La pérdida de investidura de los legisladores: su reglamentación

1. En diciembre de 2017, la Cámara de Senadores decidió la pérdida de investidura del senador Ó. González Daher. En estos días (marzo 2018), fue aprobado por el Congreso un proyecto de ley referente a la reglamentación de este procedimiento. Dicho proyecto ha sido objeto de un veto u objeción parcial del Poder Ejecutivo.

En ocasión de la destitución del senador, no hubo ninguna objeción ni siquiera de parte del afectado, quizá por el concepto desfavorable que ya se tenía de éste, acrecentado todo por la acción mediática y una opinión pública escandalizada por audios que revelaban un indebido tráfico de influencias ejercido principalmente sobre magistrados judiciales e integrantes del Ministerio Público.

Se busca ahora reglamentar dicho procedimiento por medio de una ley del Congreso y nos encontramos ante un proyecto que adolece de gravísimas deficiencias.

2. La primera se refiere a la esencia misma de la facultad de determinar la pérdida de investidura. En efecto, dicha atribución no corresponde a cada cámara respecto de cualquiera de sus integrantes, sino a la Justicia Electoral. Esto significa que la reglamentación no puede referirse al procedimiento que habrá de seguirse en la cámara de que se trate, para concluir eventualmente en una pérdida de investidura.

Dicho proyecto de ley debe reglamentar el procedimiento que corresponde seguir ante los órganos de la Justicia Electoral. Pérdida de la investidura de legislador significa pérdida de la calidad de senador o diputado. Para que se dé esta consecuencia se necesita probar que ha existido “violación del régimen de inhabilidades”, “violación del régimen de incompatibilidades” o “uso indebido de influencias”.[1] Esto debe darse en el marco de un proceso judicial que ofrezca la oportunidad de la defensa y, en general, todas las garantías del debido proceso, en particular, la de ser juzgado por jueces imparciales.

Debe darse un proceso judicial no sólo por la naturaleza de los hechos que deben probarse, sino también, y principalmente, porque la investidura de legislador no ha sido conferida (con el alcance de que haya sido declarada) por la cámara respectiva, sino por la Justicia Electoral.[2] Mal puede entonces una cámara privar a uno de sus miembros de algo que no le confirió.

El artículo 201 Cn., al referirse a la pérdida de investidura, dice “además de los casos ya previstos”. Son éstos la remoción por incapacidad física o mental y la renuncia, previstos en el artículo 190 Cn.[3] Dicho precepto establece las medidas que cada cámara puede adoptar respecto de sus miembros y entre ellas no está determinar la pérdida de investidura, en general, sino sólo cuando se trate de incapacidad física o mental.

En las constituciones precedentes, se establecía que cada cámara era juez exclusivo de los derechos y títulos de sus miembros, y además se consagraba la facultad de excluirlos de su seno “por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, como expresaba la Constitución de 1967.[4] La Convención Nacional Constituyente de 1992 eliminó dicha facultad en la Constitución que fue sancionada y promulgada ese año.

Como conclusión de esta parte debe señalarse que las cámaras no pueden reglamentar el Art. 201 de la Constitución, en el sentido de establecer el procedimiento que debe seguirse para que cualquiera de las cámaras, como disposición final, determine la pérdida de investidura de uno de sus miembros, porque no están investidas de esta facultad. Lo que debe reglamentarse es el procedimiento a seguir ante la Justicia Electoral.

3. La segunda gravísima deficiencia del proyecto de ley, se refiere a la mayoría requerida para adoptar la decisión de la pérdida de investidura, en el supuesto negado de que tal facultad correspondiera a cualquiera de las cámaras legislativas. En comparación con lo señalado precedentemente, se podría considerar que esto resulta de menor envergadura, aunque no menos violatorio de la Constitución.

En efecto, la Ley Suprema dispone cuanto sigue: “… Salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes …” (Art. 185 Cn.).

Esto significa que, como principio, todas las decisiones de las cámaras legislativas o el Congreso deben ser adoptadas por simple mayoría de votos. Una mayoría calificada (mayoría de dos tercios, mayoría absoluta o mayoría absoluta de dos tercios), sólo puede ser exigida cuando la Ley Fundamental lo establezca en forma expresa.

En el equivocado proyecto de ley, se pretende exigir una mayoría absoluta de dos tercios, para decidir la pérdida de investidura de un legislador, aunque el artículo 201 Cn. nada dice sobre el particular, lo cual significa que rige el principio general de la simple mayoría.

La pretendida exigencia de la mayoría calificada más difícil de lograr (30 senadores o 54 diputados), se debe al deseo de cada legislador de asegurar su banca debido a la desconfianza existente respecto de sus colegas. En efecto, lo que se trata de evitar es que una coyuntural simple mayoría (que puede variar, como cifras mínimas, de 13 a 24 senadores; o de 22 a 41 diputados) determine la exclusión de cualquiera de los miembros de una cámara.

4. Entre las causales que pueden determinar la pérdida de investidura también se debe hacer una distinción. La “violación del régimen de inhabilidades” y la “violación del régimen de incompatibilidades” no constituyen hechos punibles y podrían ser consideradas equivalentes al mal desempeño de funciones. En estos casos, en el marco de un juicio breve ante un juez electoral y con intervención de un agente fiscal electoral, se podría determinar la existencia o no de la causal respectiva. El fallo dictado podría ser objeto de los recursos y las acciones que sean pertinentes.

El “uso indebido de influencias”, en cambio, ha sido definido como un hecho punible[5], lo cual exige la intervención previa de un agente fiscal que habrá de formular la correspondiente imputación y luego una eventual acusación, y, asimismo, la de magistrados judiciales que habrán de pronunciarse al respecto. A nuestro criterio, siempre que se trate de presuntos hechos punibles necesariamente debe darse la intervención de los órganos investidos propiamente de facultades para determinar la existencia o no del hecho punible.

Esta exigencia, que consideramos era lo único correcto en el proyecto de ley, ha sido el objeto del veto u objeción parcial del Poder Ejecutivo.

Entendemos que en todos los procedimientos previstos en la Ley Fundamental que permiten la eventual destitución de autoridades, por decisión de órganos políticos o no jurisdiccionales, sobre la base de la supuesta comisión de hechos punibles, previamente debe realizarse un juicio en sede judicial.

Veamos el caso de los magistrados judiciales. Del mismo modo establecido en el proyecto parcialmente vetado, cuando se trata del enjuiciamiento de magistrados judiciales por la causal de supuesta comisión de hechos punibles, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo único que decide es autorizar o no que se lleve adelante el respectivo proceso penal; y queda pendiente de la decisión que se adopte en sede judicial, para proceder a destituir o no al magistrados afectado. Sólo cuando se trata de mal desempeño de funciones, el JEM realiza por sí mismo el enjuiciamiento respectivo.[6]

Cuando se trata de las autoridades que pueden ser sometidas a juicio político, la Ley Suprema autoriza que la Cámara de Diputados pueda formular acusación sobre la base de la presunta comisión de delitos (hechos punibles) y que la Cámara de Senadores pueda decidir eventualmente la separación del respectivo cargo (cf. Art. 225 Cn.). La grave deficiencia constitucional consiste en este caso en que órganos no especializados y vinculados estrechamente a lo político-partidario, puedan decidir al respecto, aun cuando no se haya dado intervención alguna de los órganos investidos propiamente de facultades relativas a estas situaciones específicas (Ministerio Público y Poder Judicial).

Una forma de paliar esta deficiencia, mientras no se modifique la norma constitucional, sería establecer que la causal de “comisión de delitos” no pueda ser invocada sin que previamente un agente fiscal haya formulado una imputación contra la autoridad involucrada o una persona afectada haya promovido querella particular, en su caso.[7]

Existe otro procedimiento más previsto en la Constitución en que la destitución de autoridades puede basarse en la presunta comisión de hechos punibles. Se trata de la destitución de gobernadores, intendentes, Juntas Departamentales o Juntas Municipales, dispuesta por la Cámara de Diputados, “por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República” (cf. Art. 165 Cn.).

En este caso, en que muy probablemente se haya incurrido en hechos punibles, igualmente debiera darse una intervención previa del Ministerio Público, mediante la formulación de una imputación.

Como lo hemos expresado precedentemente, en todos los casos en que exista la posibilidad de la comisión de hechos punibles, lo más acertado es que se dé la intervención previa, cuando menos, del Ministerio Público y, de ser posible, del Poder Judicial.

5. Volviendo al tema de la pérdida de investidura de un legislador, debe señalarse que ya no será posible adoptar nuevamente esta determinación respecto de O. González Daher, una vez iniciado el nuevo período legislativo el 1 de julio de 2018. Voceros del propio Partido Colorado mencionan esta supuesta posibilidad que no constituye más que una falsa propaganda electoral de depurar a futuro su lista de senadores, mediante una irrealizable acción.

En efecto, mal que bien, O. González Daher fue privado de su anterior investidura de senador. En alrededor de noventa días, volverá a la Cámara de Senadores con una nueva investidura otorgada por pueblo, y ya no será posible volver a privarle de ella por la misma causa. Al respecto rige el principio del non bis in ídem, de acuerdo con lo establecido en el Art. 17, inc. 4, de la Constitución.

Actualmente se encuentra sometido a un proceso penal. En poco tiempo gozará de nuevo de la inmunidad de proceso. Lo que tendrá que plantearse al Senado es un pedido de desafuero, a fin de que continúe sometido a dicho proceso. Pero la ANR lo seguirá teniendo en su bancada de senadores, salvo el improbable caso de que se decrete su prisión preventiva, o que posteriormente sea condenado a una pena privativa de libertad.


[1] Art. 201 Cn. De la pérdida de la investidura.
Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas:
1) la violación  del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y
2) el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado …

[2] Art. 273. De la competencia.
… el juzgamiento … de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la Justicia Electoral …

[3] Art. 190 Cn. …Por mayoría de dos tercios podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá por simple mayoría de votos.

[4] Constitución de 1870. Art. 60.- Cada Cámara es Juez exclusivo de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez …

Art. 62.- Cada Cámara … podrá con dos tercios de votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral y hasta excluirlo de su seno, cuando la Cámara lo juzgue incapaz o inhábil para asistir a su seno …

Constitución de 1940. Art. 71.- La Cámara es juez exclusivo de la elección, derechos y títulos de sus miembros. Ella podrá, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlos por inhabilidad física o moral y excluirlos de su seno …

Constitución de 1967. Art. 140. Cada Cámara es juez exclusivo de la elección, derechos y títulos de sus miembros …

Art. 141. Por mayoría de dos tercios de votos, cada Cámara podrá amonestar a cualquiera de sus miembros o excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad o por inhabilidad física o mental, debidamente comprobada …
[5] La ley prevé el delito de “tráfico de influencias”, en los siguientes términos:

1) El que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público, en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer invocando poseer relaciones de importancia o influencia reales o simuladas, será castigado con pena privativa de libertad hasta  tres años o multa.

2) Igual pena se aplicará a quien entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio, para obtener el favor de un funcionario público.

3) Si la conducta señalada en los incisos 1) y 2) de este artículo estuviera destinada a hacer valer una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o ante fiscales del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su consideración, el límite legal máximo de la sanción se elevará hasta cinco años de pena privativa de libertad (Art. 7º , Ley Nº 2523, del 13 de diciembre de 2004, Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias).

[6] “Si la cau­sa de enjuiciamiento fuere la comisión de delitos, el Jurado podrá determinar que el magistrado o agente fiscal acusado sea puesto a disposición del Juez competente, a quien le pasará los antecedentes de la cuestión. En este caso, el proceso de enjuiciamiento quedará suspendido hasta que recaiga sentencia definitiva en el juicio penal” (Art. 13, 1er. pfo., Ley N° 3759/09).

“… si por la comisión de delitos se presentare ante la justicia ordinaria, denuncia o querella criminal contra un magis­trado o agente fiscal, el Juez elevará los antecedentes al Jurado me­diante auto fundado. El Jurado examinará el mérito de la acusación y, en su caso, pondrá al enjuiciado a disposición del Juez de la causa, a los efectos de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo” (Art. 13, 4º pfo., Ley N° 3759/09).

“Finiquitado en la jurisdicción penal el proceso al imputado por comisión delitos, sea la sentencia absolutoria o condenatoria, el Jurado dispondrá la prosecución del enjuiciamiento hasta dictar sentencia definitiva” (Art. 32, Ley Nº 3759/09).

[7] Sugerimos las ideas señaladas, en nuestro proyecto de ley reglamentaria del Juicio Político (Luis Lezcano Claude, Derecho Constitucional – Parte Orgánica, Asunción, 2018, anexo; o Blog: luislezcanoclaude.wordpress.com).

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REELECCIÓN PRESIDENCIAL, ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y MEDIOS MASIVOS

1. Disposiciones constitucionales que se pretende modificar. Comenzaremos por analizar la cuestión de fondo, es decir, las disposiciones constitucionales que se desea modificar, sin hacer mención alguna a la vía por la cual se las quiere modificar. Estudiaremos las propuestas tratando de verificar, principalmente, su carácter democrático o no, atendiendo a su contenido.
a) La principal propuesta es, sin duda, la de admitir la posibilidad de reelección del Presidente de la República. De acuerdo con el texto actual de la Constitución de 1992, dicha reelección está prohibida en términos absolutos (No podrá ser reelecto en ningún caso, cf. Art. 229 Cn.).
La primera cuestión consistiría en admitir o no la reelección presidencial. Nos preguntaríamos si esto tiene relación directa con el carácter democrático o no democrático de un régimen de gobierno. A mi criterio, el que un régimen sea democrático no depende de que admita o no la reelección presidencial. Ni siquiera influye en este carácter el que la posibilidad de reelección sea con alternancia o en forma consecutiva; que pueda aplicarse sólo en un período constitucional ulterior o que se aplique de forma inmediata beneficiando incluso al presidente en ejercicio.
Nuestra Constitución prohíbe la reelección presidencial y es democrática. Las constituciones del Uruguay y de Chile la admiten con un periodo de alternancia, y son democráticas. Las constituciones de la Argentina y el Brasil la admiten en forma consecutiva o inmediata (y también con alternancia), y son democráticas. En esto, como se ve, no hay ningún problema.
La posibilidad de reelección planteada sería aplicada en las elecciones que deben celebrarse en abril de 2018. Ella está acorde con la tradición constitucional paraguaya y es lo predominante en el derecho constitucional latinoamericano.
En los últimos tiempos se ha visto en Latinoamérica que la reelección inmediata o consecutiva de un líder es imprescindible para la continuidad de ciertos procesos revolucionarios o de cambios favorables a las clases populares. Así ocurrió con Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Luis Ignacio Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, etc.
b) Un tema muy similar es el de la reelección de los gobernadores departamentales. Actualmente se encuentra prohibida (Art. 161, 2º pfo., Cn.). Se plantea admitirla en las mismas condiciones que la reelección del Presidente de la República. Tampoco presenta ninguna objeción desde el punto de vista de que tenga carácter democrático.
c) Otros artículos constitucionales que se propone modificar son el 197 y el 235, ambos referidos a inhabilidades, el primero para ser candidato a senador o diputado, y el segundo, para ser candidato a Presidente de la República o Vicepresidente.
Se pretende suprimir algunos incisos de dichos artículos, por ejemplo, para posibilitar que los candidatos a los principales cargos del Ejecutivo (Art. 197, inc. 8, Cn.), puedan ser también candidatos a senadores o puedan integrar la Cámara de Senadores en caso de alcanzar cierto porcentaje de votos. En esto tampoco existe nada contrario a la Ley Suprema, se trata simplemente de criterios.
Otra modificación propuesta es la referida a la renuncia del presidente en ejercicio para postularse para el periodo inmediato. En este caso, la misma no estaría sujeta a la aprobación por el Congreso, sino que bastaría la comunicación a los otros poderes. Esto nos parece lógico, pues, en caso contrario, quedaría abierta la posibilidad de que el órgano legislativo impidiera determinada candidatura, convirtiéndose en un gran elector. De hecho, la opción de aceptar o rechazar la renuncia presentada por el Presidente de la República, tiene relevancia únicamente cuando se esté llevando a cabo un juicio político, el cual podría culminar con la separación del cargo y la consiguiente imposibilidad de acceder a la senaduría vitalicia.

2. Procedimientos para modificar la Constitución. La enmienda. La Constitución paraguaya puede ser modificada por la vía de la enmienda o por la vía de la reforma (Cf. arts. 289 y 290).
El procedimiento de la enmienda exige la aprobación del proyecto respectivo por una y otra cámara del Congreso (Senadores y Diputados), por mayoría absoluta.
El viernes 31 de marzo de 2017, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de enmienda constitucional con los votos de 25 miembros de un total de 45.
La sesión respectiva se realizó bajo la presidencia del Vicepresidente 2º, en una sala que no es la habitual para sesiones plenarias, debido a la negativa del Presidente de la Cámara de Senadores y del Vicepresidente 1º, de permitir el tratamiento del mencionado proyecto.
A mi criterio, la irregularidad no está en esta forma de proceder, pues la mayoría absoluta de integrantes de la Cámara de Senadores deseaba tratar el proyecto de enmienda constitucional. La violación de la Ley Suprema se dio porque el proyecto se repitió antes de que hubiera transcurrido un año de haber sido rechazado (agosto de 2016), lo cual está prohibido por la Constitución (Art. 290, 2º párrafo).
La otra y principal objeción sería que la eliminación de la prohibición de reelección del Presidente de la República (Art. 229 Cn.), no puede ser hecha por la vía de la enmienda.
Ahora, para continuar con el procedimiento de la enmienda, falta la aprobación de la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta. En este punto se está actualmente. El oficialismo (sector del Partido Colorado liderado por Cartes), un sector del Partido Liberal y el Partido Frente Guazú (liderado por Fernando Lugo), cuentan con la mayoría de los votos también en esta cámara.
En caso de que se diera la aprobación de esta cámara, el proyecto de enmienda debe ser sometido a un referéndum, cuyo resultado es vinculante. Es decir, cabe la posibilidad de que el electorado se pronuncie por el rechazo de la enmienda y este es un resultado definitivo.
Sólo en caso de un pronunciamiento afirmativo, la enmienda queda perfeccionada. Sobre el particular, la Constitución preceptúa lo siguiente: “Si el resultado de éste (el referéndum) es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional” (Cf. Art. 290, Cn.).
Si se llegara a este punto, nos encontraríamos ante la situación inédita en nuestros avatares electorales, de que tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, tendrían sectores a favor del sí y sectores a favor del no, lo mismo que otras asociaciones políticas. No se daría, pues, una votación por partidos políticos (en sentido vertical), sino por preferencia del elector (en sentido trasversal).

3. La reforma. La otra vía para la modificación de la Constitución es la reforma. Pero para ello se necesita, en primer lugar, la “declaración de la necesidad de la reforma”, por una mayoría absoluta de dos tercios de votos de los miembros de cada cámara del Congreso. Esto significa un mínimo de 83/84 votos sobre un total de 125 legisladores, lo cual es imposible de lograr para el oficialismo (Cartes y sus adherentes del Partido Colorado) y sus aliados de otros partidos.
Posteriormente debe elegirse a los integrantes de una Convención Nacional Constituyente que debe encargarse de realizar la reforma constitucional. El tiempo requerido para realizar la modificación constitucional por esta vía, es mayor; y, además, existe la incertidumbre acerca de la composición que tendrá el órgano constituyente.
Las dificultades, prácticamente insalvables, para encarar la modificación de la Constitución por esta vía, determinaron que se optara por la vía de la enmienda.

4. Las objeciones a la vía de la enmienda. Ya hemos apuntado que la vía de la enmienda no es la adecuada para eliminar la prohibición de reelección del Presidente de la República. Esto debe hacerse por la vía de la reforma. En efecto, el artículo 290, referente a la enmienda, prohíbe en su último párrafo, usar este procedimiento para modificar lo referente a “la duración de los mandatos”.
Al respecto se ha generado una ardua discusión. Quienes sostienen que la enmienda es una vía idónea, dicen que “duración de mandato” no es lo mismo que “reelección”.
Por nuestra parte, afirmamos que la prohibición comprende todo lo dispuesto en el Art. 229 Cn., cuya denominación es “De la duración del mandato”. Además, resulta ilógico sostener que la extensión del mandato presidencial (por ejemplo, de cinco a seis años) para una futura elección, solo puede ser realizada, vía reforma, por una Convención Nacional Constituyente; cuando la habilitación para la reelección, que en definitiva consiste en que una persona que ya fue Presidente de la República pueda aspirar a un nuevo período de cinco años, en una futura elección, pueda ser realizada vía enmienda.
La otra objeción ya la hemos señalado también, y consiste en que el mismo proyecto de enmienda referente a habilitar la reelección del Presidente de la República, sea presentado de nuevo, antes de transcurrir un año desde su rechazo en agosto de 2016. Esto está prohibido por la Ley Suprema (Art. 290, 2º pfo., Cn.).
No obstante lo señalado que, sin duda, excluye la vía de la enmienda por improcedente, debe dejarse en claro que se trata de objeciones de forma que no inciden sobre el carácter democrático de todas las modificaciones constitucionales que se desea introducir, tal como lo apuntamos más arriba.

5. Aspectos no jurídicos. Los intereses personales mezquinos. Para intentar comprender la situación actual, el análisis no puede quedar circunscripto a lo jurídico. El análisis político es inevitable y necesario como complemento imprescindible del análisis meramente jurídico. En efecto, aquel permite develar aspectos que arrojan luz para una mejor comprensión de los acontecimientos que analizamos.
Es indudable que los dos grandes beneficiados por la admisión de la reelección presidencial serían el actual presidente Horacio Cartes y el ex presidente Fernando Lugo. Y el objetivo principal sería impedir la reelección de Cartes. Y los problemas se han creado por el empecinamiento de éste en lograr ese fin.
En el seno del Partido Colorado se da un duro enfrentamiento entre partidarios de Cartes (“cartistas”) y contrarios a él (liderados por un grupo de senadores). Entre éstos, el senador Mario Abdo Benítez (hijo del ex-secretario privado del Gral. Stroessner), se presenta como el principal aspirante, en disidencia, a la candidatura a la presidencia de la República, por el Partido Colorado. Obviamente, eliminar a Cartes impidiendo su nueva postulación, aparece para Abdo Benítez como un objetivo vital.
El principal partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), también se encuentra dividido. El oficialismo partidario se manifiesta contrario a la enmienda habilitante de la reelección presidencial. Se apoya en lo argumentos válidos expresados precedentemente, pero agita también el temor de habilitar una candidatura vinculada al narcotráfico (la de Cartes), que considera prácticamente imposible de vencer y sumamente nefasta para el porvenir del Paraguay.
Sin embargo, una poderosa razón de oposición a la enmienda consiste en la habilitación del ex presidente Fernando Lugo, cuya candidatura eclipsaría por completo la de Efraín Alegre, actual presidente del PLRA. Un sector disidente de este partido, apoya la figura de la reelección y, en particular, a Lugo.
En estas actitudes no existe ni pizca de defensa de la Constitución ante una eventual grave violación de la misma. Sólo existen intereses electorales mezquinos de quienes en otras oportunidades no tuvieron inconvenientes en trasgredir preceptos de máximo rango.

6. Papel de la prensa. Que los medios decidan. Los medios masivos de comunicación, que en los hechos constituyen un oligopolio, principalmente en manos de Aldo Zucolillo (diario ABC, radios y demás medios), Antonio Vierci (diario Última Hora, radios, canales) y Horacio Cartes (diario La Nación, radios, canales), han ejercido una enorme influencia sobre la población.
Los dos primeros grupos han actuado en forma conteste polarizando las posturas entre democráticos y antidemocráticos. En esta distinción no se aclaraba que el problema debía ser circunscripto a la vía escogida para introducir la modificación a la Constitución (enmienda o reforma), sino que ex profeso se trataba de tildar de violadores de la Constitución a quienes sostuvieran la postura favorable a la reelección presidencial y se consideraba defensores de la Constitución, a quienes adoptaran la posición contraria a la reelección.
La prolongada campaña mediática sostenida por medios escritos, orales, televisivos, etc., con amplio destaque, produjo el efecto deseado de instalar el tema del peligro de una grave violación constitucional hasta en sectores populares que normalmente se suelen ocupar de temas como estos, en forma muy limitada. La manipulación de la opinión pública era evidente.
No es conveniente hacer una gradación de las violaciones constitucionales, pero resulta muy ilustrativa la comparación del caso actual con la grave e indubitable violación constitucional perpetrada en junio de 2012, en que –de lejos- no hubo una agitación popular como la de estos días.
Esto nos lleva a concluir que la labor de los citados medios oligopólicos resultó muy eficaz. Llama la atención que ellos no realizaron una campaña similar cuando se realizó ese remedo de “juicio político” que culminó en unas pocas horas con la destitución de un presidente electo popularmente, sin que se diera a éste la oportunidad real de ejercer su defensa, sin que existieran pruebas que justificaran el procedimiento y su resultado; en definitiva, con una desvergonzada actuación arbitraria de ambas cámaras legislativas.
Asimismo, resulta notable que todos los principales actores que ahora aparecen divididos entre defensores y violadores de la Constitución (salvo, obviamente, Lugo y sus adherentes), en junio de 2012 aparecían todos juntos como indudables violadores de la Norma Suprema.
En conclusión, la reacción tan fuerte de algunos militantes del mismo Partido Colorado y de un sector de militantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y, en general, de la sociedad, es el resultado de la labor sostenida a lo largo de varias semanas y con gran despliegue, por los medios masivos que mencionamos, sin que los del actual presidente pudieran contrarrestarlos.
No es posible pensar que una reacción popular tan extrema pudiera producirse espontáneamente, sin la gravitante intervención de los medios masivos de comunicación, cuando, en realidad, la violación de la Constitución no consiste en introducir la posibilidad de reelección presidencial, sino simplemente en la utilización de una vía improcedente (la enmienda) para incluir esa modificación. ¿Para el gran público esto sería suficiente para llegar a los grados de exaltación, exasperación, irritación y crispación a que se llegó? ¿Se consideraría ésta una gran violación constitucional que pone en riesgo la misma existencia del Estado de derecho? ¿Por qué no hubo una reacción similar en junio de 2012 cuando se perpetró una violación constitucional sobre una cuestión de fondo? Porque en esa ocasión los medios adoptaron un papel meramente descriptivo de los hechos, e, incluso, favorable a su desarrollo.
Paradójicamente, lo que hoy se puede observar es que los medios masivos de comunicación han decidido lo que el pueblo (electorado) debe hacer.
Las circunstancias descriptas nos llevan a interrogarnos acerca de cuáles son los intereses ocultos que motivan a dichos medios, no siempre caracterizados por la defensa a ultranza de la Constitución.
Dijimos que los dos beneficiados por la admisión de la reelección serán Fernando Lugo y Horacio Cartes. La resistencia de parte de los medios masivos no parecer ser contra el primero, que sería controlable y con quien, al decir de algunos empresarios, se tuvo menos problemas que en la actualidad.
Hay una reelección concreta que se debe impedir: la de Cartes. Nos preguntamos ¿qué les habrá hecho y que les podría hacer eventualmente en otros cinco años de gobierno, en perjuicio no sólo de sus empresas comerciales mediáticas, sino de las de otra índole de que son propietarios? Desde la perspectiva de las empresas comerciales mediáticas, ¿nos encontramos ante la posibilidad de una grave violación de la Ley Suprema o ante una encarnizada lucha entre grandes grupos empresariales, en lo alto de la pirámide social?

P. S.: La posibilidad de introducir la reelección presidencial por la vía de la enmienda, fracasó. Ello significó una primera derrota del actual Presidente de la República, Horacio Cartes, por su imposibilidad de presentarse de nuevo como candidato para el período 2018-2023. Esta situación afectó también al ex presidente Fernando Lugo. Es decir, los grupos mediáticos y económicos encabezados por Aldo Zucolillo y Antonio Veirci obtuvieron un triunfo sobre el de Horacio Cartes. Igualmente el aspirante a candidato del Partido Liberal Radicial Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, se vio favorecido.

Cartes, sin embargo, no se dio por vencido e impuso como candidato de su sector a Santiago Peña, joven con veinte años de pertenencia al Partido Liberal y afiliado por conveniencia al partido oficialista en octubre de 2016. Los medios económicos y mediáticos adversos continuaron su campaña contra quien consideraban una simple marioneta, una extensión del poder del actual mandatario quien está postulado como candidato a senador. El 17 de diciembre de 2017, fecha de las elecciones internas de los partidos políticos, se dio la segunda derrota de H. Cartes: su delfín fue derrotado por el candidato de la disidencia, Mario Abdo Benítez.

Ahora los sectores adversos van en pos de la tercera derrota de Cartes: la invalidación de su candidatura a la Cámara de Senadores.

En definitiva, los dos postulantes a la presidencia de la República con posibilidades de ser electos efectivamente, M. Abdo Benítez, por el Partido Colorado, y Efraín Alegre, por el PLRA, son ideológicamente muy similares, es decir, conservadores, y responden a los intereses de las clases dominantes. En estas circunstancias, no existe ninguna posibilidad de un cambio profundo que afecte la estructura de la sociedad paraguaya y favorezca a las clases postergadas.

 

 

 

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ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL

1. Introducción. Desde hace varios años, la Corte Suprema de Justicia ha venido ejerciendo la facultad de interpretar cláusulas constitucionales y determinar su alcance y sentido.
La Ley Suprema confiere al Poder Judicial la atribución de interpretar la Constitución (cf. Art. 247 Cn.) y, en particular, la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano jurisdiccional y titular exclusivo de la potestad de ejercer el control de constitucionalidad, actúa con carácter de intérprete final de la Constitución.
Esa tarea interpretativa de cláusulas constitucionales, la ha hecho la Corte Suprema en varios casos sin usar la frase “declaración de certeza constitucional”. La misma aparece consignada por primera vez en un fallo, en 1999. Posteriormente se consolida esta vía y, a partir de 2014, ya aparece claramente definida la “acción de declaración de certeza constitucional”.

2. Casos precedentes. En varias oportunidades, la Corte Suprema de Justicia ha realizado la interpretación de una cláusula constitucional. A continuación se transcribe la parte resolutiva de diversos fallos del máximo órgano jurisdiccional.

a) JUICIO:”EMILIO CAMACHO C/ DANIEL FRETES VENTRE, CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA S/ AMPARO”.

Acuerdo y Sentencia N° 481
Asunción, 20 de noviembre de 1996.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
RESUELVE:
1. DEJAR establecido que la Contraloría General de la República debe ser ejercida exclusivamente por el Contralor General de la República en los términos del Art. 283 de la Constitución Nacional …

b) JUICIO: “TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL S/ ELECCIONES GENERALES PARA EL PODER EJECUTIVO”.

Acuerdo y Sentencia N° 191
Asunción, 27 de abril de 1999
VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:
1º. DECLARAR CON ALCANCE DE CERTEZA CONSTITUCIONAL que el actual Presidente Constitucional de la República del Paraguay, Dr. Luis Ángel González Macchi, deberá completar el período constitucional 1998-2003.
2º. DECLARAR CON EL MISMO ALCANCE que el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe convocar a elecciones, únicamente para el cargo de Vice-Presidente de la República por el periodo constitucional 1998-2003.

(Comentario: En este fallo se usa por primera vez la expresión “certeza constitucional”. En cuanto a la forma, es decir, a lo procesal, personalmente era partidario de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral resolviera por sí mismo convocar sólo a elección de Vicepresidente de la República, con lo cual implícitamente se entendería que quien estaba en ejercicio de la Presidencia de la República, debía continuar hasta finalizar el período constitucional en curso. Con posterioridad, un fiscal electoral debería promover una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del TSJE. De este modo se tendría el criterio de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, prevaleció la postura de plantear la cuestión en la forma que queda indicada más arriba. Para evitar restar fuerza a la decisión de la Corte, que así pudo ser unánime, me adherí al criterio mayoritario. En efecto, coincidía con las decisiones adoptadas, que, a mi entender, resultaban del primer párrafo del Art. 234 Cn., como lo había expresado con precedencia y en abstracto, en un artículo publicado en La Ley Paraguaya, en marzo de 1998.
En el campo político, la marcada división entre el sector argañista del Partido Colorado, triunfante en ese momento, y el derrotado sector oviedista, significó una gran presión sobre la Corte Suprema de Justicia, para que se decidiera la continuidad de González Macchi, perteneciente a aquel sector. Por suerte, lo pretendido era lo correcto, aunque resultara de una deficiencia del texto constitucional, pues el orden de sucesión previsto en el Art. 234, 1er. pfo., Cn., debiera ser provisional, hasta la realización de nuevas elecciones en caso de doble acefalía simultanea).

c) JUICIO: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART. 19 DE LA LEY 609/95; RESOLUCIÓN 421, DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA CÁMARA DE SENADORES Y CONTRA EL DECRETO N° 6131 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADO POR EL PODER EJECUTIVO (PRESENTADA POR MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA)”[Dres. Felipe Santiago Paredes y Jerónimo Irala Burgos].

Acuerdo y Sentencia N° 222
Asunción, 5 de mayo de 2000.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:
… HACER LUGAR a la presente acción de inconstitucionalidad promovida contra el Art. 19 de la Ley N° 609/95, la Resolución N° 421 del 5 de noviembre de 1999, dictada por la Honorable Cámara de Senadores y el Decreto N° 6131, del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo, con el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, y en consecuencia, establecer que el término del ejercicio de la función de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia se rige únicamente por el artículo 261 de la Constitución, por los fundamentos expresados en el exordio de esta resolución …

c`) JUICIO: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART. 19 DE LA LEY 609/95; RESOLUCIÓN 421, DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA CÁMARA DE SENADORES (PRESENTADO POR EL Dr. ENRIQUE SOSA ELIZECHE, MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA)”.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 223
Asunción, 5 de mayo de 2000.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:
… HACER LUGAR a la presente acción de inconstitucionalidad promovida contra el Art. 19 de la Ley N° 609/95, la Resolución N° 421 del 5 de noviembre de 1999, dictada por la Honorable Cámara de Senadores y el Decreto N° 6131, del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo, con el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, y en consecuencia, establecer que el término del ejercicio de la función de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia se rige únicamente por el artículo 261 de la Constitución, por los fundamentos expresados en el exordio de esta resolución.

(Comentario: En noviembre de 1999, la Cámara de Senadores se excedió por primera vez en cuanto al tema de la permanencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia en sus cargos. En efecto, en virtud de una resolución se arrogó la atribución de confirmar o no a los integrantes del órgano jurisdiccional máximo. La Corte Suprema, en una acertada y valiente decisión, declaró la invalidez de la resolución senatorial (Art. 137, último pfo., Cn.).
Además, realizó la interpretación del Art. 261 Cn. y determinó su sentido y alcance).

d) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL 2° PÁRRAFO DE LA LEY N° 426/94 “ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 1994”.

(Comentario: Esta acción fue resuelta por el Acuerdo y Sentencia N° 771, del 30 de julio de 2002.
Por medio de esta acción, también se solicitó la interpretación o determinación del alcance de la cláusula constitucional del 2° párrafo del Art. 161 de la Constitución, que expresa lo siguiente:
“… El Gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional. No podrá ser reelecto”.
La acción fue rechazada y, además, la Corte Suprema de Justicia dejó sentada la postura de que los gobernadores departamentales no podían ser reelectos en ninguna circunstancia.
Este caso tiene relevancia actualmente por su similitud con el precepto constitucional que establece la prohibición de reelección para el Presidente de la República y el Vicepresidente).

e) ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Acuerdo y Sentencia N° 185
Asunción, 10 de abril de 2014.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:
DECLARAR, con alcance de certeza constitucional, la vigencia para el caso, del principio constitucional según el cual los profesionales que perciben remuneración periódica del Estado o de algún otro ente comprendido en el art. 3° de la Ley 1535/1999, no pueden adicionar a dicha remuneración honorarios por trabajos judiciales cobrados a su mandante …

(Comentario: Este caso se refiere a la aplicación del Art. 105 de la Constitución: “De la prohibición de doble remuneración”.
Se puede apreciar que ya aparece la denominación de “acción de declaración de certeza constitucional”, lo cual indica la consolidación de esta vía de pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Es, además, un caso sin mayor relevancia política, en que un órgano de gobierno (el Banco Central del Paraguay), solicita a la Corte Suprema su pronunciamiento sobre el tema. La cuestión pudo haber llegado al máximo órgano jurisdiccional por la vía de la “consulta” de parte del magistrado a quien se le hubiere solicitado una regulación de honorarios o por la vía de una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones de primera y segunda instancias en que se regularan honorarios en las condiciones señaladas por el Banco Central del Paraguay).

f) “LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL”.

Acuerdo y Sentencia N° 1010

Asunción, 11 de diciembre de 2015.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
R E S U E L V E:
HACER LUGAR a la acción promovida por el Señor Ministro Dr. Luis María Benítez Riera, declarando con alcance de certeza constitucional que el mismo ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional que actualmente desempeña, de conformidad con las consideraciones y conclusiones del exordio de esta resolución, hasta el límite de edad previsto en el Art. 261 de la Constitución Nacional.

(Comentario: En este caso se usa la denominación de “acción de declaración de certeza constitucional” y la Corte Suprema de Justicia realiza una interpretación acerca de la inamovilidad de un ministro, consagrada constitucionalmente).

Estos son sólo algunos de los casos en que la Corte Suprema realizó la interpretación de una cláusula constitucional.

3. Fundamentos jurídicos.
La facultad de la Corte Suprema de declarar la certeza constitucional, encuentra sus fundamentos jurídicos a nivel legislativo, en los siguientes artículos del Código Procesal Civil:

a) Art. 99. Acción puramente declarativa. El interés del que propone la acción podrá limitarse a la declaración de la existencia o no existencia de una relación jurídica, o a la declaración de autenticidad o falsedad de un documento.

La ubicación del artículo es la siguiente:
Código Procesal Civil
Libro I, De las disposiciones generales
Título IV, Del ejercicio de la acción
Capítulo I, De las normas generales.

Como se puede apreciar, el precepto poco dice en cuanto a una cuestión que pudiera ser objeto de una declaración de certeza constitucional. Se trata de una norma de carácter general, referente al ejercicio de una acción civil. Por ello, consideramos que el sustento jurídico de la facultad, es muy endeble.

b) Art. 542. Forma y contenido de la decisión …
Cuando se tratare de interpretación de cláusula constitucional, la Corte establecerá su alcance y sentido.

La ubicación del artículo es la siguiente:
Código Procesal Civil
Libro IV, De los juicios y procedimientos especiales
Título I, De la impugnación de inconstitucionalidad
Capítulo I, De la impugnación por vía de excepción.

El contenido del segundo párrafo del artículo 542 CPC, está en consonancia con lo que es la declaración de certeza constitucional. Pero justamente esta circunstancia, es decir, que constituya el segundo párrafo de un artículo relativo a la impugnación de inconstitucionalidad por la vía de la excepción, es lo que hace surgir dudas al respecto. En efecto, ¿se puede considerar a ésta como una vía autónoma para declarar la certeza constitucional en cualquier caso, o se trata de una vía que se da en el marco de una excepción de inconstitucionalidad solamente?

4) El caso actual de la emisión de “bonos soberanos”.
La Corte Suprema de Justicia, en el marco de la “Acción declarativa de certeza constitucional en: Santiago Peña –Ministro de Hacienda s/ Arts. 217 y 202 inc. 10) de la Constitución Nacional”, ha dictado una medida cautelar que habilita al PE, por medio del Ministerio de Hacienda, a emitir bonos del tesoro, es decir, a endeudar al Estado paraguayo, considerando innecesaria la intervención del Congreso, en este caso.
La medida cautelar es una medida provisional, cuya vigencia se extiende mientras dure la tramitación de la acción y hasta que se dicte una resolución definitiva.
El sentido de la medida cautelar no condiciona el sentido de la resolución final, es decir, del Acuerdo y Sentencia que debe dictar la Corte Suprema de Justicia como culminación de dicha acción.
En consecuencia, la Corte Suprema puede fallar en forma definitiva, en sentido contrario al de la medida cautelar, concedida sólo como algo transitorio.
Por ello no resulta prudente que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, proceda a la emisión de los bonos soberanos sólo con el respaldo de la medida cautelar.
¿Cómo quedarían los bonos emitidos durante la vigencia de la medida cautelar, si luego el fallo definitivo de la CSJ es dictado en sentido contrario, es decir, afirmando que el Congreso debe intervenir para la emisión de dichos bonos soberanos?
Quizá desde un punto de vista jurídico podría sostenerse que los bonos soberanos que se emitieran, serían totalmente válidos, al estar en vigencia la autorización que respaldaba su emisión. Pero si luego, la Corte Suprema se pronuncia en sentido contrario, la validez de los bonos, la mayor o menor facilidad para su colocación o para su negociación y la seguridad de su cobro en el momento oportuno, quedarían sujetas a muchas dudas que crearían múltiples dificultades.

P.S.: a) Al día siguiente de la publcación de este artículo, se dio a conocer el Acuerdo y Sentencia Nº 81, del 24 de febrero de 2017, dictado por la Corte Suprema de Justicia en el caso individualizado más arriba. En virtud del mismo, como decisión definitiva, quedaba sentado  que el Poder Ejecutivo podía emitir los llamados “bonos soberanos”, durante el ejercicio fiscal 2017, sin necesidad de una nueva aprobación del Congreso, atendiendo a que dicha emisión ya había sido aprobada en la Ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2016. Como se sabe, esta ley será aplicada otra vez durante el año 2017, considerando que la respectiva Ley de Presupuesto General fue vetada totalmente por el Poder Ejecutivo.

b) Una cuestión que debió ser analizada previamente es la de si el Ministerio de Hacienda tiene o no legitimación activa para promover una acción como la que estudiamos. En nuestra opinión no la tiene, pues se trata de una entidad que forma parte y depende del Poder Ejecutivo, el cual si está legitimado para la promoción de una acción como ésta.

c) Mencionamos aquí un resolución en que la Corte Suprema sienta los presupuestos para la denegación de una acción declarativa de certeza constitucional.

JUICIO: CERTEZA CONSTITUCIONAL EN RELACION A LA REELECCION PRESIDENCIAL.

A.I. Nº 204, del 24 de febrero de 2016

Considerando: Se pide que la CSJ «se expida acerca de una serie de cuestiones relativas a la regulación constitucional sobre la prohibición de reelección presidencial y su eventual modificación por los mecanismos de la enmienda o la reforma constitucionales (interpretación y alcance de los artículos 229, 289 y 290 de la Constitución …)».

Se trata de «un mero caso de solicitud interpretativa formulada en abstracto al máximo órgano jurisdiccional de la República». Se afirma que la CSJ «no es un órgano de consultas abstractas o especulativas».

Se sostiene que se requiere «legitimación activa del accionante, en función de algún interés, daño o agravio demostrado que justifique la promoción de la acción».

Resuelve: Denegar la petición formulada.

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Sobre la reelección presidencial

El problema de modificar la Constitución con vistas a habilitar la reelección del Presidente de la República, presenta un aspecto político y un aspecto jurídico

1. Desde el punto de vista político, la derecha no puede actuar en forma unida, como lo hizo en junio de 2012, durante el “golpe de Estado parlamentario”, disfrazado de “juicio político” a Fernando Lugo. Aquí todos (colorados, liberales, etc.) actuaron en forma conteste en cuanto a la necesidad imperiosa de derrocar a un gobierno con ciertos atisbos progresistas.

Hoy, si Lugo fuera el único aspirante a la reelección, la posición unánime de la derecha, sería de rechazo total a la modificación de la Constitución.

Pero la derecha juega el partido dividida. En efecto, la derecha liberal (cuyo principal exponente es Efraín Alegre), sabe que sólo podrá postular al principal candidato presidencial de la oposición, si elimina la candidatura de Lugo. Este es su gran problema.

La derecha colorada, por su parte, se presenta dividida entre un sector (liderado por Cartes) que necesita la habilitación de la reelección; y otro sector (liderado por Abdo Benítez) que, como primera medida a su favor, debe impedir esta posibilidad, con la consiguiente eliminación de su oponente principal.

En estas circunstancias, la derecha no puede ofrecer un frente unido contra el principal candidato aglutinador de sectores de izquierda.

2. Desde el punto de vista jurídico, la vía correcta para modificar la Constitución y habilitar la reelección del Presidente de la República, es la de la reforma constitucional y no la de la enmienda.

Circunstancialmente y guiados por sus intereses particulares, la derecha liberal (Alegre) y un sector de la derecha colorada (Abdo Benítez), adoptan la posición correcta desde el punto de vista jurídico.

Por el otro lado, ciertos sectores de izquierda (liderados por Lugo), un sector de la derecha colorada (liderado por Cartes) y un sector de la derecha liberal, oportunista y pescador en río revuelto (liderado por Llano), pretenden lograr la habilitación de la reelección por la vía de la enmienda constitucional.

En mi opinión, jurídicamente están equivocados. El problema no está en repetir un mismo proyecto de enmienda –pues el primero fue tratado sin que hubiera quórum en la Cámara de Senadores–, sino que no es ésta la vía prevista constitucionalmente para el fin que persiguen. Además, se agrava la situación al introducir otro tema (el balotaje), claramente excluido de la enmienda (“el modo de elección”, Art. 290 Cn.).

3. Conclusión. Paradójicamente, lo jurídico podría conducir a evitar la confrontación real y trascendente que debe darse en nuestra sociedad, entre un modelo de derecha y uno de izquierda, con perspectivas absolutamente diferentes en cuanto a la acción estatal respecto de los sectores populares. Por el contrario, todo quedaría reducido a optar entre dos propuestas de derecha, alternativa hartamente conocida y perjudicial, en que el sentido del voto sólo puede ser definido sobre la base de la presunción de la mayor o menor voracidad de uno u otro sector.

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“Masacre de Curuguaty” – Alegatos presentados en el juicio oral

Nota previa: Este escrito es la base de los alegatos presentados oralmente por el Dr. Luis Lezcano Claude, el 4 de julio de 2016, en el juicio oral seguido en Asunción a los campesinos procesados por la llamada “masacre de Curuguaty”. Se aclara que sólo es la parte que correspondía a dicho abogado defensor.

Señor Presidente y

Señores miembros del Tribunal de Sentencia:

1. Versión del Ministerio Público. Este proceso penal referente a los sucesos de Curuguaty, 15 de junio de 2012, no es un juicio cualquiera. El Ministerio Público se ha esforzado infructuosamente en tratar de convencernos de que es así.

Intentó por todos los medios de instalar su versión de que se trataba de un caso más de perpetración de hechos punibles comunes. Un grupo de campesinos constituyen previamente una asociación criminal (primer hecho punible),  con vistas a perpetrar en primer lugar el hecho punible de invasión de propiedad privada (segundo hecho punible),  y, posteriormente, para preparar una celada o emboscada en que premeditadamente debían dar muerte a los agentes de la Policía Nacional que pretendieran desalojarlos (tercer hecho punible). Para que esta historia resultara mínimamente creíble, se debería pensar en campesinos entrenados y con armas de última generación.

Esta fantástica versión del Ministerio Público, debía cerrarse con la determinación, a cualquier costo, de los responsables de los hechos punibles mencionados precedentemente. Acto seguido, dichos responsables serían sometidos a juicio y una vez declarados culpables, se les aplicarían las drásticas sanciones solicitadas por el Ministerio Público, con carácter ejemplificador a fin de que hechos similares no volvieran a repetirse en el futuro. El escarmiento, en verdad, iría dirigido, más a la protección de la propiedad inmobiliaria latifundista, que a la de vidas humanas.

Como sería un juicio a pobres, debía pasar prácticamente desapercibido. Y una vez impuestas las draconianas penas privativas de libertad solicitadas por la Fiscalía, volvería la paz social.  Este era el libreto del Ministerio Público y así acabaría el cuento.

La realidad se está presentando un poco diferente.

2. Error del Ministerio Público: investigación parcial. El Ministerio Público ha orientado la investigación exclusivamente hacia la muerte de los 6 policías, y sobre esta base, ha formulado la consiguiente imputación y posterior acusación contra los campesinos y las campesinas hoy sometidos a proceso.

Dadas estas circunstancias, el presente proceso penal se ha armado del modo que ha planteado el Ministerio Público, es decir, de manera parcial, incompleta, mutilada, cercenada, discriminatoria.

¿Por qué el Ministerio Público ha investigado sólo la muerte de los 6 policías y no la de los 11 campesinos? O aunque se diga que lo ha hecho por separado, ¿por qué lo ha hecho así? ¿Por qué se ha dado prioridad a lo relacionado con la muerte de los 6 policías, al punto de que el presente juicio esté bastante próximo a su culminación?

Y no estamos afirmando que la muerte de 6 compatriotas policías no tenga importancia. Lo que reclamamos es que la muerte de 11 campesinos (según se dice, 6 muertes y 5 ejecuciones posteriores), tiene tanta importancia como aquellas.

¿No ocurrieron todas las muertes en un mismo hecho? ¿Cuál fue el criterio del Ministerio Público para discriminar entre las muertes producidas, y avanzar sólo en cuanto a la investigación de las muertes de policías? ¿La discriminación se basó simplemente en que se tratara de campesinos o policías? ¿La vida de unos y otros tiene distinto valor, de modo que tal circunstancia permita al Ministerio Público incurrir en la burda discriminación que hizo?

3. Error del Ministerio Público: falta de objetividad. El Ministerio Público ha incumplido su papel de representar “a sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado” (Art. 266 Cn.). En efecto, lo que ha hecho, en realidad, es asumir la defensa de los intereses de un ínfimo sector de la sociedad.

Asimismo, ha incurrido en la grave e inadmisible inobservancia de la exigencia de “objetividad” que le impone la ley.

El Art. 54 del Código Procesal Penal, dice: “Objetividad. El Ministerio Público regirá su actuación por un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos de cargo y de descargo en relación al imputado”.

El Art. 35 de la Ley N° 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público, dice: “Relaciones con las partes.  El agente fiscal desarrollará su tarea actuando de buena fe, sin ocultar elementos de prueba a ninguna de las partes e informándoles de todo aquello que sirva a su defensa …”.

La investigación parcial, sesgada, incompleta  realizada por el Ministerio Público, ocupándose exclusivamente de la muerte de los 6 policías y no de la de 11 campesinos, refleja su absoluta falta de objetividad de la investigación de los hechos punibles acaecidos. Sólo buscaba imputar, acusar y lograr la imposición de drásticas y desmedidas penas a los campesinos que señalaba como supuestos autores de los hechos punibles.

El Ministerio Público soslayó igualmente la realización de una investigación tendiente a determinar una supuesta autoría moral en el Poder Ejecutivo, ya que el hecho había sido invocado como causal en el llamado “juicio político” (golpe parlamentario, en la realidad), llevado a cabo contra el Presidente Fernando Lugo. Todo esto refleja su falta de objetividad.

4. Error del Ministerio Público: fabricar culpables. En uno de sus aspectos, este deber de “objetividad” impone al Ministerio Público determinar los verdaderos responsables de un hecho punible y no “fabricar” a cualquier costo los supuestos culpables para de este modo cerrar el caso, como se pretende en el presente juicio.

En efecto, de conformidad con el plan inicial del Ministerio Público, al cual se ha hecho alusión más arriba, todo debía concluir con escoger unos cuantos culpables a quienes endilgar la responsabilidad, y a quienes se habría de imponer tremendas penas privativas de libertad de varios años. Cómo se trataría de gente de escasos recursos, carentes de contactos políticos, podría pasar, según la idea del Ministerio Público.

Los elementos aportados como pruebas por el Ministerio Público, no llegan ni tan siquiera sembrar la duda acerca de la responsabilidad de los procesados, como ha quedado en claro en las brillantes exposiciones de los otros abogados defensores. Vuestras señorías saben que es necesario que la responsabilidad penal quede determinada categórica y claramente, fuera de toda duda razonable.

5. Supuestos hechos punibles y pruebas. Las supuestas pruebas aportadas por el Ministerio Público adolecen de múltiples deficiencias como se ha demostrado en las intervenciones de los abogados defensores de los distintos procesados.

Asociación Criminal. Los campesinos que reclamaban las tierras cedidas para la Reforma Agraria, se habían organizado, a sugerencia del INDERT, en una comisión vecinal, denominada Naranjaty, para iniciar los trámites pertinentes. El INDERT reconoció a la Comisión en el año 2004. Posteriormente solicitó al Ministerio Público que suspenda el desalojo, pues venía trabajando con la comisión hacía tiempo.

No se han aportado elementos que permitan sostener la comisión de este hecho punible.

Invasión de inmueble ajeno. Ha sido suficientemente probado que este hecho punible no fue cometido.

Homicidio doloso en grado de tentativaHomicidio doloso consumado

El Ministerio Público sostiene que los campesinos (alrededor de 60) emboscaron a más de 300 policías. Varios de ellos (y los seis policías muertos) pertenecían a grupos especializados de élite (GEO, GOE y FOPE), y contaban con sus armas reglamentarias (automáticas y semiautomáticas).

La posibilidad de que esto sucediera fue plenamente demostrada en intervenciones anteriores de otros abogados defensores.

Los procesados no han tenido oportunidad de ejercer cabalmente su derecho a la defensa en juicio, al haberse modificado el tipo penal, violándose de este modo lo preceptuado en el Art. 17, inc. 7, de la Constitución; y las disposiciones previstas en el Código Procesal Penal, para estos casos.

Se puede afirmar, pues, que también en cuanto a estas actuaciones el Ministerio Público no ha observado el principio de objetividad y no ha actuado de buena fe.

En lo que se refiere al ocultamiento de elementos probatorios a las partes, debe mencionarse que se han hecho desaparecer algunas pruebas (casquillos de proyectiles de armas de grueso calibre, placas radiográficas y otras).

6. Cuestiones ideológicas. Se ha hablado de ideologización de los campesinos involucrados en esta lucha, en especial por la referencia al lema: “vencer o morir”. ¿No es acaso éste, un lema con el cual está consubstanciada la nación paraguaya? ¿No es éste un lema que puede ser usado por cualquier paraguayo como indicador de la firmeza y la perseverancia en la lucha emprendida en pos de un objetivo determinado?

En varios artículos de la Ley Suprema se consagra el pluralismo ideológico. Así tenemos los siguientes:

Art. 1: La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia pluralista.

Art. 24: Queda reconocida la libertad ideológica; nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de su ideología.

Art. 25: Se garantiza el pluralismo ideológico.

Art. 74: Se garantiza el derecho al pluralismo ideológico.

Art. 124: Los partidos políticos deben expresar el pluralismo.

El traer a colación cuestiones como ésta e insistir en ella, constituye un resabio del estronismo. Y el Ministerio Público, en actitud lamentable, lo ha hecho.

De acuerdo con nuestra Constitución, cualquiera puede adherir a la ideología que le plazca, sin limitación alguna. La mayoría lo hace a la ideología predominante en la sociedad respectiva, lo cual constituye la “normalidad”. Unos pocos “réprobos” lo hacen a otras no predominantes y son los llamados “ideologizados”.

Los miembros del Ministerio Público, intervinientes en este proceso, también han dado muestras de estar “ideologizados” en el sentido de adherir a una ideología que no es la predominante en la sociedad paraguaya. En efecto, hablar de una ideología estronista, implica hablar de una ideología fascista.

7. Afectados: campesinos, fiscales intervinientes. Las eventuales consecuencias del presente juicio habrán de recaer principalmente sobre las vidas de estos compatriotas campesinos sometidos a proceso. Me refiero a la hipotética imposición de las penas privativas de libertad que en forma irresponsable, sin sustento jurídico alguno, ha solicitado el Ministerio Público. Es esto lo más importante en este juicio, es decir, impedir que las cosas fraguadas, montadas, fabricadas por el Ministerio Público, que sus alucinantes lucubraciones, puedan conducir al injusto castigo de personas inocentes.

Pero quienes ya se han jugado su suerte, son los integrantes del Ministerio Público. Triste papel de quienes, como integrantes de un órgano del Estado, intentan y propician la condena de inocentes. Es cierto que como integrantes del órgano denominado Ministerio Público están obligados a cumplir las indicaciones emanadas del Fiscal General del Estado, por el principio de unidad del mismo, lo cual lo convierte en verticalista; pero la entrega y pasión puesta por algunos de ellos en el ejercicio de su función, no es algo imprescindible.

Me resulta difícil imaginar el realizar una tarea (acusar o defender) sin tener la convicción de la justicia de las medidas que uno está impulsando. De mi parte, el coadyuvar a esta defensa, se me figura como una continuación de la lucha contra la dictadura que subyugó a nuestro país (la represión de la lucha campesina, los privilegios para los latifundistas, etc.).

Pero me pregunto que impulsa a los fiscales a hacerlo con entereza y, en particular, en el caso de algunos de ellos, anteriores y actuales, a hacerlo con la aparente convicción de que están defendiendo el sacrosanto derecho a la propiedad privada (no de ellos, sino de otros) y contribuyendo a extirpar un monstruo que atenta contra el modo occidental de vida (el grupo de campesinos “criminales” que supuestamente han perpetrado gravísimos hechos punibles).

8. Lucha por la tierra. Volvemos a decir que este no es un juicio cualquiera. Hay que tener en cuenta que existe un trasfondo político de suma importancia. Es la larga lucha del campesinado desposeído por acceder a un pedazo de tierra propia.

La Constitución de 1940, que inicia el constitucionalismo social en el Paraguay, contenía la siguiente disposición:

Art. 21. La Constitución garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán fijados por la ley, atendiendo a su función social. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en la ley. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser transformada jurídicamente mediante la expropiación por causa de utilidad social definida por la ley, la que determinará asimismo la forma de indemnización. La ley podrá fijar la extensión máxima de tierras de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida y el excedente deberá venderse en subasta pública o expropiarse por el Estado para su distribución.

La Constitución de 1967, que, a pesar de ser la Constitución de la dictadura, siguió en la misma línea del constitucionalismo social, contenía las siguientes disposiciones:

Art. 96. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán fijados por la ley, atendiendo a su función económica y social. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social definida en la ley que también garantizara la justa  indemnización.

Art. 129. La Ley fijará la extensión máxima de tierra de que puede ser propietaria una persona natural o jurídicaLas áreas en exceso serán consideradas latifundios y deberán venderse a plazos y en condiciones especiales que se establecerán por ley, cuando se trate de tierras incultas necesarias para la explotación agropecuaria o para la fundación o ampliación de poblaciones estables. El latifundio será objeto de un sistema impositivo progresivo que contribuya a su extinción.

Aún cuando se atemperan los términos limitativos de la propiedad privada, la Constitución de 1992, sigue en la línea del constitucionalismo social. El artículo pertinente es el siguiente:

Art. 109. De la propiedad privada.

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.

La propiedad privada es inviolable.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley …

Se afirma que “la propiedad privada es inviolable”, pero la misma Ley Suprema fija los siguientes parámetros:

1) La ley puede establecer el contenido y los límites de la propiedad privada.

2) Se reconoce la función económica y social de la misma.

3) Se reconoce el derecho de todos a acceder a ella.

4) Se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social.

9. Enfrentamiento de clases. En este juicio como trasfondo aparece el enfrentamiento de clases. Campesinos pobres que luchan por acceder a la propiedad inmobiliaria. En definitiva, que luchan por una vida digna.

Por otra parte, un sector de las minoritarias clases dominantes (los latifundistas), que defienden sus privilegios.

Pero lo más grave es que los propietarios latifundistas se sirven del Estado para reafirmar sus privilegios. Primero dejan el trabajo sucio del desalojo (con peligro de muerte, como ha quedado categóricamente comprobado), en manos de cuerpos cuyos componentes, en gran medida, son también de origen campesino. Me refiero a la Policía Nacional.

Provocan el enfrentamiento de campesinos que luchan por derechos propios, con gente de similar origen que, paradójicamente, actúa para ayudar a perpetuar situaciones de privilegio.

Y el Estado sigue actuando en beneficio de las clases dominantes (latifundistas), por medio del Ministerio Público que criminaliza la lucha social por la tierra y pretende poner el derecho y la actuación del órgano jurisdiccional, al servicio de los privilegios de aquellas.

Es por ello por lo que el Ministerio Público indebidamente (porque no ha probado nada) ha solicitado penas exorbitantes que tengan un efecto ejemplificador que impida que en el futuro se repitan hechos como estos (en otras palabras, que se vuelva a atender contra los privilegios de la clase latifundista).

10. Responsabilidad del Tribunal del Sentencia. Las circunstancias descriptas hacen que este juicio pueda convertirse en un juicio histórico:

– Un juicio que marque el punto de inflexión entre el papel de órganos jurisdiccionales como órganos al servicio de los intereses de las clases privilegiadas, condenando a “chivos expiatorios” con tal de favorecer el mantenimiento del status quo social.

– Y un Poder Judicial que haga realmente justicia, que no condene a personas inocentes, bajo la presión espuria del Ministerio Público y de otras fuerzas que pretenden incidir en una decisión judicial que debe ser independiente e imparcial, y obviamente ajustada a derecho y a las constancias procesales.

Ante la lamentable actuación del Ministerio Público, la posibilidad de enderezar el entuerto que constituye el presente juicio, queda por completo en manos del Tribunal de Sentencia. De ahí la enorme responsabilidad depositada en los integrantes del mismo. De ahí que, con todo respeto, deba expresar que en ustedes está depositada toda la confianza de que en el presente juicio se dicte una sentencia que haga honor al Poder Judicial por su independencia e imparcialidad, y evite la condena de personas inocentes. Aunque debe quedar claro que no se trata sólo de algunas absoluciones y de condenas más leves, sino de la libertad de todos, por estar ello ajustado no solo al derecho sino a la justicia.

Sobre la base de todo lo expuesto, solicitamos de este Tribunal de Sentencia, la absolución de todos los procesados y de don Felipe Benítez Balmori, en particular.

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CASO CURUGUATY(Paraguay): ¿justicia o chivos expiatorios?

El 15 de junio de 2012, en las proximidades de la ciudad de Curuguaty, ubicada a unos 250 kms. al noreste de Asunción, se produjo la llamada “masacre de Curuguaty”. Campesinos pobres que luchaban por el acceso a la tierra, se encontraban acampados en un inmueble de propiedad del Estado paraguayo.

La empresa Campos Morumbí, propiedad de Blas Riquelme, uno de los latifundistas y empresarios próximos al dictador Stroessner durante todo su régimen, reclamó derechos sobre las tierras ocupadas, lindantes con las de la empresa. Por medio de influencias y espurios procedimientos judiciales, logró el reconocimiento de supuestos derechos sobre ellas, aunque el caso no está cerrado aún.

Aquella mañana, más de 300 agentes de la Policía Nacional (incluidos efectivos de grupos especializados), debían realizar un indefinido operativo de allanamiento-desalojo de los campesinos. Según datos de la propia policía, en la zona de campo abierto en que penetrarían los efectivos, se encontraban alrededor de 60 campesinos. El operativo degeneró en una balacera en que murieron 17 personas: 6 policías y 11 campesinos.

Los muertos y los heridos presentaban impactos de balas de calibres correspondientes a las armas automáticas y semiautomáticas que portaban las fuerzas policiales. El suceso fue utilizado también como una de las causales del llamado “juicio político” al presidente Fernando Lugo, aunque, hasta ahora, ni siquiera se intentó probar su autoría moral.

El juicio oral respectivo se desarrolló en Asunción, desde hace aproximadamente un año, y el próximo lunes 11 de julio se habrá de conocer la sentencia de primera instancia.

La actuación del Ministerio Público relacionada con la masacre, estuvo plagada de irregularidades. Una clara muestra de la absoluta falta de objetividad de los fiscales intervinientes es el hecho de que la investigación sólo estuvo orientad a la muerte de los 6 policías. Nada se hizo en cuanto a la muerte de los 11 campesinos. Todo el juicio giró en torno a determinar las responsabilidades referentes a esas 6 muertes y nada más.

Algunas pruebas fueron ocultadas o desaparecieron, algunos procedimientos, como autopsias,  fueron mal realizados. El Ministerio Público buscó, a cualquier costo, sindicar a algunos supuestos culpables para cerrar el caso, con la idea de que tratándose de campesinos pobres el juicio no cobraría mayor relevancia en la prensa y en la opinión pública.

Un grupo de 12 campesinos fueron acusados de “asociación criminal” (cuando estaban en tratativas con el órgano estatal respectivo –Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra -INDERT– con vistas a regularizar la ocupación de las tierras), de “invasión de inmueble ajeno” (cuando el Estado no había realizado reclamación alguna) y de “homicidio doloso en grado de tentativa” (a pesar del absurdo de que existían 17 muertos), convertido luego a la hora de los alegatos, en “homicidio doloso consumado” respecto de varios de los acusados, sin que hubieran tenido la oportunidad de ejercer su defensa en relación con este hecho punible.

En verdad, como una cuestión de fondo está la lucha campesina por el acceso a la tierra, para lograr de este modo los niveles mínimos de una vida digna. Mediante este juicio se quiere seguir postergando indefinidamente esta legítima aspiración del campesinado y mantener los privilegios de una ínfima parte de las clases dominantes: los latifundistas.

El Ministerio Público ha demostrado un excesivo celo draconiano, al  solicitar de 5 años de pena privativa de libertad, hasta 20, 25 y 30 años. Se busca criminalizar la lucha social e imponer penas que sirvan de escarmiento a los supuestos involucrados y de ejemplo a eventuales nuevos delincuentes, no tanto para disuadirlos de atentados contra la vida, sino contra la concentración de la propiedad inmobiliaria.

Organismos del Estado, como la Policía Nacional y el Ministerio Público, han sido utilizados con esta finalidad persecutoria. Está latente la esperanza de que el Poder Judicial –representado por el Tribunal de Sentencia- no caiga en esta manipulación. La disyuntiva es hacer justicia mediante la absolución de todos los procesados, o condenar a algunos “chivos expiatorios” con tal de cerrar el caso.

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Sobre las designaciones para la Corte Suprema

En cuanto al procedimiento para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia, se debe precisar lo siguiente:

1. Ternas vinculantes y facultad de nombramiento restringida. En la primera fase de este procedimiento, el Consejo de la Magistratura se encarga de integrar una terna para cada cargo vacante. Las ternas deben ser consideradas vinculantes en el sentido de que la Cámara de Senadores debe elegir necesariamente a uno de los integrantes de cada terna, sin que le sea permitido rechazarla, y además debe elegir sólo a uno de cada terna. En efecto, la facultad de nombramiento de que está investida, no es amplia sino restringida en cuanto a que la posibilidad de elección está circunscripta a los tres nombres de la terna.

Si se sostuviera que las ternas no son vinculantes, la labor del Consejo de la Magistratura carecería de sentido, pues quedaría convertido en un mero integrador de ternas hasta dar con el nombre que satisfaga la voluntad de la Cámara de Senadores. De este modo, también se está trastrocando una facultad conferida por la Constitución, como limitada, en una facultad amplia, pues, en definitiva, lo que prevalecería sería el criterio de la Cámara de Senadores.

2. Desintegración de la terna. Después de efectuada la designación por la Cámara de Senadores, se requiere el acuerdo del Poder Ejecutivo. Si éste lo da, no se presenta ningún problema. Pero si el Ejecutivo no presta su acuerdo al nombrado, algunos sostienen que la terna queda desintegrada. Esta interpretación contraviene el carácter vinculante de la terna integrada por el Consejo de la Magistratura. En efecto, ¿la terna es sólo vinculante para la Cámara de Senadores, pero no lo es para el Poder Ejecutivo? ¿Cuándo este no da su acuerdo se rompe la terna y todo vuelve a fojas cero? Si las cosas fueran así, ¿cuál es el sentido de conferirle a la Cámara de Senadores la facultad de nombramiento (restringida) de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, si, en definitiva, todo dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no pasarle una terna no vinculante, directamente al Poder Ejecutivo, ya que éste es el criterio que subyace en esta interpretación?

3. Obligación de nombrar a otro de los integrantes de la terna. Otros sostienen que si el Poder Ejecutivo no da su acuerdo al primer designado, la Cámara de Senadores debe escoger entre los otros dos integrantes de la terna; y si la situación se repite, debe enviar el último de los nombres. Esta interpretación es igualmente absurda. La Cámara de Senadores queda convertida en una mera pasapapeles del Ejecutivo y su facultad de nombramiento se vuelve inocua y carente de sentido. En efecto, va pasando los nombres uno a uno, pero, de hecho, la facultad de nombramiento se traslada inconstitucionalmente al Ejecutivo.

4. Posibilidad de nombrar a otro integrante de la terna o de ratificarse en el nombramiento anterior. Como se puede apreciar a estas alturas, el problema se da entre la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo. ¿Debe prevalecer la facultad de nombramiento, (lo principal o substantivo), o la facultad de dar acuerdo (lo accesorio, secundario o adjetivo)? En las dos interpretaciones precedentes, prevalece esto último.

A nuestro criterio, debe prevalecer lo principal. Para que ello sea posible, debe entenderse que la Cámara de Senadores, ante la denegatoria de acuerdo del Poder Ejecutivo, puede escoger el segundo nombre (y, eventualmente, el tercero), pero también puede ratificarse en el nombramiento anterior. Entendemos que, dadas las deficiencias del diseño constitucional, ésta es la solución más lógica y adecuada a la voluntad de la Ley Suprema.

5. Designación ficta por incumplimiento de plazos. Para todos los supuestos de designación por la Cámara de Senadores y para la prestación de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo, deben establecerse no sólo plazos (como ya lo ha hecho una reciente ley de 2014), sino que deben definirse las consecuencias del incumplimiento de dichos plazos. Por ejemplo, si los incumple la Cámara de Senadores, queda designado el magistrado integrante de la terna, de mayor antigüedad; y, si fueran todos abogados, igualmente el de mayor antigüedad. Si el incumplimiento es del Poder Ejecutivo, se debe entender que ha prestado su acuerdo.

6. Deficiencias del diseño constitucional. El problema que abordamos se origina en un diseño constitucional deficiente. Normalmente, si se quiere restringir la facultad de nombramiento conferida a un órgano se la somete a una sola limitación (terna o acuerdo). Si se la somete a las dos, se corre el riesgo de interpretaciones que hacen desaparecer la facultad central o principal.

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