Sobre las designaciones para la Corte Suprema

En cuanto al procedimiento para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia, se debe precisar lo siguiente:

1. Ternas vinculantes y facultad de nombramiento restringida. En la primera fase de este procedimiento, el Consejo de la Magistratura se encarga de integrar una terna para cada cargo vacante. Las ternas deben ser consideradas vinculantes en el sentido de que la Cámara de Senadores debe elegir necesariamente a uno de los integrantes de cada terna, sin que le sea permitido rechazarla, y además debe elegir sólo a uno de cada terna. En efecto, la facultad de nombramiento de que está investida, no es amplia sino restringida en cuanto a que la posibilidad de elección está circunscripta a los tres nombres de la terna.

Si se sostuviera que las ternas no son vinculantes, la labor del Consejo de la Magistratura carecería de sentido, pues quedaría convertido en un mero integrador de ternas hasta dar con el nombre que satisfaga la voluntad de la Cámara de Senadores. De este modo, también se está trastrocando una facultad conferida por la Constitución, como limitada, en una facultad amplia, pues, en definitiva, lo que prevalecería sería el criterio de la Cámara de Senadores.

2. Desintegración de la terna. Después de efectuada la designación por la Cámara de Senadores, se requiere el acuerdo del Poder Ejecutivo. Si éste lo da, no se presenta ningún problema. Pero si el Ejecutivo no presta su acuerdo al nombrado, algunos sostienen que la terna queda desintegrada. Esta interpretación contraviene el carácter vinculante de la terna integrada por el Consejo de la Magistratura. En efecto, ¿la terna es sólo vinculante para la Cámara de Senadores, pero no lo es para el Poder Ejecutivo? ¿Cuándo este no da su acuerdo se rompe la terna y todo vuelve a fojas cero? Si las cosas fueran así, ¿cuál es el sentido de conferirle a la Cámara de Senadores la facultad de nombramiento (restringida) de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, si, en definitiva, todo dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no pasarle una terna no vinculante, directamente al Poder Ejecutivo, ya que éste es el criterio que subyace en esta interpretación?

3. Obligación de nombrar a otro de los integrantes de la terna. Otros sostienen que si el Poder Ejecutivo no da su acuerdo al primer designado, la Cámara de Senadores debe escoger entre los otros dos integrantes de la terna; y si la situación se repite, debe enviar el último de los nombres. Esta interpretación es igualmente absurda. La Cámara de Senadores queda convertida en una mera pasapapeles del Ejecutivo y su facultad de nombramiento se vuelve inocua y carente de sentido. En efecto, va pasando los nombres uno a uno, pero, de hecho, la facultad de nombramiento se traslada inconstitucionalmente al Ejecutivo.

4. Posibilidad de nombrar a otro integrante de la terna o de ratificarse en el nombramiento anterior. Como se puede apreciar a estas alturas, el problema se da entre la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo. ¿Debe prevalecer la facultad de nombramiento, (lo principal o substantivo), o la facultad de dar acuerdo (lo accesorio, secundario o adjetivo)? En las dos interpretaciones precedentes, prevalece esto último.

A nuestro criterio, debe prevalecer lo principal. Para que ello sea posible, debe entenderse que la Cámara de Senadores, ante la denegatoria de acuerdo del Poder Ejecutivo, puede escoger el segundo nombre (y, eventualmente, el tercero), pero también puede ratificarse en el nombramiento anterior. Entendemos que, dadas las deficiencias del diseño constitucional, ésta es la solución más lógica y adecuada a la voluntad de la Ley Suprema.

5. Designación ficta por incumplimiento de plazos. Para todos los supuestos de designación por la Cámara de Senadores y para la prestación de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo, deben establecerse no sólo plazos (como ya lo ha hecho una reciente ley de 2014), sino que deben definirse las consecuencias del incumplimiento de dichos plazos. Por ejemplo, si los incumple la Cámara de Senadores, queda designado el magistrado integrante de la terna, de mayor antigüedad; y, si fueran todos abogados, igualmente el de mayor antigüedad. Si el incumplimiento es del Poder Ejecutivo, se debe entender que ha prestado su acuerdo.

6. Deficiencias del diseño constitucional. El problema que abordamos se origina en un diseño constitucional deficiente. Normalmente, si se quiere restringir la facultad de nombramiento conferida a un órgano se la somete a una sola limitación (terna o acuerdo). Si se la somete a las dos, se corre el riesgo de interpretaciones que hacen desaparecer la facultad central o principal.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s