Los fallos judiciales como causal de enjuiciamiento

1. Hace poco, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó un acuerdo y sentencia en virtud del cual, en el marco de una acción de inconstitucionalidad, declaró la nulidad de una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la que se destituía a una magistrada integrante de un Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Canindeyú[1].

El JEM solicitó a la CSJ el reenvío del expediente para proceder a dictar una nueva sentencia. Pero, además, una vez que hubo recibido el expediente, envió una copia del mismo a la Cámara de Diputados a fin de que este cuerpo legislativo analizara si, al dictar el fallo, no se incurrió en alguna causal que ameritara proceder a formular acusación como inicio de un juicio político[2].

Hay que tener en cuenta que contra las sentencias del JEM, la ley autoriza la promoción de una acción de inconstitucionalidad, la cual debe ser resuelta por el pleno de la CSJ[3].

Se presenta aquí la cuestión de si se puede tomar un fallo de la CSJ como base sobre la cual concluir que ha quedado configurada la causal de mal desempeño de funciones o la de comisión de hechos punibles[4]. Debe tenerse en cuenta que se trata de una decisión respecto de la cual existe presunción de constitucionalidad y que, en consecuencia, resulta inimpugnable[5].

Si se pretende sostener que la Corte Suprema de Justicia, al dictar un fallo, ha incurrido en mal desempeño de funciones (e incluso, que ha cometido el hecho punible de prevaricato[6]), es necesario revisar y juzgar la sentencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional y arribar así a tal conclusión. Dicha labor debe ser realizada por algún órgano (¿la Cámara de Diputados?) que al proceder de ese modo se ubicaría por encima de la Corte Suprema de Justicia y subvertiría la idea de que ésta es la máxima instancia jurisdiccional cuyas decisiones gozan de presunción de constitucionalidad, son resoluciones finales y, por tanto, inatacables. Éste es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.

Atendiendo a las contradicciones e incongruencias a que conduce el procedimiento descripto en el párrafo precedente, somos del parecer de que el dictamiento de un fallo por la CSJ, en ningún caso, puede configurar una causal de juicio político, cuando todo se da en el plano interno del Estado paraguayo. A nuestro criterio, dado que nuestra Ley Fundamental admite la posibilidad de reconocer un orden jurídico supraestatal[7], sólo en caso de que una  sentencia de la CSJ fuera anulada en esa instancia y el Estado paraguayo fuera condenado, podría ser tomada dicha decisión como causal de un juicio político (mal desempeño de funciones o hecho punible)[8].

En efecto, dentro del ámbito del Estado paraguayo no existe órgano competente para juzgar y eventualmente descalificar los fallos dictados por la CSJ.

2. Hace poco tiempo también, la Sala Penal de la CSJ (integrada totalmente por miembros de Tribunales de Apelación debido a la inhibición de los miembros naturales del máximo órgano jurisdiccional), dictó un acuerdo y sentencia en virtud del cual resolvía un recurso de casación[9].

Los agentes fiscales que habían intervenido en el caso, lograron que el Ministerio Público, como cuerpo y en actitud insólita e irreverente, formulara una denuncia ante el JEM contra los magistrados de segunda instancia que integraron la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En este caso se ha planteado la duda acerca de la competencia del JEM para enjuiciar a los magistrados que han actuado en el carácter mencionado. Pero no es éste el punto principal del problema.

En efecto, aun si consideráramos que el JEM tiene competencia respecto de los citados magistrados, no debemos olvidar que el eventual enjuiciamiento se daría por haber dictado un fallo que, sin duda alguna, está revestido de la presunción de constitucionalidad y es inimpugnable, pues se trata de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Si el JEM avanzara en esta dirección, también incurriría en el grave error a que aludimos más arriba: erigirse en un órgano por encima de la CSJ, para juzgar una decisión adoptada por la misma, con vistas a determinar si existe mal desempeño de funciones o comisión de hechos punibles, que justifique la destitución de los magistrados que dictaron dicha resolución[10]. Este proceder constituiría una extralimitación de sus funciones (o el ejercicio de funciones que no le están reconocidas), lo cual es inadmisible en el marco de un Estado de derecho.

En cuanto a este acuerdo y sentencia, la situación es más complicada porque la ley dice que cuando se trata de hechos punibles (v. gr.: prevaricato), el JEM sólo debe proceder al desafuero de los magistrados involucrados y esperar hasta que, como resultado del proceso penal a que sean sometidos, se adopte una decisión definitiva por los órganos de la justicia ordinaria[11].

3. En general, es necesario reflexionar sobre la forma de actuar del JEM cuando se trata de sentencias definitivas o interlocutorias de magistrados de primera y segunda instancias, actuando como tales; y de actuaciones y dictámenes de integrantes del Ministerio Público o del Ministerio de la Defensa Pública.

A nuestro criterio, cuando se trata de fallos judiciales, el JEM no tiene competencia por sí mismo para hacer derivar de los mismos las causales de mal desempeño de funciones o comisión de hechos punibles que justifiquen el enjuiciamiento de un magistrado. Ha sucedido en algunas oportunidades que el JEM ha procedido, incluso de oficio, apenas dictada una sentencia en primera instancia y cuando la misma estaba sujeta aún a recursos ante la instancia jurisdiccional correspondiente. En esos casos, el JEM se ha constituido de hecho y en forma indebida, en un tribunal  de alzada. Por su parte, el verdadero tribunal de apelación, en mayor o menor medida, queda atento a la opinión del JEM a la hora de tener que resolver los recursos interpuestos contra el fallo de primera instancia, lo cual resulta absolutamente inaceptable.

Entendemos que el enjuiciamiento de magistrados por cuestiones vinculadas con fallos dictados, no puede ser realizado antes de que un órgano jurisdiccional de rango superior (Tribunal de Apelación o Corte Suprema de Justicia), determine con carácter definitivo la nulidad o la revocación de la resolución que servirá de base al enjuiciamiento.

Cuando se trata de dictámenes o actuaciones de integrantes del Ministerio Público o del Ministerio de la Defensa Pública, es prudente esperar, cuanto menos, la resolución de la instancia respectiva, antes de proceder al enjuiciamiento[12]. En efecto, puede ocurrir que las decisiones judiciales acojan los actos emanados de tales órganos o se basen en ellos, en mayor o menor medida.

[1] Acuerdo y Sentencia Nº 531, del 12 de julio de 2018, dictado por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia, y en virtud del cual se declaró la nulidad de la S.D. Nº 28, del 9 de septiembre de 2014, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

[2] Como en esta oportunidad, la CSJ estuvo integrada por cinco magistrados de Tribunales de Apelación, se presenta el problema de la responsabilidad de estos, lo cual analizamos en la segunda parte de este escrito.

[3] Cf. Art. 21, inc. f, y Art. 33, de la Ley Nº 3759/09.

[4] Art. 225 Cn. … sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes

[5] Art. 564, Código Procesal Civil. No serán atacables por la vía de la acción de inconstitucionalidad las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

Art. 17, Ley Nº 609: Las resoluciones de las salas o del pleno de la Corte solamente son susceptibles del recurso de aclaratoria y, tratándose de providencia de mero trámite o resolución de regulación de honorarios originados en dicha instancia, del recurso de reposición. No se admite impugnación de ningún género, incluso las fundadas en la inconstitucionalidad.

[6] Artículo 305, Código Penal. Prevaricato.

1º El juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será, castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años.

2º En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años.

[7] Cf. Art. 145 de la Constitución.

[8] En varias oportunidades, la Cámara de Diputados ha procedido a formular acusación, como fase inicial de un juicio político, contra ministros de la CSJ sobre la base de fallos dictados por los mismos. A este grave error, se ha sumado ahora el JEM al remitir copia del expediente a que aludimos, a dicha cámara legislativa.

[9] Cf. Acuerdo y Sentencia Nº 293, del 26 de julio de 2018, “Caso Curuguaty”.

[10] De hecho, en el caso que analizamos en la primera parte, el JEM –para ceñirse a sus propios criterios-  también debería juzgar el fallo emitido por la CSJ para determinar la eventual responsabilidad de los magistrados de Tribunales de Apelación que integraron dicho órgano. En este caso, en que la decisión es adoptada por cuatro miembros naturales y cinco no naturales, aparece con absoluta claridad que el fallo es indudablemente de la máxima instancia.

[11] Cf. Arts. 13, 31 y 32 de la Ley Nº 3759/09.

Cf. Luis Lezcano Claude, Derecho Constitucional – Parte orgánica, Asunción, 2018, pág. 489 y sigtes.

[12] En cuanto al acuerdo y sentencia por el cual se resolvió el recurso de casación interpuesto en el caso de la “masacre de Curuguaty”, resulta llamativo que se pretenda basar en una decisión que goza de presunción de constitucionalidad y es inimpugnable, el enjuiciamiento de magistrados de segunda instancia que integraron la Sala Penal del máximo órgano jurisdiccional.

Por el contrario, la descalificación de la labor de los agentes fiscales intervinientes que se hace en el mencionado fallo, constituye el antecedente suficiente y necesario para que el JEM pueda proceder al enjuiciamiento de tales integrantes del Ministerio Público. Igualmente, los integrantes del Tribunal de Sentencia y del Tribunal de Apelación, cuyas decisiones fueron anuladas, podrían ser enjuiciados.

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