REELECCIÓN PRESIDENCIAL, ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y MEDIOS MASIVOS

1. Disposiciones constitucionales que se pretende modificar. Comenzaremos por analizar la cuestión de fondo, es decir, las disposiciones constitucionales que se desea modificar, sin hacer mención alguna a la vía por la cual se las quiere modificar. Estudiaremos las propuestas tratando de verificar, principalmente, su carácter democrático o no, atendiendo a su contenido.
a) La principal propuesta es, sin duda, la de admitir la posibilidad de reelección del Presidente de la República. De acuerdo con el texto actual de la Constitución de 1992, dicha reelección está prohibida en términos absolutos (No podrá ser reelecto en ningún caso, cf. Art. 229 Cn.).
La primera cuestión consistiría en admitir o no la reelección presidencial. Nos preguntaríamos si esto tiene relación directa con el carácter democrático o no democrático de un régimen de gobierno. A mi criterio, el que un régimen sea democrático no depende de que admita o no la reelección presidencial. Ni siquiera influye en este carácter el que la posibilidad de reelección sea con alternancia o en forma consecutiva; que pueda aplicarse sólo en un período constitucional ulterior o que se aplique de forma inmediata beneficiando incluso al presidente en ejercicio.
Nuestra Constitución prohíbe la reelección presidencial y es democrática. Las constituciones del Uruguay y de Chile la admiten con un periodo de alternancia, y son democráticas. Las constituciones de la Argentina y el Brasil la admiten en forma consecutiva o inmediata (y también con alternancia), y son democráticas. En esto, como se ve, no hay ningún problema.
La posibilidad de reelección planteada sería aplicada en las elecciones que deben celebrarse en abril de 2018. Ella está acorde con la tradición constitucional paraguaya y es lo predominante en el derecho constitucional latinoamericano.
En los últimos tiempos se ha visto en Latinoamérica que la reelección inmediata o consecutiva de un líder es imprescindible para la continuidad de ciertos procesos revolucionarios o de cambios favorables a las clases populares. Así ocurrió con Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Luis Ignacio Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, etc.
b) Un tema muy similar es el de la reelección de los gobernadores departamentales. Actualmente se encuentra prohibida (Art. 161, 2º pfo., Cn.). Se plantea admitirla en las mismas condiciones que la reelección del Presidente de la República. Tampoco presenta ninguna objeción desde el punto de vista de que tenga carácter democrático.
c) Otros artículos constitucionales que se propone modificar son el 197 y el 235, ambos referidos a inhabilidades, el primero para ser candidato a senador o diputado, y el segundo, para ser candidato a Presidente de la República o Vicepresidente.
Se pretende suprimir algunos incisos de dichos artículos, por ejemplo, para posibilitar que los candidatos a los principales cargos del Ejecutivo (Art. 197, inc. 8, Cn.), puedan ser también candidatos a senadores o puedan integrar la Cámara de Senadores en caso de alcanzar cierto porcentaje de votos. En esto tampoco existe nada contrario a la Ley Suprema, se trata simplemente de criterios.
Otra modificación propuesta es la referida a la renuncia del presidente en ejercicio para postularse para el periodo inmediato. En este caso, la misma no estaría sujeta a la aprobación por el Congreso, sino que bastaría la comunicación a los otros poderes. Esto nos parece lógico, pues, en caso contrario, quedaría abierta la posibilidad de que el órgano legislativo impidiera determinada candidatura, convirtiéndose en un gran elector. De hecho, la opción de aceptar o rechazar la renuncia presentada por el Presidente de la República, tiene relevancia únicamente cuando se esté llevando a cabo un juicio político, el cual podría culminar con la separación del cargo y la consiguiente imposibilidad de acceder a la senaduría vitalicia.

2. Procedimientos para modificar la Constitución. La enmienda. La Constitución paraguaya puede ser modificada por la vía de la enmienda o por la vía de la reforma (Cf. arts. 289 y 290).
El procedimiento de la enmienda exige la aprobación del proyecto respectivo por una y otra cámara del Congreso (Senadores y Diputados), por mayoría absoluta.
El viernes 31 de marzo de 2017, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de enmienda constitucional con los votos de 25 miembros de un total de 45.
La sesión respectiva se realizó bajo la presidencia del Vicepresidente 2º, en una sala que no es la habitual para sesiones plenarias, debido a la negativa del Presidente de la Cámara de Senadores y del Vicepresidente 1º, de permitir el tratamiento del mencionado proyecto.
A mi criterio, la irregularidad no está en esta forma de proceder, pues la mayoría absoluta de integrantes de la Cámara de Senadores deseaba tratar el proyecto de enmienda constitucional. La violación de la Ley Suprema se dio porque el proyecto se repitió antes de que hubiera transcurrido un año de haber sido rechazado (agosto de 2016), lo cual está prohibido por la Constitución (Art. 290, 2º párrafo).
La otra y principal objeción sería que la eliminación de la prohibición de reelección del Presidente de la República (Art. 229 Cn.), no puede ser hecha por la vía de la enmienda.
Ahora, para continuar con el procedimiento de la enmienda, falta la aprobación de la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta. En este punto se está actualmente. El oficialismo (sector del Partido Colorado liderado por Cartes), un sector del Partido Liberal y el Partido Frente Guazú (liderado por Fernando Lugo), cuentan con la mayoría de los votos también en esta cámara.
En caso de que se diera la aprobación de esta cámara, el proyecto de enmienda debe ser sometido a un referéndum, cuyo resultado es vinculante. Es decir, cabe la posibilidad de que el electorado se pronuncie por el rechazo de la enmienda y este es un resultado definitivo.
Sólo en caso de un pronunciamiento afirmativo, la enmienda queda perfeccionada. Sobre el particular, la Constitución preceptúa lo siguiente: “Si el resultado de éste (el referéndum) es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional” (Cf. Art. 290, Cn.).
Si se llegara a este punto, nos encontraríamos ante la situación inédita en nuestros avatares electorales, de que tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, tendrían sectores a favor del sí y sectores a favor del no, lo mismo que otras asociaciones políticas. No se daría, pues, una votación por partidos políticos (en sentido vertical), sino por preferencia del elector (en sentido trasversal).

3. La reforma. La otra vía para la modificación de la Constitución es la reforma. Pero para ello se necesita, en primer lugar, la “declaración de la necesidad de la reforma”, por una mayoría absoluta de dos tercios de votos de los miembros de cada cámara del Congreso. Esto significa un mínimo de 83/84 votos sobre un total de 125 legisladores, lo cual es imposible de lograr para el oficialismo (Cartes y sus adherentes del Partido Colorado) y sus aliados de otros partidos.
Posteriormente debe elegirse a los integrantes de una Convención Nacional Constituyente que debe encargarse de realizar la reforma constitucional. El tiempo requerido para realizar la modificación constitucional por esta vía, es mayor; y, además, existe la incertidumbre acerca de la composición que tendrá el órgano constituyente.
Las dificultades, prácticamente insalvables, para encarar la modificación de la Constitución por esta vía, determinaron que se optara por la vía de la enmienda.

4. Las objeciones a la vía de la enmienda. Ya hemos apuntado que la vía de la enmienda no es la adecuada para eliminar la prohibición de reelección del Presidente de la República. Esto debe hacerse por la vía de la reforma. En efecto, el artículo 290, referente a la enmienda, prohíbe en su último párrafo, usar este procedimiento para modificar lo referente a “la duración de los mandatos”.
Al respecto se ha generado una ardua discusión. Quienes sostienen que la enmienda es una vía idónea, dicen que “duración de mandato” no es lo mismo que “reelección”.
Por nuestra parte, afirmamos que la prohibición comprende todo lo dispuesto en el Art. 229 Cn., cuya denominación es “De la duración del mandato”. Además, resulta ilógico sostener que la extensión del mandato presidencial (por ejemplo, de cinco a seis años) para una futura elección, solo puede ser realizada, vía reforma, por una Convención Nacional Constituyente; cuando la habilitación para la reelección, que en definitiva consiste en que una persona que ya fue Presidente de la República pueda aspirar a un nuevo período de cinco años, en una futura elección, pueda ser realizada vía enmienda.
La otra objeción ya la hemos señalado también, y consiste en que el mismo proyecto de enmienda referente a habilitar la reelección del Presidente de la República, sea presentado de nuevo, antes de transcurrir un año desde su rechazo en agosto de 2016. Esto está prohibido por la Ley Suprema (Art. 290, 2º pfo., Cn.).
No obstante lo señalado que, sin duda, excluye la vía de la enmienda por improcedente, debe dejarse en claro que se trata de objeciones de forma que no inciden sobre el carácter democrático de todas las modificaciones constitucionales que se desea introducir, tal como lo apuntamos más arriba.

5. Aspectos no jurídicos. Los intereses personales mezquinos. Para intentar comprender la situación actual, el análisis no puede quedar circunscripto a lo jurídico. El análisis político es inevitable y necesario como complemento imprescindible del análisis meramente jurídico. En efecto, aquel permite develar aspectos que arrojan luz para una mejor comprensión de los acontecimientos que analizamos.
Es indudable que los dos grandes beneficiados por la admisión de la reelección presidencial serían el actual presidente Horacio Cartes y el ex presidente Fernando Lugo. Y el objetivo principal sería impedir la reelección de Cartes. Y los problemas se han creado por el empecinamiento de éste en lograr ese fin.
En el seno del Partido Colorado se da un duro enfrentamiento entre partidarios de Cartes (“cartistas”) y contrarios a él (liderados por un grupo de senadores). Entre éstos, el senador Mario Abdo Benítez (hijo del ex-secretario privado del Gral. Stroessner), se presenta como el principal aspirante, en disidencia, a la candidatura a la presidencia de la República, por el Partido Colorado. Obviamente, eliminar a Cartes impidiendo su nueva postulación, aparece para Abdo Benítez como un objetivo vital.
El principal partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), también se encuentra dividido. El oficialismo partidario se manifiesta contrario a la enmienda habilitante de la reelección presidencial. Se apoya en lo argumentos válidos expresados precedentemente, pero agita también el temor de habilitar una candidatura vinculada al narcotráfico (la de Cartes), que considera prácticamente imposible de vencer y sumamente nefasta para el porvenir del Paraguay.
Sin embargo, una poderosa razón de oposición a la enmienda consiste en la habilitación del ex presidente Fernando Lugo, cuya candidatura eclipsaría por completo la de Efraín Alegre, actual presidente del PLRA. Un sector disidente de este partido, apoya la figura de la reelección y, en particular, a Lugo.
En estas actitudes no existe ni pizca de defensa de la Constitución ante una eventual grave violación de la misma. Sólo existen intereses electorales mezquinos de quienes en otras oportunidades no tuvieron inconvenientes en trasgredir preceptos de máximo rango.

6. Papel de la prensa. Que los medios decidan. Los medios masivos de comunicación, que en los hechos constituyen un oligopolio, principalmente en manos de Aldo Zucolillo (diario ABC, radios y demás medios), Antonio Vierci (diario Última Hora, radios, canales) y Horacio Cartes (diario La Nación, radios, canales), han ejercido una enorme influencia sobre la población.
Los dos primeros grupos han actuado en forma conteste polarizando las posturas entre democráticos y antidemocráticos. En esta distinción no se aclaraba que el problema debía ser circunscripto a la vía escogida para introducir la modificación a la Constitución (enmienda o reforma), sino que ex profeso se trataba de tildar de violadores de la Constitución a quienes sostuvieran la postura favorable a la reelección presidencial y se consideraba defensores de la Constitución, a quienes adoptaran la posición contraria a la reelección.
La prolongada campaña mediática sostenida por medios escritos, orales, televisivos, etc., con amplio destaque, produjo el efecto deseado de instalar el tema del peligro de una grave violación constitucional hasta en sectores populares que normalmente se suelen ocupar de temas como estos, en forma muy limitada. La manipulación de la opinión pública era evidente.
No es conveniente hacer una gradación de las violaciones constitucionales, pero resulta muy ilustrativa la comparación del caso actual con la grave e indubitable violación constitucional perpetrada en junio de 2012, en que –de lejos- no hubo una agitación popular como la de estos días.
Esto nos lleva a concluir que la labor de los citados medios oligopólicos resultó muy eficaz. Llama la atención que ellos no realizaron una campaña similar cuando se realizó ese remedo de “juicio político” que culminó en unas pocas horas con la destitución de un presidente electo popularmente, sin que se diera a éste la oportunidad real de ejercer su defensa, sin que existieran pruebas que justificaran el procedimiento y su resultado; en definitiva, con una desvergonzada actuación arbitraria de ambas cámaras legislativas.
Asimismo, resulta notable que todos los principales actores que ahora aparecen divididos entre defensores y violadores de la Constitución (salvo, obviamente, Lugo y sus adherentes), en junio de 2012 aparecían todos juntos como indudables violadores de la Norma Suprema.
En conclusión, la reacción tan fuerte de algunos militantes del mismo Partido Colorado y de un sector de militantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y, en general, de la sociedad, es el resultado de la labor sostenida a lo largo de varias semanas y con gran despliegue, por los medios masivos que mencionamos, sin que los del actual presidente pudieran contrarrestarlos.
No es posible pensar que una reacción popular tan extrema pudiera producirse espontáneamente, sin la gravitante intervención de los medios masivos de comunicación, cuando, en realidad, la violación de la Constitución no consiste en introducir la posibilidad de reelección presidencial, sino simplemente en la utilización de una vía improcedente (la enmienda) para incluir esa modificación. ¿Para el gran público esto sería suficiente para llegar a los grados de exaltación, exasperación, irritación y crispación a que se llegó? ¿Se consideraría ésta una gran violación constitucional que pone en riesgo la misma existencia del Estado de derecho? ¿Por qué no hubo una reacción similar en junio de 2012 cuando se perpetró una violación constitucional sobre una cuestión de fondo? Porque en esa ocasión los medios adoptaron un papel meramente descriptivo de los hechos, e, incluso, favorable a su desarrollo.
Paradójicamente, lo que hoy se puede observar es que los medios masivos de comunicación han decidido lo que el pueblo (electorado) debe hacer.
Las circunstancias descriptas nos llevan a interrogarnos acerca de cuáles son los intereses ocultos que motivan a dichos medios, no siempre caracterizados por la defensa a ultranza de la Constitución.
Dijimos que los dos beneficiados por la admisión de la reelección serán Fernando Lugo y Horacio Cartes. La resistencia de parte de los medios masivos no parecer ser contra el primero, que sería controlable y con quien, al decir de algunos empresarios, se tuvo menos problemas que en la actualidad.
Hay una reelección concreta que se debe impedir: la de Cartes. Nos preguntamos ¿qué les habrá hecho y que les podría hacer eventualmente en otros cinco años de gobierno, en perjuicio no sólo de sus empresas comerciales mediáticas, sino de las de otra índole de que son propietarios? Desde la perspectiva de las empresas comerciales mediáticas, ¿nos encontramos ante la posibilidad de una grave violación de la Ley Suprema o ante una encarnizada lucha entre grandes grupos empresariales, en lo alto de la pirámide social?

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