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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Carta a “Última Hora”

Señor Director:

En relación con la publicación aparecida el domingo pasado en ese medio, debo hacer algunas aclaraciones en cuanto a lo que se menciona como “fundamentos del juicio político”.
1. Acerca de la inamovilidad hasta los 75 años, cabe señalar que las acciones de inconstitucionalidad habían sido planteadas por los doctores Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Enrique Sosa, quienes no habían sido confirmados en sus cargos por el Senado (Resolución Nº 421, del 5 de noviembre de 1999). La primera constatación es que yo me encontraba entre los confirmados, pese a lo cual no dudé en apoyar la declaración de inconstitucionalidad de dicha resolución.

A los argumentos jurídicos contenidos en los fallos de la Corte Suprema de Justicia Nos. 222 y 223, del 5 de mayo de 2000, quiero agregar algunos datos probablemente no muy conocidos. Debe prestarse particular atención a las fechas. La resolución del Senado fue dictada pocos meses después del “marzo paraguayo” (marzo de 1999). Los colorados querían destituir a F. S. Paredes por su supuesta vinculación con el oviedismo. Pero dijeron que no podía ser separado sólo un “ministro colorado”, sino que también debían serlo un “ministro liberal” y un “ministro independiente”. El PLRA, mostrando una gran debilidad, a pesar de que la representación era mucho mejor que la actual y de que había manifestado no estar en desacuerdo con el desempeño de ninguno de los “ministros liberales”, accedió a separar a uno de ellos. El elegido fue el Dr. Sosa y el tercero fue el Dr. Irala Burgos.
Estas fueron las “razones” para esta primera manipulación política de la Corte constituida en 1995.

Los fallos de la CSJ son de mayo de 2000 y se los toma como causales tres años y medio más tarde. A casi nueve años de su dictamiento, su importancia como hitos en la lucha por la independencia del Poder Judicial, aparece más clara.

2. En cuanto a la “provisión de alimentos” para Itaipú, varias veces se ha aclarado que las irregularidades se produjeron en el directorio de esa entidad y no en sede judicial. En efecto, se trataba de una licitación internacional para ese efecto y en el pliego de bases y condiciones aprobado por la Itaipú, se incluía una fórmula matemática de reajuste de precios que efectivamente al ser aplicada daba sumas escandalosas. Pero esto lo aprobó la Itaipú.
Posiblemente se sentaban las bases para un negociado entre las autoridades de Itaipú y quienes resultaran adjudicados en la licitación. Supongo que con posterioridad hubo desavenencias en cuanto al reparto del botín o se quiso tener una “bendición” judicial para sumas tan escandalosas. Lo cierto es que en sede judicial, la controversia planteada versaba, nada más, sobre la correcta o incorrecta aplicación de la aludida fórmula matemática contenida en el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación internacional para la provisión de alimentos, aprobado por la Itaipú. Como se trataba de una cuestión matemática, no había sino una sola respuesta y en ella coincidieron todos los peritos y magistrados que intervinieron. El problema no estaba en los tribunales, sino en la Itaipú, y, al ser los magistrados jueces de derecho y no de equidad, nada podían opinar sobre los escandalosos montos.

Quizá ahora con la colaboración del inefable Mateo se pueda hurgar en los papeles de la entidad y encontrar cosas interesantes. Le pido, señor Director, destaque algún periodista para el efecto.

3. En cuanto a otros “fundamentos” como la cuestión de un avión incautado que anteriormente había pertenecido a un narcotraficante, debo señalar que en acta de la CSJ hice constar mi oposición. El supuesto “escándalo sexual” nunca existió y, si mal no recuerdo, no fue una de las causales o fue retirada con posterioridad. El falseamiento de la declaración de bienes, el enriquecimiento ilícito, el nepotismo, la manipulación de magistrados, etc., fueron inicialmente mencionados en su totalidad o en parte en ese mamotreto llamado libelo acusatorio (no recuerdo bien), pero luego fueron retirados en su mayoría. De todos modos ninguno de ellos me afectaba.

Habiendo sido mencionado en la publicación, le solicito la publicación de esta carta.
Le agradezco su atención y le saludo atentamente

Publicada en el diario Última Hora, el 23/02/2009.

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CONSTITUCIÓN DE 1844 (texto)

Ley que establece la Administración Política de la República del Paraguay, y demás que en ella se contiene

 TÍTULO I

De la Administración General

Artículo 1. La Administración General de la República se expedirá en adelante por un Congreso ó Legislatura Nacional de Diputados Representantes de la República; por un Presidente en quien resida el Supremo Poder Ejecutivo y por los Tribunales y Jueces establecidos por ley del Soberano Congreso Extraordinario de 25 de Noviembre de 1842.

Artículo 2. La facultad de hacer las leyes, interpretarlas ó derogarlas, reside en el Congreso Nacional.

Artículo 3. La facultad de hacer ejecutar las leyes y reglamentarias para su ejecución, reside en el  Supremo Poder Ejecutivo de la República.

Artículo 4. La facultad de aplicar las leyes reside en los Jueces y Tribunales establecidos por la ley.

TÍTULO II

Del Congreso o Legislatura Nacional

Artículo 1. El congreso Nacional se compondrá por ahora de doscientos diputados elegidos en la forma hasta aquí acostumbrada, debiendo ser ciudadanos propietarios de las mejores capacidades y patriotismo.

Artículo 2. El Congreso Nacional será convocado de cinco en cinco años en los casos ordinarios, contándose aquellos desde el 15 de Marzo de 1844. La convocación será treinta días antes cuando menos, y durará en sus sesiones el tiempo que el mismo Congreso acuerde.

Artículo 3. El Congreso se reunirá y abrirá sus sesiones en la Capital de la República, y tendrá el tratamiento de Muy Honorables Señores Representantes de la Nación; nombrará un Presidente, un Secretario, y los demás oficiales que requiera el despacho de los negocios.

Artículo 4. Para el mejor expediente de sus deliberaciones nombrará las comisiones que crea necesarias, y cada comisión nombrará un Presidente y un Secretario durante la comisión.

Artículo 5. Las comisiones darán por escrito sus dictámenes firmados, sin perjuicio de lo que puede informar in voce algunos de sus miembros.

Artículo 6. El Congreso Nacional se dará oportunamente un reglamento para el régimen interno de sus actos.

Artículo 7. Tendrá un archivo en que se reserven los registros de sus actas y demás documentos oficiales, y todo ello correrá a cargo del Secretario del Congreso.

Artículo 8. Es atribución del Presidente del Congreso el nombramiento de las comisiones, fijar el número de ellas hasta que se reglamente en esta parte lo conveniente. Es obligación de las comisiones dar aviso verbal al Presidente del Congreso cuando hayan concluido sus tareas, remitiéndose bajo de carpeta cerrada al Presidente del Congreso.

Artículo 9. El Presidente del Congreso pondrá a la deliberación del Congreso los asuntos despachados por las comisiones según el orden que fuere más conveniente.

Artículo 10. Es también atribución del Presidente del Congreso velar sobre la policía de la casa de los Señores Representantes, y cuidar que se observe toda circunspección y dignidad en todas sus deliberaciones.

TÍTULO III

De las atribuciones del Congreso Nacional

Artículo 1. Al Congreso Nacional corresponde formar las leyes y ordenanzas de cualquier naturaleza para regir la administración interior de la República, bien como el modificarlas, suspenderlas, o abolirlas.

Artículo 2. Elegir al Presidente de la República, recibirle el juramento de ley, y mandarle poner en posesión del mando.

Artículo 3. Corresponde al Congreso Nacional declarar la guerra, oídos los motivos que exponga el Presidente de la República.

Artículo 4. Recomendar al Presidente de la Nación cuando lo halle por conveniente la negación de la paz.

Artículo 5. Fijar los gastos generales con presencia de los presupuestos que presentare el Presidente de la República.

Artículo 6. Recibir las cuentas de inversión de los Fondos Públicos, examinarlas y aprobarlas.

Artículo 7. Fijar la ley, valor, pero y tipo de la moneda.

Artículo 8. Establecer Tribunales de Justicia y reglar la forma de los juicios.

Artículo 9. Crear y suprimir empleos de toda clase.

Artículo 10. Reglar el comercio interior y exterior.

Artículo 11. Demarcar el territorio de la República y fijar sus límites.

Artículo 12. Ratificar los tratados que hiciere el Presidente de la República, en los casos que lo permite la ley del Soberano Congreso de 26 de Noviembre de 1842 en el artículo 20.

TÍTULO IV

Del Poder Ejecutivo Permanente

Artículo 1. El Gobierno Nacional permanente, ha de ser desempeñado por un solo ciudadano con la denominación de Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay.

Artículo 2. Ninguno podrá ser electo Presidente de la República que no sea ciudadano del fuero común natural de la República del Paraguay, y que además tenga cuarenta y cinco años de edad, capacidad, honradez y patriotismo conocidos; buena conducta moral y un capital propio de ocho mil pesos.

Artículo 3. Para entrar al ejercicio de Presidente, hará en presencia del Congreso Nacional el juramento siguiente: “Yo Fulano de tal, solemnemente juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República; que protegeré la Religión Católica, Apostólica Romana, única del Estado; que conservaré y defenderé la integridad e independencia de la nación, y cuanto mejor pueda propenderé a la felicidad de la República”.

Artículo 4. El Presidente de la República durará en el cargo de la Presidencia Nacional por el tiempo de diez años desde el día de su elección.

Artículo 5. En el caso de enfermedad, ausencia del Presidente o mientras se proceda a nueva elección por su muerte, renuncia o por otra causa, el Juez Superior de Apelaciones entrará a ocupar el mando con calidad de Vice-Presidente de la República, prestando el juramento de ley, o en manos del mismo Presidente de la República, o por falta de éste en manos del Prelado Diocesano, con asistencia de todas las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas de la capital, sin cuyo requisito no tomará el mando de la República. Para este acto se constituirán las autoridades en el Palacio de Gobierno.

TÍTULO V

De la elección del Presidente de la República

Artículo 1. El Presidente de la República del Paraguay será elegido en sesión permanente por el Congreso Nacional, por votación nominal dada in voce por cada Diputado a pluralidad de sufragios, formándose a continuación la acta conveniente.

Artículo 2. El acto de las firmas no embarazará la recepción del Presidente legalmente electo, ni la toma de posesión del mando.

Artículo 3. Cuatro votos sobre la mitad harán la mayoría.

Artículo 4. En el caso de ser empatada la elección de presidente, se repetirá por segunda vez, y si en ésta ninguno obtuviese la mayoría, los ciudadanos entre quienes estén divididos los votos serán sorteados á presencia del Congreso Nacional, insaculando sus nombres en dos cédulas, y será Presidente el que decida la suerte.

Artículo 5. Luego de efectuada la elección de Presidente, será proclamado en alta voz por el Secretario del Congreso.

TÍTULO VI

Distintivos del Presidente de la República

Artículo 1. El presidente de la República usará uniforme de Capitán General, y una banda tricolor debajo del uniforme, de derecha a izquierda, y en aquella traerá pendiente al pecho un signo nacional o presea de honor, ambas costeadas por el tesorero de la República.

Artículo 2. La presea de honor será una estrella de oro orlada de brillantes, en cuyo centro se lea por un lado, “Poder Ejecutivo” y del otro “República del Paraguay”.

Artículo 3. El residente de la República tendrá las atribuciones y prerrogativas de Capitán General y podrá formarse una escolta de honor para custodia de su persona. La escolta no excederá de setenta y cinco plazas.

Artículo 4. Tendrá además dos o tres edecanes de órdenes es el Palacio, que alternen en el servicio. Un conserje y los sirvientes interiores que precisare, con sueldos abonables del Tesoro nacional.

TÍTULO VII

De las atribuciones del Presidente de la República

Artículo 1. La autoridad del Presidente de la República es extraordinaria en casos de invasión, de conmoción interior, y cuantas veces sea precisa para conservar el orden y la tranquilidad pública de la República.

Artículo 2. El Presidente de la Nación es el Jefe de la Administración General de la República.

Artículo 3. Publica y hace ejecutar las leyes decretos del Congreso, reglando su ejecución por reglamentos especiales.

Artículo 4. Convoca al Congreso Nacional en la época fijada por esta ley, o extraordinariamente cuando las circunstancias lo demanden.

Artículo 5. Hace la apertura del Congreso, y pasará informe por parte oficial del estado político de la República, y de las mejoras y reformas que considere dignas de su atención; finalmente cierra sus Sesiones.

Artículo 6. Expide las órdenes convenientes y en tiempo oportuno para la elección de Diputados.

Artículo 7. Es el Jefe Supremo de las Fuerzas navales y de tierra, exclusivamente encargado de su dirección en paz y en guerra: puede mandar en persona el ejército o en su lugar nombrar un jefe general que lo mande.

Artículo 8. Provee a la seguridad interior y exterior de la República.

Artículo 9. Publica la guerra y la paz, y toma por sí mismo cuantas medidas puedan contribuir a prepararlas.

Artículo 10. Hace los tratados de paz y alianza con concepto a lo que ordena el artículo 20 de la del Soberano Congreso extraordinario de 26 de Noviembre de 1842.

Artículo 11. Fija la Fuerza de línea y las milicias en todos sus ramos.

Artículo 12. Manda construir vasos de guerra, equiparlos y fijar su número.

Artículo 13. Nombra y destituye a los empleados civiles, militares y políticos.

Artículo 14. Igualmente nombra los enviados, agentes de negocios, y demás enviados diplomáticos.

Artículo 15. Puede recibir, según las fórmulas de etiqueta, los ministros y agentes de las naciones extranjeras, oyendo sus propuestas sin estipular cosa alguna en oposición a lo dispuesto en el precitado artículo vigésimo de la ley indicada.

Artículo 16. Ejerce el patronato general respecto de las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas con arreglo á las leyes: nombra los obispos y los miembros del Senado eclesiástico.

Artículo 17. puede celebrar concordatos con la Santa Sede Apostólica; conceder ó negar su beneplácito á los decretos de los concilios y cualesquiera otras constituciones eclesiásticas; dar ó negar el exequátur á las bulas ó breves Pontificáis, sin cuyo requisito nadie las pondrá en cumplimiento.

Artículo 18. Es el Juez privativo de las causas reservadas en el estatuto de la administración de justicia.

Artículo 19. Promueve y fomenta los establecimientos de la educación primaria y los de ciencias mayores.

Artículo 20. Puede indultar ó conmutar la pena capital en conformidad de lo dispuesto en el artículo quincuagésimo octavo del estatuto de justicia.

Artículo 21. Puede aumentar ó disminuir los sueldos de los empleados públicos.

Artículo 22. Aplica exclusivamente los ramos del diezmo en beneficio de las iglesias, de los ministros del culto, y demás de este ramo en conformidad de la ley especial que se ha dado á este respecto.

Artículo 23. Puede conceder retiros y jubilaciones, premios remuneratorios, ó cualesquiera otra gracia á los que hiciesen distinguidos servicios á la República.

Artículo 24. Puede visitar personalmente, en todo ó en parte, el territorio de la República, una ó más veces durante el período de la presidencia.

Artículo 25. Puede dispensar de todo impedimento, y habilitar á los hijos de la República para obtener donaciones, legados ó herencias, quedando revocadas todas las leyes en contrario.

Artículo 26. Abrir puertos de comercios, y elevar las poblaciones al rango de villa y ciudades, dando cuenta dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional.

Artículo 27. Formar planes generales o particulares de educación pública, sometiéndolos después a la aprobación de la Representación Nacional.

Artículo 28. Acordar a los autores o inventores de establecimientos útiles, privilegios por tiempo determinados dando cuenta al Congreso Nacional.

Artículo 29. Puede conceder amnistía dando cuenta al Congreso Nacional.

Artículo 30. Todos los ramos de obras públicas, caminos, postas, correos, establecimientos de educación primaria y científicos, costeados por los fondos de la Nación: todos los objetos y ramos de hacienda y policía, son de la suprema inspección y resorte del Presidente de la República.

TÍTULO VIII

De los Ministros Secretarios

Artículo 1. Cuando el Presidente de la República lo creyere conveniente, podrá nombrar uno o más Ministros Secretarios de Estado, o reunir accidentalmente en un solo Ministerios los Departamentos de Gobiernos y de Relaciones Exteriores.

Artículo 2. El Ministro Secretario será removido de su empleo a la voluntad del Presidente de la República.

Artículo 3. El Ministro o Ministros de Estado no tendrán otro tratamiento con el de Usted, y no podrán dar orden alguna sin acuerdo y aprobación del Presidente de la República.

Artículo 4. Gozarán de una compensación que les asigne el Presidente de la República.

TÍTULO IX

Del Consejo de Estado

Artículo 1. El Consejo de Estado en la República del Paraguay se compondrá eventual o temporalmente del prelado diocesano, de dos Jueces de la Magistratura elegidos por el Poder Ejecutivo, y de tres ciudadanos de capacidad, también nombrados por el Supremo Gobierno de la República.

Artículo 2. El Consejo de Estado nombrará un Presidente Interino de su seno y un Secretario podrá ser de afuera del Consejo, teniendo la suficiencia necesaria para tal cargo.

Artículo 3. El Presidente de la República destinará el local donde ha de reunirse el Concejo de Estado.

Artículo 4. El Concejo de Estado y convocado por el Supremo Gobierno en los negocios graves y medidas generales de pública administración, principalmente cuando ocurra una guerra exterior o tratados con enviados de los Estados vecinos o Potencias extranjeras cuando fuere necesario conceder amnistía, poner vetos a las leyes y decretos del Congreso Nacional, y convocar extraordinariamente al Congreso.

Artículo 5. El Consejo de Estado dará sus dictámenes por escrito y firmados.

Artículo 6. Es obligado a guardar reserva en los asuntos que el Supremo Gobierno le sometiere con esta calidad.

Artículo 7. El Concejo de Estado prestará el juramento de ley en manos del Presidente de la república para poder entrar en sus funciones.

Artículo 8. A invitación del Presente de la República se reunirá el Consejo de Estado.

Artículo 9. Las vacantes de los Miembros del Consejo serán reemplazadas con los nombramientos que hiciere el Presidente de la República.

Artículo 10. El Presidente de la Nación después de impuesto de los dictámenes del Consejo de Estado, puede separarse de ellos, no hallándolos convenientes, y adoptar las resoluciones que tuviese a bien.

Artículo 11. Los Presidentes de la República, a la conclusión de su mando, son Miembros natos del Consejo de Estado y deben concurrir a él, además de los asignados en el artículo primero.

Artículo 12. El Consejo de Estado no tendrá más tratamiento que el de Señor del Consejo.

TÍTULO X

Ordenanzas Generales

Artículo 1. Los ciudadanos de la República presentarán su reconocimiento y obediencia al Presidente Nacional luego de estar en posesión del mando, y en la forma que lo determine el Presidente de la República.

Artículo 2. Los hombres son de tal manera iguales ante la ley, que esta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos, y favorecer igualmente al poderoso que al miserable.

Artículo 3. Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser oídos en sus quejas por el Supremo Gobierno de la Nación.

Artículo 4. Se permite libremente la salida del territorio la República llevando en frutos el valor o precio de sus propiedades adquiridas, observando además las leyes policiales y salvo perjuicio de tercero.

Artículo 5. Para entrar en le territorio de la República se observarán las ordenes anteriormente establecidas, quedando al libre arbitrio del Supremo Gobierno ampliarlas o restringirlas según lo exigiesen las circunstancias.

Artículo 6. Todos los empleados militares dados hasta aquí, y que en adelante se dieren, son empleados de pura comisión.

Artículo 7. Los establecimientos particulares de educación primaria, y los de otras ciencias que en adelante se establezcan en la República, sacarán primero licencia del Supremo Gobierno, siendo obligados los preceptores o maestros a presentar el plan de enseñanza, la materia que tratan de enseñar y los autores que se propongan seguir, sujetándose en todo a los reglamentos que les diere el Supremo Gobierno Nacional.

Artículo 8. Para establecer imprenta de particulares en la República, se tomará primeramente el permiso del Supremo Gobierno, dando el dueño o el administrador una fianza de dos mil pesos, bajo la cual se comprometa cumplir con los reglamentos que le diere el Gobierno de la República.

Artículo 9. Los habitantes de la República, sea cual fuese su oriundez, no reconocerán otros tribunales para todo género de causas que los establecidos por nuestras leyes patrias; de consiguiente queda prohibido el establecimiento de tribunales extranjeros bajo de cualquier forma.

Artículo 10. Queda prohibido el tráfico de esclavos o de negros, aun con el TÍTULO o pretexto de colonos.

Artículo 11. Se ratifican las leyes y decretos sancionados por el Soberano Congreso de 25 de Noviembre de 1842.

Artículo 12. La presente ley puede ser reformada o adicionada según lo exigiese la experiencia, y para esto se necesita:

1. El consentimiento y aprobación de la mayor parte del Congreso Nacional.

2. Que los artículos dignos de reformar estén plenamente demostrados en la necesidad de ser reformados.

3. Que el Poder Ejecutivo exponga, además, su opinión fundada para resolverse sobre la conveniencia y necesidad de la reforma o de alguna adición substancial.

4. Sancionada la necesidad de la reforma, se convocara un Congreso General con poderes especiales para verificar la reforma con las formalidades debidas.

5. Verificada la reforma, pasará al Poder Ejecutivo para su publicación o para que exponga los reparos que encontrare. En caso de devolverla con reparos, la votación de la mayor parte del Congreso hará su última sanción.

Artículo 13. Todo el que atentare o prestare medios de atentar contra la Independencia de la República o contra la presente ley fundamental, será castigado hasta con la pena de muerte, según la gravedad de su atentado.

Dada en la Sala e Sesiones del Congreso Nacional de la República del Paraguay a 13 de Marzo de 1844.

Juan Manuel Álvarez, Vicepresidente del Congreso Nacional

Fernando Patiño, Secretario del Congreso Nacional.

Asunción, Marzo 16 de 1844

Publíquese en la forma de estilo.

LÓPEZ.

BENITO MARTÍNEZ VARELA, Secretario interino de Gobierno.

REFORMA DE 1856[*]

EL CONGRESO GENERAL REGLAMENTA PARA LA CONVOCATORIA DE LOS 100 DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL PARA REFORMAR LA LEY DEL 13 DE MARZO DE 1844.

LEY

El Congreso general extraordinario convocado con poderes especiales para verificar las reformas de los artículos 1º del título 2º y 5º del tít. 4º de la ley del 13 de Marzo de 1844, sanciona con fuerza de ley:

Artículo primero

El Congreso Nacional se compondrá de cien diputados, debiendo ser ciudadanos revestidos de las condiciones de la propiedad, probidad, buena fama, conocido patriotismo, del goce de todos los derechos civiles, y de una capacidad regular.

Artículo segundo

Los Ciudadanos electores, y los elegibles, tendrán las mismas calidades exigidas en el anterior artículo 1º.

Artículo tercero

El gobierno dirigirá una circular para la elección de diputados, con designación del número que corresponda a cada distrito, y del día en que deban reunirse en la sala de sesiones. Las juntas electorales serán convocadas y presididas en las Villas por los Jefes de milicias; las elecciones tendrán lugar a pluralidad de votos; las actas serán firmadas por los electores y los elegidos, y se remitirán los originales al Ministerio de Gobierno, dejándose copias autorizadas en los archivos de cada distrito.

Artículo cuarto

Serán admitidos a la candidatura de la Presidencia, desde la edad de treinta años, los ciudadanos capaces de prestar ese importante servicio a la República.

Artículo quinto

Se atribuye al Poder Ejecutivo nacional la designación en pliego reservado, y puesto de un modo solemne y auténtico, en una oficina pública, de la persona que haya de ejercer la vice presidencia de la República en los casos prevenidos en el artículo 5º del título 4º de la ley de 13 de Marzo de 1844.

Artículo sexto

Las disposiciones contrarias a esta ley quedan sin efecto.

Artículo séptimo

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de sesiones del Congreso General de la Asunción, a los tres días del mes de Noviembre del año del Señor de mil ochocientos cincuenta y seis.


[*] Congreso extraordinario reunido en noviembre de 1856.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Nota a la Cámara de Diputados

Asunción, 17 de noviembre de 2003.

 Señor Presidente:

            El jueves 13 ppdo., a las 10:45, recibí copia del proyecto de resolución con dictamen de Comisión de Asuntos Constitucionales, así como la copia del escrito de acusación.

            Le envío adjunta una copia de mi escrito de descargo en el cual desvirtúo cada una de las acusaciones en que supuestamente estoy involucrado.

         En general se puede afirmar que las mismas son descabelladas y carentes de todo fundamento jurídico serio. En el mencionado escrito de acusación prevalecen la superficialidad y la ligereza en el tratamiento de los diversos casos.

            Gracias a Dios, no he sido incluido en todos los supuestos casos en que los redactores del escrito han encontrado irregularidades imputables, a su criterio, a la Corte Suprema de Justicia.

           No he sido incluido en el caso de las aeronaves decomisadas a narcotraficantes, en los casos de nepotismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Esto no significa, en lo más mínimo, que exista razón alguna para incluirme en los casos en que los acusadores decidieron hacerlo.

            Merece una mención especial el caso 7 en el cual se discute si la Corte Suprema tiene o no facultades para dar a sus fallos alcances erga omnes En sentido estricto, se trata de dilucidar si puede dictar sentencias dándoles el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, pues en realidad la expresión erga omnes no fue utilizada en la parte resolutiva de ninguno de los fallos dictados.

            En relación con este caso, la Cámara de Diputados no puede formular acusación alguna, pues el propio Congreso Nacional cuando en el año 1998 impugnó de inconstitucionalidad el Decreto N° 117, del 18 de agosto de 1998, pidió que la Corte Suprema declarara la nulidad del mencionado decreto, lo cual equivale a solicitar el dictamiento de una sentencia con efectos erga omnes.

         En particular, los diputados Efraín Alegre Sasiain, Rafael Filizzola y Wildo Legal, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no debieron firmar el dictamen favorable de la citada comisión, pues ello implica una grave contradicción con actuaciones suyas anteriores. En efecto, participaron de la sesión del Congreso Nacional en la cual se autorizó al Presidente y al Vicepresidente de dicho cuerpo a promover la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117 pidiendo su nulidad, y votaron a favor de esta postura. Al referirnos al caso 7 ampliamos considerablemente esta sintética referencia al punto.

          Debe destacarse también la actitud de los redactores del escrito de acusación de arrogarse por sí mismos facultades jurisdiccionales, y constituirse en juzgadores de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia. Con ello, desvirtúan el sistema judicial vigente en la República al crear un cuerpo (los redactores del escrito de acusación, al que se han sumado algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales) que está en la cúspide de los órganos jurisdiccionales, con potestad pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre la legalidad o ilegalidad de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

          El Art. 192 de la Constitución prohíbe a las Cámaras del Congreso solicitar informes sobre la actividad jurisdiccional.

         El Art. 193 del mismo cuerpo, prohíbe a las Cámaras del Congreso citar e interpelar a los miembros del Poder Judicial en materia jurisdiccional.

         El Art. 195 de la Ley Suprema establece que los magistrados judiciales no pueden ser investigados en materia jurisdiccional, por las Comisiones de Investigación que en forma conjunta constituyan las Cámaras del Congreso.

         El Art. 255 de la Constitución prescribe que ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

          Como se ve, las Cámaras no pueden pedir informes sobre la actividad jurisdiccional, ni interpelar a magistrados sobre cuestiones jurisdiccionales; las comisiones conjuntas no pueden investigarlos sobre el mismo tema; y los magistrados no pueden ser acusados o interrogados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

         La Constitución en forma expresa, clara y categórica prohíbe a las Cámaras del Congreso realizar actuaciones mucho menos gravosas que la de pretender fundar la acusación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia para un juicio político, en las opiniones vertidas en fallos y en lo resuelto en los mismos. Sin embargo, varios de los “casos” del escrito de acusación se refieren a sentencias de la Corte Suprema. Esto es realmente absurdo y constituye una condenable violación de la Ley Suprema.

           Resulta evidente que las acusaciones no pueden estar fundadas en la discrepancia que pudieran tener los señores Diputados, con el sentido de los fallos dictados por el máximo órgano jurisdiccional.

         La Ley N° 1084 es la única que define el mal desempeño de funciones, pero ella no es aplicable a la Corte Suprema. Sin embargo, la traemos a colación, a fin de demostrar que en los casos en que se alude a supuestos en que el mal desempeño puede derivar el ejercicio de la función jurisdiccional, previamente debe haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia o de otro órgano de rango superior al magistrado enjuiciado. En ningún caso esta determinación puede quedar en manos del órgano juzgador pues ello implicaría darle funciones jurisdiccionales ordinarias y elevarlo a la categoría de órgano jurisdiccional supremo.

         Por las razones expuestas en esta nota y, más ampliamente, en la contestación a cada uno de los puntos del escrito de acusación, creo que la Cámara de Diputados debe pronunciarse en sentido contrario a la procedencia del juicio político en contra de mi persona.

            Le saludo con mi más distinguida consideración.

 Dr. Luis Lezcano Claude

Ministro

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Al Señor

Benjamín Maciel Pasotti, Presidente

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

E.        S.        D.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Introducción general

En los últimos meses del año 2003, se llevó a cabo un juicio político contra tres de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Bonifacio Ríos Ávalos, Carlos Fernández Gadea y quien escribe estas líneas, Luis Lezcano Claude.

Con anterioridad, mediante maniobras políticas de distinto tipo e intensidad se había logrado la forzada renuncia de Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Raúl Sapena Brugada.

Quedaron en la Corte Suprema solamente Víctor Núñez Rodríguez, Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes.

Todo el procedimiento que en su parte final adoptó la forma de un juicio político, fue llevado a cabo supuestamente para renovar la Corte Suprema de Justicia, aunque con el correr de los años, se pudo apreciar que el objetivo era crear seis vacancias en el máximo órgano jurisdiccional que luego pudieran ser llenadas a voluntad de los actores políticos prevalecientes en ese momento.

El supuesto procedimiento renovador fue propiciado fuertemente por el entonces Presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, y contó con el apoyo de los distintos partidos con representación en el Congreso: el Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Patria Querida, el Partido UNACE y otros menores.

A más de diez años de los acontecimientos, pongo a disposición por esta vía los documentos relacionados con mi persona. Se incluye el siguiente material:

1. Nota previa al juicio político, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados.

2. Escrito de descargo que sirvió de base a la defensa oral realizada por mí, el 1 de diciembre de 2003, durante aproximadamente 3 horas y 45 minutos, ante el pleno de la Cámara de Senadores.

3. De los alegatos, presentados igualmente en forma oral el 10 de diciembre de 2003, sólo se trascribe una cita y se aportan algunos datos aislados, dado que la formulación de los mismos se basó únicamente en una ayuda memoria.

4. La nota de renuncia presentada al entonces presidente del Congreso.

5. Anotaciones personales sobre el juicio político, escritas en diferentes momentos y referidas a aspectos informales, no públicos o publicitados, de trastienda. Esta información será proporcionada a medida que se transcriba la versión manuscrita original.

6. Algunas publicaciones de la prensa, que igualmente serán alzadas de a poco.

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Facultad de nombramiento, acuerdos y ternas(*)

Luis Lezcano Claude

La Constitución confiere la facultad de nombramiento a distintos órganos. La mayor o menor amplitud de la misma depende de que pueda ser ejercida sin limitaciones, o de que esté sometida a la concesión de un acuerdo posterior o de que sólo pueda ser ejercida respecto de una terna presentada con anterioridad. El alcance de la facultad de nombramiento reconocida a la Cámara de Senadores en relación con los ministros de la Corte Suprema de Justicia y con los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, reviste características singulares que justifican el estudio de las distintas modalidades con que la Constitución consagra dicha facultad. La reflexión sobre este punto nos permitirá esclarecer, en particular, la forma de vinculación del Consejo de la Magistratura, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo, en cuanto a los nombramientos en los altos tribunales citados precedentemente.
Facultad de nombramiento plena. En algunos casos esta facultad puede ser ejercida en forma plena, es decir, sin más restricción que la observancia de las disposiciones constitucionales referentes a los requisitos exigidos para el desempeño del cargo de que se trate. Pero no existe la limitación de la intervención de otro órgano. Como ejemplos podemos mencionar el nombramiento de minis¬tros o del Procurador General, por el Presidente de la República (Art. 238, inc. 6). Igualmente se debe incluir aquí el nombramiento de “los comandantes de la Fuerza Pública” (Art. 238, inc. 9).
Necesidad de acuerdo. En otros casos, la facultad de nombramiento reconocida a un órgano, está limitada por el acuerdo que debe prestar otro órgano. Así, la facultad del Presidente de la República para los ascensos de militares o policías, a partir de cierto grado, y para la designación de embajadores y ministros plenipotenciarios, presidente y directores de la Banca Central del Estado y directores paraguayos de los entes binacionales, está condicionada a la obtención del acuerdo de la Cámara de Senadores (Art. 224, incisos 2, 3, 6 y 7).
Es evidente que en ninguno de estos casos se puede proceder a los ascensos o las designaciones si no existe el acuerdo. La Constitución ha conferido al titular del Ejecutivo una facultad de nombramiento restringida por la intervención de la Cámara Alta y si no existe acuerdo, el Presidente debe proponer nuevos candidatos, cuando fuere posible.
Aunque no se trata de nombramiento, se presenta una situación similar en cuanto al acuerdo que debe prestar la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo para intervenir gobiernos departamentales y municipales (Arts. 165 y 222, inc.3). La situación es clara, si no hay acuerdo no puede haber intervención.
Presentación de ternas. En otros casos la facultad de nombra¬miento conferida a un órgano, aparece limitada por el hecho de que la misma sólo puede ser ejercida respecto de una terna cuya pre¬sentación corresponde a otro órgano. Las posibilidades de elección quedan circunscriptas a los tres candidatos propuestos. Esto ocurre en relación con el Defensor del Pueblo: la Cámara de Diputados tiene la facultad de nombrarlo, pero de una terna propuesta por la Cámara de Senadores (Art. 277). La misma situación se presenta en el nombramiento del Contralor General y el Subcontralor (Art. 281).
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia designa a los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República y a los agentes fiscales, de las ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura (Art. 251 y Art. 264, inc. 2).
En estos casos se debe entender que la terna tiene carácter vinculante, pues la Constitución ha conferido la facultad de nombramiento a la Cámara de Diputados o a la Corte Suprema de Justicia, pero limitada por la intervención que le corresponde a la Cámara de Senadores o al Consejo de la Magistratura, en cuanto a la elaboración de las ternas.
Ternas y acuerdo. La Constitución de 1992 ha innovado en el tema de conferir a un órgano una facultad de nombramiento restringida, pero al parecer no muy felizmente. En efecto, en ciertos casos el ejercicio de la misma no sólo está limitado por la presentación de ternas, sino condicionado al otorgamiento de un acuerdo.
Cuando un órgano goza de la facultad de nombramiento condicionada por la prestación de un acuerdo, el mecanismo funciona si no existe limitación en cuanto a la posibilidad de proponer candidatos y, por tanto, se entiende que necesariamente se debe lograr el acuerdo para que el nombramiento sea válido.
Asimismo, cuando la facultad de nombramiento está limitada por la presentación de una terna, el mecanismo funciona -si bien es cierto, en la forma restringida que quiere la ley- si la designación no depende de nada más. El órgano que tiene la facultad de nombramiento elige entre los tres candidatos, y el órgano que presenta la terna cumple su función, siempre que Ésta tenga carácter vinculante.
Pero si se suman las restricciones, la facultad de nombramiento prácticamente desaparece. De acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, esto ocurriría en dos casos: a) en cuanto a la facultad de la Cámara de Senadores para nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pues se debe escoger a los candidatos de ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura y luego se debe recabar el acuerdo del Poder Ejecutivo (Arts. 264, inc. 1, y 275) ; y b) en cuanto a la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar al Fiscal General del Estado, que aparece limitada por la terna que debe presentar el Consejo de la Magistratura y el acuerdo que debe prestar el Senado (Art. 269).
En ordenamientos constitucionales de otros países no hemos encontrado ningún caso en que se establezca esta doble limitación a la facultad de nombramiento, ni tampoco la prestación de acuerdo a cargo de un órgano unipersonal. A juzgar por todas las dificultades que han provocado hasta ahora, son innovaciones poco felices.
Indudablemente, en los dos casos mencionados más arriba, la Constitución ha querido conferir al Senado y al Poder Ejecutivo, una facultad de nombramiento limitada. Por ello se debe considerar que las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, son vinculantes y el órgano respectivo no tiene más opción que la escoger entre los tres candidatos propuestos. Si se diere la situación de que alguno de los candidatos no reuniere los requisitos exigidos constitucionalmente, ello deberá dilucidarse por la vía de la acción de inconstitucionalidad.
Pero pretender llevar la cuestión al extremo de sostener que el acuerdo reviste en estos dos casos las mismas características que en todos los demás, resulta francamente absurdo. Como señalamos, las ternas tienen carácter vinculante, con lo cual ya se respeta la voluntad de la Constitución de conferir una facultad de nombramiento restringida. Si además se entiende que la palabra “acuerdo” significa concierto de voluntades, y el acuerdo debe ser prestado necesariamente, la facultad de nombramiento del Senado o del Poder Ejecutivo deviene prácticamente inexistente.
Atrapado entre una terna de carácter vinculante que sólo le permite tres opciones y un acuerdo que debe ser logrado necesariamente, el órgano titular de la facultad de nombramiento se convertiría en un simple intermediario. Por ello, sostenemos que en los dos casos aludidos, la palabra “acuerdo” debe ser tomada en su acepción de “parecer” o “consejo”, lo cual permitiría que el órgano investido de la facultad de nombramiento pudiera ratificarse en su elección, aún a riesgo de que en uno de los casos dicho acto estu¬viera a cargo de un órgano unipersonal.

(*) Publicado en La Ley, Revista Jurídica Paraguaya, Asunción, enero-marzo de 1994, Año 17, No. 1, pp. 77-79.

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Reglamento de Gobierno de 1813 (comentario)

Luis Lezcano Claude

Nueva Roma, la Patria ostentara
Dos Caudillos de nombre y valer
Que rivales, cual Rómulo y Remo,
Dividieron gobierno y poder

Fragmento del Himno Nacional, se refiere a los primeros cónsules Francia y Yegros

 

Características generales. El llamado Reglamento de Gobierno de 1813 fue aprobado por el segundo Congreso General, el 12 de octubre de 1813. Dicho Congreso se reunió a partir del 30 de septiembre en el templo de la Merced y estuvo integrado por más de mil diputados. Éstos fueron designados en forma democrática en elecciones populares y libres, mediante el voto de todos los ciudadanos de cada una de las poblaciones y en proporción al número de los electores.
Estos primeros congresos generales del naciente Estado paraguayo, además de las funciones propias de un órgano integrante del poder constituido, ejercieron el poder constituyente, en particular, en cuanto a la determinación de los órganos de gobierno.
La redacción del Reglamento fue encomendada al Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia y al Capitán Pedro Juan Cavallero, quienes lo presentaron al Congreso el 12 de octubre, fecha en que fue aprobado por aclamación. La sanción del citado instrumento constitucional debe inscribirse dentro del ejercicio del poder constituyente.
Si se toma en consideración la afirmación contenida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, de que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución (Art. 16), resulta evidente que el Reglamento de Gobierno de 1813 no puede ser considerado propiamente una constitución en el sentido en que la entendemos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En efecto, el Reglamento carece de una declaración de derechos y garantías de los gobernados (parte dogmática) y, además, la separación de las funciones clásicas del poder está delineada en forma muy limitada en cuanto guarda relación con el órgano legislativo y en forma embrionaria en lo que se refiere al órgano judicial.
No obstante lo señalado, por el hecho de organizar el gobierno, aunque fuera con grandes deficiencias en cuanto al equilibrio y la división de funciones de los órganos creados, e incluso sujetando la creación de uno de ellos (el judicial) al criterio de otro, además de otras cuestiones, el Reglamento de Gobierno de 1813 debe ser considerado como la primera ley de carácter constitucional que tuvo el Paraguay.
El Reglamento es un instrumento breve, consta sólo de diecisiete artículos. La mayor parte de ellos se ocupan en regular el órgano ejecutivo que, por su carácter permanente y por las atribuciones que se le reconocían, era el que realmente ejercía el gobierno.
República del Paraguay. Debe destacarse que en este Reglamento se usó por primera vez la expresión “República del Paraguay” (Art. 1), lo cual implicaba un rompimiento expreso con la monarquía española y con las provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata, en particular con las autoridades constituidas en Buenos Aires. Refuerza la idea de que la alusión a la “República del Paraguay” contenida en el instrumento, debe ser tomada como una verdadera declaración de independencia, la referencia que se hace más adelante en cuanto a la reunión de los habitantes en Congreso General “como pueblo libre y soberano” (Art. 14).
Se hace alusión también a “la escarapela tricolor de la República” que debía llevar el sombrero que como divisa de su dignidad correspondía usar a los cónsules (Art. 2).
Consulado. A imitación del consulado romano o del consulado de Bonaparte y Sièyes, se adoptó esta forma de gobierno. Las funciones ejecutivas quedaban en manos de dos Cónsules de la República del Paraguay, quienes eran nombrados expresamente en el instrumento: don Fulgencio Yegros y don José Gaspar de Francia (Art. 1). Se trataba, pues, de un ejecutivo colegiado. El mandato de los cónsules era de un año, quedando sujeto luego a lo que determinara el nuevo Congreso General que debía reunirse al cabo de dicho lapso.
No se hacía ninguna distinción en cuanto a las facultades que correspondían a los cónsules. En este sentido se establecía que “tendrán jurisdicción y autoridad en todo igual, la que ejercerán unidamente y en conformidad. Por consecuencia, todas las providencias de govierno se expedirán firmadas por los dos” (Art. 2).
Para el manejo interno del órgano colegiado se establecía la figura de la presidencia, pero se dejaba muy en claro que sólo debía tener este alcance. Así se afirmaba que ella quedaba “reducida solamente a lo interior del tribunal”, “limitada a la economía y réjimen interior del tribunal” (Art. 4). Asimismo, se prescribía que “el que la exerza se titulará cónsul de turno, y de ningún modo cónsul presidente”. Los cónsules debían alternarse por cuatro meses cada uno, correspondiendo el primer turno al cónsul Francia (Art. 9).
Se dejaba “al arbitrio y prudencia de los dos cónsules el arreglar de común acuerdo y conformidad todo lo concerniente al mejor despacho y expediente de todos los negocios de gobierno en todos sus ramos” (Art. 12). Todas las áreas concernientes al gobierno quedaban en manos de los cónsules. Ejercían éstos facultades ejecutivas, militares y judiciales.
Como una atribución y un deber de carácter predominantemente militar, se les encomendaba “la conservación, seguridad, y defensa de la República con toda la vijilancia, esmero y actividad que exijen las presentes circunstancias” (Art. 3). La importancia de tal obligación se remarcaba al aludir a ella como el “primer cuidado” que debían tener los cónsules. Las “presentes circunstancias” a que se hace mención, eran el peligro de una intervención portuguesa, las pretensiones de los porteños de integrar al Paraguay como una provincia más del nuevo Estado que se pretendía constituir sobre la base del desaparecido Virreinato del Río de la Plata, y eventualmente un intento español de recuperar sus colonias.
A los cónsules se les confería la gradación y los honores de “Brigadieres del Ejército” (Art. 1). La Comandancia General de Armas debía ejercerse “por la jurisdicción unida de los dos cónsules” (Art. 5).
No obstante esta disposición, la tropa y el armamento debían dividirse por mitad al mando y cargo de cada uno de los cónsules. Debía haber dos batallones de infantería de suerte que cada cónsul tuviera su batallón del cual sería “jefe y comandante particular y exclusivo”. El batallón existente quedaba a cargo del cónsul Yegros y el cónsul Francia debía crear el suyo. En cuanto a las compañías de artillería se adoptaba igual criterio y así, con el mismo carácter de jefe y comandante particular, la primera correspondía a Yegros y la segunda a Francia (Cf. Arts. 6 y 7).
Como se ve, si bien se consagraba la figura del ejercicio de la Comandancia General de Armas en forma conjunta por ambos cónsules, a continuación se establecían detalladas previsiones para asegurar que cada cónsul por separado tuviera el control efectivo de la mitad de la tropa y de los armamentos.
La permanencia o la elección de los integrantes de los mencionados cuerpos militares, dependía de sus respectivos comandantes. Sin embargo, los despachos de oficiales debían ser otorgados por ambos cónsules. Asimismo, las causas particulares de cualquiera de los militares, debía “ventilarse y juzgarse por la jurisdicción unida de los cónsules” (Cf. Art. 8).
Los casos de discordia entre los cónsules debían ser dirimidos por el secretario, en cuanto no se opusiera a lo dispuesto en el Reglamento. Si existieren dos secretarios, debía dirimir aquel a quien corresponda actuar en los negocios de la clase en que ocurra la discordia (Art. 11).
En caso de falta absoluta de uno de los cónsules “por muerte o por retiro”, el otro debía convocar, dentro de un mes, a Congreso General para elegir al substituto (Art. 14).
El poder de los cónsules, que como se ha visto abarcaba todos los ramos del gobierno, no estaba limitado o controlado sino por el Congreso General que debía reunirse una vez al año en forma ordinaria, y por el Cabildo de Asunción, en determinados aspectos. En cuanto a este último órgano se establecía que se le “pasará noticia” del cambio de turno de los cónsules “para su inteligencia” (Art. 9, in fine). Además, la facultad conferida a los cónsules para fijar su propio sueldo, el de los secretarios y el de los miembros del Tribunal Superior de Recursos, debía ser ejercida “con audiencia y consulta del mismo cavildo” (Art. 13).
Congreso General. Un Congreso General debía reunirse el 15 de octubre de cada año. Esta constituiría la reunión ordinaria del órgano. Quedó fijado en mil diputados o “sufragantes” el número de integrantes del congreso y esta cantidad no podría ser modificada sino por otro congreso. Los diputados debían ser electos popularmente. La atribución del pueblo de “mejorar su gobierno si fuese necesario” ejercida por medio de un Congreso General, revela que éste estaba investido de algunas facultades constituyentes.
A este órgano se alude denominándolo “congreso general de la provincia” (Art 14), pero también se lo llama “Congreso Soberano” en el artículo 16. El Congreso General debía reunirse en forma extraordinaria, como ya se ha apuntado, en caso de falta absoluta de uno de los cónsules.
Tribunal Superior de Recurso. Quedaba también “al arbitrio y prudencia de los dos cónsules … la creación de un tribunal superior de recurso, que deberá conocer y juzgar en última instancia conforme a las leyes, según la naturaleza de los casos y juicios que se dejase a su conocimiento” (Art. 12).
Este tribunal, al cual también se lo denomina “cámara de recursos” (Art. 13), nunca llegó a crearse. Tal circunstancia pone de manifiesto la nula posibilidad de ejercicio de la función jurisdiccional en forma autónoma.
Vigencia y juramento del Reglamento. El Reglamento debía ser observado “hasta la determinación del futuro Congreso” (Art. 15). De conformidad con lo establecido en el mismo, tendría entonces una duración mínima de un año que era el tiempo al cabo del cual debía reunirse un nuevo Congreso General.
Los cónsules debían comparecer inmediatamente a jurar ante el Congreso “el observar y hacer observar fiel y cumplidamente el presente reglamento”. Igualmente debían hacerlo los oficiales de las tropas acuarteladas y, a su vez, éstos debían tomar juramento a los demás militares (Art. 16).

Bibliografía

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