimiento, el Consejo de la Magistratura se encarga de integrar una terna para cada cargo vacante. Las ternas deben ser consideradas vinculantes en el sentido de que la Cámara de Senadores debe elegir necesariamente a uno de los integrantes de cada terna, sin que le sea permitido rechazarla, y además debe elegir sólo a uno de cada terna. En efecto, la facultad de nombramiento de que está investida, no es amplia sino restringida en cuanto a que la posibilidad de elección está circunscripta a los tres nombres de la terna.

Si se sostuviera que las ternas no son vinculantes, la labor del Consejo de la Magistratura carecería de sentido, pues quedaría convertido en un mero integrador de ternas hasta dar con el nombre que satisfaga la voluntad de la Cámara de Senadores. De este modo, también se está trastrocando una facultad conferida por la Constitución, como limitada, en una facultad amplia, pues, en definitiva, lo que prevalecería sería el criterio de la Cámara de Senadores.

2. Desintegración de la terna. Después de efectuada la designación por la Cámara de Senadores, se requiere el acuerdo del Poder Ejecutivo. Si éste lo da, no se presenta ningún problema. Pero si el Ejecutivo no presta su acuerdo al nombrado, algunos sostienen que la terna queda desintegrada. Esta interpretación contraviene el carácter vinculante de la terna integrada por el Consejo de la Magistratura. En efecto, ¿la terna es sólo vinculante para la Cámara de Senadores, pero no lo es para el Poder Ejecutivo? ¿Cuándo este no da su acuerdo se rompe la terna y todo vuelve a fojas cero? Si las cosas fueran así, ¿cuál es el sentido de conferirle a la Cámara de Senadores la facultad de nombramiento (restringida) de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, si, en definitiva, todo dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no pasarle una terna no vinculante, directamente al Poder Ejecutivo, ya que éste es el criterio que subyace en esta interpretación?

3. Obligación de nombrar a otro de los integrantes de la terna. Otros sostienen que si el Poder Ejecutivo no da su acuerdo al primer designado, la Cámara de Senadores debe escoger entre los otros dos integrantes de la terna; y si la situación se repite, debe enviar el último de los nombres. Esta interpretación es igualmente absurda. La Cámara de Senadores queda convertida en una mera pasapapeles del Ejecutivo y su facultad de nombramiento se vuelve inocua y carente de sentido. En efecto, va pasando los nombres uno a uno, pero, de hecho, la facultad de nombramiento se traslada inconstitucionalmente al Ejecutivo.

4. Posibilidad de nombrar a otro integrante de la terna o de ratificarse en el nombramiento anterior. Como se puede apreciar a estas alturas, el problema se da entre la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo. ¿Debe prevalecer la facultad de nombramiento, (lo principal o substantivo), o la facultad de dar acuerdo (lo accesorio, secundario o adjetivo)? En las dos interpretaciones precedentes, prevalece esto último.

A nuestro criterio, debe prevalecer lo principal. Para que ello sea posible, debe entenderse que la Cámara de Senadores, ante la denegatoria de acuerdo del Poder Ejecutivo, puede escoger el segundo nombre (y, eventualmente, el tercero), pero también puede ratificarse en el nombramiento anterior. Entendemos que, dadas las deficiencias del diseño constitucional, ésta es la solución más lógica y adecuada a la voluntad de la Ley Suprema.

5. Designación ficta por incumplimiento de plazos. Para todos los supuestos de designación por la Cámara de Senadores y para la prestación de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo, deben establecerse no sólo plazos (como ya lo ha hecho una reciente ley de 2014), sino que deben definirse las consecuencias del incumplimiento de dichos plazos. Por ejemplo, si los incumple la Cámara de Senadores, queda designado el magistrado integrante de la terna, de mayor antigüedad; y, si fueran todos abogados, igualmente el de mayor antigüedad. Si el incumplimiento es del Poder Ejecutivo, se debe entender que ha prestado su acuerdo.

6. Deficiencias del diseño constitucional. El problema que abordamos se origina en un diseño constitucional deficiente. Normalmente, si se quiere restringir la facultad de nombramiento conferida a un órgano se la somete a una sola limitación (terna o acuerdo). Si se la somete a las dos, se corre el riesgo de interpretaciones que hacen desaparecer la facultad central o principal.

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EL JUICIO POLÍTICO EN LA CONSTITUCIÓN PARAGUAYA DE 1992, ANÁLISIS CRÍTICO Y PROPUESTA DE LEY REGLAMENTARIA

El procedimiento denominado “juicio político” está previsto en la Constitución paraguaya de 1992 en su artículo 225, como un importante mecanismo de control del Congreso sobre los principales funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, así como de algunos de los llamados órganos extrapoderes.
Por una parte, el juicio político presenta problemas derivados de la forma deficiente en que aparece legislado en la Constitución (v. gr.: la inclusión de la comisión de delitos como causal, entendiendo que las cámaras legislativas por sí solas pueden determinar la existencia de la misma). Estos problemas se encuentran ínsitos en el texto constitucional.
Por otra parte, otros problemas se han presentado debido a la forma en que el juicio político ha sido puesto en práctica, es decir, como derivación de su aplicación en casos concretos. Se trata aquí de un problema de interpretación del texto constitucional, muchas veces perverso, interesado o de mala fe, como el sostener que el hecho de que los plazos para las distintas actuaciones no estén establecidos en forma expresa, habilita a las cámaras (o lo que es peor, a una de ellas) a establecerlos con absoluta discrecionalidad, lo cual en realidad, como ha acontecido, deriva en arbitrariedad.
La posibilidad de llegar a circunstancias que han aparejado gran injusticia, se ha debido a veces a omisiones en que ha incurrido la propia Constitución o en que han incurrido los legisladores secundarios al no reglamentar el instituto. Pero, asimismo, se debió a actuaciones simplemente antojadizas y caprichosas de los actores intervinientes en el procedimiento de juicio político. Esto último alcanzó su grado superlativo en los acontecimientos de junio de 2012, en ocasión del llamado “juicio político” al Presidente Fernando Lugo.
Dadas las características apuntadas, una solución completa y profunda sólo puede darse en el marco de una reforma constitucional por medio de una Convención Nacional Constituyente. Mientras esperamos su realización, como una solución válida proponemos una adecuada reglamentación del texto constitucional que permita subsanar, mitigar o limitar las deficiencias que se presentan.
1. La enumeración de los sujetos pasibles de ser sometidos a juicio político, contenida en el Art. 225 de la Constitución y reproducida en el Art. 1° del proyecto de ley, debe ser entendida como taxativa. No obstante, pensamos que en dicha enumeración taxativa debe considerarse incluidos a los integrantes del Consejo de la Magistratura, en virtud de lo dispuesto en otra norma de rango constitucional. Estamos de acuerdo en que la ley no puede ampliar el número de sujetos pasibles incluyendo a otros funcionarios. Pero en este caso no se trata de eso, sino simplemente de que la ley hace la interpretación de un texto constitucional a fin de señalar en forma expresa que los miembros de dicho Consejo están incluidos en la enumeración taxativa.
Al respecto, Rodrigo Campos Cervera expresa cuanto sigue: “La explicación del contenido del artículo 6° de la ley 296, que establece el procedimiento del Juicio Político para la remoción de los miembros del Consejo de la Magistratura, se funda en lo dispuesto por el artículo 263, in fine, de la Constitución, que preceptúa que los miembros del Consejo de la Magistratura «…gozarán de iguales inmunidades que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia». Es sabido que las inmunidades de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden decaer por el procedimiento del Juicio Político, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 de la Constitución paraguaya que expresa, en la parte pertinente, cuanto sigue: «Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos por Juicio Político». Por ello, de acuerdo con la interpretación lógica y sistemática de la Constitución, la garantía del Juicio Político del artículo 225 de la Constitución alcanza también a los Miembros del Consejo de la Magistratura y así se estableció en la Ley 296.”
2. La Constitución alude a “delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos” y “delitos comunes” como causales del juicio político. El uso del vocablo “delitos” solamente, responde a la terminología de la legislación penal precedente. En la actualidad, el Código Penal distingue entre “crímenes” y “delitos” como especies del género “hechos punibles” (cf. Art. 13, incs. 1 y 2).
La interpretación literal del texto constitucional conducente a excluir a los crímenes como causal de un juicio político, resulta ilógica y carente de una contextualización histórica. Como no se trata aquí de una cuestión penal en que la interpretación no puede ser sino restrictiva, debe entenderse, como expresamente se señala en la norma propuesta (artículo 2° del proyecto de ley) , que el vocablo “delitos” debe ser entendido como equivalente a “hechos punibles”, es decir, como comprensivo tanto de delitos como de crímenes.
3. Cuando se tratare de la causal de mal desempeño de funciones, debe facilitarse la posibilidad de la denuncia de hechos concretos que configuren tal causal. Por ello se establece que cualquier persona mayor de edad puede realizar la denuncia ante la Cámara de Diputados (cf. Art. 3°).
Esta causal admite una amplia discrecionalidad de las cámaras legislativas en cuanto a determinar la configuración de la misma por actos u omisiones de las autoridades pasibles de ser sometidas a juicio político. No obstante se debe tener en cuenta que el mal desempeño de funciones debe ser real y de una relevancia que implique el incumplimiento de las funciones que corresponden al cargo, la afectación del decoro del cargo, u otras circunstancias de cierta importancia que afecten el regular funcionamiento de los órganos de gobierno, evitando que motivos de carácter personal, de mera conveniencia política o similares, determinen que la discrecionalidad devenga en arbitrariedad.
Existe cierto tipo de actos que merecen un tratamiento particular. En efecto, cuando se trata de actos jurisdiccionales emanados del Tribunal Superior de Justicia Electoral o la Corte Suprema de Justicia, no puede quedar en manos de órganos cuyos integrantes tienen un origen político partidario, determinar si al emitir tales actos se ha incurrido en mal desempeño de funciones. En efecto, si tal función quedara en manos de las cámaras legislativas, éstas se constituirían de hecho en el máximo tribunal de justicia, por sobre los mencionados órganos, al poder evaluar si sus fallos han sido dictados en forma correcta o incorrecta.
Por ello se establece que para que un fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pueda ser considerado como muestra de mal desempeño de funciones, previamente debe haber intervenido la Corte Suprema de Justicia, declarándolo inconstitucional o declarando su nulidad, con imposición de costas a los magistrados intervinientes.
Asimismo, cuando se tratare de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, es necesaria la intervención de un órgano superior, que en este caso será un tribunal supraestatal reconocido por el Estado paraguayo, y que éste haya sido condenado como consecuencia del fallo dictado por la Corte Suprema (véase el Art. 4°).
4. Cuando se trata de una autoridad investida de inmunidad de opinión, se debe excluir la consideración de los delitos que eventualmente hubieran sido cometidos como consecuencia de la emisión de opiniones o votos por parte de la misma en ejercicio de sus funciones (cf. Art. 5°). Resulta obvio que en este caso no puede quedar configurada la causal de comisión de delitos y, en consecuencia, el juicio político no puede prosperar.
En el marco de un juicio político, la Cámara de Diputados puede decidir formular una acusación ante la Cámara alta sobre la base de la supuesta existencia de hechos punibles, aunque no se diere manifestación ni intervención alguna del Ministerio Público o de la parte afectada. Asimismo, la Cámara de Senadores puede proceder a juzgar y eventualmente condenar por esos hechos, imponiendo una pena tan gravosa e irreversible como la separación del cargo del funcionario enjuiciado.
Es incongruente con el sistema penal en vigor, conceder tales facultades a órganos no especializados y de conformación eminentemente política, como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se dirá que se trata de la simple oposición entre normas de rango inferior y una norma constitucional, cuya solución debe consistir en hacer prevalecer a esta última. Desde el punto de vista jurídico es así mientras se mantenga la situación, pero desde un punto de vista lógico, el caso no resiste el análisis más elemental.
La acusación es formulada sin intervención alguna del Ministerio Público, órgano encargado de ejercer la acción penal pública cuando se trata de hechos punibles perseguibles de oficio (Art. 268, inc. 3, Cn.); sin petición de la víctima e intervención de aquel órgano, cuando se trata de hechos punibles de acción penal pública perseguibles a instancia de parte; o sin ninguna petición de la víctima cuando se trata de hechos punibles de acción penal privada. En todos los casos resulta incongruente que actúe la Cámara de Diputados sin que el órgano especializado y titular de la acción penal pública se haya manifestado, o, peor aún, sin que la propia víctima haya instado la intervención del Ministerio Público o haya actuado por sí misma promoviendo una querella criminal. No es posible admitir que la Cámara de Diputados pueda formular una acusación sin conocer la opinión del órgano que posteriormente, en caso de prosperar el juicio político y producirse la separación del cargo, es el que debe presentar la imputación y luego formular la acusación en sede penal.
Tampoco es admisible que la Cámara de Senadores adopte una decisión sobre la base de la supuesta comisión de un hecho punible, antes de que se haya llevado a cabo el correspondiente proceso penal y los órganos jurisdiccionales competentes se hayan pronunciado al respecto.
El juicio político opera como antejuicio, pues debe darse antes del proceso penal en sede judicial. Es evidente que en las circunstancias indicadas, resultará afectado el principio de presunción de inocencia, cuando menos en cuanto a la apreciación objetiva del mismo que el magistrado judicial debe tener.
De lo dicho precedentemente surge que los funcionarios afectados, para poder ser sometidos a un proceso penal, previamente deben ser separados de sus cargos como resultado de un juicio político. Sin embargo, puede suceder que como resultado del proceso penal sean sobreseídos o absueltos. De este modo nos encontraríamos ante el absurdo de que son declarados culpables de la comisión de hechos punibles, por un procedimiento en que prevalecen los criterios políticos, por un órgano que carece de competencia substantiva al respecto y con la consecuencia irreversible de la separación de sus cargos; pero luego en sede judicial, con intervención de órganos competentes, especializados en la materia, y con la amplitud y las garantías que ofrece un proceso penal, se les concede el sobreseimiento o la absolución.
La grave situación que eventualmente pudiera presentarse, sólo puede ser subsanada mediante una reforma constitucional en cuanto se refiere a la actuación de la Cámara de Senadores.
En lo que concierne a la Cámara de Diputados, las disposiciones previstas en los artículos 6° y 7° del proyecto de ley, buscan solucionar o, cuando menos, atemperar las dificultades apuntadas.
5. Entre las cuestiones previas a la decisión de formular o no acusación, está la intervención de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a la cual se le pide que emita un dictamen sobre el tema.
Dicha comisión debe evaluar las causales invocadas, particularmente aquellas que pudieran constituir mal desempeño de funciones. En esta tarea, si lo estima necesario, la comisión puede escuchar al afectado.
Debe quedar en claro que no se trata de dar al afectado la oportunidad de la defensa, pues la Cámara de Diputados no es la juzgadora. En otras palabras, no puede haber ejercicio de la defensa, porque no existe juicio; y obviamente, tampoco pueden ofrecerse pruebas de descargo.
Lo que hace la Cámara de Diputados, por medio de su Comisión de Asuntos Constitucionales, es tratar de formarse un criterio acerca de las causales invocadas. Cuando se trata de hechos punibles, la formulación de imputación por el Ministerio Público, la instancia de parte, la promoción de una querella particular y la ausencia de un rechazo in límine por parte del magistrado interviniente, constituirán elementos de convicción de mucho peso. La labor de la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá mayor relevancia cuando se trate de mal desempeño de funciones.
6. El tema la acusación reviste gran importancia. Para formular acusación, la Constitución exige mayoría de dos tercios de los diputados. Se aclara en el Art. 10 que cualquier fracción decimal requerida para conformar dicha mayoría, debe ser redondeada al número entero superior, aunque la misma fuere inferior a 0,5. En efecto, se debe entender que la Constitución quiere, en esos casos, que la mayoría de dos tercios, quede conformada con más que el número entero inferior.
Si se logra la mayoría exigida para formular acusación, se designa a algunos diputados para que actúen en carácter de fiscales acusadores. En caso contrario, se reputa rechazado el pedido y se ordena su archivamiento.
Teniendo en cuenta que no es conveniente que la situación de incertidumbre creada por existir la posibilidad de una acusación contra una autoridad, se extienda más allá del tiempo estrictamente necesario, se establece un plazo máximo para la formulación de la acusación. Si se excediere el mismo, se entiende que hay un desistimiento tácito por parte de la Cámara de Diputados.
7. La causal de comisión delitos ofrece algunas dificultades, como ya se ha señalado precedentemente. Aquí hacemos referencia a una situación que puede presentarse. Cuando una de las autoridades pasibles de ser sometidas a juicio político, comete un hecho punible, existe siempre una víctima que en muchos casos puede ser una persona común. La misma de seguro estará interesada en que se someta a proceso penal al presunto autor, pero ello sólo será posible si como resultado de un juicio político, la autoridad involucrada es separada del cargo que ocupa.
Puede suceder, sin embargo, que la Cámara de Diputados no formule acusación por no haberse logrado la mayoría requerida o por haber vencido el plazo máximo para hacerlo. En tal situación deben precautelarse los derechos de la víctima del presunto hecho punible cometido por una autoridad.
Para ello, cuando en los casos mencionados en el párrafo anterior, la Cámara de Diputados no formula acusación, habrá de considerarse que nos encontramos ante una “circunstancia objetivamente insuperable” que impide que la persecución penal pueda ser iniciada o continuada, por lo que queda suspendido el plazo para la prescripción de la acción .
8. En los juicios políticos llevados a cabo en 1999, 2003 y 2012, se incurrió en violación de las reglas del debido proceso, en particular, del derecho a la defensa en juicio. Por disposición constitucional, al tratarse el juicio político de un proceso “del cual pudiera derivarse pena o sanción”, rigen para él los derechos procesales consagrados en el artículo 17 de la Ley Suprema.
En el llamado “juicio político” al Presidente Lugo, se incurrió en las más claras e irritantes violaciones al derecho a la defensa en juicio. Del hecho de que en la Constitución no esté fijado plazo alguno para este procedimiento, se concluyó contra toda lógica y con absoluta arbitrariedad, que ellos podían ser fijados con extrema libertad por el órgano juzgador. Así, con desvergüenza, un órgano de gobierno de la importancia de una Cámara de Senadores dispuso que el procedimiento ante la misma -desde la formulación de la acusación por los diputados-fiscales acusadores, hasta la resolución final-, fuera llevado a cabo en menos de veinticuatro horas. El escasísimo tiempo otorgado para la preparación de la defensa, para la presentación oral de la misma, para la producción de las pruebas y para la formulación de los alegatos, fue un reflejo palpable de que el derecho a la defensa había sido soslayado.
Con la intención de evitar que situaciones como ésta vuelvan a repetirse, es conveniente establecer plazos razonables para las distintas actuaciones que se dan en el curso de un juicio político. En este sentido se propone que se corra traslado de la acusación al afectado por 18 días, se fije un tiempo no inferior a cinco horas para la presentación de la defensa oral, se determine que la producción de las pruebas deba ser hecha en el tiempo que sea necesario y se fije un tiempo no inferior a tres horas para la presentación oral de los alegatos.
9. El juicio político indudablemente no es equiparable a un juicio llevado a cabo ante la justicia ordinaria, pero ello no significa –como se ha pretendido sostener- que no esté sujeto a norma jurídica alguna y que todo dependa, en realidad, de la voluntad de los integrantes de la cámara acusadora y de la cámara juzgadora.
Las primeras normas jurídicas que rigen el juicio político están prescriptas en la propia Constitución, y lo serán también las que pueda contener una ley reglamentaria. No basta, pues, la mera voluntad política de los actores intervinientes en el proceso (diputados y senadores), es decir, la simple existencia de la cantidad de votos necesarios para acusar y condenar. Es necesario, como requisito básico e inicial, que existan las causales de enjuiciamiento.
En este sentido apuntan las disposiciones propuestas en cuanto a que la Cámara de Senadores debe realizar una sesión de deliberación sobre lo alegado y probado en relación con cada uno de los hechos que configuran las causales imputadas al enjuiciado. Se debe votar luego para la admisión o no de cada uno de esos hechos.
Asimismo, en caso de quedar configuradas una o más causales, se debe redactar un proyecto fundado de resolución que será sometido a votación nominal de los integrantes de la Cámara de Senadores, a fin de determinar la culpabilidad o la absolución del enjuiciado. En consecuencia, la decisión final con que culmine el juicio político, será una decisión previamente debatida y fundada.
10. Por las mismas razones que justifican la limitación del tiempo para la formulación de la acusación, es conveniente establecer también un tiempo máximo de duración de la fase de juzgamiento ante la Cámara de Senadores. Se ha estimado prudente fijarlo en noventa días, transcurridos los cuales se debe entender que existe un pronunciamiento ficto en el sentido de absolver al enjuiciado.
Asimismo, por idénticas razones a las mencionadas más arriba, cuando se tratare de la causal de comisión de delitos, y en la Cámara de Senadores no se diere la declaración de culpabilidad de la autoridad y su separación del cargo que ocupaba, o si el plazo máximo de duración del procedimiento ante dicha cámara, hubiere transcurrido sin pronunciamiento, deberá entenderse que queda configurada una “circunstancia objetivamente insuperable”, con el alcance ya señalado.
11. La aplicación del principio del non bis in ídem en el marco de un juicio político ofrece algunas dificultades, particularmente cuando se trata de la causal de comisión de delitos y de autoridades que pueden permanecer en sus cargos por largo tiempo (v. gr. Ministros de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral).
Si la decisión de la Cámara de Diputados de no acusar o la de la Cámara de Senadores de absolver, pueden ser aceptadas como definitivas cuando la causal es la de mal desempeño de funciones, ¿es posible admitir tal criterio cuando se trata de la causal de comisión de delitos? La respuesta afirmativa, aunque sólo fuera válida en cuanto al juicio político, significaría admitir la posibilidad de retrasar la realización de un juicio penal en sede judicial por muchos años, es decir, hasta que las autoridades involucradas cesen en sus cargos, dando por descontado que se admite que durante todo este tiempo existe una “circunstancia objetivamente insuperable” que impide la persecución penal.
De todos modos, el tema merece una reflexión más profunda.
12. En caso de que la autoridad sometida a juicio político presente renuncia, debe ponerse fin al enjuiciamiento. Esto es así pues el único fin perseguido en cuanto a los sujetos pasibles es el de “declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos” (Art. 225 Cn.). Queda claro que esta solución no impide un eventual sometimiento del funcionario a proceso penal en sede judicial.
Sólo en caso de que se trate del Presidente de la República y en relación con la asunción de la senaduría vitalicia, tiene sentido continuar el juicio político hasta su conclusión. En efecto, uno de los requisitos exigidos para ocupar dicho cargo es el de no haber sido hallado culpable como resultado final del juicio político (cf. Art. 189 Cn.). Se deberá evaluar si es conveniente aceptar la renunciar presentada (atribución del Congreso, Art. 202, inc. 16) o proseguir con el enjuiciamiento hasta su culminación, determinando con ello que el ex presidente pueda asumir o no la senaduría vitalicia .
13. En el marco de la legislación paraguaya, no existe cuestión alguna que a priori o en abstracto pueda ser considerada como no justiciable.
El artículo 12 de la Ley N°. 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone lo siguiente: “Rechazo “in límine”. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables …”. Esto significa que en cada acción planteada, el órgano juzgador (esto es, la Corte Suprema de Justicia), debe decidir inicialmente si se trata o no de una cuestión no justiciable, y, en caso afirmativo, debe rechazarla in límine. Es, por tanto, la Corte Suprema el único órgano investido de la facultad privativa de pronunciarse sobre el tema, de modo que las declaraciones de legisladores, de otras autoridades o de otros órganos de gobierno, a lo sumo pueden ser consideradas como opiniones cuyo valor dependerá de la solvencia intelectual de quien las emita.
No existe duda en cuanto a que las actuaciones realizadas en el curso de un juicio político pueden ser justiciables por la vía del control de constitucionalidad. En efecto, pueden darse varias circunstancias como que la acusación de la Cámara de Diputados no haya sido decidida por mayoría de dos tercios; que no se hayan observado las reglas del debido proceso, y, en especial, que no se haya dado al enjuiciado la oportunidad de ejercer su defensa en debida forma; o que la resolución condenatoria de la Cámara de Senadores no haya sido adoptada por mayoría absoluta de dos tercios. Los casos descriptos determinarían la inconstitucionalidad de la resolución adoptada y su consiguiente nulidad, lo cual debe ser declarado por el órgano jurisdiccional pertinente.
La justiciabilidad de la resolución de la Cámara de Senadores dictada como culminación de un juicio político, es decir su revisión en sede judicial, habrá de darse eventualmente por medio de la acción de inconstitucionalidad.
Otros temas darán margen al ejercicio de la facultad discrecional de la Corte Suprema de Justicia, de declararlos como “cuestiones no justiciables”. Tales serían, por ejemplo, la determinación de la existencia o no de la causal de mal desempeño de funciones y la valoración de las pruebas ofrecidas y producidas, que, en principio, deben quedar a cargo exclusivo de las cámaras siempre que se den dentro de parámetros de razonabilidad. Sólo en casos extremos de arbitrariedad manifiesta o inexistencia evidente de las mismas, será procedente el control de constitucionalidad .
14. Como conclusión se puede apreciar que el juicio político tal como está previsto en la Constitución paraguaya de 1992, presenta algunas deficiencias en cuanto a su texto, lo cual sólo puede ser objeto de modificación por la vía de la reforma constitucional.
Hay, sin embargo, algunos aspectos que pueden ser mejorados por medio de una ley reglamentaria, como se ha visto en este trabajo. Pero lo que fundamentalmente se puede corregir por esta vía son las aberraciones y arbitrariedades en que se ha incurrido en casos concretos de aplicación del procedimiento del juicio político, es decir, la mala praxis de diputados y senadores integrantes del Congreso durante algunos períodos legislativos.
Esperamos que la propuesta que formulamos contribuya a mejorar este instituto, establecido como medio de hacer efectivo el recíproco control entre los diferentes órganos de gobierno y a preservar el correcto desempeño de varios cargos de suma importancia.

Ley Nº …..
Que reglamenta el juicio político previsto
en el artículo 225 de la Constitución

Art.1º. Sujetos pasibles. Son sujetos pasibles de ser sometidos a juicio político el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Fiscal General del Estado, el Contralor General del Estado, el Sub Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo de la Magistratura.
Art. 2º. Causales. Son causales del juicio político el mal desempeño de funciones, la comisión de delitos en el ejercicio del cargo y la comisión de delitos comunes.
La expresión “delitos” será considerada como equivalente a “hechos punibles”.
Art. 3º. Mal desempeño de funciones. Denuncia. Cuando la causal fuere mal desempeño de funciones, cualquier persona mayor de edad puede presentar denuncia ante la Cámara de Diputados.
Art. 4°. Mal desempeño de funciones. Caso de actos jurisdiccionales. En el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solamente podrá considerarse que este órgano jurisdiccional incurrió en mal desempeño de funciones por haber dictado uno o más fallos determinados, cuando estos hubieran sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, o hubieran sido anulados por la misma, con imposición de costas a los magistrados intervinientes.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia, solamente podrá considerarse que este órgano jurisdiccional incurrió en mal desempeño de funciones por haber dictado uno o más fallos determinados, cuando como consecuencia de los mismos, un órgano jurisdiccional supraestatal reconocido por el Estado paraguayo, impusiera a éste una sanción determinada.
Art. 5º. Comisión de delitos. Exclusión. Cuando se tratare de autoridades que gozan de inmunidad de opinión, no podrá considerarse configurada la causal de comisión de delitos, sobre la base de las opiniones o votos que emitan dichas autoridades en el desempeño de sus funciones.
Art. 6º. Comisión de delitos. Exigencias previas. Cuando se tratare de hechos punibles de acción penal pública, perseguibles de oficio, para que la causal sea procedente, es necesario que el Ministerio Público previamente haya formulado imputación ante la autoridad jurisdiccional competente.
Cuando se trata de hechos punibles de acción penal pública, perseguibles a instancia de parte, para que la causal sea procedente, es necesario que la parte afectada haya hecho manifestación de su voluntad en sentido afirmativo en forma fehaciente, y que el Ministerio Público haya formulado la imputación ante la autoridad jurisdiccional competente.
Cuando se trata de hechos punibles de acción penal privada, para que la causal sea procedente, es necesario que la parte afectada haya promovido querella criminal.
Art. 7º. Comisión de delitos. Actuación judicial. En cualquiera de los casos mencionados en el artículo precedente, salvo que existiere motivo suficiente para el rechazo in límine, la autoridad jurisdiccional competente, de inmediato, realizará la comunicación pertinente a la Cámara de Diputados y le remitirá copia auténtica de toda la documentación que obre en su poder, referida al caso concreto.
Art. 8º. Pedido de formulación de acusación. En todos los casos, el pedido de formulación de acusación será propiciado por cinco diputados.
En la primera sesión plenaria subsiguiente de la Cámara de Diputados, el pedido será remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de que la misma emita dictamen sobre el particular.
Art. 9°. Actuación de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales evaluará las causales invocadas y podrá escuchar al afectado a simple título informativo, si lo creyere pertinente. La negativa del afectado a comparecer, en modo alguno podrá ser considerada en forma desfavorable o incriminatoria. Finalmente, la Comisión emitirá dictamen por el que recomiende a la plenaria de la Cámara de Diputados, la formulación de la acusación contra la autoridad involucrada o el rechazo del pedido.
Art. 10. Acusación. Decisión de la Cámara de Diputados. En sesión extraordinaria convocada al efecto, la Cámara de Diputados considerará el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y adoptará una decisión.
A los efectos de la obtención de la mayoría de dos tercios, exigida por la Constitución para la formulación de la acusación, cualquier fracción decimal en la cantidad requerida para conformar dicha mayoría, deberá ser redondeada al número entero superior.
Art. 11. Designación de fiscales acusadores. Rechazo del pedido. Si la Cámara de Diputados resolviese formular acusación, se procederá a la designación de hasta cuatro diputados para ejercer la función de fiscales acusadores. Si no se obtuviere la mayoría requerida, se tendrá por rechazado el pedido y se ordenará su archivamiento.
Art. 12. Plazo para formular acusación. La Cámara de Diputados deberá formular acusación, si correspondiere, en un plazo no mayor a 60 (sesenta días) contados a partir de la presentación de la denuncia cuando se tratare de mal desempeño de funciones; o a partir de la comunicación de la autoridad jurisdiccional competente cuando se tratare de la comisión de delitos.
Vencido el plazo señalado, se entenderá que la Cámara de Diputados ha desistido de formular acusación en el caso concreto.
Art. 13. Circunstancia objetivamente insuperable. Cuando se tratare de la causal de comisión de delitos, y la Cámara de Diputados no formulara acusación o si hubiera vencido el plazo para hacerlo, se considerará que queda configurada una circunstancia objetivamente insuperable que impide que la persecución penal pueda ser iniciada o continuada, quedando suspendido el plazo para la prescripción de la acción.
Art. 14. Casos particulares. En el caso del Ministro de la Corte Suprema de Justicia integrante del Consejo de la Magistratura, el juicio político que eventualmente se promoviere se referirá a ambos cargos.
En el caso del senador y el diputado integrantes del Consejo de la Magistratura, la cámara respectiva deberá tratar simultáneamente su desafuero, al considerar la formulación de la acusación, o al proceder al juzgamiento, según correspondiere, si la causal fuera la comisión de delitos.
Art. 15. Comunicación a la Cámara de Senadores. La resolución de la Cámara de Diputados en virtud de la cual se decide formular acusación en el marco de un juicio político, contra autoridades determinadas, y se designa a los diputados que en ese caso oficiarán como fiscales acusadores, será comunicada a la Cámara de Senadores en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas.
Art. 16. Constitución del tribunal. Recibida la resolución de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores se constituirá en tribunal y a ese efecto, sus miembros prestarán juramento o formularán promesa de ejercer la función juzgadora con observancia de las disposiciones constitucionales y legales que regulan el procedimiento del juicio político.
Art. 17. Audiencia de acusación. La acusación oral por parte de los fiscales acusadores, será recibida por la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria, en audiencia pública. El Presidente de dicha Cámara adoptará las medidas pertinentes para su realización dentro de los tres días subsiguientes a la constitución de la Cámara de Senadores en tribunal.
La acusación debe contener una exposición detallada de los hechos en que se basa y la invocación del derecho. Además, se deben presentar las pruebas instrumentales y ofrecer las demás pruebas.
Art. 18. Traslado de la acusación. El Presidente de la Cámara de Senadores correrá traslado de la acusación al afectado, por 18 (dieciocho) días, para que prepare su defensa. Se entregará la acusación impresa en papel y en medios magnéticos, y también copia de las pruebas instrumentales presentadas.
Art. 19. Audiencia de defensa. En sesión extraordinaria, en audiencia pública, el enjuiciado ejercerá su defensa personalmente o por medio de representante. El tiempo mínimo para el efecto, no puede ser inferior a 5 (cinco) horas. En dicha ocasión debe presentar las pruebas instrumentales y ofrecer las demás pruebas.
Art. 20. Producción de pruebas. El Tribunal decidirá previamente la admisión o el rechazo de las pruebas ofrecidas por la acusación y la defensa. Con posterioridad, en sesión extraordinaria, se producirán las pruebas admitidas en el tiempo que fuere necesario para ello.
Art. 21. Audiencia de alegatos. Con posterioridad a la producción de pruebas, en sesión extraordinaria fijada con antelación, las partes presentarán sus respectivos alegatos. El tiempo mínimo concedido a cada una de las partes, no puede ser inferior a 3 (tres) horas.
Art. 22. Sesión de deliberación de la Cámara de Senadores. Concluida la audiencia de alegatos, se convocará al tribunal a una sesión extraordinaria de deliberación sobre lo alegado y probado en relación con cada uno de los hechos que configuran las causales imputadas al enjuiciado.
La admisión de cada uno de esos hechos se hará por votación y se requerirá el voto afirmativo de la mayoría simple de los miembros del tribunal.
Si resultaran configuradas una o más causales, se designará a no más de cinco miembros del tribunal para la redacción de un proyecto fundado de resolución, para ser sometido a consideración del tribunal. A los efectos pertinentes, se declarará un cuarto intermedio.
Art. 23. Fallo del tribunal. El proyecto fundado de resolución será sometido al pleno del tribunal, cuyos integrantes votarán en forma nominal por la declaración de culpabilidad del enjuiciado y su separación del cargo, o por su absolución.
Para el primer efecto se requiere contar con el voto de la mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de la Cámara de Senadores.
Art. 24. Plazo del procedimiento ante la Cámara de Senadores. La tramitación de la fase del juicio político que se lleva a cabo ante la Cámara de Senadores, en ningún caso podrá exceder del plazo máximo de noventa (90) días.
Vencido dicho plazo, sin que existiere pronunciamiento final de la Cámara de Senadores, se entenderá que el afectado ha quedado absuelto.
Art. 25. Circunstancia objetivamente insuperable. Cuando se tratare de la causal de comisión de delitos, y en la Cámara de Senadores no se diere la declaración de culpabilidad de la autoridad y su separación del cargo que ocupaba, o si el plazo máximo de duración del procedimiento ante dicha cámara, hubiere transcurrido sin pronunciamiento, se considerará que queda configurada una circunstancia objetivamente insuperable que impide que la persecución penal pueda ser iniciada o continuada, quedando suspendido el plazo para la prescripción de la acción.
Art. 26. Renuncia de la autoridad. La renuncia de la autoridad sometida a juicio político pondrá fin al mismo, cualquiera sea la etapa en que se encuentre. Sólo en caso de que se trate del Presidente de la República y si ya hubiese sido formulada la acusación, el Congreso podrá no aceptar la renuncia y la Cámara de Senadores continuará el proceso hasta su culminación.
Art. 27. Control de constitucionalidad. Todas las fases del juicio político pueden ser objeto de control de constitucionalidad en cuanto a la obtención de las mayorías exigidas por la Constitución y la observancia de las reglas del debido proceso, y, en especial, del derecho a la defensa en juicio.
La determinación de la existencia o no de la causal de mal desempeño de funciones y la valoración de las pruebas ofrecidas y producidas, puede ser declarada por la Corte Suprema de Justicia como cuestión no justiciable, salvo arbitrariedad manifiesta o inexistencia evidente de las mismas.
Art. 28. Remisión de antecedentes a la justicia ordinaria. Si el juicio político concluyera con la declaración de culpabilidad de la autoridad y su separación del cargo que ocupaba, y la causal hubiera sido la comisión de delitos, el Presidente de la Cámara de Senadores dispondrá que se pasen los antecedentes a la justicia ordinaria. Ninguna de las autoridades pasibles de juicio político, puede ser sometida a proceso penal, si previamente no es separada de su cargo como resultado final de un juicio político.
Art. 29. De forma.

Bibliografía
Badeni, Gregorio, El juicio político, Buenos Aires, La Ley 1995-C
Colautti, Carlos E., El juicio político y la renuncia de los magistrados, La Ley 1991-B
Corte Suprema de Justicia, Comentario a la Constitución, Asunción, 1997.
Lezcano Claude, Luis, “Apuntes para la reforma de la Constitución de 1992”, en Comentario a la Constitución. Tomo IV, Asunción, Corte Suprema de Justicia, 2012, pp. 213-291.
Lezcano Claude, Luis, “El “juicio político” al presidente Lugo: arbitrariedad jurídica y reacción”, en Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2012, Asunción, Coordinadora Derechos Humanos Paraguay (Codehupy), 2012, pp. 591/599.
Lezcano Claude, Luis, “El Juicio Político”, en La Ley, Revista Jurídica paraguaya, Asunción, abril de 2000, Año N° 23, N° 3, pp. 273-282.
Lezcano Claude, Luis, “Poder Ejecutivo: propuestas de reforma constitucional”, en Revista Jurídica de la Universidad Americana, 2010.
Lezcano Claude, Luis, “Sobre el “juicio político” al Pdte. Fernando Lugo Méndez”, en La Ley Revista Jurídica Paraguaya, Año 35, Nº 7, agosto de 2012.
“Sobre el “juicio político” …”, en E. Camacho (compilador), Golpe parlamentario en Paraguay. Una aproximación jurídica, Frente Guasu, Ed. Arandura, diciembre de 2012.
Lezcano Claude, Luis, Derecho Constitucional – Parte orgánica, Asunción, agosto de 2008 (1ª Ed.), marzo 2011 (3ª Ed.).

Legislación
Constitución.
Ley N°. 296, del 22 de marzo de 1994. Que Organiza el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Ley 3759/2009, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Código Penal.
Código Procesal Penal.
Proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados por el diputado Víctor Ríos.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Carta a “Última Hora”

Señor Director:

En relación con la publicación aparecida el domingo pasado en ese medio, debo hacer algunas aclaraciones en cuanto a lo que se menciona como “fundamentos del juicio político”.
1. Acerca de la inamovilidad hasta los 75 años, cabe señalar que las acciones de inconstitucionalidad habían sido planteadas por los doctores Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Enrique Sosa, quienes no habían sido confirmados en sus cargos por el Senado (Resolución Nº 421, del 5 de noviembre de 1999). La primera constatación es que yo me encontraba entre los confirmados, pese a lo cual no dudé en apoyar la declaración de inconstitucionalidad de dicha resolución.

A los argumentos jurídicos contenidos en los fallos de la Corte Suprema de Justicia Nos. 222 y 223, del 5 de mayo de 2000, quiero agregar algunos datos probablemente no muy conocidos. Debe prestarse particular atención a las fechas. La resolución del Senado fue dictada pocos meses después del “marzo paraguayo” (marzo de 1999). Los colorados querían destituir a F. S. Paredes por su supuesta vinculación con el oviedismo. Pero dijeron que no podía ser separado sólo un “ministro colorado”, sino que también debían serlo un “ministro liberal” y un “ministro independiente”. El PLRA, mostrando una gran debilidad, a pesar de que la representación era mucho mejor que la actual y de que había manifestado no estar en desacuerdo con el desempeño de ninguno de los “ministros liberales”, accedió a separar a uno de ellos. El elegido fue el Dr. Sosa y el tercero fue el Dr. Irala Burgos.
Estas fueron las “razones” para esta primera manipulación política de la Corte constituida en 1995.

Los fallos de la CSJ son de mayo de 2000 y se los toma como causales tres años y medio más tarde. A casi nueve años de su dictamiento, su importancia como hitos en la lucha por la independencia del Poder Judicial, aparece más clara.

2. En cuanto a la “provisión de alimentos” para Itaipú, varias veces se ha aclarado que las irregularidades se produjeron en el directorio de esa entidad y no en sede judicial. En efecto, se trataba de una licitación internacional para ese efecto y en el pliego de bases y condiciones aprobado por la Itaipú, se incluía una fórmula matemática de reajuste de precios que efectivamente al ser aplicada daba sumas escandalosas. Pero esto lo aprobó la Itaipú.
Posiblemente se sentaban las bases para un negociado entre las autoridades de Itaipú y quienes resultaran adjudicados en la licitación. Supongo que con posterioridad hubo desavenencias en cuanto al reparto del botín o se quiso tener una “bendición” judicial para sumas tan escandalosas. Lo cierto es que en sede judicial, la controversia planteada versaba, nada más, sobre la correcta o incorrecta aplicación de la aludida fórmula matemática contenida en el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación internacional para la provisión de alimentos, aprobado por la Itaipú. Como se trataba de una cuestión matemática, no había sino una sola respuesta y en ella coincidieron todos los peritos y magistrados que intervinieron. El problema no estaba en los tribunales, sino en la Itaipú, y, al ser los magistrados jueces de derecho y no de equidad, nada podían opinar sobre los escandalosos montos.

Quizá ahora con la colaboración del inefable Mateo se pueda hurgar en los papeles de la entidad y encontrar cosas interesantes. Le pido, señor Director, destaque algún periodista para el efecto.

3. En cuanto a otros “fundamentos” como la cuestión de un avión incautado que anteriormente había pertenecido a un narcotraficante, debo señalar que en acta de la CSJ hice constar mi oposición. El supuesto “escándalo sexual” nunca existió y, si mal no recuerdo, no fue una de las causales o fue retirada con posterioridad. El falseamiento de la declaración de bienes, el enriquecimiento ilícito, el nepotismo, la manipulación de magistrados, etc., fueron inicialmente mencionados en su totalidad o en parte en ese mamotreto llamado libelo acusatorio (no recuerdo bien), pero luego fueron retirados en su mayoría. De todos modos ninguno de ellos me afectaba.

Habiendo sido mencionado en la publicación, le solicito la publicación de esta carta.
Le agradezco su atención y le saludo atentamente

Publicada en el diario Última Hora, el 23/02/2009.

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CONSTITUCIÓN DE 1844 (texto)

Ley que establece la Administración Política de la República del Paraguay, y demás que en ella se contiene

 TÍTULO I

De la Administración General

Artículo 1. La Administración General de la República se expedirá en adelante por un Congreso ó Legislatura Nacional de Diputados Representantes de la República; por un Presidente en quien resida el Supremo Poder Ejecutivo y por los Tribunales y Jueces establecidos por ley del Soberano Congreso Extraordinario de 25 de Noviembre de 1842.

Artículo 2. La facultad de hacer las leyes, interpretarlas ó derogarlas, reside en el Congreso Nacional.

Artículo 3. La facultad de hacer ejecutar las leyes y reglamentarias para su ejecución, reside en el  Supremo Poder Ejecutivo de la República.

Artículo 4. La facultad de aplicar las leyes reside en los Jueces y Tribunales establecidos por la ley.

TÍTULO II

Del Congreso o Legislatura Nacional

Artículo 1. El congreso Nacional se compondrá por ahora de doscientos diputados elegidos en la forma hasta aquí acostumbrada, debiendo ser ciudadanos propietarios de las mejores capacidades y patriotismo.

Artículo 2. El Congreso Nacional será convocado de cinco en cinco años en los casos ordinarios, contándose aquellos desde el 15 de Marzo de 1844. La convocación será treinta días antes cuando menos, y durará en sus sesiones el tiempo que el mismo Congreso acuerde.

Artículo 3. El Congreso se reunirá y abrirá sus sesiones en la Capital de la República, y tendrá el tratamiento de Muy Honorables Señores Representantes de la Nación; nombrará un Presidente, un Secretario, y los demás oficiales que requiera el despacho de los negocios.

Artículo 4. Para el mejor expediente de sus deliberaciones nombrará las comisiones que crea necesarias, y cada comisión nombrará un Presidente y un Secretario durante la comisión.

Artículo 5. Las comisiones darán por escrito sus dictámenes firmados, sin perjuicio de lo que puede informar in voce algunos de sus miembros.

Artículo 6. El Congreso Nacional se dará oportunamente un reglamento para el régimen interno de sus actos.

Artículo 7. Tendrá un archivo en que se reserven los registros de sus actas y demás documentos oficiales, y todo ello correrá a cargo del Secretario del Congreso.

Artículo 8. Es atribución del Presidente del Congreso el nombramiento de las comisiones, fijar el número de ellas hasta que se reglamente en esta parte lo conveniente. Es obligación de las comisiones dar aviso verbal al Presidente del Congreso cuando hayan concluido sus tareas, remitiéndose bajo de carpeta cerrada al Presidente del Congreso.

Artículo 9. El Presidente del Congreso pondrá a la deliberación del Congreso los asuntos despachados por las comisiones según el orden que fuere más conveniente.

Artículo 10. Es también atribución del Presidente del Congreso velar sobre la policía de la casa de los Señores Representantes, y cuidar que se observe toda circunspección y dignidad en todas sus deliberaciones.

TÍTULO III

De las atribuciones del Congreso Nacional

Artículo 1. Al Congreso Nacional corresponde formar las leyes y ordenanzas de cualquier naturaleza para regir la administración interior de la República, bien como el modificarlas, suspenderlas, o abolirlas.

Artículo 2. Elegir al Presidente de la República, recibirle el juramento de ley, y mandarle poner en posesión del mando.

Artículo 3. Corresponde al Congreso Nacional declarar la guerra, oídos los motivos que exponga el Presidente de la República.

Artículo 4. Recomendar al Presidente de la Nación cuando lo halle por conveniente la negación de la paz.

Artículo 5. Fijar los gastos generales con presencia de los presupuestos que presentare el Presidente de la República.

Artículo 6. Recibir las cuentas de inversión de los Fondos Públicos, examinarlas y aprobarlas.

Artículo 7. Fijar la ley, valor, pero y tipo de la moneda.

Artículo 8. Establecer Tribunales de Justicia y reglar la forma de los juicios.

Artículo 9. Crear y suprimir empleos de toda clase.

Artículo 10. Reglar el comercio interior y exterior.

Artículo 11. Demarcar el territorio de la República y fijar sus límites.

Artículo 12. Ratificar los tratados que hiciere el Presidente de la República, en los casos que lo permite la ley del Soberano Congreso de 26 de Noviembre de 1842 en el artículo 20.

TÍTULO IV

Del Poder Ejecutivo Permanente

Artículo 1. El Gobierno Nacional permanente, ha de ser desempeñado por un solo ciudadano con la denominación de Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay.

Artículo 2. Ninguno podrá ser electo Presidente de la República que no sea ciudadano del fuero común natural de la República del Paraguay, y que además tenga cuarenta y cinco años de edad, capacidad, honradez y patriotismo conocidos; buena conducta moral y un capital propio de ocho mil pesos.

Artículo 3. Para entrar al ejercicio de Presidente, hará en presencia del Congreso Nacional el juramento siguiente: “Yo Fulano de tal, solemnemente juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República; que protegeré la Religión Católica, Apostólica Romana, única del Estado; que conservaré y defenderé la integridad e independencia de la nación, y cuanto mejor pueda propenderé a la felicidad de la República”.

Artículo 4. El Presidente de la República durará en el cargo de la Presidencia Nacional por el tiempo de diez años desde el día de su elección.

Artículo 5. En el caso de enfermedad, ausencia del Presidente o mientras se proceda a nueva elección por su muerte, renuncia o por otra causa, el Juez Superior de Apelaciones entrará a ocupar el mando con calidad de Vice-Presidente de la República, prestando el juramento de ley, o en manos del mismo Presidente de la República, o por falta de éste en manos del Prelado Diocesano, con asistencia de todas las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas de la capital, sin cuyo requisito no tomará el mando de la República. Para este acto se constituirán las autoridades en el Palacio de Gobierno.

TÍTULO V

De la elección del Presidente de la República

Artículo 1. El Presidente de la República del Paraguay será elegido en sesión permanente por el Congreso Nacional, por votación nominal dada in voce por cada Diputado a pluralidad de sufragios, formándose a continuación la acta conveniente.

Artículo 2. El acto de las firmas no embarazará la recepción del Presidente legalmente electo, ni la toma de posesión del mando.

Artículo 3. Cuatro votos sobre la mitad harán la mayoría.

Artículo 4. En el caso de ser empatada la elección de presidente, se repetirá por segunda vez, y si en ésta ninguno obtuviese la mayoría, los ciudadanos entre quienes estén divididos los votos serán sorteados á presencia del Congreso Nacional, insaculando sus nombres en dos cédulas, y será Presidente el que decida la suerte.

Artículo 5. Luego de efectuada la elección de Presidente, será proclamado en alta voz por el Secretario del Congreso.

TÍTULO VI

Distintivos del Presidente de la República

Artículo 1. El presidente de la República usará uniforme de Capitán General, y una banda tricolor debajo del uniforme, de derecha a izquierda, y en aquella traerá pendiente al pecho un signo nacional o presea de honor, ambas costeadas por el tesorero de la República.

Artículo 2. La presea de honor será una estrella de oro orlada de brillantes, en cuyo centro se lea por un lado, “Poder Ejecutivo” y del otro “República del Paraguay”.

Artículo 3. El residente de la República tendrá las atribuciones y prerrogativas de Capitán General y podrá formarse una escolta de honor para custodia de su persona. La escolta no excederá de setenta y cinco plazas.

Artículo 4. Tendrá además dos o tres edecanes de órdenes es el Palacio, que alternen en el servicio. Un conserje y los sirvientes interiores que precisare, con sueldos abonables del Tesoro nacional.

TÍTULO VII

De las atribuciones del Presidente de la República

Artículo 1. La autoridad del Presidente de la República es extraordinaria en casos de invasión, de conmoción interior, y cuantas veces sea precisa para conservar el orden y la tranquilidad pública de la República.

Artículo 2. El Presidente de la Nación es el Jefe de la Administración General de la República.

Artículo 3. Publica y hace ejecutar las leyes decretos del Congreso, reglando su ejecución por reglamentos especiales.

Artículo 4. Convoca al Congreso Nacional en la época fijada por esta ley, o extraordinariamente cuando las circunstancias lo demanden.

Artículo 5. Hace la apertura del Congreso, y pasará informe por parte oficial del estado político de la República, y de las mejoras y reformas que considere dignas de su atención; finalmente cierra sus Sesiones.

Artículo 6. Expide las órdenes convenientes y en tiempo oportuno para la elección de Diputados.

Artículo 7. Es el Jefe Supremo de las Fuerzas navales y de tierra, exclusivamente encargado de su dirección en paz y en guerra: puede mandar en persona el ejército o en su lugar nombrar un jefe general que lo mande.

Artículo 8. Provee a la seguridad interior y exterior de la República.

Artículo 9. Publica la guerra y la paz, y toma por sí mismo cuantas medidas puedan contribuir a prepararlas.

Artículo 10. Hace los tratados de paz y alianza con concepto a lo que ordena el artículo 20 de la del Soberano Congreso extraordinario de 26 de Noviembre de 1842.

Artículo 11. Fija la Fuerza de línea y las milicias en todos sus ramos.

Artículo 12. Manda construir vasos de guerra, equiparlos y fijar su número.

Artículo 13. Nombra y destituye a los empleados civiles, militares y políticos.

Artículo 14. Igualmente nombra los enviados, agentes de negocios, y demás enviados diplomáticos.

Artículo 15. Puede recibir, según las fórmulas de etiqueta, los ministros y agentes de las naciones extranjeras, oyendo sus propuestas sin estipular cosa alguna en oposición a lo dispuesto en el precitado artículo vigésimo de la ley indicada.

Artículo 16. Ejerce el patronato general respecto de las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas con arreglo á las leyes: nombra los obispos y los miembros del Senado eclesiástico.

Artículo 17. puede celebrar concordatos con la Santa Sede Apostólica; conceder ó negar su beneplácito á los decretos de los concilios y cualesquiera otras constituciones eclesiásticas; dar ó negar el exequátur á las bulas ó breves Pontificáis, sin cuyo requisito nadie las pondrá en cumplimiento.

Artículo 18. Es el Juez privativo de las causas reservadas en el estatuto de la administración de justicia.

Artículo 19. Promueve y fomenta los establecimientos de la educación primaria y los de ciencias mayores.

Artículo 20. Puede indultar ó conmutar la pena capital en conformidad de lo dispuesto en el artículo quincuagésimo octavo del estatuto de justicia.

Artículo 21. Puede aumentar ó disminuir los sueldos de los empleados públicos.

Artículo 22. Aplica exclusivamente los ramos del diezmo en beneficio de las iglesias, de los ministros del culto, y demás de este ramo en conformidad de la ley especial que se ha dado á este respecto.

Artículo 23. Puede conceder retiros y jubilaciones, premios remuneratorios, ó cualesquiera otra gracia á los que hiciesen distinguidos servicios á la República.

Artículo 24. Puede visitar personalmente, en todo ó en parte, el territorio de la República, una ó más veces durante el período de la presidencia.

Artículo 25. Puede dispensar de todo impedimento, y habilitar á los hijos de la República para obtener donaciones, legados ó herencias, quedando revocadas todas las leyes en contrario.

Artículo 26. Abrir puertos de comercios, y elevar las poblaciones al rango de villa y ciudades, dando cuenta dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional.

Artículo 27. Formar planes generales o particulares de educación pública, sometiéndolos después a la aprobación de la Representación Nacional.

Artículo 28. Acordar a los autores o inventores de establecimientos útiles, privilegios por tiempo determinados dando cuenta al Congreso Nacional.

Artículo 29. Puede conceder amnistía dando cuenta al Congreso Nacional.

Artículo 30. Todos los ramos de obras públicas, caminos, postas, correos, establecimientos de educación primaria y científicos, costeados por los fondos de la Nación: todos los objetos y ramos de hacienda y policía, son de la suprema inspección y resorte del Presidente de la República.

TÍTULO VIII

De los Ministros Secretarios

Artículo 1. Cuando el Presidente de la República lo creyere conveniente, podrá nombrar uno o más Ministros Secretarios de Estado, o reunir accidentalmente en un solo Ministerios los Departamentos de Gobiernos y de Relaciones Exteriores.

Artículo 2. El Ministro Secretario será removido de su empleo a la voluntad del Presidente de la República.

Artículo 3. El Ministro o Ministros de Estado no tendrán otro tratamiento con el de Usted, y no podrán dar orden alguna sin acuerdo y aprobación del Presidente de la República.

Artículo 4. Gozarán de una compensación que les asigne el Presidente de la República.

TÍTULO IX

Del Consejo de Estado

Artículo 1. El Consejo de Estado en la República del Paraguay se compondrá eventual o temporalmente del prelado diocesano, de dos Jueces de la Magistratura elegidos por el Poder Ejecutivo, y de tres ciudadanos de capacidad, también nombrados por el Supremo Gobierno de la República.

Artículo 2. El Consejo de Estado nombrará un Presidente Interino de su seno y un Secretario podrá ser de afuera del Consejo, teniendo la suficiencia necesaria para tal cargo.

Artículo 3. El Presidente de la República destinará el local donde ha de reunirse el Concejo de Estado.

Artículo 4. El Concejo de Estado y convocado por el Supremo Gobierno en los negocios graves y medidas generales de pública administración, principalmente cuando ocurra una guerra exterior o tratados con enviados de los Estados vecinos o Potencias extranjeras cuando fuere necesario conceder amnistía, poner vetos a las leyes y decretos del Congreso Nacional, y convocar extraordinariamente al Congreso.

Artículo 5. El Consejo de Estado dará sus dictámenes por escrito y firmados.

Artículo 6. Es obligado a guardar reserva en los asuntos que el Supremo Gobierno le sometiere con esta calidad.

Artículo 7. El Concejo de Estado prestará el juramento de ley en manos del Presidente de la república para poder entrar en sus funciones.

Artículo 8. A invitación del Presente de la República se reunirá el Consejo de Estado.

Artículo 9. Las vacantes de los Miembros del Consejo serán reemplazadas con los nombramientos que hiciere el Presidente de la República.

Artículo 10. El Presidente de la Nación después de impuesto de los dictámenes del Consejo de Estado, puede separarse de ellos, no hallándolos convenientes, y adoptar las resoluciones que tuviese a bien.

Artículo 11. Los Presidentes de la República, a la conclusión de su mando, son Miembros natos del Consejo de Estado y deben concurrir a él, además de los asignados en el artículo primero.

Artículo 12. El Consejo de Estado no tendrá más tratamiento que el de Señor del Consejo.

TÍTULO X

Ordenanzas Generales

Artículo 1. Los ciudadanos de la República presentarán su reconocimiento y obediencia al Presidente Nacional luego de estar en posesión del mando, y en la forma que lo determine el Presidente de la República.

Artículo 2. Los hombres son de tal manera iguales ante la ley, que esta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos, y favorecer igualmente al poderoso que al miserable.

Artículo 3. Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser oídos en sus quejas por el Supremo Gobierno de la Nación.

Artículo 4. Se permite libremente la salida del territorio la República llevando en frutos el valor o precio de sus propiedades adquiridas, observando además las leyes policiales y salvo perjuicio de tercero.

Artículo 5. Para entrar en le territorio de la República se observarán las ordenes anteriormente establecidas, quedando al libre arbitrio del Supremo Gobierno ampliarlas o restringirlas según lo exigiesen las circunstancias.

Artículo 6. Todos los empleados militares dados hasta aquí, y que en adelante se dieren, son empleados de pura comisión.

Artículo 7. Los establecimientos particulares de educación primaria, y los de otras ciencias que en adelante se establezcan en la República, sacarán primero licencia del Supremo Gobierno, siendo obligados los preceptores o maestros a presentar el plan de enseñanza, la materia que tratan de enseñar y los autores que se propongan seguir, sujetándose en todo a los reglamentos que les diere el Supremo Gobierno Nacional.

Artículo 8. Para establecer imprenta de particulares en la República, se tomará primeramente el permiso del Supremo Gobierno, dando el dueño o el administrador una fianza de dos mil pesos, bajo la cual se comprometa cumplir con los reglamentos que le diere el Gobierno de la República.

Artículo 9. Los habitantes de la República, sea cual fuese su oriundez, no reconocerán otros tribunales para todo género de causas que los establecidos por nuestras leyes patrias; de consiguiente queda prohibido el establecimiento de tribunales extranjeros bajo de cualquier forma.

Artículo 10. Queda prohibido el tráfico de esclavos o de negros, aun con el TÍTULO o pretexto de colonos.

Artículo 11. Se ratifican las leyes y decretos sancionados por el Soberano Congreso de 25 de Noviembre de 1842.

Artículo 12. La presente ley puede ser reformada o adicionada según lo exigiese la experiencia, y para esto se necesita:

1. El consentimiento y aprobación de la mayor parte del Congreso Nacional.

2. Que los artículos dignos de reformar estén plenamente demostrados en la necesidad de ser reformados.

3. Que el Poder Ejecutivo exponga, además, su opinión fundada para resolverse sobre la conveniencia y necesidad de la reforma o de alguna adición substancial.

4. Sancionada la necesidad de la reforma, se convocara un Congreso General con poderes especiales para verificar la reforma con las formalidades debidas.

5. Verificada la reforma, pasará al Poder Ejecutivo para su publicación o para que exponga los reparos que encontrare. En caso de devolverla con reparos, la votación de la mayor parte del Congreso hará su última sanción.

Artículo 13. Todo el que atentare o prestare medios de atentar contra la Independencia de la República o contra la presente ley fundamental, será castigado hasta con la pena de muerte, según la gravedad de su atentado.

Dada en la Sala e Sesiones del Congreso Nacional de la República del Paraguay a 13 de Marzo de 1844.

Juan Manuel Álvarez, Vicepresidente del Congreso Nacional

Fernando Patiño, Secretario del Congreso Nacional.

Asunción, Marzo 16 de 1844

Publíquese en la forma de estilo.

LÓPEZ.

BENITO MARTÍNEZ VARELA, Secretario interino de Gobierno.

REFORMA DE 1856[*]

EL CONGRESO GENERAL REGLAMENTA PARA LA CONVOCATORIA DE LOS 100 DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL PARA REFORMAR LA LEY DEL 13 DE MARZO DE 1844.

LEY

El Congreso general extraordinario convocado con poderes especiales para verificar las reformas de los artículos 1º del título 2º y 5º del tít. 4º de la ley del 13 de Marzo de 1844, sanciona con fuerza de ley:

Artículo primero

El Congreso Nacional se compondrá de cien diputados, debiendo ser ciudadanos revestidos de las condiciones de la propiedad, probidad, buena fama, conocido patriotismo, del goce de todos los derechos civiles, y de una capacidad regular.

Artículo segundo

Los Ciudadanos electores, y los elegibles, tendrán las mismas calidades exigidas en el anterior artículo 1º.

Artículo tercero

El gobierno dirigirá una circular para la elección de diputados, con designación del número que corresponda a cada distrito, y del día en que deban reunirse en la sala de sesiones. Las juntas electorales serán convocadas y presididas en las Villas por los Jefes de milicias; las elecciones tendrán lugar a pluralidad de votos; las actas serán firmadas por los electores y los elegidos, y se remitirán los originales al Ministerio de Gobierno, dejándose copias autorizadas en los archivos de cada distrito.

Artículo cuarto

Serán admitidos a la candidatura de la Presidencia, desde la edad de treinta años, los ciudadanos capaces de prestar ese importante servicio a la República.

Artículo quinto

Se atribuye al Poder Ejecutivo nacional la designación en pliego reservado, y puesto de un modo solemne y auténtico, en una oficina pública, de la persona que haya de ejercer la vice presidencia de la República en los casos prevenidos en el artículo 5º del título 4º de la ley de 13 de Marzo de 1844.

Artículo sexto

Las disposiciones contrarias a esta ley quedan sin efecto.

Artículo séptimo

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de sesiones del Congreso General de la Asunción, a los tres días del mes de Noviembre del año del Señor de mil ochocientos cincuenta y seis.


[*] Congreso extraordinario reunido en noviembre de 1856.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Renuncia

Asunción, 11 de diciembre de 2003.

Señor

Dr. Carlos Mateo Balmelli, Presidente

Cámara de Senadores

E.       S.       D.

De  mi consideración:

En la defensa realizada ante esa Cámara en fecha 1 de diciembre ppdo., y en los alegatos presentados en fecha 10 de diciembre ppdo., ha quedado demostrado en forma clara, categórica e indubitable que todas las supuestas acusaciones urdidas en la Cámara de Diputados, carecen en absoluto de todo fundamento jurídico. Al respecto he abundado suficientemente en las ocasiones mencionadas.

Vd. sabe que es así, aunque se empaque en sostener lo contrario. Asimismo entiende que todo esto no constituye más que una cuestión política llevada adelante en forma salvaje, arbitraria y sin ningún sustento no sólo jurídico, sino ético. A pesar de ello ha tenido activa participación en todo este despreciable proceso orientado supuestamente a la “reforma del Poder Judicial”.

Habiendo sido aniquiladas las acusaciones presentadas por los diputados, la decisión que adopte la Cámara de Senadores no podrá estar fundada de manera seria y responsable. No podrá apoyarse en argumentos jurídicos, ni tan siquiera en argumentos lógicos o aceptables.

Dadas las circunstancias descriptas precedentemente y sin que esto implique la más mínima aceptación de culpabilidad, elevando una vez más mi enérgica voz de protesta por el injusto y arbitrario proceso al que en virtud de un espurio “pacto político” me vi sometido, no me queda otra alternativa que presentar renuncia al cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

                                                                               Dr. Luis Lezcano Claude

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