JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Renuncia

Asunción, 11 de diciembre de 2003.

Señor

Dr. Carlos Mateo Balmelli, Presidente

Cámara de Senadores

E.       S.       D.

De  mi consideración:

En la defensa realizada ante esa Cámara en fecha 1 de diciembre ppdo., y en los alegatos presentados en fecha 10 de diciembre ppdo., ha quedado demostrado en forma clara, categórica e indubitable que todas las supuestas acusaciones urdidas en la Cámara de Diputados, carecen en absoluto de todo fundamento jurídico. Al respecto he abundado suficientemente en las ocasiones mencionadas.

Vd. sabe que es así, aunque se empaque en sostener lo contrario. Asimismo entiende que todo esto no constituye más que una cuestión política llevada adelante en forma salvaje, arbitraria y sin ningún sustento no sólo jurídico, sino ético. A pesar de ello ha tenido activa participación en todo este despreciable proceso orientado supuestamente a la “reforma del Poder Judicial”.

Habiendo sido aniquiladas las acusaciones presentadas por los diputados, la decisión que adopte la Cámara de Senadores no podrá estar fundada de manera seria y responsable. No podrá apoyarse en argumentos jurídicos, ni tan siquiera en argumentos lógicos o aceptables.

Dadas las circunstancias descriptas precedentemente y sin que esto implique la más mínima aceptación de culpabilidad, elevando una vez más mi enérgica voz de protesta por el injusto y arbitrario proceso al que en virtud de un espurio “pacto político” me vi sometido, no me queda otra alternativa que presentar renuncia al cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

                                                                               Dr. Luis Lezcano Claude

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Alegatos

Los alegatos fueron presentados en forma oral el 10 de diciembre de 2003, del mismo modo en que días antes se había hecho el descargo. Como ya se ha expresado en la introducción general, dado que tal presentación se basó únicamente en una ayuda memoria, sólo trascribimos una cita y aportamos algunos datos aislados.

Después de la sesión de la Cámara de Senadores en que cada acusado presentó su descargo, los diputados que actuaban en calidad de fiscales acusadores (Rafael Filizzola, Nelson Chávez, Acha Mendoza y otro) se vieron obligados a retirar 14 de los 20 cargos que inicialmente habían presentado, es decir el 70% de los mismos. En mi caso, como no estaba incurso en dos de los cargos que se mantuvieron, se puede decir que el porcentaje se elevaba al 80%, considerando que no me afectaban 16 de los 20 cargos iniciales.

En estas circunstancias, el colega Ministro Dr. Víctor Núñez expresó lo siguiente a un medio de prensa:

“… La prueba más palpable de que hubo ligereza, de que hubo acusaciones infundadas, de que hubo manoseo de las personas y de que hubo maltrato a la institucionalidad del Poder Judicial y de la Corte en forma particular, es el hecho de que los acusadores ahora hayan retirado 14 de los 20 cargos …[70 %] .

… lo que creo es que sí lograron, con sus defensas, poner al descubierto muchas mentiras de la clase política, que durante mucho tiempo ha venido golpeando, a través de los medios de comunicación la conciencia de la opinión pública y que de repente esta misma prensa, se da cuenta que no es como afirmaron los acusadores. Vuelvo a repetir que la prueba más palpable de ello es que de 20 acusaciones se vieron forzados a retirar 14; si desisten de esa cantidad quiere decir que no tienen fundamentos …”.

Un dato importante que no debe ser olvidado, es que casi todos los casos subsistentes se basaban en el dictamiento de sentencias. ¿Cómo quedaban esas sentencias: eran válidas o no? Determinar esto era particularmente importante en relación con fallos cuya aplicación aún debía darse en el futuro.

En ocasión de la presentación de los alegatos, señalamos también que existían numerosos motivos de mucho peso que justificaban recurrir con posterioridad a instancias internacionales, es decir, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Algunos de los hechos irregulares que podrían servir de base a una presentación serían los siguientes:

a) Las numerosas reuniones realizadas por autoridades y líderes de los partidos políticos para decidir previamente el número de vacancias que habría de crearse en la Corte Suprema de Justicia.

b) La elaboración posterior de las causales de remoción de los tres ministros que faltaban, a fin de completar las seis vacancias que se había acordado previamente.

Para la elaboración de dichas causales se abrió una especie de “buzón de quejas”, lo cual contribuyó a la superficialidad, ligereza e inconsistencia de las mismas.

c) La violación del derecho a la defensa en juicio resultante de disposiciones contenidas en el reglamento ad hoc aprobado para el juicio político. Entre ellas cabe mencionar el traslado de dos días hábiles concedido para preparar la defensa, para lo cual debía analizarse la acusación contenida en alrededor de 900 fojas; la limitación a tres horas, del tiempo para la presentación de la defensa oral ante la Cámara de Senadores, etc.

d) La llamativa reducción del número de 20 cargos formulados originalmente, a 14 cargos, después de que los acusados hayan presentado sus defensas. Como se ha dicho, la reducción de los cargos en un 70%, revela por sí sola la falta de fundamentos serios y consistentes.

e) Luego de la aludida substancial reducción, la eventual condena se basaría en el hecho de haber dictado fallos judiciales supuestamente equivocados, arbitrarios o antijurídicos, dicho esto por órganos políticos que carecen de competencia en cuanto al ejercicio de función jurisdiccional alguna. Pero, fundamentalmente quedaría subsistente una pregunta: ¿los fallos que sirvan de base a la condena, son válidos o no válidos?

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Escrito de descargo del Ministro Dr. Luis Lezcano Claude

Contenido

Introducción

Caso 1: Declaración del vitaliciado de sus propios miembros, violación de los deberes de excusación previstos en el Código Procesal Civil.

Caso 2: Alteración del procedimiento constitucional para la confirmación de magistrados judiciales, interferencia en funciones propias de otro órgano judicial.

Caso 3: Usurpación de atribuciones legislativas en materia tributaria.

Caso 4: Interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

Caso 5: Incumplimiento de plazos procesales con grave perjuicio al funcionamiento de la administración pública.

Caso 6: Atentado contra atribuciones del Poder Legislativo para mantener en vigencia al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Caso 7: Atribución de potestades constitucionales expresamente reservadas al Poder Legislativo, con grave afectación del equilibrio de poderes consagrado en el Art. 3° de la Constitución y que constituye el hecho punible de “atentado contra el orden constitucional” (Art. 277 del Código Penal – Ley N° 1160/97).

Caso 10: Irregularidades en la licitación de las obras de la Torre Norte del Palacio de Justicia.

Caso 12: La insólita promoción del Juez Juan Carlos Paredes.

Caso 13: Autoaumento de salarios.

Caso 14: “Mundy Recepciones” o de las “Croquetas de Oro”.

Caso 15: Caso Nissen, el acoso judicial a un fiscal que investigaba casos de corrupción.

Conclusión

Introducción

Señor Presidente:

Señoras Senadoras:

Señores Senadores:

 Justificación de la defensa. Vengo a ejercer mi defensa ante esta Cámara en esto que se ha dado en llamar “juicio político”, convencido de que todo se trata de una farsa o, quizá, de una comedia. En efecto, creo que anticipadamente todos sabemos cual va a ser el sentido de la sentencia que habrá de dictar esta Cámara y todo lo que pueda expresar y demostrar aquí no servirá para la formación del criterio de cada uno de ustedes y para influir en la determinación del sentido del voto que habrán de emitir en una próxima sesión extraordinaria. Por lo menos, esto será así en cuanto a la mayor parte de los integrantes de la Cámara.

 Como se ha dicho, ¿de qué vale entonces ser payaso en este circo? Descartada la idea de poder influir en ustedes, salvo excepciones, mi presencia aquí se justifica únicamente por dos razones:

 a) Aprovechar esta tribuna para intentar que algunos ciudadanos puedan tener acceso de primera mano a algunas aclaraciones referentes a los hechos supuestamente irregulares que constituyen las endebles acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados. Intentaré, en una lucha de David contra Goliat, sustraer a algunos de la maléfica influencia que, en particular, en este tema han ejercido los medios masivos de comunicación. La contaminación y la deformación mediática, como indicaré más adelante, incluso se pueden apreciar en las acusaciones. Es decir, incluso personas – como los diputados – que se suponen debieran tener un criterio propio, han sucumbido ante la acción de los medios masivos.

 b) En segundo lugar, mi presencia encuentra justificativo en la necesidad de dejar constancia de la verdad en cuanto a los hechos que se me atribuyen, en los archivos del Congreso. Nada más que esto.

 Confabulación contra el Poder Judicial. Desde un inicio, el procedimiento se ha caracterizado por la más absoluta arbitrariedad, comenzando por la infeliz expresión del titular del Ejecutivo de “pulverizar el Poder Judicial”. En un Estado de Derecho que se precie de tal, ex abruptos como éste nunca deben pronunciarse, ni ser tolerados. Esto no constituye sino una clara confesión del deliberado deseo de un poder del Estado (inicialmente el Poder Ejecutivo, al cual luego de alía el Poder Legislativo), de arrasar con el restante poder, el Poder Judicial.

 Revela a idea de volver a convertir a éste último en un poder dependiente de los poderes políticos, como lo fue durante gran parte de la historia de nuestro país. Pero a la vez, esta actitud constituye un atentado al principio de independencia y equilibrio de los poderes del Estado, consagrado en el Art. 3º de la Constitución. En particular, el proceder que se ha utilizado hasta ahora constituye una grave conculcación de la independencia del Poder Judicial (Art. 248 Cn.).

 Pero es más, constituye, dentro de la terminología del Código Penal vigente, los crímenes de “Coacción a órganos constitucionales” (Art. 286) y de “Coacción … a los miembros de un órgano constitucional” (Art. 287), en este caso a miembros de la Corte Suprema de Justicia.

 La farsa adoptó, en su fase previa al juicio político, la forma de reuniones de autoridades y líderes políticos, en las cuales la discusión inicialmente giró en torno a determinar el número de Ministro de la Corte Suprema de Justicia que debían ser separados. En otras palabras, primeramente se intentó decidir el número de lugares de que se iba a disponer. Aquí la cosa parecía una tómbola: 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9. Se bajaba luego a 8, a7, a 6, etc. El procedimiento equivalía a lo que comúnmente se describe como “colocar la carreta delante de los bueyes”. No se procedió como correspondía de acuerdo con criterios lógicos, es decir, a determinar primeramente la existencia de determinadas irregularidades, para luego individualizar a los responsables de tales irregularidades y someterlos a juicio político. Se procedió exactamente a la inversa, en forma totalmente ilógica e irresponsable: se acordó el número de lugares de que se quería disponer y luego se buscaron o inventaron las supuestas causales.

 Actuación del Ejecutivo. En todo este procedimiento la actuación del titular del Ejecutivo fue exactamente la contraria a lo que la Constitución de 1992 quiere. En efecto, el Ejecutivo se ufanaba y se ufana de liderar esto que se da en llamar “reforma del Poder Judicial”.

 En el régimen de la Constitución de 1967, la intervención del Presidente de la República era gravitante en la integración del Poder Judicial. Designaba a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con acuerdo de la Cámara de Senadores (cf. Arts. 195, 151 inc. 2, y 180, inc. 8). Designaba a los miembros de los Tribunales, a los Jueces y demás Magistrados del Poder Judicial, con acuerdo de la Corte Suprema (Arts. 195 y 180 inc. 8). Además, todos los magistrados eran designados por períodos de cinco años, coincidentes con el presidencial, y podían ser reelectos (Art. 196). La inamovilidad era relativa, es decir, circunscripta a los cinco años. No existía posibilidad de adquirir la inamovilidad definitiva.

 La Constitución de 1992 quiso limitar la intervención del Poder Ejecutivo en cuanto se refiere al Poder Judicial. En efecto, de acuerdo con la Norma Suprema en vigor, las facultades de aquel poder se circunscriben a tener un representante (sobre ocho integrantes) en el Consejo de la Magistratura, y, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, a dar o no su acuerdo a los candidatos a Ministros que la Cámara de Senadores designe de las ternas que le envía el Consejo de la Magistratura. Se ve, pues, que la voluntad de la Constitución de 1992 es la reducir enormemente la intervención del Presidente de la República en la conformación del Poder Judicial (la maléfica influencia del Ejecutivo).

 Cuando se trata de magistrados de las instancias inferiores, el Ejecutivo no tiene más que un representante en el Consejo de la Magistratura y nada más.

 Cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, además de su representante en el citado Consejo, el Ejecutivo tiene la facultad de otorgar o no su acuerdo al candidato designado por el Senado, y nada más. Esto es lo que quiere nuestra Ley Suprema.

 En la realidad, las cosas son muy diferentes, como todo el mundo lo sabe. Es el Presidente de la República el que lidera, el que marca el compás, y los demás (léase: líderes de los partidos políticos) danzan al ritmo que se les impone. La actuación del Ejecutivo debe encuadrarse, de hecho, en la prohibición prescripta en el Art. 3º de la Constitución, de que ninguno de los poderes puede atribuirse facultades extraordinarias.

 El protagonismo debió haber estado en las Cámaras del Congreso. Pero, por lo menos, en la Cámara de Diputados se vio que se los puede manejar como borregos (borregos por su mansedumbre o docilidad, mas no por su blancura).

 Tortura psicológica. Yo nunca fui sometido a ninguna tortura física. Ahora sé lo que es la tortura psicológica.

 En una carta dirigida al Presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Julio César Franco, le expresaba lo siguiente:

  “ … esta refinada tortura moral y psicológica a la que nos tienen sometidos desde hace tres meses, resulta particularmente dolorosa e insoportable por ser tremendamente injusta e inmerecida.

 He cumplido con las tareas que me corresponden de la mejor manera posible. Nunca estuve comprometido en ninguna cuestión turbia. Me he desempeñado en forma absolutamente honesta. No existe ningún fallo del cual tenga que arrepentirme.

 Pero todo esto duele mucho más al saber que quienes tienen cierta proximidad a uno, conocen que todo es verdad, como en tu caso que, cuando me pediste mi renuncia, me dijiste que no existía duda en cuanto a mi honestidad y mi capacidad.

 Duele más aún cuando todo esto repercute inmerecidamente y sin razón alguna, en mi esposa, en mis hijos, en mi madre y en mis hermanos.

 El daño moral que nos han causado ya no tiene posibilidad de ser reparado en forma alguna”.

 Estas chicas, asistentes mías durantes años, que hoy me acompañan, y que han podido observar mi actuación de cerca y conocen el movimiento de expedientes en mi despacho, que conocen los entretelones del despacho, la trastienda, saben que nunca existió ninguna preferencia, favoritismo o irregularidad alguna.

 Menoscabo del Poder Judicial. Nunca el Poder Judicial, a través de su cabeza: la Corte Suprema de Justicia, había sido tan pisoteado, denigrado, manoseado, vilipendiado, humillado, ultrajado. Todo este supuesto proceso de “reforma del Poder Judicial” se ha caracterizado por un salvajismo inaudito y una inconmensurable arbitrariedad.

 La triste experiencia que hemos vivido en los últimos meses, me colocó en la situación de tener que expresar un único y tardío elogio al gobierno que nos subyugó de 1954 a 1989: “Ni siquiera durante la dictadura se trató tan mal al Poder Judicial”. Esto refleja a cabalidad el terrible perjuicio que la clase política en general está causando a la institucionalidad y a la construcción de un Estado de Derecho.

 No es que no existan deficiencias en el Poder Judicial y, en particular, en la Corte Suprema de Justicia, como también en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Pero la forma vandálica en que se lleva adelante el proceso, es propio sólo de pueblos primitivos y salvajes.

 No afirmamos que la independencia del Poder Judicial estuviera plenamente consolidada. Pero, al menos, con tropiezos se la iba construyendo. ¿Qué Corte son anterioridad se había atrevido a declarar la inconstitucionalidad de resoluciones de las Cámaras legislativas, de leyes dictadas por el Congreso, de decretos del Poder Ejecutivo? Esto refleja la independencia del Poder Judicial, pero parece que precisamente esto es lo que no se quiere.

 ¡Ay de los nuevos Ministros de la Corte Suprema! Tendrán que consultar con los poderes políticos antes de tomar cualquier resolución que les pudiera afectar. Si gran parte de las acusaciones se refieren a sentencias en las cuales supuestamente existen irregularidades, si el propio Presidente de la República advierte a los magistrados que no pueden dictar sentencias que perjudiquen al Estado, ¿como podrán los magistrados actuar con una mínima independencia de criterio?

 Traiciones y conductas pusilánimes. Este proceso fue una “larga noche de traiciones”. Nunca había descendido tanto como para ver tan de cerca la faz miserable de la existencia humana. Promesas formuladas en forma categórica y cara a cara, que a los pocos días eran incumplidas totalmente.

 Por lo menos en mi caso, debo decir que tuve una ventaja, si así pudiera llamarse, pues las traiciones fueron mayormente de personas con las cuales tenía escasa proximidad y confianza. Pero he podido ver como en otros casos, compañeros de juventud, de varios años de amistad (o falsa amistad?), de luchas políticas, gremiales o estudiantiles, vendían sus conciencias por menos de un plato de lentejas.

 Pero yo también tuve la traición de algunos amigos, o mejor, pseudo amigos, como el actual diputado Francisco Rivas. Siendo gobernador de la Cordillera, me pidió ser padrino de bautismo de mi hijo. El acto religioso, por gestiones suyas, se realizó en la Basílica de Caacupé y el festejo en su casa de esa misma ciudad.

 Hace poco fui a su oficina a hablarle sobre el juicio político. De muy buen grado, me prometió no sólo su voto sino el de tres diputados más sobre los cuales, según dijo, podía ejercer influencia. A partir de unos días después, ya fue imposible ubicarle. Su pusilanimidad, su cobardía y sus intereses personales políticos y crematísticos, pudieron más que cualquier otra consideración.

 El diputado Efraín Alegre me dijo algo así: “No voy a votar por vos, doctor, porque me va a perjudicar demasiado en mi carrera política”.

 De esta “larga noche de traiciones”, tampoco usted, señor presidente (Carlos Mateo Balmelli), estuvo ajeno. Me visitó en varias ocasiones en mi despacho en la Corte Suprema de Justicia[1]. En ese entonces Vd. no ocupaba ningún cargo público. No obstante, recibía un trato preferencial en cuanto a la facilidad de acceder a mi despacho. Varias veces fue a verme por motivos personales vinculados a un banco de plaza.

 Gastábamos siempre algunas bromas, antes de abordar el tema motivo de la visita. Recuerdo que en una ocasión, con inocultable intención de causarme molestia, al entrar me dijo: “Te manda saludos Laino”. Sin embargo, dadas las características de mi vinculación con el Dr. Domingo Laino, esto no podía causarme molestia alguna. No obstante, respondiendo a la aviesa intención suya, instantáneamente y sin pensar, le respondí: “Y a vos te manda saludos Fermín de Alarcón”.[2] Abruptamente se acabó la conversación previa y fuimos al tema que le interesaba.

 Su conducta posterior, ya iniciadas las actuaciones que precedieron al juicio político, en lo más mínimo respondió a la confianza y trato deferente que le había sido prodigado.

 La senadora Ana María Mendoza de Acha fue otra gran decepción. Durante largos años trabajó como adscripta al Registro Notarial de mi padre, en la oficina que funciona en la casa paterna. Atendiendo a la circunstancia mencionada, le pedí si podía adelantarme los motivos de la acusación en mi contra, dado que su hijo, el diputado Acha, había sido designado como uno de los fiscales acusadores. No creo haberle pedido nada indebido, ya que de todos modos, esa información tendría que serme comunicada. El favor consistiría nada más en adelantarme algo, tal vez sólo las grandes líneas, con vistas a tener mayor tiempo para preparar mi defensa. Incluso, su respuesta podría haber sido simplemente que le era imposible hacerlo.

 Sin embargo, cuando me llamó para darme su respuesta, me dijo algo que resultaba de consultas que yo no le había pedido que hiciera y que ella debió negarse a trasmitir: “Pedro dice que renuncies”. Esto reflejaba su falta de independencia personal, su comportamiento de marioneta, su falta de dignidad y su inconsecuencia. Aunque me causó una gran indignación, me limité a decirle que estaba bien.

 Con el diputado Nelson Chávez, otro de los fiscales acusadores, prácticamente no he tenido contacto alguno. Sin embargo, se formó una opinión negativa de mí a partir de la vez que no pude recibirlo cuando fue a visitarme a mi despacho de la Corte Suprema, sin anuncio previo. Esto refleja su chatura mental, su arbitrariedad y la errada sobreestimación de su persona.

 Otro caso es el de la diputada Blanca Lila Miñarro. La misma goza, en general, de buen concepto entre los periodistas y la gente, aunque lo que voy a narrar retrata con exactitud su personalidad. En una ocasión fue a verme a mi despacho de la Corte Suprema. Yo no la conocía personalmente. Se hizo anunciar como “diputada”, aunque el asunto por el cual iba era estrictamente personal. Estaba acompañada por otros dos empresarios, pero no dijo que entrarían con ella. Era la “diputada liberal” que iba a ver al “ministro liberal”. Ingresaron al despacho los tres y me hablaron de un juicio en que las contrapartes eran dos sociedades anónimas. Presté debida atención a la explicación, tratando ex profeso de no saber de lado de que S.A. estaban ellos; tampoco me lo dijeron. Les prometí celeridad y efectivamente cumplí lo prometido. Al poco tiempo me enteré que la beneficiada con la sentencia había sido la S.A. equivocada. Este fue el origen de la aversión de la diputada hacia mi persona. En su aberrante forma de pensar, era inconcebible que el “ministro liberal” pudiera fallar contra los intereses de la “diputada liberal”.

 Todas estas anécdotas las narro para ver las increíbles razones (?) en que se basan los diputados para desacreditar a una persona. Esto da una idea clara de los “fundamentos” en que basan sus actuaciones y decisiones.

 En dos ocasiones me solicitaron mi renuncia. El martes 14 de octubre de 2003, acudieron a mi despacho los Senadores Armando Espínola y Juan Carlos Ramírez Montalbeti, para hacerlo por primera vez. Eran portadores del pedido como emisarios del Comité Político u otras autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico. Esta actitud reflejaba la equivocada y perversa idea que tienen los políticos en cuanto a disponer de un cargo que consideran que pertenece a un partido determinado y que sólo es ejercido por delegación y autorización del mismo, por el tiempo que éste determine. Lo cierto es que poco tiempo después me dijeron que no era necesario que presentara mi renuncia. De todos modos, yo tenía ya la firme decisión de no presentarla por ningún motivo.

 El martes 21 de octubre, el propio presidente del Directorio del PLRA, Julio César “Yoyito” Franco, me la volvió a solicitar. Según me dijo, la idea era que le entregara mi renuncia sin fecha y que él haría uso del escrito de acuerdo con las circunstancias. Yo entendí que lo que se pretendía era un acto de sometimiento a las autoridades partidarias, una especie de trofeo que sería exhibido en ámbitos partidarios como prueba de mi acatamiento y de mi sumisión. Franco y las demás autoridades del PLRA no tienen la más mínima idea del respeto que deberían guardar a la independencia y a la dignidad de un magistrado judicial. Por supuesto, Franco no se imaginaba cuán lejos estaba de poder alcanzar su objetivo.

 De todos modos, me dijo que no era algo que debía resolverlo inmediatamente, sino que podía tomarme algunos días para hacerlo. Sin embargo, a los pocos días recibí una llamada de su esposa, la senadora Mirta Vergara quien en forma categórica me dijo que por ningún motivo renunciara. En ese momento ya no entendía que pasaba pues daba como un hecho resuelto mi salida de la Corte. No comprendía tampoco si el PLRA tenía un presidente, o, en realidad y efectivamente, una presidenta. Por mi parte, seguía invariable en mi postura de no renunciar y resistir hasta el final[3].

 Crítica al reglamento dictado por la Cámara de Senadores para el juicio político. El reglamento dictado por la Cámara de Senadores resulta inconstitucional, por lo menos, en cuanto a los siguientes puntos:

 En su Art. 2º expresa:  “…  Las resoluciones que dicte la Honorable Cámara de Senadores como Tribunal no podrán ser objeto de recurso alguno”.

 En un Estado de Derecho como el nuestro, ningún acto puede escapar al control de constitucionalidad, ni siquiera la actuación de un Poder del Estado, menos aún cuando están en juego principios y garantías que hacen al legítimo derecho a la defensa.

 Ley Nº 609, en su Art. 12, prescribe: “No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables”. Esta disposición legal debe ser interpretada en el sentido de que únicamente el órgano encargado de entender y decidir en un juicio en que se plantee una cuestión de constitucionalidad (es decir, la Corte Suprema de Justicia), es el que debe pronunciarse acerca de dar trámite o no a la acción planteada; y es el que, eventualmente, denegará tal trámite por tratarse de un cuestión no justiciable. En otras palabras, sólo la Corte Suprema, en ejercicio de una facultad que es exclusiva de ella, puede decidir cuándo nos encontramos ante una cuestión de ese carácter. No corresponde que por la vía de una disposición reglamentaria de una de las cámaras del Congreso, esto es, de una parte del órgano legislativo, se pretenda determinar la irrecurribilidad de una decisión adoptada por dicha cámara legislativa.

 El Art. 4º del reglamento hace referencia al plazo establecido para la notificación del traslado de la acusación: dos días hábiles. Este tiempo es a todas luces insuficiente tan siquiera para hacer una lectura superficial del contenido de la acusación que cuenta con más de 900 fojas. Lo es aún más para preparar una defensa digna y suficiente que dé credibilidad a este circo y permita a los ciudadanos tener una adecuada aclaración respecto de los hechos supuestamente irregulares de mi actuación como Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

 En cuanto dice que “cada defensa no podrá durar más de tres horas”, tengo que expresar que esta es una disposición a todas luces inconstitucional, porque se pretende coartar el derecho a la defensa en juicio consagrada en la Carta Magna y válida para todos y cada uno de los ciudadanos paraguayos.

 En cuanto se refiere al procedimiento seguido durante un juicio político, G. J. Bidart Campos expresa lo siguiente: “En todo cuanto puede comprometer derechos y garantías constitucionales del enjuiciado durante el procedimiento aplicable para su remoción, la decisión del órgano competente queda sujeta a control judicial” (La Ley argentina, 1996).

 Agrega el mismo Bidart Campos: “… si se impugna la decisión senatorial por motivos de procedimiento, el aspecto de forma (v. gr., violación del derecho de defensa), si podría cuestionarse por vía de dicho recurso, ya que con eso no se invade lo privativo del Senado, sino que se controla el procedimiento; y el procedimiento jamás es privativo de ningún órgano cuando está comprometida o violada una garantía individual, porque por encima de toda competencia de los órganos prevalece el derecho a la jurisdicción de los individuos”.

 La Corte Suprema de Justicia argentina, expresó en un fallo de 1993 cuanto sigue: “… no son revisables judicialmente las decisiones sobre el fondo, pero sí las condiciones bajo las cuales la Constitución otorgó el poder de juzgar, ya que la Corte puede evaluar si los otros poderes se han mantenido dentro de sus competencias, pues si se hubieran excedido, la decisión no hallaría respaldo constitucional (ej. si no hubieran respetado los dos tercios o si no hubieran permitido defenderse al imputado o si no hubiera existido congruencia fáctica entre la acusación y el fallo)”.

 “Sagués … avanza aún más: además del control de los principios del debido proceso y de defensa en juicio, sostiene que mal podría retacearse a la Corte el control de razonabilidad sobre la sustancia del fallo del Senado (esto es, que no sea arbitrario).

 Obviamente … es mucho más simple y fácil decir que el fallo dictado en el juicio político es asunto “político no justiciable” y archivar el recurso extraordinario, “pero tal actitud ya no es admisible en el derecho argentino, a las puertas del siglo XXI. Un asunto, no por ser político, deja de ser justiciable en lo que hace a la evaluación de la constitucionalidad de lo decidido” (La Ley argentina, 1994).

 Acusaciones de la Cámara de Diputados. En general se puede afirmar que las acusaciones son descabelladas y carentes de todo fundamento jurídico serio. En el mencionado escrito de acusación prevalecen la superficialidad y la ligereza en el tratamiento de los diversos casos.

 Gracias a Dios, no he sido incluido en todos los supuestos casos en que los redactores del escrito han encontrado irregularidades imputables, a su criterio, a la Corte Suprema de Justicia.

 No he sido incluido en el caso de las aeronaves decomisadas a narcotraficantes, en los casos de nepotismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Esto no significa, en lo más mínimo, que exista razón alguna para incluirme en los casos en que los acusadores decidieron hacerlo.

 Efectos erga omnes y conducta incoherente de legisladores. Merece una mención especial el caso 7 en el cual se discute si la Corte Suprema tiene o no facultades para dar a sus fallos alcances erga omnes En sentido estricto, se trata de dilucidar si puede dictar sentencias dándoles el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, pues en realidad la expresión erga omnes no fue utilizada en la parte resolutiva de ninguno de los fallos dictados.

 En relación con este caso, la Cámara de Diputados no puede formular acusación alguna, pues el propio Congreso Nacional cuando en el año 1998 impugnó de inconstitucionalidad el Decreto N° 117, del 18 de agosto de 1998, pidió que la Corte Suprema declarara la nulidad del mencionado decreto, lo cual equivale a solicitar el dictamiento de una sentencia con efectos erga omnes.

 En particular, los diputados Efraín Alegre Sasiain, Rafael Filizzola y Wildo Legal, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no debieron firmar el dictamen favorable de la citada comisión, pues ello implica una grave contradicción con actuaciones suyas anteriores. En efecto, participaron de la sesión del Congreso Nacional en la cual se autorizó al Presidente y al Vicepresidente de dicho cuerpo a promover la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117 pidiendo su nulidad, y votaron a favor de esta postura. Al referirnos al caso 7 ampliamos considerablemente esta sintética referencia al punto.

  Asunción indebida de facultades jurisdiccionales por parte de legisladores. Debe destacarse también la actitud de los redactores del escrito de acusación de arrogarse por sí mismos facultades jurisdiccionales, y constituirse en juzgadores de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia. Con ello, desvirtúan el sistema judicial vigente en la República al crear un cuerpo (los redactores del escrito de acusación, al que se han sumado algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales) que está en la cúspide de los órganos jurisdiccionales, con potestad pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre la legalidad o ilegalidad de las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia.

Estoy acusado en doce casos. Seis de ellos se refieren a cuestiones jurisdiccionales, es decir, a sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

El Art. 192 de la Constitución prohíbe a las Cámaras del Congreso solicitar informes sobre la actividad jurisdiccional.

El Art. 193 del mismo cuerpo, prohíbe a las Cámaras del Congreso citar e interpelar a los miembros del Poder Judicial en materia jurisdiccional.

El Art. 195 de la Ley Suprema establece que los magistrados judiciales no pueden ser investigados en materia jurisdiccional, por las Comisiones de Investigación que en forma conjunta constituyan las Cámaras del Congreso.

El Art. 255 de la Constitución prescribe que ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

Como se ve, las Cámaras no pueden pedir informes sobre la actividad jurisdiccional, ni interpelar a magistrados sobre cuestiones jurisdiccionales; las comisiones conjuntas no pueden investigarlos sobre el mismo tema; y los magistrados no pueden ser acusados o interrogados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

La Constitución en forma expresa, clara y categórica prohíbe a las Cámaras del Congreso realizar actuaciones mucho menos gravosas que la de pretender fundar la acusación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia para un juicio político, en las opiniones vertidas en fallos y en lo resuelto en los mismos. Sin embargo, varios de los “casos” del escrito de acusación se refieren a sentencias de la Corte Suprema. Esto es realmente absurdo y constituye una condenable violación de la Ley Suprema.

Resulta evidente que las acusaciones no pueden estar fundadas en la discrepancia que pudieran tener los señores Diputados, con el sentido de los fallos dictados por el máximo órgano jurisdiccional.

La Ley N° 1084 es la única que define el mal desempeño de funciones, pero ella no es aplicable a la Corte Suprema. Sin embargo, la traemos a colación, a fin de demostrar que en los casos en que se alude a supuestos en que el mal desempeño puede derivar del ejercicio de la función jurisdiccional, previamente debe haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia o de otro órgano de rango superior al magistrado enjuiciado. En ningún caso esta determinación puede quedar en manos del órgano juzgador pues ello implicaría darle funciones jurisdiccionales ordinarias y elevarlo a la categoría de órgano jurisdiccional supremo.

Caso 1: Declaración del vitaliciado de sus propios miembros, violación de los deberes de excusación previstos en el Código Procesal Civil.

En la misma denominación del caso se incurre ya en ligereza al aludir al “vitaliciado”, con lo cual igualmente se revela la extraordinaria influencia que ciertos medios periodísticos ejercen sobre quienes redactaron la acusación. En efecto, tal denominación no es sino la forma caricaturesca con que dichos medios se refirieron al tema en forma irresponsable, sin seriedad ni sentido jurídico.

No existe “vitaliciado”, sino eventual permanencia en el cargo, en virtud del principio de la inamovilidad de los magistrados judiciales, hasta la edad límite fijada constitucionalmente.

Al respecto, a pesar de que todo este procedimiento constituye un total avasallamiento del Poder Judicial, debe señalarse que la inamovilidad judicial es la conditio sine qua non de la independencia del órgano jurisdiccional. Si no está consagrada la inamovilidad de los magistrados no existe independencia del Poder Judicial.

En otras palabras, al estar los acusadores en contra de la inamovilidad judicial, como consecuencia están en contra de la independencia del Poder Judicial. Ambos temas están íntimamente vinculados y no se puede escindir uno del otro.

El problema que los acusadores llaman “vitaliciado” no es tal, o en todo caso, implica una burla o un desprecio de una disposición consagrada por la Ley Suprema. En efecto, de acuerdo con la Constitución todos los magistrados pueden llegar al “vitaliciado” (Art. 252 Cn.). Según el criterio de la Corte Suprema, reflejado en los fallos que los acusadores impugnan, la diferencia estaría nada más, por disposición de la Lex legum, en que los integrantes del máximo órgano jurisdiccional adquirirían dicha inamovilidad ab initio, en tanto que los demás magistrados luego de dos confirmaciones en sus cargos (lo cual significa en tiempo, después de diez años).

De todos modos, usando la terminología de los acusadores, el “vitaliciado” existiría ya sea desde el mismo nombramiento inicial, ya sea tras las dos confirmaciones en el cargo. Para todos, el límite del “vitaliciado” es la edad de setenta y cinco años.

El intento de fundamentación del caso se destaca porque refleja una extraordinaria superficialidad y un supino desconocimiento del Derecho Constitucional. Se afirma, por ejemplo, que “ningún artículo constitucional hace referencia al carácter vitalicio del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia”. Es cierto, pero creo que a los acusadores les resultará imposible encontrar en las sentencias cuestionadas la más mínima a alusión a dicho “vitaliciado”, lo cual sólo puede encontrarse en ciertos artículos periodísticos, y por reflejo en la mente de los acusadores.

El análisis simplista de los acusadores consiste en afirmar que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia son también magistrados y por tanto debe aplicárseles lo dispuesto en el artículo 252 de la Constitución. Si seguimos con este mismo criterio, ¿por qué se promueve este juicio político contra Ministros de la Corte Suprema, y no se nos somete al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, si al final somos también magistrados?

Este razonamiento por la vía del absurdo, lo hago para revelar la incomprensión total del tema por parte de los acusadores. A la pregunta formulada se debe contestar que se promueve el juicio político, porque para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, la Ley Suprema legisla un procedimiento especial para su eventual destitución, a pesar de que son también magistrados. Es decir que en este punto se hace una distinción.

En el mismo sentido, en cuanto a la adquisición de la inamovilidad, la Constitución también distingue. Establece por una parte, en el artículo 252 un régimen aplicable a todos los magistrados judiciales, con excepción de los Ministros de la Corte Suprema, respecto de los cuales estableció el artículo 261, es decir, un régimen especial.

En el análisis simplista de los acusadores no cabe la posibilidad de que la Constitución haya usado la expresión “magistrados” en un sentido lato, comprensivo de todos los magistrados judiciales incluidos los Ministros de la Corte Suprema; y también en un sentido específico o limitado, en el cual están incluidos sólo los magistrados judiciales de las instancias inferiores al máximo órgano. El ejemplo más claro y categórico del uso del vocablo “magistrados” con este último alcance es la ya aludida denominación del órgano Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el cual tiene competencia para enjuiciar a todos los magistrados, con exclusión de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

El hecho de que el tema no haya sido objeto de discusión en la Convención Nacional Constituyente no agrega nada, y, por el contrario, permite con mayor amplitud que el mismo pueda y deba ser objeto de interpretación en sede judicial, específicamente por el órgano investido por la Norma Suprema de la facultad de ser el intérprete final de la misma (Art. 247 Cn.).

El núcleo de la discusión planteada por medio de las acciones a que se alude en este caso, consistía en la determinación de la disposición constitucional aplicable a la permanencia y cesación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia en sus cargos.

Por una parte tenemos el Art. 252 de la Constitución, que reza así: “De la inamovilidad de los magistrados. Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por periodos de cinco años, a contar de su nombramiento.

Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos periodos siguientes al de su elección, adquirirán la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los ministros de la Corte Suprema de Justicia”.

El Art. 19 de la Ley N° 609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, la Resolución N° 421, de fecha 5 de noviembre de 1999, dictada por la Cámara de Senadores y el Decreto N° 6131, del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo, impugnados de inconstitucionalidad, se basaban en la aplicación del mencionado Art. 252 Cn.

Debe señalarse que el artículo 252 Cn. está incluido en la Sección I, “De las disposiciones generales”, del Capítulo III, “Del Poder Judicial”, de la Constitución.

Por otra parte, tenemos el Art. 261 de la Constitución, que expresa lo siguiente: “De la remoción y cesación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”.

El precepto que acabamos de transcribir está incluido en la Sección II, “De la Corte Suprema de Justicia”, del mencionado Capítulo III, “Del Poder Judicial”, de la Constitución.

Se puede afirmar que, en general, todas las disposiciones incluidas en la Sección I, del Capítulo III, de la Constitución, son aplicables a todos los magistrados, considerando este vocablo en su acepción amplia, es decir, comprendiendo incluso a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Vemos, pues, que, cuando la palabra “magistrados” es usada en sentido amplio o lato, incluye a los “ministros”. Con este alcance está empleado el vocablo “magistrados” en el último párrafo del Art. 248 Cn., lo cual hace que la sanción prevista para “los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados”, deba entenderse como aplicable también cuando el atentado está dirigido contra Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, cuando en el Art. 254 Cn., que determina las incompatibilidades , y en el Art. 255 Cn., que establece las inmunidades, se habla de “magistrados”, debe entenderse que el vocablo incluye a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los cuales quedan sometidos a aquéllas y gozan de estas últimas.

Pero la Constitución también emplea el vocablo “magistrados” en sentido restringido o específico, y en este caso no incluye a los Ministros de la Corte Suprema Justicia. Por el contrario, ambos apelativos se refieren a individuos que forman parte de categorías diferenciadas por determinadas circunstancias o características.

Tal cosa ocurre, por ejemplo, en los artículos 252 Cn. (De la inamovilidad de los magistrados) y 253 Cn. (Del enjuiciamiento y de la remoción de los magistrados). En estos casos, el vocablo “magistrados” comprende solamente a “los integrantes de los demás tribunales y de los juzgados” (Art. 250 Cn.) o a “los miembros de los tribunales y juzgados” (Art. 251 Cn.), distinguiéndolos de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, como se hace en los preceptos que acabamos de mencionar. Nótese que también en la denominación del órgano “Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados” la palabra está usada en su acepción restringida.

El Art. 252 Cn., transcripto más arriba, merece un estudio más detenido. Como dijimos está incluido entre las disposiciones generales referentes al Poder judicial. Lo precede un artículo que se refiere a la designación de “los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República” (Art. 251 Cn.); y a continuación se encuentra el artículo que regula el enjuiciamiento y la remoción de los magistrados, entendida esta palabra en sentido restringido, sin lugar a dudas (Art. 253 Cn.).

En nuestra opinión, como ya lo expresamos, en el Art. 252 Cn. la palabra “magistrados” está empleada en su acepción restringida, es decir, no comprensiva de los “ministros” de la Corte Suprema de Justicia. Esto se refleja en las afirmaciones referentes a que los “magistrados” son inamovibles en cuanto a la sede (cuando los “ministros” de hecho tiene una sede única: la capital de la República), o a que los “magistrados” no pueden ser trasladados ni ascendidos (cuando tales posibilidades no caben en relación con los “ministros”).

Pero más claramente se nota la circunstancia mencionada, cuando en el segundo párrafo del Art. 252 Cn., la inamovilidad definitiva en el cargo adquirida por los magistrados (en sentido restringido) tras dos confirmaciones, queda referida en cuanto a su duración al “límite de edad establecido para los ministros dela Corte Suprema de Justicia”.

En definitiva, el Art. 252 Cn. es aplicable sólo a los demás magistrados, pero no a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

El Art. 261 Cn. está incluido en una Sección en que todos los preceptos que la integran se refieren en forma específica a la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, en virtud del principio de que la norma de carácter especial prevalece sobre la de carácter general, el aludido Art. 261 Cn., en la medida en que contenga disposiciones que consagren excepciones a lo preceptuado en los artículos incluidos en la Sección I, del Capítulo III de la Constitución, debe prevalecer sobre éstos.

El Art. 261 Cn. contiene dos normas. La primera se refiere a la remoción de los ministros de la Corte Suprema de Justicia: “Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos por juicio político”. Esta disposición establece un régimen especial en cuanto a la remoción de los ministros de la C.S.J., es decir, consagra una excepción al régimen de remoción por medio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, establecido en el Art. 253 Cn. para los demás magistrados (o para los magistrados, si usamos este vocablo en sentido restringido).

La segunda norma contenida en el Art. 261 Cn. se refiere a la cesación de los Ministros de la C.S.J.: “Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”. Esta disposición constituye una excepción a lo establecido en el 2° párrafo del Art. 252 Cn. en relación con los demás magistrados. En el caso de éstos, además de la elección se necesitan dos confirmaciones para adquirir la inamovilidad hasta los 75 años.

En realidad, se puede afirmar que esta segunda norma habla de la permanencia o duración en el cargo. En efecto, cabe interpretarla en el sentido de que los Ministros de la C.S.J. permanecen en sus cargos hasta la edad de 75 años. No es necesaria confirmación alguna, pues la norma no alude a esta exigencia. De modo que, sólo el haber cumplido la edad mencionada, o circunstancias como la muerte o la renuncia, o –integrando la primera norma- el mal desempeño de funciones o la comisión de delitos que conlleven la remoción por juicio político, pueden determinar el cese de un ministro de la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de sus funciones.

El Fiscal General del Estado afirmó lo siguiente: “La carta política de la República crea, pues, el instituto de la inamovilidad para los miembros (“ministros”) de la Corte Suprema de Justicia, con un objetivo específico: asegurar al Poder Judicial las condiciones mínimas de estabilidad, independencia y prescindencia de las tempestades del debate político, a fin de que pueda cumplir adecuadamente con su función jurisdiccional.

La Convención Constituyente de 1992 se propuso, a nuestro entender, establecer un proceso de transición hacia una administración de justicia plenamente independiente. Para ello, dotó al órgano rector del Poder Judicial –la Corte Suprema de Justicia- de la seguridad jurídica que deviene de la inamovilidad absoluta y que le permite desenvolverse con equidad, imparcialidad y al abrigo de cualquier tipo de presión.

Volviendo el escrito de acusación, vemos que el intento de fundamentación es pobrísimo. Ello se aprecia también en la alusión  al Art. 128 Cn. en la parte que dice “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”, al Art. 3° (Del Poder Público) y al Art. 47 (De las garantías de la igualdad). No guardan relación con el tema en absoluto.

Pero otras alusiones que se hacen, no sólo reflejan pobreza en los argumentos, sino un desconocimiento supino y una intención de ofender y de descalificar con irresponsabilidad la labor desempeñada. En efecto, raya en la locura la afirmación de que el dictamiento de los fallos cuestionados, además de constituir mal desempeño de funciones, configuraría los delitos de prevaricato y asociación criminal!!!

Como se expresa en el escrito de acusación, se trataba de los casos de los Ministros Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos y Enrique Sosa Elizeche, por lo que a nuestro entender no estaba configurada la causal de excusación prevista en el Art. 20, inc. b, del Código Procesal Civil.

Los Acuerdos y Sentencias Nº 222 y 223, de fecha 5 de mayo de 2000, fueron subscriptos por el Dr. Antonio Fretes, entonces miembro de un Tribunal de Apelación, quien integró la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de uno de sus miembros naturales.

 La Cámara de Diputados rechazó el enjuiciamiento del Dr. Fretes, de modo que este caso no debe ser tomado en consideración. Proceder en forma contraria, importaría una irritante discriminación y arbitrariedad en la actuación de la Cámara baja.

 La causal no puede ser válida para unos, y no válida para otros. Esto constituye una flagrante violación del derecho a la igualdad consagrado en nuestra Ley Suprema.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los fallos mencionados.

 Caso 2: Alteración del procedimiento constitucional para la confirmación de magistrados judiciales, interferencia en funciones propias de otro órgano judicial.

 El caso se refiere a la Ley N° 1634 “Que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados del Poder Judicial”.

 Los redactores de la acusación se constituyen en juzgadores de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y deciden que el Acuerdo y Sentencia N° 1033, del 19 de diciembre de 2001, es inconstitucional. Creíamos que la facultad de ejercer el control de constitucionalidad correspondía a la Corte Suprema, como instancia única y final. Pero al parecer no es así.

 Se discuten los criterios sustentados por la Corte. ¿Qué puede hacerse al respecto?

 El máximo órgano sostuvo que en la Ley Suprema no está definido el procedimiento para la confirmación de los magistrados de las instancias inferiores. Los redactores de la acusación afirman lo contrario y además están convencidos de que su opinión es la que debe prevalecer.

 En verdad, a nivel de legislación secundaria se buscó suplir esta falta. La Corte Suprema, en el marco de un caso concreto, no hizo otra cosa que interpretar una disposición de la Ley N° 1634, como a diario lo hacen los magistrados de todas las instancias en miles de casos. En el caso que nos ocupa se trataba de una interpretación a la luz de la Constitución.

 A pesar de que no corresponde analizar los argumentos sustentados en el fallo, no podemos dejar de mencionar que la inclusión necesaria del magistrado en la terna correspondiente a su cargo, respondía a la idea básica de que el órgano que realizó la designación es el que debía encargarse de la confirmación. Tal criterio, en su oportunidad, había sido sustentado también por el propio Congreso Nacional.

 En la práctica se observó que en un porcentaje cercano al ciento por ciento, el Consejo de la Magistratura incluyó en las ternas a los magistrados en ejercicio, con un número de votos elevado, pues de todos modos se votó también en estos casos. Por otro lado, se observó que la necesaria inclusión en la terna respectiva, no significó la necesaria confirmación por parte de la Corte Suprema, pues ésta en varios casos designó a otro de los integrantes de la terna.

 No ha existido, pues, alteración del procedimiento constitucional para la confirmación de magistrados judiciales, ni indebida atribución de funciones legislativas, ni interferencia en funciones propias de otro órgano.

 Por medio de una ley se ha suplido la falta de dicho procedimiento. Ante la promoción de una acción de inconstitucionalidad por quienes se consideraban agraviados en sus derechos, la Corte Suprema resolvió el caso en ejercicio de la facultad de que está investida. Lo hizo, como ya dijimos, en el marco de un caso concreto, interpretando una disposición de la propia ley objetada – ya que la acción fue desestimada – a la luz de la Ley Suprema, conforme a una facultad que le es exclusiva.

 El Acuerdo y Sentencia Nº 1033, del 19 de diciembre de 2001, que supuestamente sirve de base a este caso, fue subscripto por los Ministros Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes.

 La Cámara de Diputados rechazó el juicio político, es decir, decidió no formular acusación contra los mismos. Por ello esta causal no debe ser tenida en cuenta por las razones apuntadas en el caso precedente.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los fallos mencionados.

 Caso 3: Usurpación de atribuciones legislativas en materia tributaria.

 En este caso, quienes redactaron la acusación no distinguen entre la facultad de establecer tributos y la facultad de reajustar o actualizar el monto de los mismos. La primera es – como se afirma en la acusación – facultad exclusiva del Congreso, en el sentido de que los tributos sólo pueden ser establecidos por ley (cf. Arts. 44, 179 y 202, inc. 4, de la Constitución). Sin embargo, la segunda puede ser delegada a otro órgano, en determinadas circunstancias y dentro de ciertos límites.

 Las tasas judiciales (es decir, el tributo) han sido establecidas por ley: Ley N° 284/71 y actualmente Ley N° 669/95, modificada, a su vez, por la Ley N° 1273/98 y ésta, por la Ley N° 2046/02. Se ve, pues, que no ha existido “usurpación de atribuciones legislativas en materia tributaria”. La Corte Suprema de Justicia no ha creado tributo alguno.

 Debemos analizar ahora si existe delegación legislativa de la facultad de regular, reajustar o actualizar el monto del tributo.

 En la acusación se alude a dos resoluciones de la Corte Suprema por medio de las cuales se habría incurrido en irregularidad. Son ellas las siguientes: Resolución N° 977, del 8 de febrero de 2002, y Resolución N° 1134, del 30 de enero de 2003. Sólo voy a referirme a la primera de ellas, pues la segunda no fue subscripta por mí.

 Transcribimos a continuación las disposiciones legales que deben ser analizadas:

 * Resolución N° 977, del 8 de febrero de 2002.

Art. 1° Ajustar en ocho con cuatro décimas por ciento (8,4 %), las tasas judiciales, especiales y demás ingresos no tributarios vigentes en el Poder Judicial, de conformidad con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2001, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

 * Ley Nº 1857/2002 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2002”.

Art. 6º: Las tasas, aranceles y otros ingresos no tributarios de carácter institucional cuyas disposiciones legales no contemplen un factor de ajuste monetario, deberán ser actualizados o incrementados de conformidad a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2001. Esta medida deberá estar en vigencia antes del 15 de enero de 2002.

 * Ley 669 “Que modifica los gravámenes específicos establecidos en la Ley Nº 284/71, de Tasas Judiciales”.

Art. 11: La Corte Suprema de Justicia dispondrá las medidas que correspondan para implementar el reajuste automático de los gravámenes establecidos en el Artículo 1º de la presente Ley, en los casos de incrementos salariales autorizados por el Poder Ejecutivo.

 De las disposiciones legales transcriptas se deduce que la Corte Suprema de Justicia está autorizada por la ley a ajustar el monto de las tasas judiciales y demás, como lo hizo por medio de la Resolución N° 977, del 8 de febrero de 2002. Por una parte, debe señalarse que tal actuación está respaldada en las normas jurídicas insertas precedentemente, y por la otra, está claro que ello no constituye una creación de tributos, sino simplemente una actualización o ajuste de un tributo que ha sido creado por ley.

 En el supuesto negado de que existan dudas acerca de la ley aplicable, ello constituye una cuestión opinable respecto de lo cual no vemos por qué debe prevalecer – como verdad indubitable – el criterio de quienes redactaron la acusación, sobre el criterio sustentado por la Corte Suprema.

 No existe, pues, violación de precepto constitucional o legal alguno, y la afirmación de que esta actuación de la Corte Suprema puede ser incursada en figuras delictivas, sorprende por su ligereza y superficialidad.

 Los Ministros Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes también subscribieron las resoluciones que supuestamente sirven de sustento a este caso.

 La Cámara de Diputados no admitió el juicio político en relación con los mismos. En consecuencia, esta causal no puede ser tenida en cuenta.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los documentos mencionados en el presente caso.

 Caso 4: Interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

 La Cámara de Diputados había dictado la Resolución N° 864/2002 “Que cita e interpela al Director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Arquitecto Walter Reiser”.

Contra dicha resolución fue interpuesta una acción de inconstitucionalidad, y la Corte Suprema, por medio del A.I. N° 487, del 24 de abril de 2002, dispuso como medida cautelar la suspensión de efectos de la citada resolución de la Cámara de Diputados.

En la acusación se considera que “de esta manera, los ministros de la Sala Constitucional, interferían en el ejercicio de una función atribuida a las cámaras del Congreso por la propia Constitución”.

Los redactores de la acusación sostienen, imaginando lo que debió haber sido la actuación jurisdiccional correcta, que la Corte Suprema no debió conceder la suspensión de efectos de la Resolución de la Cámara de Diputados o, quizá, debió rechazar in límine la acción de inconstitucionalidad interpuesta.

Aluden a la doctrina de los “actos de gobierno”, “que normalmente están exentos en cuanto al fondo de la posibilidad de ser justiciables. Afirman que “en la Argentina existe abundante doctrina al respecto y la Corte Suprema normalmente no interviene en cuestiones políticas que hacen a los mencionados “actos de gobierno”. Pero sostienen igualmente y por suerte, que “en nuestro país tenemos poco discutido el tema”.

En primer lugar, debemos señalar que la doctrina argentina a que aluden, no es uniforme. Por el contrario, existen autores de gran envergadura que sostiene la justiciabilidad de todo tipo de actos de gobierno.

Así, G. J. Bidart Campos afirma lo siguiente: “Es fácil advertir que la no judiciabilidad de una cierta cantidad y calidad de actividades -las llamadas privativas y políticas-, al excluir la revisión judicial, impide que se remedie la inconstitucionalidad que puede afectar a aquellas actividades. Y con ello, una transgresión a la constitución escapa a la sanción invalidante, queda sin reparación en el orden de las garantías, y permanece impune. Consolidar tal efecto es una defección de la técnica tutelar de la constitución; un cúmulo de actos adquiere, por consiguiente, vía libre de poder vulneratorio de la constitución, por propia concesión del estado, que entrega inerme su orden jurídico fundamental y supremo a la discreción de sus órganos de poder”.[4]

El mismo autor agrega: “Cuando un juez revisa un acto del poder ejecutivo o del congreso, y lo descubre como lesivo de la constitución (aunque ese acto sea «político»), no está penetrando en el ámbito de otro poder para violar la división, sino todo lo contrario, controlando la supremacía constitucional para volver a su cauce la actividad que se evadió de él en detrimento de la constitución”.[5]

Bidart Campos resume las consecuencias de la admisión de “cuestiones no judiciables”, en los siguientes puntos:

“a) El no juzgamiento de las cuestiones políticas viola el derecho a la jurisdicción de la parte afectada, en cuanto le impide obtener una sentencia que resuelva la cuestión política propuesta o comprometida en la causa; la sentencia se dicta para limitarse a decir que sobre aquella cuestión el juez no puede pronunciarse.

b) El no juzgamiento de las cuestiones políticas implica también declinar el ejercicio pleno de la función estatal de administrar justicia.

c) Con ello se impide asimismo remediar la eventual inconstitucionalidad de las actividades que, por configurar cuestiones políticas, quedan exentas de control judicial.

d) Por último, si el estado no es justiciable cuando algunas de sus actividades se escudan tras la pantalla de las cuestiones políticas, la «responsabilidad» estatal se esfuma, pese a la eventual infracción constitucional en que incurra”.[6]

Linares Quintana, citado por Lazzarini, sostiene que “… los Tribunales están llamados a intervenir apenas estos poderes, usando de sus facultades privativas, actúen arbitraria u opresivamente, violando los derechos y garantías constitucionales y en general cuales quiera norma establecida por la Constitución. En efecto, el principio de la división de los poderes únicamente puede ser invocado para paralizar la acción del Poder Judicial con respecto a la actuación de los poderes políticos del gobierno, en tanto éstos se desenvuelvan dentro del ámbito que la Constitución les ha trazado y sin afectar los derechos y libertades constitucionales; pero nunca podría servir para dejar sin el amparo de los tribunales a los valores supremos que el sistema institucional sirve: la libertad y la dignidad del hombre; como que, precisamente, el instituto de la separación de los poderes reconoce como finalidad última asegurar la protección efectiva de la libertad individual … Es evidente que la no justiciabilidad de los actos políticos lo será en tanto y en cuanto los poderes políticos ejerzan su competencia dentro del límite demarcado por la Constitución, y no cuando bajo la apariencia de facultades privativas violen abiertamente la Carta Fundamental, saliendo de la órbita que el poder constituyente ha fijado”.[7]

Por su parte, Humberto Quiroga Lavié afirma: “El acto de control judicial respecto de una decisión política para verificar si ella ha excedido o no el marco constitucional no puede significar sustituir al gobernante en la decisión política, sino, simplemente, impedir que la violación constitucional se produzca”.[8]

Nosotros suscribimos este último criterio, y en apoyo del mismo también se pueden mencionar las siguientes palabras de Gozaíni: “… la supremacía constitucional opera en todos los ámbitos, y al permitirse la irrevisión, lo único que se obtiene es convalidar un acto agresivo a la carta fundamental”.[9]

En el mismo sentido, G. J. Bidart Campos sostiene cuanto sigue: “Es fácil advertir que la no judiciabilidad de una cierta cantidad y calidad de actividades impide que se subsane la eventual inconstitucionalidad que puede afectar a aquellas actividades … Entregar un margen discrecional a la exclusiva actividad de ciertos órganos de poder, sin que la judicatura cuide la razonabilidad, es dar curso a la posible arbitrariedad en que aquéllos pueden incurrir … La evasión al control judicial en una clase de actividad, aunque se pregone que esa actividad debe respetar la constitución, conduce en sus consecuencias irreparables a poner la voluntad del estado por encima de la constitución, y a despojar a los jueces de su jurisdicción para asegurar la vigencia de esa misma constitución con la sanción rigurosa de las sentencias”. Más adelante agrega: “… los tribunales deben ejercer el control judicial de constitucionalidad en todos los ámbitos y sobre todas las cuestiones”.[10]

En consecuencia, ningún acto, proviniere de quien proviniere, puede escapar a la posibilidad de ser sometido al control de constitucionalidad, por parte del órgano encargado del cumplimiento de dicha función por mandato constitucional. En un Estado de Derecho los actos de las autoridades públicas deben estar encuadrados en el marco legal, y en particular, constitucional. La verificación de este hecho, provocada por quien tiene derecho a ello, no puede ser soslayada en ningún caso.

Puede ser que en la Argentina la Corte Suprema no pueda intervenir cuando se trata de “actos de gobierno”. Pero en el Paraguay, la solución que se ha adoptado es un tanto diferente. Por ley, es decir, por un acto emanado del Congreso, se ha dejado a cargo de la propia Corte Suprema la determinación de las cuestiones no judiciables. En efecto, la Ley Nº 609 establece en su artículo 12 que “no se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables”. De este modo, compete al propio órgano jurisdiccional decidir, en cada caso concreto, si una cuestión determinada será o no sometida a control. No existen cuestiones no judiciables, ya se trate de “actos de gobierno”, “facultades privativas o políticas”, predeterminadas. Es más, en el proyecto de ley de la que sería la Ley N° 609, se incluía una enumeración de cuestiones no justiciables, pero tal criterio no fue aceptado por el órgano legislativo.

En concordancia con esta solución, Vanossi afirma lo siguiente: “Que sea la propia Corte por mandato constitucional la que asuma o resigne poderes, parece preferible a la recomendación de que las abstenciones de control tengan como base una cuestionable interpretación de «oportunidad» y «conveniencia»”.

 El Art. 193 de la Constitución, al aludir a los funcionarios que pueden ser citados e interpelados por cualquiera de las Cámaras del Congreso, menciona las siguientes categorías:

 a)     Ministros (que debe entenderse del Ejecutivo)

b)    Otros altos funcionarios de la Administración Pública.

c)     Directores y administradores de entes autónomos, autárquicos y descentralizados.

d)    Directores y administradores de entidades que administren fondos del Estado.

e)     Directores y administradores de empresas de participación estatal mayoritaria.

 La inclusión del Director paraguayo de una Entidad Binacional en una de las categorías mencionadas precedentemente, no es directa y, por el contrario, ofrece reparos y requiere de un estudio. Igual cuestionamiento nos habíamos planteado en la cátedra en cuanto a los miembros de las Fuerzas Armadas.

 Tal fue la razón que determinó el dictamiento del auto interlocutorio de suspensión de efectos de la resolución de la Cámara de Diputados. El criterio sentado por la Corte Suprema es el de que no existen cuestiones no justiciables consideradas en abstracto. El Código Procesal Civil en su Art. 553 le confiere la facultad discrecional de proceder a decretar tal suspensión y, además, se trataba de una cuestión respecto de la cual no existía ningún precedente.

 Estamos de acuerdo en que hoy, cuando ya existe el precedente del fallo en virtud del cual se decidió que corresponde la citación e interpelación de un Director paraguayo de una Entidad Binacional, una actuación similar de la Corte Suprema constituiría una “interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales de la Cámara de Diputados”.

 Pero recalcamos la diferencia: cuando se planteó el caso a que se alude en la acusación no existía ningún precedente, es decir, la cuestión no estaba clarificada. Hoy existe un fallo que admite la posibilidad de esa citación e interpelación. Esta facultad efectivamente es privativa de las Cámaras del Congreso, pero no ilimitada, pues, como vimos, no puede exceder de las cinco categorías a que alude el artículo 193 de la Constitución.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los instrumentos mencionados en el presente caso.

 Caso 5: Incumplimiento de plazos procesales con grave perjuicio al funcionamiento de la administración pública.

 El problema de la mora judicial no puede ser enfocado en abstracto, sin ninguna referencia a ciertos parámetros, entre los cuales principalmente debe tenerse en cuenta la capacidad material del órgano. Por ello, resulta mucho más real y equitativo el estudio del nivel de producción en cuanto a cantidad de fallos dictados, refiriendo tal cantidad a años anteriores y a lo que se estima que en condiciones normales se puede producir.

 Si el tema se ve desde este punto de vista, no puede concluirse sino que la producción de la Corte Suprema ha ido creciendo enormemente con el transcurso de los años, lo cual se puede apreciar en los datos estadísticos que se insertan más abajo. Por otra parte, esa producción está por encima de la mayor parte de los demás órganos jurisdiccionales.

A continuación insertamos una “Estadística de resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia”

Año

ACUERDOS Y SENTENCIAS

AUTOS INTERLOCUTORIOS

1995

464

941

1996

586

1698

1997

754

1624

1998

485

1766

1999

765

2113

2000

778

2240

2001

1150

2105

2002

1580

2183

2003 (a octubre)

2775

1704

 Nótese como la producción de Acuerdos y Sentencias y de Autos Interlocutorios, se ha venido incrementando en forma constante. Resulta aleccionador también ver cómo, en cuanto a los Acuerdos y Sentencias, las turbulencias políticas producidas durante uno de los años que abarca el estudio, determinaron la disminución en la producción de tal tipo de resoluciones.

 Debe verse especialmente la alta producción alcanzada en el presente año y en los dos precedentes. Lo señalado no es algo circunstancial, sino marca una clara y sostenida tendencia que constituye un gran esfuerzo que está determinando la substancial disminución de la mora judicial. Como se puede apreciar no se trata de algo reciente o de último momento, sino de un plan con objetivos bien precisos.

 La alusión específica que se hace en este punto a la Ley N° 1626, “De la Función Pública”, denota un desconocimiento total de las características y de la magnitud del problema.

 No saben quienes redactaron la acusación que todos los artículos de la mencionada ley han sido impugnados por lo menos en una de las acciones de inconstitucionalidad promovidas.

 Tampoco saben que existen artículos que han sido impugnados en 104, 106, 114, 119, 122, 123, 126, 133,  134, 136, 138, 142, 144, 150, 151, 153, 165, 172, 185, 190, 195, 199, 202, 210, 212, 257, 298, 310, 325 y hasta en 343 acciones de inconstitucionalidad planteadas ante la Corte Suprema (acerca del punto anterior y de este punto, se acompaña la tabla respectiva).

 Ignoran igualmente que varias de las acciones han sido promovidas por los propios órganos estatales, tales como la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dinac, el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación del Depto. de Concepción, la Universidad Nacional de Asunción, el Ministerio de Salud Pública, Senacsa, la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el Hospital Nacional de Itauguá, el Ministerio de Educación y Culto, el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Conatel, ANDE, Petropar, Gobernación del Depto. de Caazapá, Banco Central del Paraguay, varias municipalidades, Dirección General de Aduanas. También han sido promovidas por numerosos sindicatos de funcionarios de entes públicos y grupos de funcionarios públicos.

 Como se puede apreciar, no se trata de una situación normal. Hemos creído que la solución del problema escapaba al mero control de constitucionalidad de todas las disposiciones de la ley, con una eventual declaración de inconstitucionalidad con efectos restringidos, como están convencidos y exigen que sea quienes redactaron la acusación. Esto crearía un verdadero caos jurídico y haría realidad lo afirmado por éstos de que “en Paraguay existan regímenes legales diferentes para los funcionarios del Estado”, en forma definitiva.

 El convencimiento de que la solución a este problema debía ser encarada con criterios más amplios y en un marco de colaboración entre los distintos poderes, llevó a intensas, aunque infructuosas gestiones, ante los integrantes de la anterior legislatura. Ante la situación excepcional de cuestionamiento de la totalidad de la ley, entendimos que lo más razonable y lógico, era que el propio órgano legislativo reestudiara su propio acto con vistas a aceptar o no las impugnaciones formuladas.

 Se buscaba con esto que el número de disposiciones de la ley que debieran ser sometidas a control de constitucionalidad, quedara reducido a algo razonable. No se trataba de eludir el trabajo, sino de evitar lo que en proporciones reducidísimas irrita a los redactores de la acusación: el supuesto papel de legislador que asume la Corte Suprema al declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de una ley. Ante el cuestionamiento total de la ley, podríamos pensar que nos encontramos ante la eventualidad de que la Corte Suprema deba decidir cual es el régimen de la función pública, con el agravante de que – como quieren quienes redactaron la acusación – tal decisión deba tener alcances restringidos, creando así una doble regulación legal de la situación.

 La situación real es la descripta. No existe una conducta “lesiva de las atribuciones legislativas del Parlamento, Poder del Estado constitucionalmente facultado para aprobar las leyes”. Es exactamente lo contrario, esperamos que el Congreso (quizá se tenga mejor suerte con esta legislatura) contribuya a dar solución a este problema de gran envergadura mediante una intervención determinante en un campo que, por supuesto, es de su competencia.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que informe acerca del número de A.I. y Acuerdos y Sentencias dictados desde 1995 a la fecha, y sobre las acciones de inconstitucionalidad planteadas en relación con la Ley Nº 1626.

 Caso 6: Atentado contra atribuciones del Poder Legislativo para mantener en vigencia al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

 Se trata de la Ley N° 2248/03, Que modifica el Artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial.

 El Art. 265 de la Constitución dice: Se establece el tribunal de cuentas. La ley determinará su composición y su competencia …

 La citada ley limitó las atribuciones del Tribunal de Cuentas a lo contencioso-administrativo.

 Se plantearon ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, varias acciones de inconstitucionalidad contra la mencionada ley y se dispuso la suspensión de efectos de la misma.

 En el escrito de acusación se considera que la determinación de la suspensión de efectos constituye “una muestra más de la arbitrariedad con la que actúa la Corte Suprema de Justicia”, “un ejemplo más de cómo la Corte responde a intereses corporativos, sectarios …”.

 Se afirma, asimismo, que al suspender los efectos de la ley, en vigor desde hace pocos días, la Corte Suprema impide al Congreso el ejercicio de la facultad contenida en el Art. 202, inc. 20 de la Constitución.

 El conflicto o la superposición de atribuciones entre el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y la Contraloría General de la República, existe desde junio de 1992, es decir, desde hace más de 11 años. Se sostiene que ahora que el Congreso dictó la Ley N° 2248/03 para solucionar el problema mediante la limitación de funciones del Tribunal de Cuentas a lo contencioso-administrativo, la Corte Suprema de Justicia al dictar la medida cautelar de suspensión de efectos de la citada ley, impide que el Congreso pueda ejercer plenamente una atribución que durante 11 años no la pudo ejercer en debida forma, aún cuando el dictamiento de la ley pudo haberlo hecho mucho antes.

 La argumentación parece traída de los pelos. El Art. 553 del Código Procesal Civil confiere a la Corte Suprema la facultad discrecional de suspender los efectos de una ley contra la cual se interpusiere una acción de inconstitucionalidad. En otras palabras, es el propio Congreso que dicta las leyes, el que autoriza a la Corte Suprema a proceder eventualmente de este modo. Ahora se pretende que el ejercicio de esta facultad pueda derivar en una responsabilidad por mal desempeño de funciones. De prosperar esta interpretación, ello implicaría la tácita derogación de la facultad discrecional conferida a la Corte Suprema para decidir en qué casos procede y en qué casos no procede la suspensión de efectos de una ley atacada de inconstitucional.

 Debemos señalar, además, que en ocasión de la Convención Nacional Constituyente el tema de la existencia o no de superposición entre las funciones de la Contraloría General de la República y las del Tribunal de Cuentas, fue objeto de un prolongado debate. De modo que no se puede afirmar, como se hace en el escrito de acusación, que la forma correcta de dilucidar el tema consista necesariamente en la solución que se da en la Ley N° 2248/03, negando a la Corte Suprema su carácter de intérprete final de la Constitución.

 No obstante, debo señalar que en esa oportunidad propuse que la denominación “Tribunal de Cuentas” fuera substituida por la de “Tribunal Contencioso-administrativo”, delegando a la ley la regulación de los diferentes aspectos relacionados con el mismo.

 De cualquier manera, no puede verse en el ejercicio por parte de la Corte Suprema de una facultad que la ley le confiere, un “atentado contra atribuciones del Poder Legislativo”, que configure mal desempeño de funciones. Francamente esto constituye una tremenda exageración sin sentido alguno.

 Los autos interlocutorios en virtud de los cuales se suspenden los efectos de la Ley Nº 2248/2003 fueron suscriptos también por el Dr. Wildo Rienzi Galeano (véanse los A.I. Nº 1687 a 1694, todos de fecha 30 de octubre de 2003).

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los fallos mencionados.

 Caso 7: Atribución de potestades constitucionales expresamente reservadas al Poder Legislativo, con grave afectación del equilibrio de poderes consagrado en el Art. 3° de la Constitución y que constituye el hecho punible de “atentado contra el orden constitucional” (Art. 277 del Código Penal – Ley N° 1160/97).

 a) En este caso, la cuestión está centrada en el alcance erga omnes que la Corte Suprema de Justicia, actuando en pleno, dio a algunos de sus fallos. Antes que nada, debe aclararse que en la parte resolutiva de ninguna de las sentencias dictadas se ha utilizado la expresión erga omnes, sino que se ha hecho una remisión a lo que expresamente establece el Art. 137 de la Constitución, en su último párrafo.

 Igualmente, debe señalarse que los diputados Efraín Alegre Sasiain, Wildo L. Legal Martínez y Rafael Filizzola no pueden invocar esta actuación de la Corte Suprema de Justicia como mal desempeño de funciones o como actos por medio de los cuales se cometieron delitos, salvo que no tengan reparos en incurrir en contradicción con sus propios actos anteriores.

 En efecto,  en el acta de la Sesión del Honorable Congreso Nacional, celebrada el 19 de agosto de 1998, figuran, entre los nombres de otros senadores y diputados, los de los diputados Pedro Efraín Alegre Sasiain, Rafael Augusto Filizzola Serra y Wildo Luis Legal Martínez. En dicha sesión se aprobó la Resolución N° 1 del Congreso “Que autoriza al Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional a recurrir ante el Poder Judicial”. Dicha resolución, en su artículo 1°, reza así: “Autorizar al Presidente y al Vicepresidente del Congreso Nacional a recurrir ante el Poder Judicial, solicitando la nulidad del Decreto N° 117 de fecha 18 de agosto de 1998 …”.

 Consecuentemente con esta resolución, en el escrito de promoción de la acción de inconstitucionalidad en nombre del Congreso Nacional, se solicitaba en el petitorio, lo siguiente: … IV) Oportunamente, dicte sentencia haciendo lugar a la acción promovida, declarando la inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad del Decreto N° 117, de fecha 18 de agosto de 1998, del Poder Ejecutivo, impugnado mediante esta presentación” (f. 49 del expediente “Acción de inconstitucionalidad: “Contra Decreto N° 117 de fecha 18 de agosto de 1998, del Poder Ejecutivo (presentada por el Congreso Nacional)”.

 Era el propio Congreso Nacional el que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad con efectos erga omnes. Obviamente el Acuerdo y Sentencia N° 415, del 2 de diciembre de 1998, por el cual se resolvía el caso, fue recibido con gran algarabía y plena aceptación por el Congreso Nacional.

 Dicho fallo expresaba en su parte resolutiva, lo siguiente: “Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso Nacional contra el Decreto N° 117 del 18 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo, con el alcance previsto en los artículos 137 in fine y 248 segundo párrafo de la Constitución Nacional”.

 Ahora, sin embargo, no se menciona el Acuerdo y Sentencia N° 415, entre los que se objetan por el alcance de la decisión adoptada. ¿A qué se debe esta posición dual? ¿Debe quedar a criterio del Congreso decidir la aceptación del alcance que la Corte Suprema da sus fallos o, por el contrario, considerar que existe mal desempeño o comisión de delitos si el alcance es general?

 Creemos que constituye una enorme incoherencia tratar casos idénticos en forma diferente según el buen humor o mal humor de quienes tienen que calificar la cuestión.

 En el acta de la sesión mencionada, además de los nombres de los diputados Alegre, Filizzola y Legal, figuran los de los siguientes senadores y diputados: Martín Chiola, Armando Vicente Espínola, Ana María Figueredo, Juan Carlos Galaverna, Enrique González Quintana, Bader Rachid Lichi, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, Blas N. Riquelme, Amado Enrique Yambay, Carmelo Juan Benítez Cantero, Miguel Corrales Irrazabal, Marcelo Alberto Diego Duarte Manzoni, Óscar Alberto González Daher, Blas Antonio Llano Ramos, Benjamín Maciel Pasotti, Carlos Manuel Maggi Rolón, Teodoro Rivarola Galarza, Francisco Rivas Almada, Mario Gualberto Soto Estigarribia, Juan José Vázquez Vázquez y Cándido Carmelo Vera Bejarano.

 Suponemos que para la mayor parte de ellos, este caso no tendrá ninguna importancia, dado que en la oportunidad señalada dieron su voto favorable para que la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117 fuera instaurada, pidiendo la nulidad del mismo, es decir, el dictamiento de una resolución con efectos generales o erga omnes.

 b) Bidart Campos dice: “Nosotros somos partidarios de los efectos erga omnes de la declaración de inconstitucionalidad, es decir, de la invalidación total y general de la actividad contraria a la Constitución, sea que esa actividad se haya ejercido con formas de ley, de decreto, de resolución, etc.” (G. J. Bidart Campos, Derecho de amparo, Bs. As., Ed. Ediar, 1961, p. 130).

 El principal argumento esgrimido por quienes sostienen que la declaración de inconstitucionalidad de un acto normativo pronunciado por un órgano jurisdiccional, no debe producir efectos erga omnes, consiste en afirmar que de ser así se produciría una grave violación de la división tripartita de poderes, ya que una declaración con tal alcance tiene efectos derogatorios.

Para derogar una ley se necesita otra ley; y ésta sólo puede ser dictada por el Poder Legislativo. Una sentencia declarativa de inconstitucionalidad no podría tener nunca efectos derogatorios, pues ello importaría una flagrante violación del principio señalado, esto es, una injerencia del Poder Judicial en el ámbito que está reservado en exclusividad al Poder Legislativo.

Creemos que esto no es verdad, porque no existe con este tipo de declaración una invasión del ámbito de un poder por otro.

La Constitución establece el ámbito de ejercicio de atribuciones de cada uno de los poderes, y en cuanto cada órgano se mantenga dentro del ámbito que le es propio y exclusivo, ningún otro poder puede interferir en esa actividad. Pero, si los poderes se salen del círculo de sus atribuciones específicas, entonces sí se puede declarar la inconstitucionalidad de sus actos.

En forma más clara podemos decir: el Congreso tiene facultades para dictar leyes, pero no está autorizado a dictar cualquier tipo de leyes. Solamente puede dictar leyes que se enmarquen en la Constitución, es decir, leyes que sean constitucionales.

En tanto en cuanto el Congreso dicte leyes que sean inconstitucionales, no está obrando dentro del marco que la Constitución le fija, es decir, se está excediendo. Y el Poder Judicial no interfiere en el círculo propio del Poder Legislativo sino que, por el contrario, actuando como “custodio de la Constitución”, está cortando lo que sobrepasa los límites de las atribuciones del órgano legislativo. Por eso, no hay ningún tipo de intromisión de un Poder en otro. Cuando cualquier otro Poder se sale del ámbito propio que le confiere la Constitución, al Poder Judicial le corresponde dejar sin efecto tales actos, sean del Poder Legislativo, sean del Poder Ejecutivo, como en el caso de una ley inconstitucional o de un decreto inconstitucional.

No vemos que el atribuir este tipo de efectos a una sentencia declarativa de inconstitucionalidad importe una violación del principio de división de poderes, pues sólo se refiere a actos inconstitucionales, es decir, a actos dictados por los otros poderes saliéndose de sus atribuciones, pues es evidente que dentro de ellas no puede estar la facultad de violar la Constitución. El control de constitucionalidad busca en última instancia el restablecimiento del principio de supremacía de la Constitución en los casos en que ella ha sido violada.

c) La declaración de inconstitucionalidad con efectos generales o erga omnes produce, como ya hemos apuntado, efectos derogatorios, es decir, la norma reputada violatoria de la Ley Suprema es retirada del ordenamiento jurídico positivo y deja de tener vigencia para todos los casos futuros que eventualmente pudieran presentarse.

En cambio, la declaración de inconstitucionalidad con efectos limitados, sólo determina la inaplicabilidad de la disposición jurídica impugnada al caso concreto en estudio, pero en relación con todos los demás casos, la norma sigue vigente.

Se puede afirmar, entonces, que entre ambos tipos de declaración de inconstitucionalidad existe una diferencia cualitativa. Sin embargo, en cuanto a los efectos derivados de uno y otro, se puede sostener que en la práctica, la diferencia es más bien cuantitativa. La declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, priva de efectos a la norma cuestionada en relación con todos los casos que pudieran presentarse; la declaración con efectos limitados, se circunscribe a cada caso concreto. Pero no se debe olvidar que por acumulación de casos concretos -supongamos que una ley afecte a mil personas y todas ellas la impugnen- se puede lograr el mismo efecto de una declaración erga omnes, es decir, que la norma de hecho deje de tener vigencia. Esto demuestra que la diferencia en el aspecto cuantitativo, invocada como ventaja de lo restringido sobre lo amplio, puede ser superada en ciertos casos, equiparando en la práctica los efectos de uno y otro tipo de declaración de inconstitucionalidad.

Si aceptáramos el razonamiento precedente, no resulta lógico considerar que cuando la declaración produce efectos erga omnes, el ejercicio del control de constitucionalidad importa un atentado contra el principio de división de poderes y consagra un avance del órgano jurisdiccional en un campo reservado al Congreso; y, en cambio, cuando únicamente origina efectos inter partes, no se produce dicho atentado. Esta distinción no puede fundarse sólo en que los efectos del acto sean más amplios o menos amplios.

En todo caso, para ser coherentes, deberíamos hablar de que en los dos casos hay un atentado contra el órgano legislativo, porque tanto en uno como en otro, se deja sin efecto una disposición dictada por el Congreso. De manera que si bien la afirmación de que se hiere de muerte a la ley, se aplica en sentido estricto a la declaración de inconstitucionalidad con efectos erga omnes; no es menos cierto que la declaración con efectos inter partes, también hiere a la ley al privarle de efectos en un caso concreto.

Ya mencionamos que la acumulación de casos concretos puede producir efectos similares a la declaración con efectos generales. En ciertas situaciones incluso se llega al extremo de que el número de sujetos afectados por la ley es tan escaso, que la declaración de inconstitucionalidad con efectos limitados produce, de hecho, efectos erga omnes; v.gr.: una ley de expropiación.

d) Ocurre que muchas veces en los debates sobre la redacción de una norma jurídica, se dice una cosa, y luego se escribe otra, o se escribe más de lo que se dijo. En estos casos, la norma adquiere vida propia más allá de lo que se expresó en los debates. Algo de esto sucedió en el tema de la declaración de inconstitucionalidad.

La forma en que están redactados los artículos constitucionales referidos al tema, permite interpretar que la declaración de inconstitucionalidad puede tener efectos limitados o efectos generales.

Por una parte, la disposición contenida en el artículo 260, apartado 1, prescribe efectos limitados cuando se trata de la declaración de inconstitucionalidad de “leyes y de otros instrumentos normativos”. Pero puede afirmarse que en este supuesto, la declaración produce como efecto únicamente “la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso”, porque ella es pronunciada por la Sala Constitucional y no por la Corte en pleno.

Por otra parte, el artículo 132 de la Constitución dice: La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley. El artículo 259 de la Constitución cita entre las atribuciones de la Corte la de conocer y resolver sobre inconstitucionalidad (inciso 5).

Además, el artículo 137 de la Constitución, expresa en su último párrafo lo siguiente: Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución.

Bien cabe la interpretación de que lo dispuesto en los artículos 132 y 259, inciso 5, de la Ley Suprema, en concordancia con lo expresado en el artículo 137, último párrafo, otorgan a la Corte, actuando en pleno, la facultad de declarar la inconstitucionalidad con efectos erga omnes.

El artículo 259 de la Constitución al mencionar entre las  atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, la de conocer y resolver sobre inconstitucionalidad (inciso 5), no especifica nada en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad debe tener efectos limitados, como se tuvo el cuidado de establecer en relación con la Sala Constitucional. En este último caso la declaración no tiene más alcance que el de la inaplicabilidad de la norma cuestionada al caso concreto (Art. 260, ap. 1, de la Constitución).

Evidentemente se necesita un mecanismo que haga operativa la disposición contenida en el artículo 137, último párrafo, de la Constitución, que de otro modo quedaría sin posibilidad de aplicación práctica, como una mera declaración retórica. Creemos que vinculando dicha norma con lo preceptuado en los artículos mencionados con anterioridad (132 y 259 inc. 5, de la Constitución), se puede afirmar que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre inconstitucionalidad, cuando son adoptadas por el pleno, pueden tener alcance general, es decir, efectos erga omnes.

Este es el criterio que el máximo órgano jurisdiccional sostuvo en algunos fallos. Debe puntualizarse con énfasis que existe, por lo menos, un antecedente jurisprudencial de la anterior Corte Suprema. La sentencia N° 183, del 1° de julio de 1994, en su parte resolutiva dice: “Hacer lugar a la demanda de inconstitucionalidad deducida y en consecuencia declarar la inaplicabilidad de la Ley N° 244/93, con el alcance previsto en el Art. 137 in fine, de la Constitución Nacional”.[11]

En otras palabras, la Corte declaró que la Ley N° 244/93, referente a la organización de las Fuerzas Armadas, carecía de validez. Se sentó así una jurisprudencia novedosa: la declaración de inconstitucionalidad de una ley puede tener efectos derogatorios. La Ley N° 244/93, sancionada por el Congreso, dejó de tener vigencia por resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Siguiendo este mismo criterio, la actual Corte Suprema, actuando en pleno, dictó algunos fallos con el alcance mencionado. En el escrito de acusación se hace alusión a ellos, aunque, como dijimos, se omite el Acuerdo y Sentencia N° 415, del 2 de diciembre de 1998, que declaró la inconstitucionalidad del Decreto N° 117, a pedido del propio Congreso Nacional.

f) En el escrito de acusación se afirma que para fundamentar esta jurisprudencia de la Corte Suprema se hace referencia en forma exclusiva al sistema español, que los redactores de la acusación consideran que es diferente al vigente en nuestro país y que, por tanto, no puede servir de sustento a la postura de nuestro máximo órgano jurisdiccional.

Sabemos que el sistema español es diferente, básicamente porque el control de constitucionalidad está en manos de un Tribunal Constitucional, que constituye un órgano extrapoderes, y no a cargo del órgano máximo del Poder Judicial. Pero esta sola circunstancia no invalida toda referencia que se pueda hacer al mismo, precisamente si se tienen en cuenta las diferencias que existen entre uno y otro sistema.

Pero para evitar discusiones estériles vamos a hacer referencia al derecho comparado latinoamericano, en el cual encontramos casos muy similares al nuestro en que, incluso, la Sala Constitucional, por si sola, puede declarar la inconstitucionalidad de actos normativos (leyes) con alcances erga omnes.

Esto ocurre, por ejemplo, en el sistema constitucional salvadoreño, con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

 A continuación transcribimos los preceptos constitucionales  pertinentes:

Art. 174: “La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos …

La Sala de lo Constitucional estará compuesta de cinco magistrados designados por la Asamblea Legislativa, uno de los cuales será el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien también la presidirá.”

Art. 183: “La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

 En cuanto al sistema costarricense, Rubén Hernández Valle afirma lo siguiente: “Las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, además de anular la norma o actos impugnados, tienen efectos de cosa juzgada y los eliminan del ordenamiento jurídico. En otros términos, la sentencia estimatoria en esta materia tiene efectos abrogativos y erga omnes hacia el futuro, pues la norma o acto declarados inconstitucionales desaparecen del ordenamiento jurídico, tal y como si hubieran sido derogados” (R. Hernández Valle, El Derecho de la Constitución, San José, Costa Rica, Ed. Juricentro, 1993, Vol. II, p. 718).

En Panamá, la declaración de inconstitucionalidad de actos normativos, con efectos erga omnes, corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno.

 El Art. 203 prescribe cuanto sigue: “La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

1- La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona …

… Las decisiones de la Corte en ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial.”

En Venezuela, de acuerdo con la Constitución de 1999, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de declarar la nulidad de leyes y otros instrumentos normativos. Esto equivale a la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales.

 Las disposiciones constitucionales pertinentes son las siguientes:

 Art. 334: “…Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados den ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.”

 Art. 336: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad de total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con esta Constitución.

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público…”.

 g) Como conclusión de este caso, queremos remarcar los siguientes puntos:

 – En este caso de la acusación, se nota que se han “cortado y pegado” diferentes “trabajos”, sin mucho cuidado, ni lógica.

 – Los redactores de la acusación, en un acto de soberbia, se arrogan en exclusividad la capacidad de poder realizar una acertada interpretación de las disposiciones de la Constitución. Por no sabemos que acto, a ellos les ha sido conferida la posibilidad de poseer la verdad indubitada y de calificar, en cambio, a la interpretación realizada por la Corte Suprema de errada, cuando menos.

 – Deducen ellos, no sabemos de donde, que la Corte Suprema sostiene que cuando actúa en pleno siempre y necesariamente sus resoluciones referentes a la declaración de inconstitucionalidad producen efectos erga omnes. En ningún caso se ha sostenido esto.

 Lo que se ha dicho es que cuando actúa la Sala Constitucional, por expresa disposición de la Ley Suprema, sus resoluciones sólo tienen efectos limitados o inter partes; y para darle efectos erga omnes a un fallo necesariamente debe intervenir el pleno de la Corte Suprema, aunque si no se hace la referencia al Art. 137, último párrafo, de la Constitución, los efectos no tienen tal alcance.

 Creen que se confunde la potestad de ampliar las salas con la facultad de dictar fallos con efectos erga omnes. Tremendo error. Sólo un análisis simplista, poco profundo y sin base jurídica puede sostener esto. La facultad de dictar sentencias con efectos erga omnes no deriva del hecho de que las salas puedan ser ampliadas con intervención de todos los miembros de la Corte Suprema. Dicha facultad le está conferida al máximo órgano jurisdiccional por las disposiciones constitucionales mencionadas más arriba, y la necesidad de que intervenga el pleno es indispensable porque la facultad le está conferida al pleno de la Corte Suprema y no a una de sus salas. Es lo contrario al razonamiento absurdo utilizado en el escrito de acusación.

 – Señalan una opinión doctrinaria – que no es más que eso: una opinión doctrinaria – como si fuera la verdad absoluta, en tanto que cualquier otra en sentido contrario, carecería de todo valor.

 – Los redactores de la acusación cometen el grave error de querer hacer prevalecer la legislación secundaria por encima de la Constitución. Sostienen que porque el Código Procesal Civil – legislación secundaria que regula la materia – no se refiere a los efectos erga omnes, no existe posibilidad de concluir que la propia Ley Suprema admita tales efectos.

 Olvidan que el C.P.C. es de 1988, es decir de antes de la Constitución de 1992, por lo que ha quedado desfasado y obviamente el supuesto argumento al que aluden, de que en él no están previstos los efectos erga omnes de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad, carece en absoluto de todo sustento lógico y jurídico.

 – No es cierto que la exclusividad de conocer y resolver las cuestiones de constitucionalidad esté reservada a la Sala Constitucional. No se puede afirmar tal cosa si se pretende un mínimo de rigurosidad científica, cuando el Art. 259 Cn. al hablar de los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, sin ninguna limitación, le confiere en su inc. 5, el conocer y resolver sobre inconstitucionalidad. En nuestro sistema, la Corte Suprema de Justicia reúne la triple calidad de Tribunal Constitucional, Tribunal de Casación y Tribunal de Apelación, en ciertos casos.

 – En la enumeración de los fallos en los cuales la Corte Suprema ha declarado la inconstitucionalidad del acto normativo impugnado, con los alcances previstos en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, se omite ex profeso el Acuerdo y Sentencia N° 415, del 2 de diciembre de 1998, que se refería al Decreto N° 117/98.

 Es que en ese caso, el propio Congreso Nacional, como vimos más arriba, pidió la declaración de nulidad del mencionado decreto. Es decir, el órgano legislativo admitió en forma expresa al pedir y luego al aceptar la decisión, que la Corte Suprema de Justicia estaba investida de la facultad de actuar del modo en que lo hizo en este caso.

 No se puede ahora – si existe un mínimo de decencia y coherencia – sostener en relación con casos similares, que ello constituye mal desempeño de funciones.

 En particular, los diputados Efraín Alegre Sasiain, Rafael Filizzola Serra y Wildo Legal, no debieron admitir este caso como uno de los supuestos fundamentos de la acusación.

 – La alusión a “Hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral”, es delirante.

 El Acuerdo y Sentencia Nº 415, del 2 de diciembre de 1998, fue subscripto también por el Dr. Wildo Rienzi Galeano.

 El Acuerdo y Sentencia Nº 979, de fecha 18 de septiembre de 2002, fue subscripto también por los Doctores Wildo Rienzi y Antonio Fretes.

 Caso 10: Irregularidades en la licitación de las obras de la Torre Norte del Palacio de Justicia.

 Este caso refleja desconocimiento del tema y una gran ligereza en el tratamiento del mismo. Igualmente se aprecia la influencia que ciertos medios de prensa ejercen sobre el público en general y, por lo visto, también sobre personas calificadas que, no obstante esta circunstancia, aceptan acríticamente como verdad indubitada todo lo publicado en los medios periodísticos.

 Al respecto existen datos categóricos que echan por tierra todo lo afirmado en la acusación.

 De acuerdo con el Art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Precalificación y Licitación Pública Nacional N° 01/2002 “De empresas o consorcios de empresas para la refacción y terminación de obras en la Torre Norte del Palacio de Justicia”, “la Corte Suprema  se reserva el derecho de declarar desierta la Precalificación y Licitación en el caso que considere no ser de su conveniencia ninguna de las ofertas presentadas, sin que esta situación dé derecho a los licitantes para reclamar daños y perjuicios”.

 Esta condición – así como todas las otras del Pliego de Bases y Condiciones -, fue aceptada por todos los participantes de la licitación, y es una disposición que con frecuencia se incluye en los citados pliegos.

 La Corte Suprema, en ejercicio de una atribución que le correspondía, declaró desierta la aludida Precalificación y Licitación Pública Nacional. En definitiva, las obras no se llevaron a cabo. En estas circunstancias, ¿qué irregularidad o perjuicio para el Estado pudo haber derivado de este hecho?

 Algunos de los oferentes promovieron ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, una acción contra la Corte Suprema de Justicia, pero luego desistieron de la misma. ¿Qué irregularidad existe en esto? Esta era la vía natural para cualquier reclamación o cuestionamiento sobre aspectos relacionados con la licitación, y, por ello, el desistimiento constituye, por el contrario, una prueba categórica de que todo terminó por los cauces normales.

 Dados los extremos señalados, constituye una irresponsabilidad que ofende sensiblemente la integridad y la honorabilidad de cualquier persona, el afirmar que “incurren los acusados dentro de la tipificación del delito de Lesión de Confianza tipificado en el art. 192 del Código Penal, en el presente caso en grado de tentativa”.

 Rechazo categóricamente esta afirmación. Se ha demostrado que no hubo adjudicación, que la Corte Suprema declaró desierta la licitación haciendo uso de una atribución de que estaba investida, y que los supuestos afectados promovieron un juicio contencioso-administrativo, del cual luego desistieron. No existe irregularidad alguna. No ha existido perjuicio alguno al erario público, ni nada parecido.

 La Resolución Nº 1172, “Por la cual se declara desierta la Precalificación y Licitación Pública Nacional Nº 01/2002, de empresas o consorcio de empresas para la refacción y terminación de obras en la Torre Norte del Palacio de Justicia”, de fecha 30 de abril de 2003, fue subscripta también por los Doctores Antonio Fretes y Wildo Rienzi Galeano.

 Caso 12: La insólita promoción del Juez Juan Carlos Paredes.

 Se califica de “insólita” la promoción del Juez Juan Carlos Paredes. Se afirma que el mismo “… no solamente no fue destituido del cargo, sino que inclusive la Corte lo premió con un ascenso a magistrado de segunda instancia …”. Se agrega que esto demuestra “negligencia y actitud corporativa … falta de voluntad para combatir la corrupción”.

 Todo lo afirmado carece en absoluto de fundamento y es fruto de la liviandad en el tratamiento del tema y del desconocimiento de procedimientos y disposiciones constitucionales.

 En primer lugar, debe señalarse que no es atribución de la Corte Suprema de Justicia el enjuiciamiento y la eventual destitución de los magistrados de grados inferiores. Tal atribución corresponde al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (Art. 253 Cn.), de modo que la expresión “no solamente no fue destituido del cargo” no puede ser referida a la Corte Suprema de Justicia.

 Es más, el Juez Juan Carlos Paredes fue absuelto en el mencionado caso, por el órgano constitucional competente para enjuiciarlo. En efecto, en virtud de la S.D. N° 14/2000, de fecha 26 de julio de 2000, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió absolver al Magistrado Juan Carlos Paredes, Juez Penal de Liquidación y Sentencia N° 1 de la Capital (se adjunta copia del fallo).

 Si el órgano competente lo absuelve, independientemente del criterio u opinión que se tuviera sobre el caso, la Corte Suprema de Justicia y cualquier otro órgano o persona, deben actuar en consecuencia de la resolución adoptada. No pueden hacerlo de otro modo, pues ello implicaría sobreponerse a la decisión adoptada de conformidad con la Constitución y la ley, y actuar indebidamente de acuerdo con su propio criterio como si este constituyera una decisión de jerarquía superior. Todo esto es inadmisible.

 No hubo, pues, “negligencia y actitud corporativa” ni “falta de voluntad para combatir la corrupción”. Si la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue de absolución, la actuación de la Corte Suprema de Justicia no podía ni debía estar condicionada a una supuesta situación irregular del citado magistrado, porque ello implicaría que la Corte, contra la decisión del órgano competente y sin el debido proceso –del cual, por el contrario, no resultó nada- le está imponiendo una sanción.

 Además, debe agregarse que, como es de público conocimiento, la designación de los magistrados se hace por votación secreta, de modo que resulta imposible determinar quienes fueron los ministros de la Corte Suprema de Justicia que votaron a favor de su nombramiento, ya que la decisión se adoptó por mayoría, no por unanimidad. Sería sumamente absurdo y arbitrario sostener que ante la imposibilidad de esta determinación, la supuesta responsabilidad por el hecho debieran cargarla todos los integrantes del mencionado cuerpo.

 La S.D. Nº 14/2000, del 26 de julio de 2000, por la cual se absuelve al Magistrado Juan Carlos Paredes, fue subscripta por el Dr. Wildo Rienzi G. y por el actual Senador Oscar González Daher.

 Caso 13: Autoaumento de salarios.

 En la denominación del caso se incurre en un error. No se trata aumento de salarios, sino de la determinación de bonificaciones por responsabilidad en el cargo.

 Se alude a la Acordada N° 250 de fecha 15 de febrero de 2002 y a la Resolución N° 1139 del 7 de febrero de 2003.

 La ligereza en el tratamiento del tema se puede apreciar en otro error. En efecto, se afirma que la Acordada N° 250 del 15 de febrero de 2002 contraviene el Decreto N° 20.139 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 2061/02 Que aprueba el Presupuesto de Gastos [sic] de la Nación para el ejercicio fiscal 2003”.

 La Acordada supuestamente viola un Decreto de fecha posterior. Como se sabe, el Presupuesto General de la Nación para el año siguiente, es aprobado en los últimos meses del año precedente (en este caso noviembre/diciembre de 2002, nunca antes del 1° de septiembre de 2002 – Art. 216 Cn.). La Acordada N° 250 fue dictada el 15 de febrero de 2002.

 El caso es muy simple. En el referido Decreto se establece que las bonificaciones por responsabilidad en el cargo no deben sobrepasar el 40 % de la remuneración básica mensual (sueldo más gastos de representación).

 En la acusación, sin prueba alguna, se afirma que lo establecido en dicho concepto supera el porcentaje fijado. Por el contrario, basta atender a lo que se establece en el Presupuesto General de la Nación como remuneración básica mensual de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, para comprobar que no se ha incurrido en ninguna irregularidad al determinar las bonificaciones por responsabilidad en el cargo.

 Por último, debe señalarse la malicia que contiene la denominación que se da a este caso al hablar de “autoaumento”. Indudablemente es la Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial y por disposición legal, la que debe dictar la resolución mediante la cual se adopta una medida como la que nos ocupa. Dicha decisión beneficia, es cierto, a los integrantes del máximo órgano, pero ello es así porque se trata de una resolución en la cual se determina la bonificación por responsabilidad en el cargo de los magistrados de todas las instancias.

 La Acordada Nº 250, del 15 de febrero de 2002, y la Resolución Nº 1139, del 7 de febrero de 2003, fueron subscriptas por los Doctores Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes.

 Caso  14: “Mundy Recepciones” o de las “Croquetas de Oro”.

 En este punto se hace una serie de observaciones fundadas antes que en criterios jurídicos objetivos, en deformaciones cargadas de subjetividad y superficialidad.

 a) Comienza el tratamiento ligero del tema con la misma denominación del caso: “croquetas de oro”, con lo cual se cede sin ningún sentido crítico a la caricaturización del tema, realizado por algunos medios periodísticos.

 Al respecto debe señalarse que los servicios comprendían por mes, 9400 almuerzos, 5854 almuerzos en viandas (Marmitex), 36.840 lunches. Estos servicios fueron prestados durante dos años.

 b) No se comprende, en absoluto, el alcance del control de constitucionalidad, aunque se afirme que “por supuesto que no se pretende que la Acción de Inconstitucionalidad constituye un recurso ordinario”.

 En nuestro ordenamiento jurídico, la facultad de ejercer el control de constitucionalidad está conferida a la Corte Suprema de Justicia, y en particular a la Sala Constitucional. Dicho control puede recaer sobre actos normativos (leyes) o sobre actos jurisdiccionales (sentencias). Dicho control puede ser provocado por la vía de la acción (directamente ante la Corte Suprema) o por la vía de la excepción (en cualquier instancia, en el marco de cualquier juicio, sin perjuicio de que las actuaciones se eleven luego a la Corte para decidir la cuestión).

 En el presente caso, se trataba de una acción de inconstitucionalidad promovida contra las sentencias dictadas en primera y segunda instancias. Se sabe que el objetivo de la acción planteada es el provocar el control de constitucionalidad de las sentencias impugnadas, no una nueva revisión de ellas en tercera instancia. El control de constitucionalidad consiste en verificar si en el dictamiento de las sentencias no se ha incurrido en violación de preceptos constitucionales. En otras palabras, consiste en constatar la adecuación de dichos actos jurisdiccionales al marco constitucional. No se trata de una revisión amplia y general de las sentencias, lo cual podría ser propio de los recursos. La Corte Suprema no actúa ni puede actuar en el marco de una acción de inconstitucionalidad como un tribunal de tercera instancia, ni puede convertir a dicha acción en un recurso de revisión de los fallos dictados en las instancias ordinarias, aunque discrepara con el criterio de los magistrados intervinientes, siempre que el proceso se hubiere llevado con observancia de las disposiciones consagradas en la Ley Suprema.

 En cuanto al alcance del control de constitucionalidad ha sido sentada una jurisprudencia uniforme, pacífica y de larga data, que arranca desde antes de 1995 y que ha sido mantenida en forma invariable por esta Corte Suprema.

 En relación con este punto, transcribimos a continuación ejemplos relativamente reciente de la jurisprudencia sentada sobre el punto.

 Acuerdo y Sentencia Nº 393 – 11 de noviembre de 1998

 …La lectura de los expedientes traídos a la vista revela que el accionante pretende reabrir el estudio de temas extensamente debatidos en las instancias ordinarias. Al respecto han sido dictadas las resoluciones respectivas, las cuales se basan en criterios razonables y en la aplicación de las disposiciones legales pertinentes. Dados estos extremos, se puede pensar que lo que se intenta es abrir indebidamente una tercera instancia de revisión por medio de una acción  de inconstitucionalidad. Pero esto, dada la naturaleza del juicio principal así como la finalidad específica del control de constitucionalidad, es en absoluto improcedente…

 Acuerdo y Sentencia Nº 53 – 11 de marzo de 1999

 …Ciertamente que es posible disentir con la valoración de las pruebas realizada por los magistrados, pero este solo hecho no justifica la promoción de una acción de inconstitucionalidad. De acuerdo con una jurisprudencia pacífica y constante, la apreciación de las pruebas constituye materia opinable, y siempre que los magistrados se mantengan dentro de los límites de sus facultades jurisdiccionales, la simple discrepancia de esta Corte con el criterio de los mismos no autoriza su intervención si no existe conculcación de preceptos constitucionales, como en el presente caso. Este máximo Tribunal, tratándose de este tipo de acción, no actúa por vía de apelación, sino a los efectos del control de constitucionalidad de los fallos dictados en las instancias ordinarias.

Si, como se observa en el caso en estudio, no ha existido violación alguna de norma de rango constitucional a todo lo largo del proceso, no cabe la intervención de éste órgano…

 Acuerdo y Sentencia Nº 105 –  5 de abril de 1999

 …La Corte Suprema de Justicia, actuando como tribunal de control de constitucionalidad, no constituye una instancia más para pronunciarse sobre cuestiones procesales que han sido debatidas y resueltas en las instancias ordinarias, salvo que exista una ostensible violación de normas constitucionales.  Esta circunstancia, no se presenta en caso de autos…

 Acuerdo y Sentencia Nº 223 – 12 de mayo de 1999

 … Los argumentos esgrimidos por el accionante se basan en su discrepancia con la valoración de las pruebas realizada por los magistrados de las instancias ordinarias. Este hecho no constituye, sin embargo, base suficiente para una nueva revisión del tema cuando se han agotado las instancias previstas en la ley. Pretender servirse para ello de una acción de inconstitucionalidad, resulta improcedente conforme lo ha señalado esta Corte en innumerables ocasiones. Los magistrados tienen la facultad legal de valorar las pruebas ofrecidas de conformidad con las reglas de la sana crítica, por lo que si sus apreciaciones se mantienen dentro del campo de lo razonable, la intervención de este máximo tribunal no corresponde ya que la vía escogida está orientada al control de constitucionalidad, exclusivamente…

 Acuerdo y Sentencia Nº 281 – 23 de junio de 2000

 …Por medio de la presente acción se pretende lograr la declaración de inconstitucionalidad, y consiguiente nulidad, de los fallos impugnados, por estar  ellos  afectados por supuestos vicios procesales que los invalidan. Como los mismos no fueron debida y oportunamente cuestionados, esta acción deviene improcedente pues se pretende convertirla en una instancia más de revisión de sentencias dictadas por magistrados de las instancias inferiores. Hacer lugar a la presente acción importaría desvirtuar el objeto propio y específico de la misma, que no es otro sino el control de constitucionalidad, pues en el caso en estudio no se observa conculcación alguna de preceptos de máximo rango…

 Acuerdo y Sentencia Nº 422 – 22 de agosto de 2000

 … Los argumentos expuestos por el accionante en su escrito de promoción, son los mismos que ya han sido objeto de consideración y detenido estudio en las instancias ordinarias. Esta circunstancia revela la intención de utilizar a esta vía, estatuida en forma específica a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad, como un recurso ordinario más para la revisión de decisiones adoptadas en las instancias precedentes. Dicha intención no puede ser avalada por esta Corte, pues, de conformidad con las opiniones doctrinales prevalecientes y la jurisprudencia constante y pacífica existente sobre el tema, la acción de inconstitucionalidad no debe ser equiparada a una tercera instancia…

 Acuerdo y Sentencia Nº 61 – 20 de marzo de 2001

 … El accionante, al fundamentar la presente acción, repite los argumentos esgrimidos en las instancias ordinarias. Se puede apreciar que los mismos se refieren a la valoración que los magistrados intervinientes realizaron de las pruebas ofrecidas y a la interpretación y aplicación del derecho efectuada por los aludidos juzgadores. Pero no existiendo conculcación de preceptos de máximo rango, como ocurre en el presente caso, la utilización de esta vía –legislada en forma específica para ejercer el control de constitucionalidad resulta improcedente. Admitir lo contrario importaría reconocer a la acción de inconstitucionalidad el carácter de un recurso ordinario más para la revisión de decisiones adoptadas en las instancias precedentes y constituir esta Corte en un tribunal de tercera instancia, cuando ello no corresponde. Las opiniones doctrinales prevalecientes y la abundante, constante y pacífica jurisprudencia existente sobre el tema, no admiten tal posibilidad…

 Acuerdo y Sentencia Nº 399 – 26 de julio de 2001

 …La lectura de las constancias procesales permite afirmar que los juzgadores han actuado guiados por tales reglas, aplicando las disposiciones legales que regulan el caso en estudio. Se han observado las normas que garantizan el debido proceso y el ejercicio del derecho a la defensa en juicio, por lo que no puede sostenerse que exista arbitrariedad.

En el momento de dictar las sentencias se ha tenido en cuenta la ley vigente en la materia así como los principios del derecho laboral, la doctrina y jurisprudencia existentes sobre el tema.

No se observa violación alguna de preceptos de rango constitucional. En las circunstancias descriptas, la acción promovida deviene improcedente. En efecto, la misma tiene una finalidad específica: hacer efectiva la supremacía de la Constitución mediante un procedimiento de control de constitucionalidad que conduzca a la declaración de la nulidad de las resoluciones judiciales que contradigan a aquella. El caso en estudio no puede prosperar. Lo contrario implicaría desvirtuar la acción de inconstitucionalidad, utilizándola como un recurso ordinario más de revisión; y provocar la intervención indebida de esta Corte como un tribunal ordinario …

 Acuerdo y Sentencia Nº 351 – 29 de abril de 2002

 …El accionante no comparte la decisión adoptada por los magistrados de las instancias ordinarias y sostiene que los fallos dictados son arbitrarios. Sin embargo, los argumentos expuestos por el accionante no resultan adecuados como para que una acción de esta naturaleza pueda prosperar. En efecto, no corresponde utilizarla como un recurso ordinario de revisión, con el fin de que en tercera instancia sean estudiados nuevamente los fallos dictados por los magistrados de las instancias ordinarias, en ejercicio de sus funciones.

Las discrepancias que se pudiere tener con las decisiones de éstos, no pueden ser planteadas por esta vía, cuando los fallos se enmarcan en las leyes vigentes en la materia, en las constancias de autos y en las reglas de la lógica. Solamente en caso de que se observen violaciones de principios, derechos o garantías constitucionales, resulta procedente la intervención de esta Corte con vistas a ejercer el control de constitucionalidad…

 c) Se critica el “pronto despacho”, “la notoria celeridad con la cual fue evacuada la cuestión” y de ello se deduce que existen “graves indicios de parcialidad en el juzgamiento”. Es más, con todo desparpajo se pretende que “dicha conducta se halla encuadrada dentro de la tipificación del delito de prevaricato previsto en el Código Penal en su artículo 305”.

 Palos por que bogas y palos por que no bogas. Es cierto que existen casos en que hay retraso, pero también existen cientos de casos en que se da la “notoria celeridad” que tanto llama la atención de los redactores del escrito de acusación. No pueden afirmar estos que sólo en este único caso se dio tal circunstancia. Eso sería muy llamativo, aunque por sí sola no constituiría ninguna irregularidad. Pero la verdad es que existen múltiples casos comunes, que no llaman la atención, en que se da tal celeridad.

d) Se afirma que no se “busca realizar un análisis sobre el acto jurisdiccional de la CSJ”, sin embargo, se avanza sobre el tema en forma indebida, como si la comisión encargada de redactar el escrito de acusación estuviera investida de atribuciones que le permitieran juzgar actos emanados de la Corte Suprema de Justicia, como si constituyeran una instancia superior e infalible.

 No se hace otra cosa sino asumir el carácter de un tribunal que pretende estar por encima de la Corte Suprema, cuando se afirma que “se ha partido de premisas falsas para condenar a la Binacional como oportunamente será demostrado si necesario fuere”. Tal afirmación resulta totalmente desubicada e irrespetuosa.

 Se alude luego, siguiendo siempre en el papel de juzgador supremo, analizando cuestiones jurídicas y fácticas que fueron objeto de estudio y pronunciamiento en sede judicial en las instancias pertinentes. No pueden los redactores del escrito de acusación tener la soberbia de creerse dueños de la justicia y de la verdad. Más adelante haremos mención a una serie de circunstancias que demuestran que la ligereza y el desconocimiento prevalecieron en el análisis de este caso. Esta alusión demostrará asimismo que la Corte Suprema hizo un estudio profundo del expediente y no “una lectura ligera de los fallos de los inferiores”. Lo que no saben los redactores es que no es necesario hacer una descripción detallada de cada paso que se da.

 Los supuestos problemas de proporciones para la Itaipú, el embargo de sus bienes, la dificultad de pago de salarios al personal de la entidad, los cuestionamientos de la dirección brasileña, etc., son cuestiones que sobrepasan los límites de un juicio y que escapan a la responsabilidad y a las posibilidades del órgano juzgador.

 La irresponsable alusión a una supuesta ligereza en la condena a la Entidad Binacional Itaipú, sobre la base de una “dudosa interpretación”, con lo cual se pretende de nuevo suplir con carácter supremo la función de los órganos jurisdiccionales, así como la mención de nuevo del mal desempeño de funciones y del delito de prevaricato, descalifican por completo esta acusación.

 f) No saben los redactores de la acusación que la fórmula matemática de reajuste del precio que debía pagarse fue establecida por la propia Entidad Binacional Itaipú en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Binacional que llamó para la provisión de los servicios.

 No se podrá afirmar que la Itaipú sea una entidad débil, carente de un asesoramiento jurídico adecuado. La fórmula de reajuste fue establecida en forma deliberada, unilateralmente y con pleno conocimiento de causa, con precedencia a cualquier actuación judicial.

 En sede judicial nunca se cuestionó la fórmula en sí, sino la forma de aplicarla. Se sabe que los jueces no pueden pronunciarse, en principio, más que sobre lo que las partes someten a jurisdicción.

 No saben los redactores de la acusación que ambas partes accedieron a someter la cuestión a un análisis pericial, teniendo en cuenta que la aplicación de la fórmula era una cuestión de carácter contable y administrativo.

 Fueron designados tres peritos, dos propuestos por cada una de las partes y el tercero por el juez.

 Las partes aportaron puntos al cuestionario que sería dirigido a los peritos y el juzgado resolvió incluir en el cuestionario todos los puntos que ambas partes solicitaron.

 Las respuestas dadas por todos los peritos (incluido el propuesto por la Itaipú) al cuestionario que les fuera dirigido fueron concluyentes, categóricas, concordantes y coincidentes en todo lo substancial.

 La suma que la Itaipú Binacional debía abonar a la firma demandante fue fijada ya en primera instancia. Dicho monto fue confirmado en segunda instancia. Hasta ese momento no existió ninguna reacción por parte de la  Itaipú. De ningún modo cabe pensar que no tenía un buen asesoramiento jurídico, o que siendo víctima de arreglos espurios en las instancias ordinarias no pudiera solicitar los buenos oficios de altas autoridades, aunque bastaría la intervención de las propias autoridades de la Itaipú, para alertar a la Corte Suprema sobre las irregularidades que supuestamente se estaban cometiendo. Tampoco se recurrió a denuncias a la prensa.

 Silenciosamente se planteó una acción de inconstitucionalidad, como si se tratara de un caso más. Nunca recibí la visita de un abogado de la Itaipú en relación con este caso. Con anterioridad, en casos ínfimos comparados con éste, de pago de indemnizaciones y otros rubros en materia laboral (que no excedían de 40 o 50 millones de guaraníes), había recibido la visita de profesionales interesados en los casos encomendados a ellos.

 El escándalo estalla luego de que se rechaza la acción de inconstitucionalidad promovida. Existieron cosas raras en este caso, pero ninguna de ellas estuvo vinculada con las actuaciones en sede judicial.

 Los redactores de la acusación debieran escandalizarse no porque se rechaza una acción de inconstitucionalidad dado que no se había observado en todo el curso del juicio ninguna conculcación de preceptos de máximo rango, sino de lo que precede a lo realizado en sede judicial. Allí está el meollo del asunto.

 Debieran escandalizarse por la inclusión de una fórmula de reajuste de las características de la que por sí misma, unilateral, deliberada y voluntariamente la Itaipú Binacional incluyó en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Binacional que llamó.

 No existió nada irregular en el dictamiento del fallo que rechazó la acción de inconstitucionalidad, en consecuencia, no cabe hablar de mal desempeño de funciones y mucho menos de la comisión de delitos.

 Caso 15: Caso Nissen, el acoso judicial a un fiscal que investigaba casos de corrupción.

 En este punto se repiten acríticamente los supuestos argumentos formulados por el propio Nissen.

 En el caso Nissen, la Corte Suprema de Justicia no ha hecho otra cosa que actuar como lo ha venido haciendo en numerosos casos similares de sentencias dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra las cuales se plantean acciones de inconstitucionalidad, y de pedidos de suspensión de magistrados enjuiciados.

 En cuanto a lo primero, en el mismo escrito de Nissen se afirma que, planteada una acción de inconstitucionalidad contra la Sentencia Definitiva N° 2/03, del 07/04/03, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Corte Suprema dispuso la suspensión de efectos de la misma de conformidad con lo dispuesto en el Art. 559 del C.P.C., “haciendo posible con dicha resolución, la reincorporación al cargo del Agente Fiscal Alejandro Nissen y la continuidad en las causas que hasta hoy se encuentran postergadas”.

 En cuanto a lo segundo, debemos decir que el hecho de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se haya reunido de manera extraordinaria y urgente a la tarde del mismo día (16/05/03) en que la Corte Suprema dispuso la suspensión de efectos de la sentencia mencionada en el párrafo precedente, el que haya dado “trámite de manera irregular a la denuncia formulada por el Abog. Luis Humberto Arévalos”, y el que haya solicitado a la Corte Suprema la suspensión del Agente Fiscal Nissen, en todo caso constituirían, si lo fueran, irregularidades imputables al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En esta parte se puede apreciar que la acusación está dirigida más bien a los integrantes de dicho órgano.

 Recibido por la Corte Suprema de Justicia el pedido de suspensión del Agente Fiscal Nissen, cuya premura en el envío –si ello constituyere irregularidad- no es imputable a aquella, se procedió como se ha venido haciendo en todos los casos anteriores.

 En efecto, fue dictada la Resolución N° 1182, del 20/05/03, por la cual se dispuso la suspensión del Agente Fiscal Nissen.

 La Constitución establece en su Art. 259 lo siguiente:

 Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

… 7) suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso …

 La misma disposición encontramos también el Art. 3°, inc. d), de la Ley N° 609/95, Que organiza la Corte Suprema de Justicia.

 La facultad de suspender preventivamente a magistrados judiciales enjuiciados, es una atribución de la Corte Suprema, y en el caso de Nissen, como numerosos casos más en que se procedió del mismo modo, existió un pedido del órgano al cual la Constitución confiere la facultad de enjuiciar a los aludidos magistrados. Se trataba de un pedido de un órgano competente, no de cualquier pedido. Se trataba de una suspensión preventiva durante el tiempo que durara el enjuiciamiento.

 En absoluto se puede hablar de que la Resolución N° 1182, del 20/05/03, haya sido “suscripta de manera arbitraria y en violación de las garantías constitucionales al debido proceso”. No es arbitraria pues se basa en las disposiciones constitucional y legal mencionadas más arriba. No viola las garantías del debido proceso, pues se trata nada más de una suspensión preventiva y la observancia de dichas garantías debe darse en el marco del proceso llevado a cabo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

 Rechazo, pues, categóricamente que se haya incurrido en violación alguna de preceptos constitucionales y legales. Más desacertada aún es la pretensión en encuadrar esta actuación dentro de la figura penal de prevaricato. No corresponde en absoluto.

 La alusión a un supuesto delito de “producción de documentos oficiales de contenido falso”, resulta altamente ofensiva. La acusación no puede basarse en las meras afirmaciones del Agente Fiscal Nissen.

 De todos modos, en el supuesto negado de que la firma obrante en la Resolución N° 1182 no perteneciera al Dr. Irala Burgos, ello no sería responsabilidad de los demás firmantes del documento, pues a ellos no les corresponde la certificación de la firma de los otros.

 Ofende enormemente que el escrito de acusación haya hecho suyas, sin ninguna comprobación y sin ningún sentido crítico, expresiones vertidas con toda irresponsabilidad por el Agente Fiscal Nissen en su escrito de denuncia. Entre ellas menciono la siguiente: “… la conducta desleal, vergonzosa y manipuladora del resto del cuerpo merece el repudio y la condena de toda la sociedad”.

 Repito: en el caso Nissen la actuación de la Corte Suprema ha consistido en el ejercicio de una atribución que le confiere la Ley Suprema y dicho ejercicio ha sido realizado a pedido del órgano constitucional competente para el juzgamiento de los magistrados judiciales.

 Conclusión

 Todo este proceso constituye una página de la historia que hubiera sido mejor no haberla vivido. Este proceso salvaje, arbitrario e inmisericorde es lo que las autoridades y los líderes políticos son capaces de producir.

 A esta altura de los acontecimientos lo que debemos hacer es apresurarnos a dar vuelta esta ignominiosa página de la historia, escrita supuestamente en nombre de la democracia, para mejorar el Poder Judicial y erradicar de él la corrupción. Pero muchos de quienes pretenden llevarla a cabo carecen en absoluto de autoridad moral para ello y otros, llevados por el vedetismo, el moralismo y cosas similares, se suman a la comparsa como meros agregados que danzan al ritmo que se les marca.

 Hemos analizado uno a uno los casos en que se nos imputan actos supuestamente irregulares, y hemos dejado al desnudo la absoluta carencia de sustento jurídico serio de las acusaciones que con soberbia y en forma irresponsable y superficial han formulado los fiscales acusadores.

 Creemos que no existe razón alguna para que prospere el juicio político en el cual estamos inmersos. Por ello pedimos a los señores Senadores su voto en contra del mismo, por no existir causal alguna que amerite la condena.

 En caso contrario, el huevo de la serpiente se seguirá incubando al calor de las incautas Cámaras legislativas y de líderes políticos pseudo religiosos y moralistas de derecha, o pseudo profetas revolucionarios hipócritas e inconsecuentes de izquierda.

 Nada más. Muchas gracias.

                                                                                                                                                                                                                                                             1º de diciembre de 2003.

[1] P.S.: Recuerdo que al hacer esta alusión, Mateo Balmelli puso cara de sorprendido, negando con gestos la veracidad de lo narrado. Fue una actitud torpe, pues su reiterada presencia en la Corte Suprema y, en particular, en mi despacho, era algo que les constaba, por lo menos, a cinco funcionarios entre ascensoristas, guardias y asistentes.

[2] Fermín de Alarcón era un personaje de nacionalidad española que había aparecido por el Paraguay. Cobró notoriedad al ser vinculado, incluso por medios periodísticos, con cuestiones turbias relacionadas con bancos de plaza. Es prácticamente seguro que Mateo Balmelli haya tenido contacto, cuanto menos profesional, con el citado individuo.

[3] Sobre este punto se consignan más datos en las “Anotaciones personales”, incluidas también en este blog.

[4]  G. J. Bidart Campos, El Derecho Constitucional del Poder, Bs. As., Ed. Ediar, 1967, T. II,  p. 335.

[5] Id., íd., p. 339.

[6] G. J. Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional argentino, Bs. As., Ed. Ediar, 1988, T. II, p. 372.

[7] José Luis Lazzarini, El juicio de amparo, Bs. As., Ed. La Ley S.A., 1967, p. 198.

[8] H. Quiroga Lavié, Derecho Constitucional, Bs. As., Ediciones Depalma, 1987, p. 493.

[9] Osvaldo Alfredo Gozaíni, La Justicia Constitucional. Garantías, proceso y tribunal constitucional, Bs. As., Ed. Depalma, 1994, p. 122.

[10] G. J. Bidart Campos, La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional, Bs. As., Ed. Ediar, 1987, pp. 162 y 165.

[11] El citado Acuerdo y Sentencia N° 183 fue dictado en el expediente: “Acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 244/93, contra la Resolución de la Honorable Cámara de Diputados N° 60, de fecha 20 de noviembre de 1993 y la Resolución de la Cámara de Senadores N° 183, de fecha 9 de diciembre de 1993”.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Nota a la Cámara de Diputados

Asunción, 17 de noviembre de 2003.

 Señor Presidente:

            El jueves 13 ppdo., a las 10:45, recibí copia del proyecto de resolución con dictamen de Comisión de Asuntos Constitucionales, así como la copia del escrito de acusación.

            Le envío adjunta una copia de mi escrito de descargo en el cual desvirtúo cada una de las acusaciones en que supuestamente estoy involucrado.

         En general se puede afirmar que las mismas son descabelladas y carentes de todo fundamento jurídico serio. En el mencionado escrito de acusación prevalecen la superficialidad y la ligereza en el tratamiento de los diversos casos.

            Gracias a Dios, no he sido incluido en todos los supuestos casos en que los redactores del escrito han encontrado irregularidades imputables, a su criterio, a la Corte Suprema de Justicia.

           No he sido incluido en el caso de las aeronaves decomisadas a narcotraficantes, en los casos de nepotismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Esto no significa, en lo más mínimo, que exista razón alguna para incluirme en los casos en que los acusadores decidieron hacerlo.

            Merece una mención especial el caso 7 en el cual se discute si la Corte Suprema tiene o no facultades para dar a sus fallos alcances erga omnes En sentido estricto, se trata de dilucidar si puede dictar sentencias dándoles el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, pues en realidad la expresión erga omnes no fue utilizada en la parte resolutiva de ninguno de los fallos dictados.

            En relación con este caso, la Cámara de Diputados no puede formular acusación alguna, pues el propio Congreso Nacional cuando en el año 1998 impugnó de inconstitucionalidad el Decreto N° 117, del 18 de agosto de 1998, pidió que la Corte Suprema declarara la nulidad del mencionado decreto, lo cual equivale a solicitar el dictamiento de una sentencia con efectos erga omnes.

         En particular, los diputados Efraín Alegre Sasiain, Rafael Filizzola y Wildo Legal, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no debieron firmar el dictamen favorable de la citada comisión, pues ello implica una grave contradicción con actuaciones suyas anteriores. En efecto, participaron de la sesión del Congreso Nacional en la cual se autorizó al Presidente y al Vicepresidente de dicho cuerpo a promover la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117 pidiendo su nulidad, y votaron a favor de esta postura. Al referirnos al caso 7 ampliamos considerablemente esta sintética referencia al punto.

          Debe destacarse también la actitud de los redactores del escrito de acusación de arrogarse por sí mismos facultades jurisdiccionales, y constituirse en juzgadores de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia. Con ello, desvirtúan el sistema judicial vigente en la República al crear un cuerpo (los redactores del escrito de acusación, al que se han sumado algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales) que está en la cúspide de los órganos jurisdiccionales, con potestad pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre la legalidad o ilegalidad de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

          El Art. 192 de la Constitución prohíbe a las Cámaras del Congreso solicitar informes sobre la actividad jurisdiccional.

         El Art. 193 del mismo cuerpo, prohíbe a las Cámaras del Congreso citar e interpelar a los miembros del Poder Judicial en materia jurisdiccional.

         El Art. 195 de la Ley Suprema establece que los magistrados judiciales no pueden ser investigados en materia jurisdiccional, por las Comisiones de Investigación que en forma conjunta constituyan las Cámaras del Congreso.

         El Art. 255 de la Constitución prescribe que ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

          Como se ve, las Cámaras no pueden pedir informes sobre la actividad jurisdiccional, ni interpelar a magistrados sobre cuestiones jurisdiccionales; las comisiones conjuntas no pueden investigarlos sobre el mismo tema; y los magistrados no pueden ser acusados o interrogados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

         La Constitución en forma expresa, clara y categórica prohíbe a las Cámaras del Congreso realizar actuaciones mucho menos gravosas que la de pretender fundar la acusación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia para un juicio político, en las opiniones vertidas en fallos y en lo resuelto en los mismos. Sin embargo, varios de los “casos” del escrito de acusación se refieren a sentencias de la Corte Suprema. Esto es realmente absurdo y constituye una condenable violación de la Ley Suprema.

           Resulta evidente que las acusaciones no pueden estar fundadas en la discrepancia que pudieran tener los señores Diputados, con el sentido de los fallos dictados por el máximo órgano jurisdiccional.

         La Ley N° 1084 es la única que define el mal desempeño de funciones, pero ella no es aplicable a la Corte Suprema. Sin embargo, la traemos a colación, a fin de demostrar que en los casos en que se alude a supuestos en que el mal desempeño puede derivar el ejercicio de la función jurisdiccional, previamente debe haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia o de otro órgano de rango superior al magistrado enjuiciado. En ningún caso esta determinación puede quedar en manos del órgano juzgador pues ello implicaría darle funciones jurisdiccionales ordinarias y elevarlo a la categoría de órgano jurisdiccional supremo.

         Por las razones expuestas en esta nota y, más ampliamente, en la contestación a cada uno de los puntos del escrito de acusación, creo que la Cámara de Diputados debe pronunciarse en sentido contrario a la procedencia del juicio político en contra de mi persona.

            Le saludo con mi más distinguida consideración.

 Dr. Luis Lezcano Claude

Ministro

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Al Señor

Benjamín Maciel Pasotti, Presidente

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

E.        S.        D.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Introducción general

En los últimos meses del año 2003, se llevó a cabo un juicio político contra tres de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Bonifacio Ríos Ávalos, Carlos Fernández Gadea y quien escribe estas líneas, Luis Lezcano Claude.

Con anterioridad, mediante maniobras políticas de distinto tipo e intensidad se había logrado la forzada renuncia de Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Raúl Sapena Brugada.

Quedaron en la Corte Suprema solamente Víctor Núñez Rodríguez, Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes.

Todo el procedimiento que en su parte final adoptó la forma de un juicio político, fue llevado a cabo supuestamente para renovar la Corte Suprema de Justicia, aunque con el correr de los años, se pudo apreciar que el objetivo era crear seis vacancias en el máximo órgano jurisdiccional que luego pudieran ser llenadas a voluntad de los actores políticos prevalecientes en ese momento.

El supuesto procedimiento renovador fue propiciado fuertemente por el entonces Presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, y contó con el apoyo de los distintos partidos con representación en el Congreso: el Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Patria Querida, el Partido UNACE y otros menores.

A más de diez años de los acontecimientos, pongo a disposición por esta vía los documentos relacionados con mi persona. Se incluye el siguiente material:

1. Nota previa al juicio político, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados.

2. Escrito de descargo que sirvió de base a la defensa oral realizada por mí, el 1 de diciembre de 2003, durante aproximadamente 3 horas y 45 minutos, ante el pleno de la Cámara de Senadores.

3. De los alegatos, presentados igualmente en forma oral el 10 de diciembre de 2003, sólo se trascribe una cita y se aportan algunos datos aislados, dado que la formulación de los mismos se basó únicamente en una ayuda memoria.

4. La nota de renuncia presentada al entonces presidente del Congreso.

5. Anotaciones personales sobre el juicio político, escritas en diferentes momentos y referidas a aspectos informales, no públicos o publicitados, de trastienda. Esta información será proporcionada a medida que se transcriba la versión manuscrita original.

6. Algunas publicaciones de la prensa, que igualmente serán alzadas de a poco.

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SOBRE EL “JUICIO POLÍTICO” AL PRESIDENTE FERNANDO LUGO MÉNDEZ (2a. versión)

Introducción

La primera versión de este artículo fue escrita en el fragor de los acontecimientos y con la indignidad producida por hechos tremendamente injustos e ilegales que reflejaban la bestialidad de quienes los llevaban adelante. Hoy, a casi tres meses de los sucesos, la indignidad, antes aplacarse o diluirse, ha subido de punto, y la captación y valoración de los hechos, se ha vuelto más clara y diáfana.

Como advertencia previa, debe señalarse que el tema, por sus características e implicancias, exige alusiones no sólo jurídicas sino también políticas para su cabal comprensión.

El denominado “juicio político” llevado a cabo entre el jueves 21 y el viernes 22 de junio ppdo., fue un acto de barbarie, brutalidad y prepotencia de las cámaras legislativas, decidido previamente a nivel de los principales partidos políticos con representación en las mismas. Fue un acto manifiestamente arbitrario por su desconocimiento del ordenamiento jurídico y, por ende, contrario al Estado de derecho, realizado bajo el ropaje de las formas previstas en la Constitución para el juicio político. Por ello, bien puede ser calificado como un “golpe de estado parlamentario”.

Todo el procedimiento apareció impregnado de la soberbia, de la arrogancia y de la idea de la impunidad de poder llevarlo a cabo de cualquier forma y a cualquier costo, al tener el control fáctico de la situación. Las acusaciones inconsistentes, la pobrísima presentación de las mismas por los fiscales acusadores, los plazos brevísimos, la falta de discusión previa al dictamiento de la sentencia, demuestran el carácter absolutamente arbitrario de un procedimiento basado exclusivamente en una decisión política sustentada en contar con los votos necesarios para formular la acusación y dictar la sentencia condenatoria.

1.      Delimitación del objeto

Considerando las opiniones que han circulado por diversos medios, es conveniente distinguir, por una parte, los motivos que pudieran invocarse para tener una opinión favorable o desfavorable al presidente Lugo; y por otra parte, los motivos que pudieran mencionarse para sostener la constitucionalidad o inconstitucionalidad del “juicio político” realizado en junio ppdo.

De hecho, los motivos invocados por quienes tienen una posición contraria (v. gr.: haber mentido a la Iglesia Católica, su paternidad irresponsable, sus promesas incumplidas en la gestión gubernamental, sus frecuentes viajes al exterior, sus ideas de izquierda, etc.), no estaban incluidos entre los mencionados por los fiscales acusadores como generadores del “mal desempeño de funciones”. En rigor, cualquiera de los hechos mencionados precedentemente puede ser considerado válido en cuanto a decidir una actitud de simpatía o antipatía respecto de una persona, tras un brevísimo e informal “juicio social” sobre el tema. Pero debe tenerse bien en claro que se trata de argumentos más bien sentimentales o emocionales, algunos cargados de prejuicios o no plenamente verdaderos, que de ningún modo pueden ser trastrocados en argumentos jurídicos para intentar apreciar sobre esta base la constitucionalidad o inconstitucionalidad del procedimiento llevado a cabo bajo la denominación y apariencia de un “juicio político”.

De paso cabe señalar que aparece ya aquí una regla jurídica que rige cualquier proceso y que es aplicable también al juicio político: lo que no ha sido invocado en el marco de dicho proceso, debe considerarse como inexistente.

Un ejercicio mental interesante, si se quiere evaluar el “juicio político” desde un punto de vista jurídico, es dejar de lado a los efectos del análisis, que el involucrado era el presidente Lugo. Hay que olvidarse momentáneamente que los enjuiciados fueron Lugo e, indirectamente, sus colaboradores de ideas izquierdistas. En cambio, este dato resultará imprescindible cuando se quiera apreciar los hechos desde un punto de vista político.

2.      La explicación sencilla

Quienes pretenden sostener la constitucionalidad del “juicio político” recurren a la explicación sencilla, elemental y primaria de que supuestamente se dieron todos los pasos previstos en el artículo 225 de la Constitución. Dicen que hubo acusación de parte de la Cámara de Diputados (por amplia mayoría), oportunidad para la defensa, y resolución condenatoria de la Cámara de Senadores (por amplia mayoría). Esto es cierto, en particular en cuanto a la actuación de las cámaras legislativas. La explicación en términos sencillos favorece a la posición que sostiene la constitucionalidad del “juicio político” y facilita la difusión de la idea al gran público.

Sin embargo, lo señalado sólo es una verdad parcial y nos encontramos en situación de que la explicación que se ajusta a la verdad en su totalidad es más compleja, por ende más difícil de comprender y de ser difundida. Nos abocaremos a esta tarea, dentro de la brevedad que impone un escrito de estas características, señalando como eje principal la idea de que, en realidad, en el llamado “juicio político” no se observaron todas las disposiciones previstas constitucionalmente para el efecto.

3.      Desarrollo del “juicio político”

El jueves 21 de junio de 2012, por una amplia mayoría de votos, la Cámara de Diputados resolvió formular acusación contra el Presidente Fernando Lugo. Votaron a favor no sólo los diputados del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE (“oviedistas”) y el Partido Patria Querida –ideológicamente conservadores o de derecha, y que controlan el 93% de las bancas en dicha cámara- sino también la única diputada del Partido Democrático Popular, en teoría afín al Pdte. Lugo en lo ideológico.

La acusación se basó en los siguientes puntos:

–    El acto político partidario realizado en el Comando de Ingeniería (institución castrense).

–    El caso Ñacunday (invasiones de tierras en el departamento de Alto Paraná).

–    La creciente inseguridad.

–    La subscripción del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II, en el ámbito del MERCOSUR.

–    La matanza en Curuguaty (resultaron muertos 11 campesinos y 6 policías).

Posteriormente, se hizo la presentación oral del libelo acusatorio ante la Cámara de Senadores, por parte de los fiscales acusadores (cinco diputados).

La superficialidad y extraordinaria brevedad de esta presentación, así como la inconsistencia de las causales alegadas, ponían de manifiesto que se trataba del mero cumplimiento de un trámite cuyo final estaba asegurado.

En relación con todos los hechos mencionados, a lo sumo se podía alegar una responsabilidad general e indirecta del Presidente Lugo, aunque ninguno de ellos era de entidad suficiente como para justificar una sanción de tanta gravedad como la separación del cargo.

El viernes 22 de junio se llevó a cabo el “juicio” propiamente dicho, ante la Cámara de Senadores. Según el reglamento aprobado por la misma, la defensa –notificada de la acusación aproximadamente a las 18:00 del día anterior- debía hacer su presentación oral a partir del mediodía (12:00) y por un tiempo que no excediera las dos horas.

Luego la Cámara de Senadores debía proceder a la admisión o no de las pruebas. A partir de las 15:30, en un tiempo de treinta minutos para cada una, las partes debían realizar la presentación de sus alegatos. Finalmente, el tribunal juzgador debía deliberar y dictar sentencia, lo cual estaba previsto para las 16:30. Todo aconteció efectivamente como había sido establecido.

Desde el comienzo del “juicio político” en la Cámara de Diputados, hasta el dictamiento de la sentencia respectiva por la Cámara de Senadores, transcurrieron aproximadamente 30 horas, incluidas las de la noche y madrugada de los días de inicio y finalización del procedimiento. Esto amerita sobradamente la denominación de “juicio político express” que le han dado algunos medios periodísticos.

Concluido el “juicio político”, Federico Franco, hasta entonces Vicepresidente, asumió la Presidencia de la República, siendo aproximadamente las 18:00.

4. Acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional

Por los motivos a que aludiremos a continuación, el llamado “juicio político” al Presidente Lugo, aunque aparentemente haya seguido el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución, constituye un acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional.

5.      Primera inconstitucionalidad: no existió mal desempeño de funciones

En la Cámara de Diputados se observa una deficiencia de carácter substantivo o de fondo: las acusaciones formuladas no constituyen mal desempeño de funciones. Esto implica una inobservancia el artículo 225 de la Constitución, pues en virtud del mismo se exige como uno de los requisitos fundamentales para la procedencia de un juicio político, que se dé alguna de las causales previstas. Al invocarse hechos que no configuran la causal de mal desempeño de funciones, cae por tierra la pretensión de haberse dado cumplimiento a todos los presupuestos del juicio político.

Discrecionalidad y arbitrariedad. Si bien es cierto que cuando se trata de una causal de este tipo, es admisible cierto margen de discrecionalidad, ello debe darse dentro de criterios de razonabilidad. En otras palabras, el admitir cierta discrecionalidad no significa que se autoriza la arbitrariedad. La discrecionalidad nunca es absoluta, e incluso, para evitar excesos, el Congreso podría, por ley, definir los supuestos que determinan la causal de mal desempeño de funciones.[1]

Sin embargo, parece ser que las cámaras del Congreso entendieron lo contrario, lo cual se aprecia con claridad meridiana, en particular, en el caso más categórico y no controvertible del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II.

Se trata éste de un acto jurídicamente inexistente. Al respecto, lo actuado por el Poder Ejecutivo está encuadrado dentro de sus atribuciones. Además, el protocolo aún no fue sometido a la consideración del Congreso, oportunidad contemplada constitucionalmente para que este órgano ejerciendo su facultad de control sobre este tipo de actos, lo perfeccione al aprobarlo, o impida definitivamente su existencia, al no aprobarlo.

Es éste el procedimiento previsto al respecto y no el de considerar el hecho como una causal de mal desempeño de funciones que autoriza la realización de un juicio político y la destitución del titular del Ejecutivo como ha acontecido en este caso. La Ley Suprema establece que “los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados … integran el derecho positivo nacional …” (Art. 137 Cn.). Agrega luego que “los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Artículo 137” (Art. 141 Cn.). Se requiere, pues, que el protocolo sea aprobado por el Congreso y ratificado por el Poder Ejecutivo para que sea incorporado al ordenamiento jurídico paraguayo.

Hasta hoy se trata de una causal inexistente, muestra categórica de la arbitrariedad en la génesis del procedimiento.[2]

Falta de pruebas. Igualmente de relevancia substantiva es el hecho de que en la presentación oral de los diputados que actuaron como fiscales acusadores, se afirmara que no se aportaban pruebas, por tratarse de hechos de pública notoriedad. Era necesario probar la vinculación directa del Presidente de la República con tales hechos, en forma particular y concreta. Una supuesta responsabilidad general y difusa derivada de su carácter de tal o de su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no era suficiente.

En efecto, si tomamos el caso de la matanza de Curuguaty, ese hecho en sí mismo puede ser considerado público y notorio, pero no lo es la vinculación directa del titular del Ejecutivo con el mismo, lo cual debe ser probado. Lo mismo puede afirmarse respecto del acto político partidario realizado en el Comando de Ingeniería, el caso Ñacunday (invasiones de tierras en el departamento de Alto Paraná) y la situación de creciente inseguridad que se destaca, además, por su extraordinaria vaguedad.

Llama la atención también que todas las acusaciones fueran presentadas como casos de mal desempeño de funciones y no como casos de comisión de hechos punibles que algunas de ellas hubieran constituido, si fueran verdaderas. Tal vez la ausencia de medios probatorios obligó a presentarlas como casos de mal desempeño de funciones.

6.      Segunda inconstitucionalidad: la Cámara de Senadores no tiene la facultad de reglamentar un artículo constitucional

En la actuación de la Cámara alta se constatan deficiencias tanto formales como substantivas o de fondo, que determinan el carácter de acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional que revistió el denominado “juicio político”.

Una deficiencia substantiva vinculada con lo formal, es el hecho de que la Cámara de Senadores no tiene facultad para reglamentar, por sí sola, el juicio político (Art. 225 Cn.), aunque fuera únicamente en la parte del mismo que le concierne. En efecto, se está ante la reglamentación de un artículo constitucional, lo cual debe ser realizado por ley del Congreso.[3] No existiendo esta ley, debió aplicarse la legislación vigente, en forma supletoria.

Precisamente la reglamentación del juicio político en la forma que corresponde, es decir, por ley del Congreso, hará posible que en este punto exista seguridad jurídica para los eventuales afectados por el procedimiento. La relativa estabilidad de las normas que lo regulen, la objetividad de las mismas al ser dictadas sin tener enfrente a un afectado concreto, y su previsibilidad, eliminarán la posibilidad de que la Cámara de Senadores las establezca para cada caso particular, en una forma unilateral y caprichosa que ha alcanzado su expresión más patética, arbitraria, irracional y arrogante en el caso que nos ocupa.

7.      Tercera inconstitucionalidad: se violó el derecho a la defensa al no concederse el plazo indispensable para la preparación de la misma

A la falta de competencia de la Cámara de Senadores para reglamentar el juicio político en la fase que debía desarrollarse ante la misma, se sumó el establecimiento de un procedimiento sumarísimo, con plazos, en particular para ejercer el derecho de defensa, que resultaban arbitrarios e irracionales por lo exiguo de los mismos. Con absoluta falta de criterio jurídico, se ha afirmado absurdamente que, al no estar estatuidos en la Ley Suprema, ellos podían ser fijados libremente por la Cámara de Senadores según el talante de sus integrantes.

No se puede pretender que entre la notificación de la acusación (realizada aproximadamente a las 19:00 del jueves 21 de junio) y las doce del mediodía del día siguiente, existiera suficiente tiempo. Esto afectó el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en juicio, consagrado también, a nivel constitucional, para este tipo de procedimiento (cf. Art. 17, incisos 7 y 8, Cn.). En efecto, en este precepto se establece que en cualquier proceso del cual pueda derivarse pena o sanción, el afectado debe disponer de “plazos indispensables para la preparación de su defensa” (Art. 17, inc. 7, Cn.).

Es verdad que la determinación del “plazo indispensable” admite cierto grado de discrecionalidad, pero resulta evidente que la apreciación de lo apropiado o inapropiado de los plazos a ser otorgados, debe ser realizado tomando en consideración criterios de razonabilidad que no pueden evitar remitirse a ciertos parámetros tales como:

a) Otros plazos otorgados por la Constitución. Verbi gratia: el caso de la interpelación, en el cual las preguntas respectivas deben ser comunicadas al citado con una antelación mínima de cinco días (Art. 193 Cn.). Se trata de una figura diferente, cuyas eventuales consecuencias son menos gravosas; sin embargo, a pesar de esto se otorga el plazo señalado. Además, debe considerarse que, aún cuando las máximas autoridades que pueden ser sometidas a él, dentro del Poder Ejecutivo, son los ministros, se concede un plazo mucho más amplio que unas pocas horas.

b) Los plazos establecidos para los juicios políticos precedentes (1999, 2003), que fueron mucho más prolongados.

c) Los plazos establecidos para juicios y procedimientos especiales (v. gr. en el juicio de amparo se debe contestar la demanda al tercer día, Art. 573 del Código Procesal Civil).

d) El plazo de nueve días concedido para contestar la acusación, en el caso de enjuiciamiento de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por mal desempeño de funciones (Art. 23, Ley N° 3759/09).

Asimismo, el tiempo otorgado para presentar la defensa oral, fue exiguo. La limitación a dos horas, como máximo, constituye un desconocimiento de la garantía del debido proceso. Igualmente, el plazo previsto para preparar los alegatos y luego para presentarlos oralmente ante la Cámara de Senadores (treinta minutos), fue ínfimo hasta el punto de determinar la irrelevancia de esta etapa.

Más burdo que sostener que la Cámara de Senadores podía fijar los plazos con absoluta libertad al no estar ellos determinados por la Norma Máxima, resulta la pretensión de que el artículo 17 de la Constitución no es aplicable al juicio político, pues de él no puede derivar pena o sanción. En el caso que nos ocupa, el razonamiento sería que el Presidente Lugo fue separado de su cargo, pero como ello no podría ser tomado como pena o sanción (¿qué sería?), no corresponde reclamar la omisión de las garantías procesales consagradas en el mencionado precepto. Este argumento no merecería ninguna alusión si no fuera porque ha sido formulado en artículos publicados en una revista jurídica de prestigio.[4]

Pensamos que carece de todo sustento lógico y jurídico aseverar que la separación del cargo como consecuencia de la declaración de culpabilidad en un juicio político, no pueda ser calificada como pena o sanción. En el campo del Derecho Administrativo existe un amplio consenso en cuanto a que la separación del cargo, remoción o destitución constituye una sanción de carácter administrativo. En nuestra legislación, la Ley de la Función Pública contempla la destitución como sanción disciplinaria aplicable a las faltas graves (Art. 69 de la Ley Nº 1626/00).

8.      Cuarta inconstitucionalidad: falta de sustento jurídico de la decisión adoptada por la Cámara de Senadores

Concluida la tramitación del “juicio político”, la Cámara de Senadores, constituida en tribunal juzgador, no estudió lo alegado y probado por las partes, pues no hubo debate al respecto. En estas circunstancias, puede afirmarse que tácitamente la sentencia condenatoria tomó como fundamentos las inconsistentes acusaciones formuladas por los fiscales acusadores, cuyas extremas limitaciones ya han sido apuntadas más arriba. Prácticamente en forma directa se procedió a votar por la condena o no del enjuiciado.[5]

El juicio político no es equivalente al voto de censura. El procedimiento denominado juicio político, tal como está legislado en la Constitución de 1992, dentro de un sistema presidencial, exige que tanto la acusación como la condena estén basadas en la existencia real de, por lo menos, una de las causales previstas en el artículo 225 Cn., en este caso el mal desempeño de funciones. Tomadas las cosas con seriedad, no basta contar con la cantidad de votos necesarios para acusar y condenar porque no se trata de una cuestión de confianza o desconfianza política en el gobernante, como ocurre, en un sistema parlamentario, con el voto de censura. En este caso se provoca la caída del jefe de gobierno, puesto en el cargo por designación y vinculado al Parlamento, y no la de un gobernante cuyo cargo es de elección popular directa.

Por la razones expresadas con precedencia, se puede afirmar que la resolución de la Cámara de Senadores en virtud de la cual se declaró la culpabilidad del Presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, y se lo separó del cargo, es un acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional.

9. Juicio político, juicio judicial, juicio sometido a normas jurídicas

Tratando de justificar la forma que se procedió durante el “golpe de Estado parlamentario sumarísimo” (José Mujica, presidente del Uruguay), algunos han sostenido que el juicio político no es un juicio judicial, es decir, no es equivalente a un juicio llevado a cabo ante órganos jurisdiccionales. Esto es cierto en el sentido de que no se puede pretender someterlo a las normas que regulan el proceso de conocimiento ordinario, especialmente por la amplitud de los plazos que contempla, e, incluso, a las normas previstas para otros tipos de juicios judiciales.

Pero de aquí a pretender que el juicio político es un tipo de juicio no sometido a norma jurídica alguna o que sólo puede regulado por normas ad hoc dictadas por el propio órgano juzgador, con amplísimo margen de discrecionalidad, existe la distancia entre la verdad y la mentira.

En efecto, como se desprende de lo señalado más arriba, el juicio político es un juicio sometido a normas jurídicas. La primera de ella es el artículo 225 de la Constitución, al cual se suma el artículo 17 del mismo cuerpo, es decir, normas de máximo rango. Igualmente son aplicables, por analogía, ciertas normas de la legislación secundaria y algunos principios del derecho. Además, el Congreso puede (y debe) dictar una ley reglamentaria del juicio político que desarrolle y pormenorice las normas constitucionales.

10. Papel de las Fuerzas Armadas

La Ley Suprema establece que a las Fuerzas Armadas de la Nación les compete como parte de su misión, “defender a las autoridades legítimamente constituidas” (Art. 173 Cn.). Debe entenderse que la acechanza o el ataque contra autoridades legítimas que hace necesario proceder a su defensa, puede provenir de fuera de los órganos de gobierno o de alguno de estos mismos órganos, como aconteció en los sucesos de junio pasado.

En consecuencia, en estas circunstancias y sobre la base de lo preceptuado en esta norma constitucional, se puede sostener que una intervención de las Fuerzas Armadas tendiente a impedir el avasallamiento del Poder Ejecutivo por el Congreso, no hubiera constituido una actuación violatoria del ordenamiento supremo, sino el obligado cumplimiento de una función que integra la misión de aquellas en el marco de un Estado de derecho.[6]

11. La situación de Federico Franco

Federico Franco asumió la presidencia de la República como resultado de un acto inconstitucional del Congreso. Es cierto que fue electo como Vicepresidente en comicios populares, pero su acceso a la primera magistratura, siguiendo el orden de sucesión, debió darse como consecuencia de una acefalía del Poder Ejecutivo producida en circunstancias normales y no provocada por un golpe de Estado disfrazado de juicio político.

En consecuencia, Franco no tiene legitimidad de origen (en cuanto Presidente de la República) y, en la terminología constitucional (Art. 138 Cn.), es un usurpador de la titularidad del Poder Ejecutivo.

Por tanto, contra su gobierno se puede ejercer el derecho de resistencia a la opresión en las dos formas previstas en la Ley Fundamental (cf. Art. 138 Cn.).

12. ¿La resolución de la Cámara de Senadores es una cuestión justiciable o no?

La Resolución N° 881, de fecha 22 de junio de 2012, “Por la que se separa de su cargo de Presidente de la República del Paraguay al ciudadano Fernando Armindo Lugo Méndez”, dictada por la Cámara de Senadores, es justiciable, es decir, puede ser objeto de revisión en sede judicial. Específicamente lo que cabe es el control de constitucionalidad de la misma, por la vía de la acción respectiva.

En el marco de la legislación paraguaya, no existe cuestión alguna que a priori o en abstracto pueda ser considerada como no justiciable. En principio, toda cuestión es justiciable.

El artículo 12 de la Ley N°. 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone lo siguiente: “Rechazo “in limine”. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables …”. Esto significa que en cada acción planteada, esto es, en cada caso concreto, el órgano juzgador (la Corte Suprema), debe decidir inicialmente si se trata o no de una cuestión no justiciable, y, en caso afirmativo, debe rechazarla in límine. Pero es la Corte Suprema de Justicia el único órgano con facultad para pronunciarse sobre el tema, de modo que las declaraciones de legisladores, de otras autoridades o de otros órganos de gobierno, a lo sumo pueden ser consideradas como opiniones cuyo valor dependerá de la solvencia intelectual de quien las emita.

Un argumento de peso en este sentido, es el que sostiene que si las leyes que son actos emanados de ambas cámaras del Cogreso, pueden ser objeto de control de constitucionalidad sin restricción alguna, con mayor razón podrá serlo una resolución dictada por una sola de sus cámaras, por más importante que sea la decisión que se adopta mediante su dictamiento.

En el caso concreto del Presidente Lugo, la Corte Suprema de Justicia ha procedido correctamente al dar curso a la acción de inconstitucionalidad promovida contra la resolución de la Cámara de Senadores por la que se lo separaba del cargo.

13. Diferencia entre los juicios políticos recientes

En cuanto a este tema se hace necesario un análisis político. El juicio político llevado a cabo en marzo de 1999, contra el entonces presidente Raúl Cubas Grau, no fue sino la parte final del enfrentamiento entre dos sectores de extrema derecha del Partido Colorado (el “argañismo”, liderado por Luis María Argaña, y el “oviedismo”, liderado por Lino César Oviedo), y la forma en que se resolvieron las diferencias circunstanciales con el triunfo del primer sector.

Las presiones políticas a que fueron sometidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia luego de la asunción de la presidencia de la República por Nicanor Duarte Frutos (agosto de 2003), y el juicio político a que fueron sometidos tres de ellos, obedecieron a una razón más simple, mezquina y prosaica: crear espacios y llenarlos luego con gente que estuviera más comprometida con quienes controlaban el poder político.

El juicio político al Presidente Fernando Lugo, en junio de 2012, tuvo connotaciones diferentes a los anteriores e, incluso, inéditas en la historia paraguaya. Su destitución no sólo produjo un quiebre institucional, sino que fue una derrota popular. La derecha victoriosa logró detener las incipientes acciones de un gobierno progresista y se aseguró de que en el 2013 no pudiera darse un crecimiento de los sectores favorables a esa tendencia. Apartar a Lugo del poder, resultaba imprescindible a los efectos de disminuir significativamente las posibilidades electorales de la izquierda. Ahora la disputa se dará entre sectores conservadores.

Esa derecha victoriosa (integrada por los “partidos golpistas”: Partido Colorado-ANR, PLRA, UNACE, PPQ, PDP), ideológicamente contraria a Lugo, controla el 93% de las bancas en ambas cámaras del Congreso y durante sus casi cuatro años de gobierno, se constituyó en una traba insalvable. Esta composición de las cámaras explica la alta cantidad de votos obtenidos tanto para la acusación como para la condena del Presidente Lugo.

En realidad, lo que se llevó cabo bajo el ropaje de un juicio político constituye un episodio más de la lucha de clases en el seno de la sociedad paraguaya, episodio en el cual los congresistas actuando como representantes de las clases dominantes, abortaron un incipiente proceso orientado al cambio en beneficio de las clases populares.

14. El retorno de los brujos

Inmediatamente después del triunfo conservador y de las medidas impuestas al Paraguay en el plano internacional, surgieron en los medios masivos invocaciones a lemas tales como “tradición, familia y propiedad”, al tiempo que se reivindicaba el “orden católico tradicional” y se condenaban la teología de la liberación, la “neo subversión izquierdista” y el “socialismo del siglo XXI” definido como “metamorfosis del comunismo”.

La Junta Municipal de Ciudad del Este adoptó la delirante decisión de retirar un busto de Simón Bolívar como repudio al gobierno venezolano. El sector más retardatario de la Iglesia Católica se manifestó en contra del gobierno precedente y a favor de la nueva situación, por intermedio del Presidente de Conferencia Episcopal Paraguay (CEP), monseñor Claudio Jiménez, y del Obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres, principalmente.

Los representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), integrantes del autodenominado “sector productivo”, se apresuraron a manifestar su complacencia con el nuevo orden.

Los principales medios masivos de comunicación, particularmente el diario ABC, se convirtieron en voceros del nuevo gobierno y en implacables detractores del anterior.

La indignación ante situación creada ha motivado declaraciones como la siguiente: “Sólo algunos idiotas o golpistas declarados como Claudio Giménez, sus cofrades y tilingos obcecados como Aldo Zuccolillo, pueden esgrimir o creer en la versión de posibilidad de repitencia de la masacre del 99, para justificar su abierta traición a los más sagrados intereses de la nación y el crimen cometido contra la soberana voluntad del pueblo paraguayo”.[7]


[1] Es esto lo que se ha hecho, por mandato constitucional, en relación con los magistrados judiciales, los miembros del Ministerio Público y los del Ministerio de la Defensa Pública que pueden ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ver al respecto los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 3759/09.

[2] Más datos sobre este tema se pueden encontrar en el artículo de mi autoría denominado “Sobre del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II”, que puede ser consultado en el sitio: luislezcanoclaude.wordpress.com

[3] Esta afirmación se sustenta en lo prescripto en el artículo 202 de la Constitución que reza así: “Son deberes y atribuciones del Congreso: … 2)  dictar  los  códigos   y   demás  leyes,  modificarlos o derogarlos,   interpretando  esta Constitución …”. Este precepto faculta al Congreso a desarrollar, por medio de la ley, las disposiciones contenidas en la Ley Suprema, dando de este modo la interpretación legislativa de la misma.

[4] Véanse Bruno Fiorio C., “Juicio Político en Paraguay. Un análisis jurídico-objetivo y algunas reflexiones personales”, y Manuel Riera Domínguez, “El Juicio Político del Presidente del Paraguay”, en La Ley Revista Jurídica Paraguaya, Año 35, N° 7, agosto de 2012.

En el segundo de los artículos mencionados, se llega a afirmar lo siguiente: “…No fue necesario el derecho a la defensa, ni que participaran abogados, ni que se produjeran pruebas, ni que haya alegatos, ni fue correcto hablar de debido proceso …” (p. 1026). El delirio en su punto extremo.

[5] Votaron a favor de la sentencia de condena, los senadores del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, y el Partido Patria Querida, todos partidos conservadores de derecha, divergentes en lo ideológico con el Presidente Lugo. Votaron por la absolución: Luis Alberto Wagner, Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Alberto Grillón.

Son de destacar los votos de Desirée Masi, del PDP, en Diputados; y de Blas Llano, Efraín Alegre y Enzo Cardozo, en Senadores. Estos tres fueron ministros de F. Lugo y votaron por la condena. El último de ellos lo fue hasta el jueves 21, día en que renunció; el viernes 22 reasumió su banca en la Cámara de Senadores para votar en el sentido indicado.

[6] No debe olvidarse que, con pocos meses de antelación, fue la misma Cámara de Senadores la que pretendió avasallar al Poder Judicial, al intentar descabezar la Corte Suprema de Justicia por la vía de la no confirmación de siete de sus integrantes. En más de una ocasión, dicha cámara se ha asignado indebidamente la facultad de confirmar o no a los ministros del máximo órgano jurisdiccional.

[7] Palabras de José Rodríguez, dirigente sin tierra, Última Hora, 10 de septiembre de 2012. Claudio Giménez, Presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, y otros obispos, el día previo al juicio fueron junto a Lugo a Mburuvicha Roga (residencia presidencial), a solicitarle su renuncia a fin de evitar un eventual derramamiento de sangre como consecuencia de la represión de las manifestaciones de partidarios del presidente. Zucolillo es el propietario y director del diario ABC, el cual adoptó una posición decididamente favorable a la destitución de Lugo.

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DEL PARAGUAY (Período 1870-2012)

RESUMEN

El trabajo consiste en un estudio de las constituciones de 1870, 1940, 1967 y 1992, cubriendo el lapso comprendido entre 1870 y 2012. Se estudian no sólo las características medulares de las leyes supremas mencionadas, sino también su vinculación con la realidad en que estuvieron vigentes. Se revé la impresión que comúnmente se tiene sobre las citadas constituciones,  contrastándola con el texto de las mismas. La Constitución de 1870 queda descripta como típicamente liberal, desactualizada e incompleta para hoy. En la Constitución de 1940 se destacan sus aportes progresistas en su parte dogmática y las normas que la convierten en autoritaria en la parte orgánica. En la Constitución de 1967, se constata su permanencia en la línea del constitucionalismo social y la continuidad de las normas que consagran el predominio del Ejecutivo. La Constitución de 1992 es abordada como la que conduce el presidencialismo reforzado al presidencialismo moderado.

INTRODUCCIÓN

El bicentenario de la independencia, es decir, los doscientos años de constitución del Estado paraguayo hacían imprescindible y necesaria una revisión de los principales instrumentos jurídicos de máximo rango que regularon el ejercicio del poder político en el marco de dicho Estado. Se podría decir que resultaría una recordación incompleta aludir a los diversos aspectos de la existencia de esta formación estatal, y soslayar el aspecto referido a las normas que establecen con rango máximo, por una parte, el plexo de libertades, derechos y garantías reconocidos a todas las personas, es decir, fundamentalmente a esa amplia mayoría de gobernados y por otra parte, la estructura de los diferentes órganos de gobierno y definen, o mejor, limitan sus facultades o atribuciones.

No es que no se hayan hecho antes estudios de los diversos instrumentos constitucionales que rigieron en nuestro país. Pero, a la vista de los estudios realizados, pensamos que era necesario un nuevo abordaje de las distintas constituciones, incorporando elementos conceptuales nuevos que permitieran dar una apreciación algo diferente del objeto de estudio. Pensamos que existen cosas nuevas que decir, lo cual justifica plenamente esta investigación.

El abordaje no está limitado al estudio de las características generales de los instrumentos constitucionales, sino que también se ha tratado de contextualizarlos en la realidad concreta en que debían regir. En este sentido se ha atendido particularmente al ámbito de aplicación de las normas, al menor o menor grado de aplicación de las disposiciones y sus numerosas desvirtuaciones, a la mayor o menor adecuación de la norma a la realidad que debía regir. Todo esto referido a planos de actuación de la máxima relevancia pues se trata de la actuación de los diferentes órganos del gobierno de un Estado.

Las Constituciones estudiadas son las de 1870, 1940, 1967 y 1992, y también los instrumentos dictados durante el breve gobierno franquista, abarcando el período comprendido entre 1870 y la actualidad.

Pensábamos que los abordajes desde un fundamentalismo liberal, desde posturas radicales que condenaban en su integridad algunos instrumentos supuestamente inficionados de totalitarismo, o desde enfoques que no distinguían en la apreciación de la norma jurídica en sí misma y la forma de su aplicación en la realidad, sin que se niegue la importancia de esta vinculación, han contribuido a deformar en más o menos una más exacta apreciación de un texto constitucional.

Esto es lo que nos ha movido a la relectura de la Constitución de 1870, con observancia de las circunstancias históricas en que rigió, y con atención particular a las posibilidades de su proyección al presente. Cosa similar se ha hecho en relación con las constituciones de 1940 y 1967. La Constitución actual ha sido objeto de estudio con atención especial a su génesis y, en el extremo opuesto, a las posibilidades y necesidad de su modificación.

Todo lo mencionado sucintamente justifica el estudio realizado. El mismo puede contribuir a una apreciación renovada, más exacta, realista y ecuánime de las sucesivas leyes supremas que rigieron en nuestro país.

METODOLOGÍA

 El presente trabajo está pensado como una investigación no experimental, basado en el estudio de fuentes bibliográficas, textos legales y, escasamente, en información obtenida directamente de protagonistas de algunos hechos.

 La investigación tiene un alcance descriptivo y explicativo de las constituciones que son objeto de estudio y de la realidad (tiempo y espacio) en que las mismas estuvieron en vigor. El enfoque es cualitativo, dado el objeto de estudio y las pretensiones del estudio realizado.

En cuanto a la Constitución de 1870, se consideró, fundamentalmente, si su carácter de pretendido modelo de constitución liberal, le permite mantenerse como constitución básicamente válida para el presente, o se trata de una constitución vastamente superada, es decir, desfasada por los diversos aportes de las nuevas tendencias del derecho constitucional posterior.

En lo relativo a la Constitución de 1940, se pretendió determinar en forma fidedigna la filiación ideológica de sus disposiciones; realizar una nueva apreciación y valoración de  las normas contenidas, en especial, en su parte dogmática.

En lo que se refiere a la Constitución de 1967, vigente enteramente durante la dictadura, se pretendió desentrañar en qué medida la valoración negativa de la misma era imputable a las normas jurídicas que contenía y en qué medida se debía a la arbitrariedad en la aplicación de las mismas o directamente a su desconocimiento.

El estudio de la Constitución en vigor está orientado hacia la descripción de los acontecimientos que motivaron su dictamiento y asimismo busca determinar los aspectos en constituciones precedentes tanto en su parte dogmática, así como en cuanto a la definición de los órganos de gobierno.

El estudio abarca el período comprendido entre 1870 y 2012, a la luz de los instrumentos constitucionales vigentes en ese lapso, estudiados en su carácter de normas jurídicas máximas, con la implicancia que ello supone en el marco del derecho.

La técnica utilizada en la de análisis de contenido de texto y/o documentos.

LA CONSTITUCIÓN DE 1870

La situación al final de la guerra

La derrota del Paraguay a manos de la Triple Alianza constituida por la Argentina, el Brasil y el Uruguay, el 1 de mayo de 1865, significó la más profunda y radical transformación que se haya experimentado en el Estado paraguayo. Fue una verdadera revolución por los cambios estructurales de carácter económico, político, social, demográfico, territorial y, en general, de toda índole, operados entre la época de los López y los tiempos de la postguerra.

El Paraguay quedó deshecho, derruido, destrozado, arrasado, aniquilado como resultado de la desigual y genocida guerra en que participó. La población quedó reducida, en cifras aproximadas, de ochocientos mil habitantes antes de la guerra, a doscientos veinte mil al terminar la conflagración (Pastore, C., 1986, p. 70).

El 5 de enero de 1869 los ejércitos aliados entraron en la Asunción. El ejército brasileño se hizo militarmente cargo de la ciudad.  La capital fue saqueada.

Bordón, F. A. (1976) describe la situación en los siguientes términos: “La guerra prácticamente había aniquilado al Paraguay. Los aliados al apoderarse de la Capital, consumaron actos realmente vandálicos, inconcebibles en ejércitos civilizados, tales como saqueos, robos, violaciones, atracos de hogares, templos y museos, convirtiendo en botín los bienes públicos y privados” (p. 51).

Por su parte, Cardozo, Efraim (1987) dice: “… las [fuerzas] brasileñas, posesionadas de la ciudad, se entregaron al más implacable saqueo y devastación. Ni las legaciones, ni los consulados, ni los sepulcros, ni las iglesias fueron respetados. La tarea destructora prosiguió varios días … Las embarcaciones zarparon hacia Buenos Aires y Río de Janeiro repletas de objetos de valor …” (p. 245).

El 15 de agosto de 1869, cuando los restos del ejército y del pueblo paraguayos encabezados por el Mariscal Francisco Solano López todavía ofrecían una desesperada pero heroica resistencia a las huestes enemigas, en la Asunción se constituyó un gobierno provisorio: el triunvirato, integrado por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Diaz de Bedoya. Este gobierno títere, establecido con el asentimiento de los jefes de la fuerzas aliadas de ocupación, estaba integrado por tres “legionarios”.[1]

Todo tuvo que reconstruirse a partir de cero, de acuerdo con los nuevos paradigmas ideológicos de que eran portadores los ejércitos triunfantes y los paraguayos que los acompañaban.

La situación de preguerra

Durante los gobiernos del Dr. Francia y de los López, se había aplicado un modelo de desarrollo autónomo que mantuvo al país al margen de la injerencia y el control foráneos, en particular de Inglaterra que era la gran potencia de la época. Aunque no se había salido del atraso, la proyección del modelo elegido permitía vislumbrar la posibilidad de alcanzar niveles superiores en distintos aspectos.

La situación previa a la guerra presentaba características peculiares. Así, según el inventario de bienes públicos realizado por el ingeniero F. W. Morgenstern, de las 16.590 leguas cuadradas que tenía el país, 16.329 eran propiedad fiscal y sólo 261 eran propiedad privada (Trías, V., 1975, p. 28).

“El comercio exterior fue sustancialmente nacionalizado. Al monopolio de la exportación de maderas, el gobierno de don Carlos agregó el monopolio estatal de la yerba mate”. “Con los recursos del comercio exterior, fundamentalmente, el Estado impulsó no sólo la construcción de obras básicas –infraestructura para el desarrollo-, sino un promisorio crecimiento industrial”. “Se levantaron astilleros donde se construyó una flota fluvial y marítima … El 21 de setiembre de 1861 se inauguró, orgullosamente, el ferrocarril nacional –propiedad del Estado- que llega hasta Trinidad …” (Trías, V., 1975, pp. 30, 32,33).

Sobre el tema, Teodosio González (1997) dice: “Antes de la guerra, el Estado no tuvo necesidad de recurrir al crédito externo ni interno, porque los recursos provenientes de los impuestos aduaneros y de las ventas y productos de su patrimonio privado, le sobraban para atender los gastos de la administración del país” (p. 94).

Es cierto que “… no organizaron una democracia formal, con instituciones en auténtico funcionamiento. En el Paraguay de esa época no hubo prensa, o la hubo sólo oficialista; es manifiesta, asimismo, la ausencia de libertades políticas …”. Sin embargo, el pueblo fue el indiscutible beneficiario del desarrollo económico (Trías, V., 1975, pp. 41, 43).

La transformación experimentada en la post guerra, la sintetizó Óscar Creydt (s.f.) del siguiente modo: “El Estado nacional fue destruido y reemplazado por el poder de los grandes estancieros y de los agentes del capital extranjero, disfrazado de república constitucional de tipo liberal” (p. 46).

Documentos previos

Entre los documentos previos a la Constitución de 1870, se puede mencionar el Manifiesto del Gobierno Provisorio fechado el 10 septiembre de 1869, es decir, pocos días después de su asunción. Este manifiesto, si bien expresa muchas ideas de inspiración liberal que habrían de alcanzar consagración jurídica en la nueva Constitución, contiene también aspectos realmente deplorables como la reivindicación de la Legión Paraguaya que acompañó a los ejércitos aliados, la innecesaria actitud de obsecuencia y adulación a los ocupantes extranjeros (“… una población extranjera que honra a la civilización con la humanidad de sus actos y la filantropía de sus sentimientos … El Gobierno Provisorio …se hace un deber de consagrar igualmente un voto de gratitud a favor de los Ejércitos Aliados … el Triunvirato que se inaugura bajo los generosos auspicios de los Gobiernos Aliados …”), la absoluta y total condena de los gobiernos precedentes y la exageración del papel histórico que le cupo desempeñar al gobierno provisorio (“… El Gobierno Provisorio, primera autoridad del país constituida en condiciones de civilización, de derecho y de moral …”).

El Gobierno Provisorio dictó también el Decreto del 2 de octubre de 1869 por el cual se abolió la esclavitud, se declaró la libertad para todo individuo que pisara territorio paraguayo y se estableció una indemnización para los amos.

Asimismo, cabe mencionar el Decreto del 14 de enero de 1870, dictado por el Gobierno Provisorio de la República a fin de crear el marco jurídico al cual quedaran sujetos gobernantes y gobernados hasta tanto se dictara la nueva Constitución. Las disposiciones contenidas en el decreto tenían, pues, carácter provisional, como se mencionaba en forma expresa. Los derechos, garantías, libertades y obligaciones consagrados, eran los propios del liberalismo y, prácticamente en su integridad, fueron incorporados a la Constitución dictada ese mismo año.

La Convención Nacional Constituyente de 1870

El proyecto de Constitución fue publicado en el periódico “La Regeneración”, durante los meses de octubre y noviembre de 1869.

Los convencionales constituyentes fueron electos de conformidad con el Estatuto Provisorio del 1 de abril de 1870. Una de sus disposiciones establecía que “los votos serán dados verbalmente y a voz alta, no admitiéndose votos escritos” (Art. 20). Fueron electos 54 convencionales.

Se reunió en el local del antiguo Cabildo. Inició su tarea el 15 de agosto de dicho año, con la asistencia de 41 convencionales. En la sesión inaugural estuvieron presentes los triunviros Loizaga y Rivarola, así como los jefes argentino y brasileño de los ejércitos de ocupación.

La Convención Nacional Constituyente de 1870, por las circunstancias de ruptura radical con el régimen anterior, aunque con  las limitaciones de la situación general del país y de la ocupación extranjera, actuó en ejercicio del poder constituyente en forma originaria.

Dentro de este marco, el 31 de agosto de 1870, la Convención declaró acéfalo el Triunvirato y luego nombró como Presidente Provisorio de la República a Cirilo Antonio Rivarola.

La nueva Constitución fue sancionada el 18 de noviembre. El Presidente Provisorio la promulgó el 24 de noviembre y fue jurada el 25 de noviembre. La Constitución de 1870, a pesar de ser el instrumento jurídico resultante de la actividad de un órgano que actuó en ejercicio del poder constituyente, fue sometida para su puesta en vigor a un acto -la promulgación de la misma- emanado de un órgano integrante del poder constituido.

El 24 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución, la Convención constituida en cuerpo electoral procedió a elegir al presidente de la República y al vicepresidente efectivos, para el primer período constitucional. Resultaron electos Cirilo Antonio Rivarola y Cayo Miltos, respectivamente.

Con posterioridad, la Convención Constituyente se declaró en Congreso Legislativo por el plazo de quince días (cf. Art. 128).

La nueva Ley Suprema, “copiada de la Constitución Argentina” (González, T., 1997, pp. 45, 51), introdujo en el Paraguay principios y normas jurídicas de inspiración liberal.

Contenido de la Constitución de 1870

Caracterización general. La Constitución de 1870 era una constitución típicamente liberal. Su sanción significó la incorporación al Paraguay de las libertades, los derechos y las garantías inspirados en el liberalismo. La amplitud de los mismos en comparación con lo establecido en la Constitución de 1844 que era muy escueta en cuanto a este tema, constituye un punto positivo.

Sin embargo, desde una perspectiva actual, debe señalarse el carácter meramente formal de las libertades, los derechos y las garantías consagrados. Correspondían a lo que hoy llamaríamos derechos humanos de la primera generación, es decir, civiles y políticos, aunque estos últimos muy restringidos.

El aludido carácter formal implica, en muchos casos, la mera abstención del Estado que permita el ejercicio de tales libertades y derechos, o, a lo sumo, la acción del mismo en el sentido de asegurar las condiciones adecuadas para dicho ejercicio. Pero no se prevén mayores prestaciones a cargo del Estado que beneficien en forma directa a las personas. Lo más que puede observarse a nivel constitucional en este aspecto, es lo relativo a la educación primaria que debía ser “de atención preferente del Gobierno”, debiendo el Congreso “promover por todos los medios posibles la instrucción de los Ciudadanos” (Art. 8º).

En cuanto a los órganos de gobierno, debe apuntarse como otro aspecto positivo el equilibrio establecido entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, lo cual constituye una clara ruptura con el régimen de marcado predominio del primero de éstos, legislado en la Constitución de 1844.

Parte dogmática

Venta de tierras públicas. Como una de las formas de proveer los gastos públicos se prevé la venta de tierras públicas (Art. 4º). Con anterioridad, éstas, en un alto porcentaje, eran propiedad del Estado. Con posterioridad a la finalización de la guerra contra la Triple Alianza, comienza el malbaratamiento de las mismas, origen de los problemas referentes a la propiedad inmobiliaria rural que subsisten hasta el presente.

Las leyes del 9 de junio y del 10 de julio de 1885, autorizaron la venta de yerbales y tierras fiscales, así como también de edificios fiscales. La venta se hizo en forma directa y a precios irrisorios. La venta de tierras públicas fue suspendida por Ley del 25 de junio de 1904.

Teodosio González (1997), destacado jurista y político liberal de la época, describe el hecho del siguiente modo:  “Los favorecidos del Gobierno, Ministros, Senadores, Diputados, empleados públicos, caudillos y especuladores en general, se abatieron como cuervos a comprar, por medio de testaferros, tierras fiscales ofrecidas a tan bajos precios, para, enseguida revenderlas, en Buenos Aires, Montevideo y Europa o aquí mismo, con ganancias colosales”(p, 126).

Por su parte, Óscar Creydt (s.f.) expresa cuanto sigue: “… La ley de 1883, en virtud de la cual se convirtieron las tierras del Estado en grandes latifundios, fue hecha con miras a entregar el territorio nacional a capitales europeos, norteamericanos y argentinos.

El principal autor y responsable de esta transformación antinacional es el Partido Colorado. Su jefe, el General Bernardino Caballero, había actuado como un héroe en la gran guerra patria …” (p. 47).

Tulio Halperin Donghi (1980) dice: “… los nuevos gobernantes presidían una alegre liquidación de las tierras del Estado; la reconstrucción del Paraguay se hace bajo el signo de la gran propiedad privada …” (p. 248).

La venta del ferrocarril de Asunción a Paraguarí fue dispuesta en virtud de la ley del 4 de julio de 1876.

Contratación de empréstitos. También estaba prevista la contratación de empréstitos como forma de proveer a los gastos públicos. Al respecto, es bien conocido el negociado de los empréstitos de 1871 y 1872, por 1.000.000 y 2.000.000 de libras esterlinas, respectivamente, gestionados en Londres. Sólo una ínfima parte de los mismos (alrededor de 400.000 del primero, y 125.000 del segundo) llegó al país. Fue el comienzo de la deuda externa.

Inmigración. La terrible mengua que había experimentado la población como consecuencia de la guerra, se previó restablecerla mediante la inmigración. Al respecto, la Ley Suprema decía lo siguiente: “El Gobierno fomentará la inmigración Americana y Europea” (Art. 6º). Contra los principios enarbolados por el liberalismo, se estableció una norma violatoria de la igualdad jurídica y, además, cargada de racismo.

Dos destacados intelectuales de la época, sin embargo, justificaron la norma. Teodosio González (1997), autor del Código Penal de 1910, afirmó cuanto sigue:

 “… nuestra Constitución sólo quiere fomentar la inmigración europea y americana. Pero, no desea fomentar la asiática, ni la africana. Y esto se comprende: ni los asiáticos ni los africanos van a mejorar nuestra raza, nuestras industrias, ni enseñarnos las ciencias, ni las artes … El japonés no se presta para mejorar la raza físicamente. Lejos de eso, la empeora. La cruza entre los criollos sudamericanos y los japoneses, ha dado productos físicamente muy inferiores …” (pp. 302/303).

Por su parte, Félix Paiva (1926), constitucionalista y político que llegó a ejercer  la Presidencia de la República, sostuvo lo siguiente:

“… esta obra de civilización, de progreso general no puede emprenderse en países nuevos, sino a base de la inmigración americana y europea, porque es la más civilizada, más culta y más progresista …”.

“… No era pues indiferente la elección de razas, puesto que hay las que no se cruzan y que, aún cruzándose, no aportan ninguna mejora étnica y menos valor moral, como ocurre con la negra, por ejemplo, y con la mayoría de la cepa amarilla asiática, que son sin duda alguna inferiores en general a la blanca o europea …”.

“… La preferencia a favor de la raza blanca es indudable en la letra y espíritu de la ley fundamental …”.

“…Admítase el dogma de la desigualdad de las razas y la superioridad histórica de la blanca, pero no se condene irremisiblemente como inferiores a las otras …” (pp. 114, 116, 118).

Otras disposiciones de la parte dogmática. En sentido contrario al laicismo sustentado por el liberalismo, se consagró a la católica como religión del Estado (Art. 3º).

Todos los derechos, las libertades y las garantías de inspiración liberal, aparecen en la Constitución de 1870. Entre otros, podemos mencionar los de comerciar, de trabajar, de reunión, de petición, de tránsito, de prensa, de asociación, de religión (Arts. 18 y 24).

Otras disposiciones contemplaban los siguientes temas: juicio previo, ley anterior al hecho del proceso, jueces naturales, límites a la declaración, requisitos para el arresto y la detención, presunción de inocencia (Art. 20), defensa en juicio, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia y los papeles privados, prohibición de tormentos y azotes, condiciones aceptables de las cárceles (Art. 21); libertad jurídica (Art. 23); abolición de la esclavitud (Art. 25); igualdad ante la ley (Art. 26); irretroactividad de la ley (Art. 32), etc.

Propiedad privada. La Constitución de 1870 garantizaba la propiedad privada en los términos de un liberalismo puro:

Art. 19. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la República puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en la ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por la ley y previamente indemnizada.

En este marco ideológico se admitía la expropiación, pero sólo en caso de utilidad pública, es decir, cuando la cosa fuera necesaria para el uso de todos en forma indefinida.[2]

Se eliminaron la confiscación de bienes y la pena de muerte por causas políticas (Art. 19).

Derechos políticos. La Constitución de 1870 confería el derecho al sufragio, en principio, a todos los paraguayos desde la edad de dieciocho años (cf. Arts. 35 y 38).

La Ley Suprema buscó precautelar la libertad electoral por medio del siguiente artículo:

Art. 27. Es inviolable la ley electoral del Ciudadano, y se prohíbe al Presidente y a sus Ministros toda ingerencia directa o indirecta en las elecciones populares. Cualquier autoridad de la Ciudad o Campaña que por sí, u obedeciendo órdenes superiores ejerza coacción directa o indirectamente en uno o más Ciudadanos, comete atentado contra la libertad electoral y es responsable individualmente ante la ley.

El 9 de diciembre de 1870, la Convención Nacional Constituyente, constituida en Asamblea Legislativa, dictó la “Ley de elecciones de la República del Paraguay”. De acuerdo con sus disposiciones, el voto era público y la votación se hacía por candidatos a senadores o diputados, en la cantidad correspondiente a la convocatoria y a los 23 distritos electorales en que fue dividido el país. No debe olvidarse que las cámaras legislativas se renovaban parcialmente cada dos años, la de Diputados por mitades, y la de Senadores, por tercios.

Este sistema posibilitaba un eventual control de la representación en forma total o ampliamente mayoritaria, por parte de un solo sector político. Visto de otro modo, el sistema no facilitaba la representación de las minorías.[3]

La Ley Electoral del 23 de agosto de 1911, estatuyó el voto secreto, aunque con las limitaciones fácticas que se deducen de la disposición que transcribimos a continuación.

Art. 63, inc. a) “Cada sufragante presentará al presidente de la mesa … una boleta en papel blanco … que exprese el candidato o candidatos por quienes vota”.

En efecto, atendiendo al grado de instrucción del elector común y a las presiones políticas, nada garantizaba que el contenido de la boleta reflejara la voluntad de aquel.

La votación seguía haciéndose por candidatos, con las eventuales consecuencias ya indicadas, se según se desprende del siguiente artículo:

Art. 64. “Ningún sufragante podrá votar sino por el número de Senadores y Diputados, electores [de Presidente y Vicepresidente de la República] o convencionales [para la Convención Nacional Constituyente], designados en la convocatoria de la elección para la sección respectiva”.

La Ley electoral Nº 223, del 28 de noviembre de 1916, modificó la Ley de 1911 en cuanto al sistema de elección para las cámaras legislativas y estableció el “sufragio de lista con voto incompleto” (Art. 3º). La votación siguió siendo por candidatos aunque los electos no podían ser todos de un mismo partido, pues el sistema adoptado aseguraba la participación de la minoría.

La Ley de elecciones, Nº 929, del 9 de setiembre de 1927, adoptó un sistema de “representación proporcional limitada” (Art. 10). De conformidad con el Art. 14, “los cargos cuya provisión motiva el acto electoral, se llenarán con candidatos de las dos listas que hubieren obtenido mayor número de sufragios”.

La votación se hacía por lista completa y la distribución de cargos entre las dos listas mencionadas, debía hacerse de acuerdo con un sistema de proporcionalidad que atendía a la cantidad de votos emitidos a favor de cada lista (cf. Art. 15).

Se limitaba, pues, el acceso a las bancas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados a los dos partidos políticos más votados, los cuales en ese momento histórico, con toda seguridad, serían el Partido Liberal y el Partido Colorado. Los votos emitidos a favor de otros partidos minoritarios no eran tenidos en cuenta.

En todo este lapso, no se admitió sino el sufragio masculino.

Las elecciones de Presidente de la República y Vicepresidente habían sido con candidato único, hasta que en 1928, en las elecciones en que resultó electo José Patricio Guggiari, participó también un candidato colorado, Eduardo Fleytas.

Parte orgánica

La Constitución de 1870 organizaba el gobierno sobre la base de tres órganos separados y autónomos que adoptaban la denominación tradicional de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. La división y el equilibrio de poderes, o de órganos de poder, quedaron consagrados mediante la distribución de las funciones que correspondían a cada uno y los mecanismos de control recíproco.

Según lo disponía la Ley Suprema, correspondía “al Congreso como representación Soberana del pueblo, dilucidar cualquier duda que llegara a haber en el equilibrio de los tres altos poderes del Estado” (Art. 103).

El sistema de gobierno era presidencial, pero las facultades del titular del Ejecutivo aparecían bastante controladas, con lo cual se lograba un equilibrio de poderes que no existió en la constitución precedente ni en las dos posteriores. En efecto, la posibilidad de enjuiciamiento político del Presidente, el Vicepresidente y los ministros (Arts. 50, 56 y 57); la interpelación de los ministros (Art. 67); la duración de cuatro años del período presidencial y la imposibilidad de reelección sino con dos períodos de intervalo (Art. 90); y la necesidad del refrendo ministerial para que los actos del Presidente tuvieran eficacia (Art. 104), constituían limitaciones importantes al Ejecutivo.

La afirmación de que, no obstante, el sistema de gobierno legislado en la Constitución de 1870 puede ser calificado como presidencial, se sustenta en las siguientes facultades conferidas al Presidente de la República: a) la intervención en el proceso legislativo en cuanto a la iniciativa (Art. 73) y en cuanto al veto, que podía ser parcial o total (Art. 76); b) la facultad reglamentaria (Art. 102, inc. 2); c) las facultades que se le otorgaban durante el estado de sitio, y la misma facultad de declararlo por sí mismo durante el receso parlamentario, que era bastante prolongado (siete meses), (Arts. 9; 72, inc. 22; y 102, inc. 17); y d) la amplia facultad de nombramiento (Art. 102, inc. 6) y, en particular, el nombramiento de los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y de los demás integrantes del Poder Judicial (Arts. 102, inc. 4 y 113), más aún cuando el Presidente tenía la facultad de hacer nombramientos en comisión durante el receso parlamentario, cuando las vacancias se produjeran en cargos que requerían el acuerdo del Congreso (Art. 102, inc. 20).

De todos modos y a la luz de la experiencia histórica reciente de los gobiernos del Dr. Francia y de los López, considerados dictatoriales por los constructores del nuevo orden de postguerra, en la Ley Suprema se incluyó un artículo que adoptaba previsiones en particular respecto del Poder Ejecutivo. Así se estableció lo siguiente:

Art. 13. El Congreso no podrá jamás conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que, la vida, el honor y la propiedad de los habitantes de la República queden a merced del Gobierno o persona alguna. La dictadura es nula e inadmisible en la República del Paraguay y los que la formulen, consientan o firmen, se sujetarán a la responsabilidad y pena de los infames traidores de la patria.

No obstante, en violación de esta disposición, en virtud del Decreto Nº 1, del 18 de febrero de 1940, el Gral. José Félix Estigarribia asumió la plenitud de los poderes políticos del gobierno de la República (Poderes Ejecutivo y Legislativo), aunque quedó subsistente el Poder Judicial.

Poder Legislativo. El Poder Legislativo era ejercido por un Congreso bicameral. Una de las cámaras era la de Diputados, integrada inicialmente por 26 miembros, elegidos directamente por los electores de cada distrito electoral. El número de diputados se iría incrementando de acuerdo con el aumento de la población. Se requerían 25 años de edad y “ciudadanía natural”, es decir, nacionalidad natural o de origen, para poder ser electo. El mandato era de cuatro años, con posibilidad de reelección. La cámara debía renovarse parcialmente por mitad cada bienio, lo cual permitía la permanencia de una mitad de legisladores ya con experiencia y la incorporación de otra mitad de nuevos integrantes. No existían suplentes y en caso de producirse alguna vacancia, debía procederse a la elección del nuevo titular (cf. artículos 42 a 49).

La otra cámara era el Senado, compuesto inicialmente por 13 senadores elegidos de la misma forma que los diputados. Igualmente su número se iría incrementando en proporción al aumento de la población. Los senadores duraban seis años en el ejercicio de sus funciones y podían ser reelectos. La cámara debía renovarse por tercios cada dos años, con la ventaja señalada más arriba. Para ser senador se requería la edad mínima de 28 años y la “ciudadanía natural”, es decir, la nacionalidad natural o de origen. La edad muy baja exigida para acceder al Senado, se explica por la escasez de varones adultos. Siguiendo a sus modelos la Constitución norteamericana de 1787 y la argentina de 1853, el Vicepresidente de la República era el presidente del Senado. No había suplentes y en caso de vacancia se procedía a elegir al nuevo titular (cf. artículos 51 a 55, y 58).

Las cámaras celebraban sesiones ordinarias cada año, desde el 1 de abril al 31 de agosto, es decir, durante cinco meses. Esto era lo habitual en la época y resultaba considerablemente más si se comparaba con el régimen de la Constitución de 1844 según el cual el Congreso se reunía en forma ordinaria de cinco en cinco años. Durante el largo período de receso de siete meses, las cámaras podían autoconvocarse a sesiones extraordinarias y también podían ser convocadas por el Poder Ejecutivo. Del mismo modo se podían prorrogar sus sesiones (cf. artículo 59).

Las cámaras podían aplicar sanciones a sus miembros e, incluso, removerlos o excluirlos de su seno, con dos tercios de votos (cf. artículo 62). En varias oportunidades esta facultad fue aplicada en forma arbitraria para excluir a diputados o senadores por causas políticas.

Los senadores y los diputados gozaban de las inmunidades de opinión, arresto o detención, y proceso (cf. artículos 63 a 65).

Entre las atribuciones del Congreso figuraban, entre otras, las siguientes:

La facultad de interpelación a ministros del Poder Ejecutivo (Art. 67).

La aprobación del presupuesto del Estado y luego de las cuentas de inversión del mismo (Art. 72, inc. 7º).

La de “conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al cristianismo y a la civilización” (Art. 72, inc. 13).

Juicio político. La Constitución de 1870 estableció por primera vez esta institución en el derecho constitucional paraguayo. Estaba previsto el juicio político para el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y los generales del Ejército y de la Armada. A la Cámara de Diputados le correspondía acusar ante la cámara alta a cualquiera de las mencionadas autoridades, “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes”. Se requería para ello mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes de la cámara acusadora.

Al Senado le correspondía juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados Para declarar culpable a uno de ellos se requería mayoría de dos tercios de los senadores presentes. Cuando el acusado era el Presidente de la República o el Vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, el Senado debía ser presidido por el Presidente del Tribunal  Superior de Justicia.

El fallo  producía como efecto específico la destitución del acusado (fin principal); y eventualmente el de declararlo “incapaz de ocupar ningún puesto de honor, de confianza o a sueldo de la Nación” (fin accesorio). Estaba abierta también la posibilidad de sometimiento posterior a la justicia ordinaria. La Constitución decía que la parte condenada quedaba “sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los Tribunales ordinarios” (cfr. artículos 50, 56 y 57).

Casos históricos de juicios políticos.El procedimiento del juicio político fue utilizado en las siguientes oportunidades:

a) Caso de Juan Bautista Gill, Ministro de Hacienda durante el gobierno de Cirilo Antonio Rivarola. En 1871 fue destituido como resultado del mismo, por supuesta malversación de fondos públicos. El presidente Rivarola pidió al Senado la reconsideración de la medida, lo cual fue rechazado (octubre de 1871).[4]

b) caso de los miembros del Superior Tribunal de Justicia

b) Caso del Presidente José P. Guggiari. El 26 de octubre de 1931 el Presidente de la República, Dr. José Patricio Guggiari, se dirigió al Congreso a fin de solicitar ser sometido a juicio político con vistas a deslindar su responsabilidad en los sucesos ocurridos frente al Palacio de Gobierno el 23 de octubre del mismo año. El ejercicio del Poder Ejecutivo fue delegado al Vicepresidente, Emiliano González Navero quien interinó el cargo desde octubre de 1931 hasta enero de 1932.

El Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias para el 16 de diciembre de 1931.

La Cámara de Diputados constituyó una Comisión Especial o Comisión de Investigación que se encargó de reunir los siguientes elementos de juicio:

– el proceso incoado por el Juez de Primera Instancia en lo Criminal, con motivo de los sucesos del 23 de octubre.

– la declaración a tenor de los interrogatorios respectivos que les fueron remitidos, del Presidente de la República, del Ministro de Relaciones Exteriores, del Ministro del Interior, del Director del Departamento de Marina, y otros.

– los partes policiales elevados a la Jefatura de Policía con motivo de los mencionados sucesos, partes de las manifestaciones del 22 y 23 de octubre.

– la declaración de numerosas personas.

– nómina de muertos y heridos atendidos en la Asistencia Pública y en el Hospital Nacional de Clínicas. Según el dictamen elevado por la Comisión a la Cámara de Diputados, resultaron muertas ocho  personas y heridas, veinticuatro.

La Cámara de Diputados se reunió el 27 de enero de 1932 a fin de considerar el dictamen de la Comisión Especial, en la cual se recomendaba no hacer lugar a formación de causa contra el Presidente de la República.

El mismo fue aprobado y tal fue la declaración de la mencionada Cámara. En consecuencia, en el caso del Presidente José Patricio Guggiari no se pasó de la primera etapa del juicio político, es decir, no se llegó a formular la acusación.

Disolución del Congreso.  Durante la vigencia de la Constitución de 1870, a pesar de que el Presidente de la República no tenía esta facultad, el Congreso fue disuelto en varias oportunidades.  Algunas de ellas son las que se mencionan a continuación.

El 15 de octubre de 1871, el Pdte. Cirilo Antonio Rivarola decretó la disolución del Congreso, acusándolo de destruir el equilibrio de poderes, falsear los principios y las garantías constitucionales,  y fomentar la subversión política, constituyéndose, por ende, en “reos de lesa Constitución”.

Después de la deposición del Pdte. Benigno Ferreira, el 4 de julio de 1908, asumió el poder el vicepresidente Emiliano González Navero y el Congreso fue disuelto.

Durante la segunda presidencia provisional de González Navero, del 22 de marzo al 15 de agosto de 1922, también fueron disueltas las cámaras legislativas.

Una vez concluida la guerra civil de 1922/23, el Pdte. Eligio Ayala disolvió el Congreso en julio de 1923.

Después del triunfo del golpe del 17 de febrero de 1936, por el “acta plebiscitaria” de la misma fecha fue disuelto el Congreso. El mismo sólo volvió a ser constituido el 10 de octubre de 1938.

El 16 de febrero de 1940 el Congreso “procedió a su autodisolución con la renuncia colectiva de sus miembros” (Pastore, C., 1986, p. 149).

Poder Ejecutivo. Se estableció un ejecutivo unipersonal desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la República del Paraguay (Art. 87). La Vicepresidencia estaba prevista a fin suplir el ejercicio de la función ejecutiva en caso de falta temporal o definitiva del presidente de la República (Art. 88).

Para ser presidente o vicepresidente se requería nacionalidad paraguaya natural, tener treinta y cinco años de edad y profesar la religión cristiana (Art. 89). La edad exigida,  baja para la época, se explica porque la cantidad de varones adultos había quedado muy reducida como consecuencia de la guerra. Si bien se aludía a la religión cristiana, el hecho de que estuviera consagrada la católica como religión del Estado (Art. 3º), determinaba que fuera ésta la exigida realmente como requisito.

Duración del mandato y reelección. El mandato del presidente y el vicepresidente de la República era de cuatro años. Se admitía la reelección, pero con dos períodos de intervalo (cfr. Art. 90), con lo cual se aseguraba la alternancia en el máximo cargo del Poder Ejecutivo. Existía, por una parte, el recelo contra los gobiernos previos del Dr. Francia y de los López, considerados dictaduras o tiranías por muchos de los constituyentes, y, por la otra, la influencia de las dos constituciones tomadas como modelos principales: la Constitución norteamericana, que aceptaba el principio de la reelección inmediata, limitada de hecho a un período más de acuerdo con la costumbre constitucional iniciada por Washington; y la Constitución argentina de 1853, que admitía la reelección con intervalo de un período. Se encontró el punto medio o de equilibrio en la exigencia de dos períodos de intervalo para una eventual reelección.

La prohibición de la reelección presidencial inmediata consagrada en la Constitución de 1870, fue interpretada – no sin objeciones- como que no era aplicable a los ciudadanos que, en carácter de presidentes provisionales, hubieren completado períodos presidenciales iniciados por otros. Tal fue el caso del Gral. Bernardino Caballero quien, tras la muerte del presidente Cándido Bareiro y la obligada renuncia de su vicepresidente, Adolfo Saguier, fue designado Presidente provisional por el Congreso y gobernó en tal carácter desde el 4 de septiembre de 1880 hasta el 25 de noviembre de 1882.  Entre esta última fecha y el 25 de noviembre de 1886, ejerció la primera magistratura ya en calidad de presidente titular o propietario, elegido en la forma estipulada en la Constitución de 1870.Según señala 0. Kallsen (1983, p 47), en su momento algunos arguyeron que el Gral.  Caballero no podía ser reelecto según lo dispuesto por la Constitución, pero esta objeción no prosperó.

Igualmente, entre la primera y la segunda vez en que Emiliano González Navero estuvo al frente del Poder Ejecutivo, no medió el lapso correspondiente a dos períodos presidenciales. En efecto, González Navero ejerció por primera vez la presidencia de la República entre el 4 de julio de 1908 y el 25 de noviembre de 1910, cuando siendo vicepresidente, le correspondió completar el período presidencial del Gral. Benigno Ferreira quien había sido derrocado y obligado a renunciar. Poco después fue designado nuevamente Presidente provisional y ejerció el cargo del 22 de marzo al 15 de agosto de 1912.

Asimismo, entre la presidencia provisional de Eligio Ayala del 12 de abril de 1923 al 17 de marzo de 1924, y su ejercicio de la titularidad del Ejecutivo entre el 15 de agosto de 1924 y el 15 de agosto de 1928, apenas hubo un intervalo de cinco meses.

Durante la vigencia de la Constitución de 1870, realmente el único presidente electo como titular y luego reelecto con igual carácter, fue Manuel Gondra. En ambas oportunidades, al poco tiempo presentó renuncia al cargo. La primera vez gobernó 53 días, desde el 25 de noviembre de 1910 hasta el 17 de enero de 1911; y la segunda, desde el 15 de agosto de 1920 hasta el 29 de octubre de 1921.

Ejercieron también la presidencia en dos oportunidades Félix Paiva y Eusebio Ayala. Paiva lo hizo ambas veces como presidente provisional. La primera, por unos pocos días, entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre de 1921, luego de la segunda renuncia de Gondra. Lo sucedió precisamente Eusebio Ayala quien, como Presidente provisional designado por el Congreso, ejerció el cargo del 7 de noviembre de 1921 al 12 de abril de 1923, fecha en que se retiró tras haber renunciado. Ayala ejerció nuevamente la presidencia ya como titular desde el 15 de agosto de 1932 hasta el 17 de febrero de 1936, cuando fue derrocado por el movimiento encabezado por el Cnel. Rafael Franco. La segunda presidencia provisional de Félix Paiva se inició el 16 de agosto de 1937, después del derrocamiento del Cnel. Franco, y se extendió hasta el 15 de agosto de 1939, fecha en que asumió el mando el Gral. José Félix Estigarribia.

Elección del presidente y el vicepresidente. El presidente y el vicepresidente eran de elección indirecta. Esta forma de designación fue establecida a imitación del régimen legislado en la constitución norteamericana y en la argentina de 1853.

En principio, la designación correspondía a una Junta de Electores, cuyos miembros eran elegidos por votación popular directa y en número igual al cuádruplo de los diputados y senadores. Sin embargo, esta Junta nunca llegaba a sesionar en pleno, sino que los electores de cada departamento se reunían en la capital del mismo a los efectos de emitir su voto. Luego se realizaba un escrutinio parcial y se elaboraba una lista de los individuos propuestos, con indicación del número de votos que cada uno de ellos hubiere obtenido.

El Congreso reunido en pleno era el encargado de efectuar el escrutinio final sobre la base de las listas que le habían sido enviadas desde los distintos puntos del país. Además le correspondía proclamar Presidente al candidato que hubiera obtenido la mayoría absoluta. Ahora bien, si ninguno de ellos la hubiere obtenido, correspondía a este órgano elegir entre los dos candidatos que hubieren alcanzado mayor cantidad de votos.Respecto de la forma de elección del Presidente legislada en la Constitución de 1870, véanse los Arts. 94 a 101.

Las diversas asambleas parciales que debían celebrar los electores en las respectivas capitales de los departamentos, la emisión de sus votos en cédulas firmadas, el recuento parcial que debía hacerse, la elaboración de las listas con los nombres de las personas propuestas y el número de votos que hubieren obtenido cada una de ellas, la remisión de dichas listas a la capital y la intervención del Congreso para el escrutinio final, hacían que el trámite para la elección del presidente fuera excesivamente largo y engorroso. Además, por estas características ofrecía numerosas oportunidades para el fraude electoral.

Acefalía del Poder Ejecutivo. La falta temporal o definitiva del Presidente de la República, y eventualmente también la del Vicepresidente, estaban previstas en los siguientes términos:

Art. 88. En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el P. E. será ejercido por el Vicepresidente de la República. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y Vicepresidente, el Congreso determinará que funcionario público ha de desempeñar su Presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo Presidente sea electo.

La sucesión presidencial durante la vigencia de la Constitución de 1870. Este período se caracteriza por los numerosos golpes de Estado (llamados “revoluciones”) que se producen, así como por los crímenes políticos perpetrados con armas de fuego (asesinato del Presidente Juan Bautista Gill), por apuñalamiento (asesinato del ex Presidente Cirilo Antonio Rivarola en el centro de la capital), por fusilamiento, por degüello, etc.

El 18 de diciembre de 1871 el presidente Cirilo Antonio Rivarola presentó renuncia ante el Congreso “confiado en que se le confirmaría en el cargo; pero el Congreso lo sorprendió aceptándola y encargó el ejercicio del Poder ejecutivo al vicepresidente Salvador Jovellanos”. (Cardozo, E., 1987, p. 270). Éste gobernó de diciembre de 1871 a noviembre de 1874.

El 12 de abril de 1877 del Pdte. Juan Bautista Gill fue asesinado en plena calle, en el centro de Asunción. De acuerdo con lo previsto en la Constitución, le sucedió el vicepresidente Higinio Uriarte quien gobernó hasta fines de 1878.

Al fallecer el Pdte. Cándido Bareiro el 4 de septiembre de 1880, le correspondía sucederlo al vicepresidente Adolfo Saguier, pero éste fue obligado a renunciar por el ejército. Formalmente, el Congreso se encontró ante la muerte del presidente y la renuncia del vicepresidente, por lo que -ajustándose en teoría a lo establecido constitucionalmente – procedió a nombrar al Gral. Bernardino Caballero como Presidente provisional para completar el período constitucional de Bareiro.

El Pdte. Juan Gualberto González fue depuesto el 9 de junio de 1894 por un movimiento liderado por el Gral. Juan Bautista Egusquiza. Resuelta la situación como renuncia del presidente, asumió el poder el vicepresidente Marcos Morínigo quien gobernó durante los restantes meses de este período constitucional hasta el 25 de noviembre de 1894. Durante el siguiente período (1894-1898) ocupó la presidencia el mencionado Gral.  Egusquiza.

El 9 de enero de 1902 el Pdte. Emilio Aceval fue derrocado por un golpe de estado encabezado por el Gral. Caballero. También en este caso vista la “renuncia” de Aceval, ocupó la primera magistratura el vicepresidente Héctor Carvallo, quien completó el período constitucional.

Como consecuencia de la llamada revolución de 1904, el Pdte. Cnel. Juan Antonio Escurra y el vicepresidente, Dr. Manuel Domínguez, presentaron sus respectivas renuncias, y el Congreso, ciñéndose a las formalidades constitucionales, las aceptó y nombró a Juan Bautista Gaona en carácter de Presidente provisional. Éste asumió el cargo el 19 de diciembre de 1904; pero antes de un año, el 9 de diciembre de 1905, fue depuesto, y el Congreso, tras declarar su cesantía nombró en su reemplazo al Dr. Cecilio Báez, quien completó el período constitucional hasta el 25 de noviembre de 1906. Desde el punto de vista constitucional la substitución de Gaona por Báez ofrece algunos reparos, porque el primero fue separado del cargo que ocupaba sin juicio político previo.

Luego de un golpe de estado, el 4 de julio de 1908, el Pdte. Gral. Benigno Ferreira tuvo que presentar renuncia a su cargo. Lo sucedió el vicepresidente Emiliano González Navero, quien gobernó hasta finalizar dicho período constitucional el 25 de noviembre de 1910.

El 17 de enero de 1911, después de 53 días de gobierno y a consecuencia de la sublevación encabezada por el Cnel. Albino Jara, el Pdte. Manuel Gondra envió su renuncia al Congreso. Las cámaras legislativas, bajo la presión de las fuerzas rebeldes, designaron presidente provisional al mencionado Cnel. Jara, a pesar de que constitucionalmente correspondía asumir el cargo al vicepresidente Juan B. Gaona.

El Cnel. Jara fue obligado a renunciar el 5 de julio de 1911 y el Congreso nombró a Liberato Marcial Rojas en carácter de Presidente provisional. Éste fue depuesto el 28 de febrero de 1912 y luego de su forzada dimisión, las cámaras legislativas designaron a Pedro P. Peña para ocupar el cargo en forma provisional. Tras una efímera presidencia que sólo duró veintidós días, Peña fue derrocado el 22 de marzo de 1912 y desde esta fecha hasta el 15 de agosto del mismo año se desempeñó como Presidente provisional Emiliano González Navero.

El 5 de junio de 1919 se produjo el fallecimiento del Pdte. Manuel Franco y, en consecuencia, asumió el mando el vicepresidente, Dr. José P. Montero, quien completó el período constitucional hasta el 15 de agosto de 1920.

El 29 de octubre de 1921 el Pdte. Manuel Gondra presentó su renuncia al cargo por no aceptar los cambios en el gabinete que le exigía Eduardo Schaerer, quien ejercía gran influencia en el ámbito político y contaba con el apoyo de importantes sectores del Partido Liberal.

A Gondra le sucedió el vicepresidente, Dr. Félix Paiva, quien, tras intentar vanamente constituir un gabinete, también dimitió el 6 de noviembre de 1921.  El Congreso nombró entonces a Eusebio Ayala en carácter de presidente provisional. Éste renunció al cargo en abril de 1923, cuando el país estaba sumido en una cruenta guerra civil. En su reemplazo, el 12 de abril de ese año, asumió la presidencia el Dr. Eligio Ayala, quien también había sido designado por las cámaras legislativas.

Eligio Ayala ejerció el cargo en forma provisional hasta el 17 de marzo de 1924, fecha en que renunció pues había sido proclamado candidato a la presidencia para el siguiente período constitucional.

El Congreso nombró en su reemplazo al Dr. Luis Alberto Riart quien gobernó sólo unos meses hasta el 15 de agosto de 1924, cuando nuevamente transmitió el mando a Eligio Ayala, quien resultó vencedor en las elecciones realizadas.

El 17 de febrero de 1936 fue derrocado el Dr. Eusebio Ayala. Tras las obligadas renuncias del Presidente y del Vicepresidente, Raúl Casal Ribeiro, los militares sublevados designaron como Presidente provisional al Cnel.  Rafael Franco. No se pudieron observar, aunque sea formalmente, las disposiciones constitucionales, pues en el mismo acto la Constitución de 1870 fue derogada y el Congreso fue disuelto.

El golpe militar del 13 de agosto de 1937 obligó al Cnel. Franco a renunciar.  Los golpistas designaron como presidente provisional al Dr. Félix Paiva. Más tarde, el 10 de octubre de 1938, cuando ya había sido restablecida la vigencia de la Constitución de 1870 y reintegrado el Congreso, este órgano confirmó a Paiva en el cargo de Presidente de la República.

Algunas atribuciones del Poder Ejecutivo. Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, mencionamos las siguientes:

La de nombrar a los integrantes del máximo órgano jurisdiccional: el Superior Tribunal de Justicia, con acuerdo del Senado; y a los demás magistrados judiciales, con acuerdo de dicho tribunal (cf. Art. 102, inc. 4º).

En el campo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, la de ejercer “los derechos del Patronato Nacional de la República en la presentación de Obispos para la Diócesis de la Nación a propuesta en terna del Senado, de acuerdo con el Senado Eclesiástico, o en su defecto, del Clero Nacional, reunido”. Además, la de conceder el pase o retener “los decretos de los Concilios, las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontífice con acuerdo del Congreso” (Art. 102, incs.7 y 8).

Durante la vigencia del estado de sitio, podía adoptar las medidas autorizadas por la Constitución. Además, durante el receso del Congreso, podía decretar dicha medida de excepción (Arts. 9 y 102, inc. 17).

Las dificultades en cuanto a comunicación se veían reflejadas en el hecho de que el Presidente de la República no podía “ausentarse de la Capital sino con el permiso del Congreso” y durante el receso de éste, podía hacerlo “sin licencia”, pero sólo “por graves objetos de servicio público” (Art. 102, inc.19). En todos los casos, la “ausencia de la capital” determinaba la asunción temporal de la presidencia por el vicepresidente (Art. 88).

Presidentes de la República durante la vigencia de la Constitución de 1870. A lo largo del prolongado período en que esta Ley Suprema estuvo en vigor, ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo los siguientes ciudadanos:

Cirilo Antonio Rivarola (19 de septiembre – 24 de noviembre de 1870; 25 de noviembre de 1870 – 18 de diciembre de 1871).

Salvador Jovellanos (18 de diciembre de 1871 – 25 de noviembre de 1874).

Juan Bautista Gill (25 de noviembre de 1874 -12 de abril de 1877).

Higinio Uriarte (12 de abril de 1877-25 de noviembre de 1878).

Cándido Bareiro (25 de noviembre de 1878 – 4 de septiembre de 1880).

Gral. Bernardino Caballero (4 de septiembre de 1880 – 25 de noviembre de 1882; 25 de noviembre de 1882-25 de noviembre de 1886).

Gral.  Patricio Escobar (25 de noviembre de 1886 – 20 de noviembre de 1890).

Juan Gualberto González (25 de noviembre de 1890 – 9 de junio de 1894).

Marcos Morínigo (9 de junio – 25 de noviembre de 1894).

Gral.  Juan Bautista Eguzquiza (25 de noviembre de 1894 – 25 de noviembre de 1898).

Emilio Aceval (25 de noviembre de 1898 – 9 de enero de 1902).

Héctor Carvallo (9 de enero – 25 de noviembre de 1902).

Cnel.  Juan Antonio Escurra (25 de noviembre de 1902 – 19 de diciembre de 1904)

Juan Bautista Gaona (19 de diciembre de 1904 – 9 de diciembre de 1905).

Dr. Cecilio Báez (9 de diciembre de 1905 – 25 de noviembre de 1906).

Gral.  Benigno Ferreira (25 de noviembre de 1906 – 4 de julio de 1908).

Emiliano González Navero (4 de julio de 1908 – 25 de noviembre de 1910).

Manuel Gondra (25 de noviembre de 1910 – 17 de enero de 1911).

Cnel.  Albino Jara (17 de enero – 5 de julio de 1911).

Liberato Marcial Rojas (5 de julio de 1911 – 28 de febrero de 1912).

Dr. Pedro Pablo Peña (28 de febrero – 22 de marzo de 1912).

Emiliano González Navero (22 de marzo – 15 de agosto de 1912).

Eduardo Schaerer (15 de agosto de 1912 – 15 de agosto de 1916).

Dr. Manuel Franco (15 de agosto de 1916 – 5 de junio de 1919).

Dr. José P. Montero (6 de junio de 1919 – 15 de agosto de 1920).

Manuel Gondra (15 de agosto de 1920 – 29 de octubre de 1921).

Dr. Félix Paiva (29 de octubre de 1921 – 6 de noviembre de 1921).

Dr. Eusebio Ayala (7 de noviembre de 1921 – 12 de abril de 1923).

Dr. Eligio Ayala (12 de abril de 1923 – 17 de marzo de 1924).

Dr. Luis Alberto Riart (17 de marzo – 15 de agosto de 1924).

Dr. Eligio Ayala (15 de agosto de 1924 -15 de agosto de 1928).

Dr. José Patricio Guggiari (15 de agosto de 1928 – 25 de octubre de 1931).

Emiliano González Navero (25 de octubre de 1931 – 28 de enero de 1932).

Dr. José Patricio Guggiari (28 de enero de 1932 -15 de agosto de 1932).

Dr. Eusebio Ayala (15 de agosto de 1932 -17 de febrero de 1936).

Cnel.  Rafael Franco (17 de febrero de 1936 -13 de agosto de 1937).

Dr. Félix Paiva (16 de agosto de 1937 – 15 de agosto de 1939).

Gral. José Félix Estigarribia (15 de agosto de 1939 -7 de septiembre de 1940).

Ministros del Poder Ejecutivo. La Constitución de 1870 adoptó el sistema de designar en su texto los ministerios que debían crearse. Éstos debían ser los del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia, Culto e Instrucción Pública y de Guerra y Marina. (Art. 104). Esta práctica, utilizada por algunas constituciones de la época y ya hace bastante tiempo superada, limitaba el número de los ministerios e impedía que otros ramos de la función pública pudieran alcanzar ese rango. Imposibilitaba asimismo que los ministerios existentes pudieran ser reestructurados.

Como un matiz parlamentario estaba admitida la posibilidad de que los ministros concurrieran a las sesiones del Congreso y tomaran parte en sus debates, pero no podían votar (Art. 108).

Poder Judicial. El Poder Judicial era ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, de tres miembros, y por los tribunales y los juzgados inferiores que estableciera la ley (cfr. Arts. 110 y 72, inc. 16). Para ser magistrado judicial, incluso miembro de la “Alta Cámara de Justicia” (Art. 115), se requería ser ciudadano paraguayo, tener veinticinco años de edad y ser de una ilustración regular (cfr. Art. 111). La ya aludida razón de la escasa población masculina adulta, determinó que se exigiera una edad excesivamente baja para cargos de tanta relevancia. Además, debe notarse que, dada la situación general en que se encontraba el país, no se exigía el título de abogado ni siquiera para integrar el Superior Tribunal de Justicia.

Los magistrados duraban cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podían ser reelectos (cfr. Art. 112). En consecuencia, sólo existía inamovilidad temporal por el tiempo de duración de su mandato, pero no existía la posibilidad de alcanzar la inamovilidad definitiva o permanente. Para los miembros del Superior Tribunal de Justicia estaba previsto el juicio político (Art. 50).

El Poder Ejecutivo designaba a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, con acuerdo del Senado; y a los demás magistrados, con acuerdo del citado tribunal (cf. Arts. 113 y 102, inc. 4º).

Este procedimiento de designación y la inexistencia de inamovilidad definitiva, facilitaban las eventuales injerencias de la clase política, como de hecho ocurrió. Al respecto, Teodosio González (1997) afirmaba lo siguiente: “Los jueces y tribunales, deben su elección y reelección a los políticos … Los jueces y tribunales no tienen ninguna garantía de estabilidad y de seguridad de conservar sus puestos por haber obrado recta y justamente. Algunas veces, el hecho de haber cumplido con su deber es precisamente la causa de su desalojo” (p. 287).

La Constitución de 1870 declaró la potestad exclusiva del Poder Judicial para conocer y decidir en actos de carácter contencioso (Art. 114). Ya en el Decreto del Gobierno Provisorio, del 14 de enero 1870, al determinar que continuaba en vigencia el Estatuto Provisorio para la Administración de Justicia de 1842, se derogaba el artículo del mismo que establecía las llamadas “causas reservadas”, es decir, las de “traición a la República”, “conmoción o conjuración contra el orden y tranquilidad pública” y “la de atentar contra la vida del Supremo Gobierno de la República” en las cuales el Presidente de la República (“Supremo Gobierno”) era el juez privativo (cf. Arts. 18 y 19 del mencionado decreto y Art. Quincuagésimo séptimo del Estatuto Provisorio).

Otros temas. Supremacía constitucional y orden de prelación. Las disposiciones que la Constitución de 1870 contenía sobre estos temas, no eran del todo precisas. En efecto, la “Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las Potencias extranjeras” eran declarados conjuntamente “ley suprema de la Nación” (cf. Art. 16), cuando tal calificativo debía corresponder en exclusividad a la Constitución. Esto además determinaba que no quedara claramente establecido el orden de prelación.

No obstante podía sostenerse que la Constitución ostentaba el carácter exclusivo de Ley Suprema, por deducción a partir del artículo que disponía que “toda ley o decreto que esté en oposición a lo que dispone esta Constitución, queda sin efecto y de ningún valor” (Art. 29).

Estado de sitio. El estado de sitio previsto en la Constitución de 1870 era represivo pues su declaración debía darse cuando se produjera una conmoción interior o un ataque exterior que pusiera en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, y no cuando sólo existiera amenaza de estos hechos. Podía ser declarado por tiempo ilimitado, lo cual constituía una grave deficiencia de su regulación legal. La declaración del mismo correspondía al Congreso y el Poder Ejecutivo sólo podía decretarlo durante el período de receso de las cámaras legislativas.

Durante el tiempo de vigencia del estado de sitio, el Presidente de la República quedaba investido de dos facultades extraordinarias: arrestar a las personas sospechosas o trasladarlas de un punto a otro del país. En ambos casos, los afectados podían manifestar su voluntad de salir fuera del país (cfr. Art.9, Art. 72, inc. 22, y Art. 102, inc. 17).

Se puede apreciar que desde un principio, el estado de sitio revistió características muy atenuadas en el Paraguay. Su declaración indebida, su prolongación excesiva y los abusos cometidos durante su vigencia, lo convirtieron en una institución detestada.

Reforma de la Constitución. La reforma total o parcial de la Constitución debía ser realizada por una Convención Constituyente (Art. 123).

Visión general. Durante la vigencia de la Constitución de 1870, el predominio del Partido Colorado se extendió hasta los primeros años del siglo XX. En efecto, a partir del golpe de Estado de 1904, se inició el período de predominio del Partido Liberal que duró hasta 1940, con dos breves interrupciones. Los hechos son descriptos por Halperin Donghi (1980) del siguiente modo:

“… la política paraguaya comenzó por estar dirigida por jefes militares veteranos de la guerra contra la Triple Alianza, ahora al servicio de la política brasileña; entre ellos se destacó el general Caballero, fundador del partido colorado, que iba a gobernar el Paraguay durante un tercio de siglo; el triunfo de un partido de oposición –el liberal- es un hecho del siglo XX.

Ni el coloradismo ni el liberalismo (llegado al poder por vía revolucionaria) estaban dispuestos a convivir ordenadamente con fuerzas opositoras; tampoco hubieran podido hacerlo sin grave riesgo para su poderío: ni uno ni otro sector contaban con participación popular sino en condición de séquito de dirigentes de élite; la vida partidaria, concentrada en éstos, se acompañaba de las disensiones y desgarramientos propios de organizaciones que conservaban en parte el carácter de clique. El liberalismo se presentó con un programa modernizador y cautamente antimilitarista; de hecho, su triunfo fue el de la influencia argentina sobre la brasileña; bajo su égida los progresos políticos fueron en extremo modestos, y el estado de sitio fue tan empedernidamente aplicado como bajo los gobiernos colorados” (p. 353)

Dando una visión referente a un lapso bastante amplio de vigencia de la Constitución, Teodosio González (1997) afirmaba en 1931 lo siguiente: “La incapacidad, negligencia y arbitrariedad para legislar y el desacierto y la corrupción crónicos para administrar de sus gobernantes de la post-guerra, han hecho que este país sea la tierra clásica del desgobierno y la anarquía …” (p. 50).

EL RÉGIMEN FRANQUISTA

El 17 de febrero de 1936 se produjo un golpe de Estado por el cual fue derrocado el presidente Eusebio Ayala, seis meses antes de concluir su mandato.

En virtud del Acta Plebiscitaria del 17 de febrero de 1936, subscripta por jefes y oficiales del Ejército y la Marina, se decretó que cesaban en sus funciones “el Presidente Dr. Eusebio Ayala, y todo el personal de la Administración de los tres poderes del Estado” y se ofreció la presidencia de la República al Cnel. Rafael Franco.

A escasos días, por el Decreto Plebiscitario del 19 de febrero de 1936, igualmente dictado por los jefes y oficiales del Ejército y la Marina, se designó presidente provisional al Cnel. Franco. Se le autorizó a convocar a una Convención Nacional Constituyente y a dictar decretos-leyes. El aludido Decreto Plebiscitario estableció también lo siguiente: “La Carta Constitucional de 1870 será observada en su espíritu y preceptos fundamentales considerándose las circunstancias del momento histórico” (Art. 3º). Esto de hecho significaba su derogación.

En el entorno del Cnel. Franco coexistieron colaboradores de la más variada ideología, desde el nazi-fascismo hasta el marxismo, aunque finalmente prevalecieron quienes eran afines a aquel. Esta divergencia ideológica se vio reflejada en los documentos producidos y en los actos de gobierno.

El Decreto-Ley Nº 152. Uno de los documentos más importantes del régimen franquista es el Decreto-Ley Nº 152, del 10 de marzo de 1936. En él se intenta definir “el contenido político, jurídico y estatal de la Revolución Libertadora”. Se habla del “primer Gobierno de la Revolución”, se ratifica “la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente, que determinará la “Organización Moderna definitiva de la República”, de acuerdo a los móviles de la Revolución Libertadora”.

Asimismo se declara que “el advenimiento de la Revolución Libertadora en el Paraguay reviste la misma índole de las transformaciones sociales totalitarias de la Europa contemporánea, en el sentido de que la Revolución Libertadora y el Estado son ya una misma e idéntica cosa”.

Como normas provisionales, en tanto se establecía “la reorganización constitucional futura de la República”, en su parte resolutiva se decretó lo siguiente:

“Artículo 1°. Declárase identificada la Revolución Libertadora del 17 de Febrero de 1936 con el Estado de la República del Paraguay.

Artículo 2°. La Revolución Libertadora del 17 de Febrero de 1936, identificada con el Estado, movilizará desde la fecha el concurso voluntario de todos los ciudadanos de la República, a los efectos de la realización integral de sus fines permanentes, directamente por órganos del Estado.

Artículo 3°. Toda actividad de carácter político, de organización partidista, sindical o de intereses creados o por crear de naturaleza política dentro de la nación, que no emane explícitamente del Estado o de la Revolución identificada con el Estado, se prohíbe por el término de un año.

Artículo 4°. Quedan bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior todas las cuestiones relacionadas con la política social del Estado identificado con la Revolución Libertadora, comprendiéndose en ellas las relaciones y conflictos entre el trabajo y el capital, las organizaciones y necesidades de obreros y trabajadores, como igualmente de los patrones, en forma definitiva.

Artículo 5°. Créase un “Comité de Movilización Civil de la República”, a los efectos del cumplimiento del Art. 2º de este Decreto, cuyo reglamento y organización dictará el P.E.

Artículo 6º. Créase un “Departamento Nacional de Trabajo”, a los efectos prevenidos en el Art. 4º de este Decreto …”.

Este decreto fue firmado por Rafael Franco y sus ministros Juan Stefanich, Gomes Freire Esteves, Bernardino Caballero y A. Jover Peralta. Los tres primeros tendían ideológicamente hacia el fascismo, en tanto que el último era el único que se declaraba marxista.

Entre las medidas adoptadas durante el gobierno de Rafael Franco, que pueden considerarse progresistas o populares, cabe mencionar las siguientes: la fijación de la jornada de ocho horas, el descanso dominical, la obligatoriedad del pago del salario en efectivo y no en “vales” canjeables sólo en los comercios de los propios patrones, el establecimiento del aguinaldo y algunas medidas de política agraria.

El 13 de agosto de 1937, un golpe de Estado propiciado por algunos militares, derrocó al Cnel. Rafael Franco. Fue designado presidente provisional el Dr. Félix Paiva quien asumió el compromiso de convocar a elecciones para constituir el gobierno definitivo. La Constitución de 1870 fue restablecida.

CONSTITUCIÓN DE 1940

Antecedentes históricos

El Gral. José Félix Estigarribia, quien había sido el jefe máximo del ejército paraguayo en la guerra del Chaco, fue electo Presidente de la República, como candidato único, y asumió sus funciones el 15 de agosto de 1939.

El 16 de febrero de 1940, el Congreso, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución de 1870, declaró la necesidad de la reforma constitucional y, en consecuencia, se convocó a una Convención Nacional Constituyente para la elaboración de la nueva Constitución.

Posteriormente, en un hecho único en nuestra historia, las cámaras legislativas procedieron a su autodisolución mediante la renuncia colectiva de sus miembros.

El 18 de febrero de 1940, el Gral. Estigarribia dio a conocer una proclama dirigida “al pueblo de la República”. En la misma se afirmaba, entre otras cosas, lo siguiente: “El país está al borde de una anarquía espantosa … El odio separa a los paraguayos. Se ha perdido el respeto a la Carta Magna, a la Ley, a la jerarquía. Este estado de cosas amenaza proyectarse sobre el porvenir de la República …”. Hablaba también de la decisión del Congreso de “encarar una revisión total de la Constitución del Estado”, la cual encontraba justificada pues “la democracia individualista de 1870 ha cumplido su misión … “. A continuación señalaba el nuevo rumbo que debía seguirse: “La democracia debe dejar de ser exclusivamente política para ser también económica  y social. Tiene que mostrarse apta … para facilitar la elevación de las condiciones de vida del ciudadano …”.

“Tan pronto como sean dominados los factores de anarquía espiritual y el país se encuentre en condiciones electorales …”, se comprometía a convocar “al pueblo a una Convención Nacional para dictar una Constitución que responda a sus necesidades y a su ideal democrático”.

En vista de la “dimisión colectiva del Parlamento [sic]”, el Gral. Estigarribia asumió desde esa fecha “la responsabilidad total del poder político” (Pappalardo, 1991, pp. 110/113).

Las principales ideas contenidas en la proclama fueron formuladas como normas jurídicas, por medio del Decreto Nº 1, de la misma fecha, cuya trascripción íntegra se incluye a continuación.

DECRETO Nº 1

Asunción, febrero 18 de 1940

Yo, José Félix Estigarribia, General de Ejército, Presidente de la República del Paraguay por la voluntad soberana del pueblo, en homenaje a la paz de la Nación y para salvar de la anarquía a la familia paraguaya, en vista de la dimisión colectiva de los miembros de ambas Cámaras Legislativas y con el propósito de realizar el bienestar del pueblo, invocando la protección de Dios Todopoderoso,

DECRETO:

Art. 1º) Asumo la plenitud de los poderes políticos del gobierno de la República.

Art. 2º) Declaro subsistente el Capítulo de la Constitución Nacional de 1870 relativo al Poder Judicial.

Art. 3º) Establécese una tregua en las actividades políticas de los Partidos y agrupaciones.

Art. 4°) Declaro subsistentes los derechos y garantías consagrados por la dicha Constitución de 1870, en lo que no se oponga a la nueva organización del Estado Paraguayo.

Art. 5º) Oportunamente, y de acuerdo al Decreto Legislativo de fecha 16 del presente mes, convocaré al pueblo a elecciones para la reunión de una Convención Nacional que deberá dictar la Nueva Carta Política.

Art. 6º) Créase una comisión de juristas integrada por tres miembros encargada de formular el anteproyecto de la nueva Constitución, que deberá inspirarse en los principios de la democracia republicana representativa.

Art. 7°) Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial.

Firmado: JOSE FELIX ESTIGARRIBIA.

El Gral. Estigarribia, que por la vía de elecciones populares había sido investido de las funciones ejecutivas, sumó a éstas las funciones legislativas. Así, por decisión propia, se atribuyó facultades extraordinarias que no correspondían al titular del Poder Ejecutivo. No se puede afirmar que haya asumido “la suma del poder público”, pues el Poder Judicial siguió funcionando. De todos modos, esta concentración indebida de funciones, si no constituye propiamente una dictadura, por lo menos, reúne elementos de ella.

En los argumentos mencionados en el decreto se nota la intención de describir una situación de extrema gravedad que justificara la adopción de una decisión como ésta, encuadrándola en la figura de la dictadura al estilo de la Roma republicana. Sin embargo, la Constitución de 1870, entonces en vigor, declaraba a la dictadura nula e inadmisible.

Influencia de corrientes ideológicas y acontecimientos históricos europeos

En Europa, la corriente ideológica marxista-leninista fue una de las prevalecientes en el periodo histórico precedente a la Constitución paraguaya de 1940. Alcanzó el éxito al inspirar la revolución bolchevique triunfante en Rusia, en 1917, y, asimismo, constituyó el sustento ideológico de los gobiernos que se establecieron a partir de entonces en ese país y en los que conformaron la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La influencia se notó también en la fundación de partidos socialistas o comunistas en diversos países de Europa.

En ese mismo período, otra de las corrientes ideológicas prevalecientes fue el fascismo, radicalmente contrapuesto a las ideas de inspiración marxista. En Italia, a partir de la segunda década del siglo XX, bajo el liderazgo de Benito Mussolini, el partido fascista controló el gobierno. En Alemania, el nazismo, liderado por Adolf Hitler, se desarrolló durante esa misma década y asumió el control del gobierno en la siguiente década.

El 1 de septiembre de 1940 (medio mes después de asumir la presidencia el Gral. José Félix Estigarribia), con la invasión de Polonia, se inició la llamada Segunda Guerra Mundial, conflicto de las potencias del primer mundo, mediante el cual las mismas dirimieron sus controversias del momento. Los éxitos alemanes iniciales durante los cuatro últimos meses de 1939 y el año siguiente, determinaron una gran simpatía hacia todo lo concerniente al Estado germano.

En la Constitución de 1940 se puede apreciar tanto la influencia de la ideología fascista (particularmente en algunas disposiciones de la parte orgánica), como la de ideas de inspiración socialista (en particular en la parte dogmática), como se verá al analizar las disposiciones contenidas en dicha Ley Fundamental.

Al respecto, L. N. Livieres Banks (1991) afirma lo siguiente: “… con la Constitución de 1940 entramos de lleno en el campo de la determinación del orden socio-económico sobre la base de orientaciones … inspiradas en una línea de pensamiento socialista …” (p. 45).

Redacción del proyecto y puesta en vigor de la Constitución

Considerando que “el país no se halla aún en condiciones electorales normales” y que algunos partidos políticos se negaban “a colaborar en la redacción del proyecto de Constitución”, se encomendó a una Comisión Redactora la redacción de un anteproyecto (cfr. Decreto Ley Nº 2242, del 10 de julio de 1940). Sin embargo, finalmente fue aprobado el texto redactado por Justo Pastor Benítez, Pablo Max Insfrán y el propio Gral. José Félix Estigarribia. Posiblemente quien tuvo mayor intervención en este menester fue el primero de los nombrados.

La nueva Ley Suprema fue puesta en vigor por medio del Decreto Ley N° 2242, del 10 de Julio de 1940. En la fundamentación del mencionado decreto, entre otros conceptos, se afirma cuanto sigue:

Esa Carta ya no puede ser la de 1870, porque debe responder a nuevas necesidades, a nuevas doctrinas, a nuevos hechos y también a una concepción más nueva del Estado … Es asimismo indispensable dotar al Estado de facultades que le habiliten más ampliamente a cumplir sus funciones de realizar el progreso y de intervenir para alcanzar una mayor justicia social, para orientar la economía, para racionalizar la producción y sistematizar coherentemente el trabajo nacional.

En su parte resolutiva, el aludido decreto ley prescribía lo siguiente:

Yo, José Felix Estigarribia, Presidente de la República del Paraguay

Decreto y sanciono:

Artículo 1º. Desde esta fecha entra en vigencia la presente Constitución, en substitución de la Carta Política de 1870.

Artículo 2º. Someto la presente Constitución al veredicto del pueblo, a cuyo efecto convoco a todos los ciudadanos a plebiscito, que se realizará el 4 de agosto próximo venidero, de acuerdo con las leyes electorales vigentes y a la reglamentación que se dictará oportunamente …

Realización del plebiscito para aprobar la Constitución

El plebiscito convocado en virtud del Decreto Ley N° 2242/40, fue celebrado efectivamente el 4 de agosto y, por aproximadamente 170.000 votos, el electorado se pronunció en forma favorable. Mediante la aprobación popular realizada de este modo, se pretendió dar legitimidad a la nueva Constitución y subsanar la omisión de la realización de una Convención Nacional Constituyente como exigía la Ley Fundamental que era substituida (cfr. Art. 123 de la Constitución de 1870).

El 15 de agosto de 1940, se procedió a la jura de la Constitución en la capital, ciudades, pueblos y colonias de la República (cfr. Decreto Nº 2657, del 9 de agosto de 1940).

Culminaba así el irregular procedimiento seguido para la derogación de la Constitución de 1870 y su substitución por la Constitución de 1940.

Contenido de la Constitución de 1940

Caracterización general. En la “Exposición de Motivos de la Nueva Constitución de la República”, se expresa que la Constitución de 1870 “sirvió de cauce jurídico a la reconstrucción de la patria”, pero ya “ha cumplido su misión histórica”.

Uno de los ejes principales del nuevo orden supremo era la organización de un Estado fuerte (“debe organizarse un Estado fuerte”), aunque conservando las características de un régimen democrático (“la reforma no se endereza a la creación de un estado totalitario, sino más bien a un perfeccionamiento del régimen democrático”; “no se trata de crear un sistema dictatorial”; “reforma del Estado, sin atentar contra los principios básicos de la democracia ni suprimir los derechos individuales y políticos”).

Acorde con la característica mencionada precedentemente, lo que se pretendía en cuanto a los órganos de gobierno, era fortalecer al Poder Ejecutivo (se buscaba “un Poder Ejecutivo fuerte pero no despótico”; “el Poder Ejecutivo asume en nuestra época la mayor responsabilidad en el gobierno de un país”; “hay que dar al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero dentro de la ley … Ampliar las funciones del Poder Ejecutivo, fijándole normas para evitar la arbitrariedad y el abuso”; “la organización de la sociedad contemporánea reclama un Poder Ejecutivo fuerte, expeditivo”; “esta ampliación de poderes no es la dictadura, porque esos poderes están basados en el imperio de la ley”).

Otra de las notas esenciales debía ser el intervencionismo estatal (“ampliar el radio de acción del Estado en lo que se refiere a su intervención en la vida social y económica, con lo cual se abandona el concepto caduco del Estado neutral e indiferente. El Estado moderno no pude ser un simple gendarme”; “el Estado debe asumir la representación de los intereses vitales de la Nación”; “al Estado-gendarme sustituyó el Estado-servicio público, que hoy asume el carácter de regulador de la vida social y económica”).

Vinculado con esta última característica, se encuentra lo referente a la justicia social, es decir, la consagración de derechos propios del constitucionalismo social. La Exposición de Motivos contenía ideas como la de buscar “un mayor equilibrio entre los derechos individuales y los derechos de la sociedad”, la de que “el Estado no puede ser neutro ni dejar librados a la simple iniciativa privada muchos sectores de la vida social imprescindibles para el progreso”. Se consagraban algunos de los que hoy llamaríamos “derechos humanos de segunda generación”, es decir, sociales, económicos y culturales.

Se afirmaba que la Constitución de 1940 era una constitución más genuina (“el Paraguay necesita una Constitución más genuinamente suya”), en comparación con la precedente (“ya no es la adopción de una Carta extranjera”).

Parte dogmática

La Constitución de 1940 mantenía las declaraciones, las libertades y los derechos propios del liberalismo y de una democracia formal.

La religión católica era declarada religión del Estado. En relación con los demás cultos se proclamaba la tolerancia siempre que “no se opongan a la moral y al orden público” (Art. 3º).

La supremacía constitucional y el orden de prelación de las leyes quedaban consagrados en los términos no muy precisos de los siguientes artículos:

Art. 4º. Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con las naciones extranjeras, son la ley suprema de la nación.

Art. 6º. … Toda ley, decreto o reglamento que esté en oposición a lo que ella dispone, queda nulo y sin ningún valor.

Ya hemos hecho las observaciones pertinentes al comentar disposiciones similares de la Constitución de 1870.

Estaban consagrados los derechos, las libertades y las garantías, de inspiración en el liberalismo, que se mencionan a continuación: la libertad de comercio, la libre navegación de ríos interiores (Arts. 8º), la libertad de trabajo, la de reunión, el derecho de peticionar a las autoridades, de asociación, de culto, etc. (Art. 19), la propiedad privada (Art. 21), la irretroactividad de la ley, el juicio previo, la ley anterior al hecho del proceso, la prohibición de tribunales especiales, garantías en cuanto a la detención, el habeas corpus, la presunción de inocencia (Art. 26), la defensa en juicio (Arts. 27 y 90), la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia (Art. 27), los actos privados exentos de la autoridad de los magistrados, la libertad jurídica (Art. 30), la igualdad ante la ley (Art. 33).

La libertad de prensa encontraba una adecuada regulación en las siguientes disposiciones: el derecho de los habitantes de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa siempre que se refieran a asuntos de interés general” (Art. 19); “la edición y publicación de libros, folletos y periódicos serán reglamentadas por la ley. No se permite la prensa anónima” (Art. 31).

Se mantenía la disposición racista de que el gobierno debía fomentar la inmigración americana y europea (Art. 9º), incorporada a partir de la constitución precedente. Los conceptos habían cambiado, pues, como lo manifiesta uno de los escasos comentaristas de la Constitución de 1940,  esta declaración no implicaba “la clausura de nuestros puertos para la afluencia de gentes de otras razas, como tenemos actualmente la llegada de numerosos colonos japoneses” (Sánchez, R., 1964, p. 35).

El punto altamente positivo de la Constitución de 1940 es el de ser la Ley Suprema a partir de la cual se inicia el constitucionalismo social en el Paraguay. Mencionamos a continuación varias disposiciones que dan testimonio de ello:

– La existencia de servicios públicos y monopolios a cargo del Estado (Art. 7°).

– El cuidado de la salud de la población y la asistencia social … son deberes fundamentales del Estado (Art. 11).

– Queda proscripta la explotación del hombre por el hombre. Para asegurar a todo trabajador un nivel de vida compatible con la dignidad humana, el régimen de los contratos de trabajo y de los seguros sociales y las condiciones de seguridad e higiene de los establecimientos, estarán bajo la vigilancia y fiscalización del Estado (Art. 14).

– El Estado regulará la vida económica nacional … El Estado podrá nacionalizar, con indemnización, los servicios públicos, y monopolizar la producción, circulación y venta de artículos de primera necesidad (Art. 15). Se consagraba así el intervencionismo estatal.[5]

– El ejercicio de todo comercio o industria lícitos quedaba sujeto a “las limitaciones que, por razones sociales o económicas de interés nacional imponga la ley” (Art. 19).

– La fijación del contenido y los límites de la propiedad privada por la ley, “atendiendo a su función social” (Art. 21). Benítez, J. P. (1956) afirma lo siguiente: “El 21 reconoce la función social de la propiedad en reemplazo del concepto quiritario de “usar y abusar de ella”. He aquí una de las reformas de carácter social que ha arañado viejos conceptos jurídicos” (p. 54).

La expropiación era admitida “por causa de utilidad social”. En el mismo artículo se establecía lo siguiente: “La ley podrá fijar la extensión máxima de tierras de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida y el excedente deberá venderse en subasta pública o expropiarse por el Estado para su distribución”.

La forma en que se legisló lo referente a la propiedad privada, varió radicalmente en comparación con la Constitución de 1870. Lo establecido en la última parte del artículo 21 respondía precisamente a la función social que a partir de entonces se reconoció a la propiedad. Con la limitación de la extensión de la propiedad privada inmobiliaria y la consiguiente sanción para los casos de exceso, se pretendía corregir o evitar la concentración de enormes extensiones de tierras en pocas manos, como acontecía en la realidad desde 1870.

La expresión “utilidad social”, en reemplazo de la de “utilidad pública” de la Constitución precedente, buscaba ampliar la causa justificante de una expropiación, comprendiendo no sólo la utilidad pública, sino también el interés social, como expresamente lo establecieron las constituciones posteriores.

Además, no se determinaba que la indemnización fuera necesariamente previa a la desposesión. Sólo se expresaba que la ley debía establecer la forma de hacerla.

De todos modos, aun siendo ésta la más avanzada disposición constitucional referente a la propiedad privada, no sirvió de mucho en la práctica pues hasta hoy la concentración de la propiedad privada inmobiliaria en el Paraguay, sigue siendo una de las más altas de Latinoamérica.

– “Todo hogar paraguayo debe asentarse sobre un pedazo de tierra propia” (Art. 22).

– “Las libertades que esta Constitución garantiza son todas de carácter social” (Art. 35).

En algunos de estos puntos pueden coincidir las ideas fascistas y las socialistas en cuanto a la acción externa u objetiva recomendada, pero así mismo hay otros cuya génesis sólo puede estar inspirada en ideas socialistas.

En materia electoral, se establecía que todos los ciudadanos tenían el deber del sufragio (obviamente también el derecho), desde los 18 años (Art. 39), se garantizaba la libertad del sufragio, se declaraba que el voto era secreto y obligatorio y se establecía que la ley debía determinar el “sistema de elecciones”. La abstención electoral implicaba la pérdida de los derechos de ciudadanía (Art. 44).

Estas disposiciones fueron interpretadas en el sentido de no reconocer derechos políticos a la mujer, a pesar de que de su texto no se desprendía necesariamente tal interpretación. Dichos derechos les fueron reconocidos sólo a partir de 1961 (Ley Nº 708, del 5 de julio de 1961, Derechos Políticos de la Mujer).

En cuanto al “sistema de elecciones”, durante mucho tiempo subsistió el vigente al momento de la entrada en vigor de la Constitución de 1940, que, de hecho, reservaba la representación en los cuerpos colegiados, a los dos partidos que obtuvieran mayor cantidad de votos, lo cual, en la práctica, equivalía a decir que sólo el Partido Liberal y el Partido Colorado podían acceder a bancas en el órgano legislativo.

Varios años después, el Estatuto Electoral, Ley Nº 600, del 15 de julio de 1960, estableció que, de las bancas en disputa en un cuerpo colegiado, dos tercios fueran otorgados al partido mayoritario, y el tercio restante se repartiera entre los partidos minoritarios, en proporción  a los votos obtenidos por cada uno de ellos (cf. Art. 8º).

Este sistema electoral mixto, que combinaba el sistema de mayoría y minoría, y el proporcional, tenía grandes limitaciones desde el punto de vista a la representación democrática. En efecto, dos tercios de las bancas eran otorgadas al partido mayoritario sin importar la cantidad de votos que hubiera obtenido, siempre que ella estuviera por encima de la conseguida por cualquiera de los otros partidos por separado, aunque fuera por una diferencia irrisoria y aún si fuera inferior a la suma de los votos de los partidos opositores.

A nivel constitucional no se legisló acerca de los partidos políticos.[6]

Parte orgánica

Caracterización general. La caracterización general de la parte orgánica de la Constitución de 1940 debe hacer a partir de las disposiciones referentes al Poder Ejecutivo, pues es éste el órgano predominante en la estructura del gobierno. En efecto, el llamado “equilibrio de poderes” está roto en esta Ley Suprema a favor del Poder Ejecutivo dada la hipertrofia del mismo por diversas atribuciones que le son otorgadas.

El sistema de gobierno delineado en la Constitución de 1940 era el presidencial, sobre la base del modelo norteamericano. Sin embargo, como se ha señalado, el mismo fue reforzado al punto que podemos hablar de un hiperpresidencialismo o, como diría J. Lambert (1978, pp. 520, 523), de un  “régimen de preponderancia presidencialista”. Estas aseveraciones se formulan atendiendo fundamentalmente a que al Presidente de la República fue excluido de la posibilidad de ser sometido a juicio político, estaba facultado a disolver el órgano legislativo (Cámara de Representantes), podía controlar el funcionamiento de la Cámara de Representantes en cuanto a la prórroga de sus sesiones ordinarias y la convocatoria de sesiones extraordinarias, podía oponer a las leyes sancionadas un veto total no susceptible de ser revertido en las sesiones del año, y si era parcial, muy difícil de reverlo, podía ejercer el control del nombramiento de los integrantes del Poder Judicial.

Era claro el predominio del Poder Ejecutivo y la situación de dependencia en que quedaban los otros poderes.

Poder Ejecutivo. La idea de que el Poder Ejecutivo tenía que ser fortalecido en la nueva forma de organizar los órganos de gobierno, tiene una primera manifestación, más que nada simbólica, en el hecho de que las disposiciones referentes al Poder Ejecutivo son las primeras que se incluyen en la parte orgánica de la Ley Suprema.

Se mantiene un ejecutivo unipersonal (Art. 45 Cn.) siguiendo la tradición predominante en el derecho constitucional paraguayo, aunque –como ya se ha indicado precedentemente- fortaleciendo en forma superlativa sus atribuciones en comparación con el modelo norteamericano que delineó en forma inicial el sistema presidencial.

Se conservó, sin embargo, la disposición constitucional con la que se pretendía evitar que el fortalecimiento del Poder Ejecutivo fuera más allá de lo prescripto en la Ley Fundamental. En este sentido se estableció lo siguiente: “La Cámara de Representantes no podrá conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias fuera de las prescripciones de esta Constitución, ni otorgarle supremacías por las cuales la vida, el honor y la propiedad de los paraguayos queden a merced del Gobierno o persona alguna” (Art. 16).

La Vicepresidencia fue suprimida.

Como requisitos para ser Presidente de la República se exigía: a) ser ciudadano natural, b) haber cumplido cuarenta años de edad, c) profesar la Religión Católica Apostólica Romana, y d) reunir condiciones morales e intelectuales que le hagan digno de ejercer el cargo (Art. 46). La edad requerida era la común en ese momento. El requisito de la religión estaba acorde con el carácter de religión del Estado que tenía la católica, aunque ya para entonces ambas disposiciones resultaban anacrónicas.

Duración del mandato y reelegibilidad. La Constitución de 1940 decía que “el Presidente de la República durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelecto por un período más” (Art. 47, primera parte).

El 15 de agosto de 1954 asumió la primera magistratura el Gral. Alfredo Stroessner, quien había sido electo en comicios en los cuales la suya fue la única candidatura. Completó el período iniciado por Federico Chávez el 15 de agosto de 1953 y que se extendía hasta el 15 de agosto de 1958. Habiendo sido reelecto, empezó a ejercer un segundo mandato que debía concluir el 15 de agosto de 1963.

En 1962, dado que el Gral. Stroessner estaba terminando su segundo período consecutivo al frente del Ejecutivo, se planteó la duda de si ya estaban agotadas o no sus posibilidades constitucionales de reelección.

La cuestión fue zanjada por la Cámara de Representantes mediante la Ley Nº 776, de sucesión presidencial, del 22 de mayo de 1962.  La misma estableció lo siguiente: “Tanto en el caso del Presidente Provisional, aunque fuere designado para terminar un período presidencial, como en el caso del Presidente de la República elegido para completarlo, a tenor de las situaciones previstas en el Artículo 58 de la Constitución Nacional, el ejercicio del Poder Ejecutivo por una fracción de período no afecta la elegibilidad del mismo ciudadano hasta por dos períodos completos, conforme a lo que autoriza el Artículo 47 de la Constitución Nacional” (Art. 62).

Como se ve, esta ley ampliaba el tiempo máximo de diez años que, de acuerdo con la Constitución de 1940, una persona podía ocupar la presidencia de la República, pues a los efectos de la reelegibilidad no se debía considerar el tiempo de ejercicio de ese cargo como Presidente provisional o como Presidente elegido para completar un período presidencial iniciado por otro.

En la práctica, solamente dos personas se encontraban en situación de ser beneficiadas con esta disposición: el Gral. Morínigo y el Gral. Stroessner. Obviamente este último fue reelecto para ejercer la presidencia entre el 15 de agosto de 1963 y el 15 de agosto de 1968[7].

En cuanto a la forma de elección del Presidente de la República, la Ley Suprema establecía que ella debía realizarse por el electorado en forma directa, seis meses antes de finalizar el período constitucional en curso (cf. Art. 49).

Atribuciones del Presidente de la República. Entre éstas (Art. 51) se puede destacar las siguientes:

a) Su participación en la formación de las leyes. Además de la promulgación y la publicación, tenía iniciativa legislativa exclusiva en ciertas materias, los proyectos enviados por el Ejecutivo debían ser aprobados durante el período ordinario de sesiones y, si ello no sucedía, se daba una sanción ficta (Art. 54); podía ejercer el veto total o el parcial, el primero imposible de rever y el segundo muy difícil de modificarlo.

La iniciativa legislativa exclusiva le estaba reservada en materia de gastos (Ley de Presu­puesto de Gastos de la Nación), reclutamiento o movilización de tropas, cuestiones monetarias, concesiones temporales para el establecimiento de industrias, amnistías generales, ordenanzas militares y ley de organización de los tribunales de disciplina militar (cf. Art. 55, Art. 76, incs. 4, 6, 9, 10 y 11; Art. 77 y Art. 79 de la Constitución de 1940).

b) La facultad legislativa del Ejecutivo, estaba ampliada pues, además de decretos, podía dictar decretos-leyes, es decir, actos legislativo equivalente a los emitidos por la Cámara de Representantes. Esta facultad podía ser ejercida durante el extenso lapso de siete meses de receso de la cámara única y eventualmente durante el tiempo que estuviere desintegrada por haber sido disuelta. La facultad debía ser ejercida con las limitaciones impuestas atendiendo a la materia y a la urgencia de legislar, aunque en la práctica los abusos cometidos fueron muchos.

c) La facultad de nombramiento de los miembros de la Corte Suprema y de los demás magistrados y jueces del Poder Judicial. En cuanto a los primeros, necesitaba el acuerdo del Consejo de Estado, órgano bajo su control; y en relación con los segundos, el de la propia Corte Suprema (Art. 51, inc. 5 y Art. 84). Estas disposiciones consagraban la dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.

d) El ejercicio de los derechos del Patronato Nacional de la República en la presentación de arzobispos y obispos, a propuesta en terna del Consejo de Estado, de acuerdo con el Senado Eclesiástico o el Clero Nacional reunido; la concesión del pase o la retención de los decretos de los Concilios, y las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice, con acuerdo del Consejo de Estado y de la Cámara de Representantes.

e) La facultad de prorrogar las sesiones de la Cámara de Representantes y la de convocarla a sesiones extraordinarias.

f) La provisión de grados militares, por sí solo hasta el grado de Teniente Coronel, y con acuerdo del Consejo de Estado y la Cámara de Representantes, en los grados superiores.

Estado de sitio. El estado de sitio represivo previsto en la Constitución de 1870, fue substituido por uno preventivo que permitía adoptar la medida de excepción aún cuando sólo se diera una “amenaza grave” de cualquiera de las causales previstas. La declaración correspondía, en exclusividad, al Presidente de la República. Como en el artículo pertinente no se limitaba el tiempo de duración del estado de sitio, se interpretó torcidamente que su vigencia podía extenderse sine die, en tanto se considerara subsistente la causal que había motivado su implantación, aun cuando de conformidad con su carácter excepcional debía regir el menor tiempo posible.

Las facultades extraordinarias conferidas al titular del Ejecutivo eran la de ordenar el arresto de las personas sospechosas y la de trasladarlas de un punto a otro del país. Sobre la base de una exagerada interpretación literal del texto legal, se entendió que sólo los afectados por la segunda de esas facultades, podían manifestar su opción de salir del país. En consecuencia, las personas detenidas en virtud del estado de sitio podían permanecer en esa situación durante todo el tiempo de su vigencia.

Estas interpretaciones arbitrarias pudieron haber sido evitadas, por medio de una ley reglamentaria cuyo dictamiento estaba previsto en forma expresa en la Ley Suprema.[8]

La Constitución de 1940 disponía también que en caso de guerra internacional quedaba concentrada en el Presidente “toda la autoridad necesaria para asegurar la defensa nacional” (Art. 57).

Disolución de la Cámara de Representantes. El Presidente de la República gozaba de la facultad de disolver la Cámara de Representantes. En caso de hacerlo quedaba obligado convocar a elecciones dentro del plazo de dos meses, para reintegrar el órgano legislativo (cf. Art. 53). Esta facultad colocaba al órgano legislativo en una situación de dependencia respecto del Poder Ejecutivo. Volveremos sobre el tema cuando hablemos de la Cámara de Representantes.

Justo Pastor Benítez (1956), a quien se menciona como uno de los que intervinieron en la redacción del proyecto de constitución, posteriormente se mostró partidario de derogar la facultad de disolver la Cámara de Representantes (p. 57).

Decretos con fuerza de ley. El titular del Ejecutivo estaba investido también de la facultad dictar decretos con fuerza de ley durante el receso parlamen­tario (Art. 54). Como la inactividad de la cámara legislativa era de siete meses (Art 70), esta atribución presidencial adquiría gran trascendencia.

El texto constitucional rezaba así: “… Durante el receso parlamentario, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de dictar decretos con fuerza de ley, con el parecer del Consejo de Estado y con la obligación de someterlos a la aprobación de la Cámara de Representantes en el siguiente período ordinario de sesiones (Art. 54).

Cuando el 30 de mayo de 1959, el Poder Ejecutivo decretó la disolución de la Cámara de Representantes (Art. 53), restaban aún tres meses del período ordinario de sesiones de ese año (junio, julio y agosto). Se interpretó entonces, que el Presidente de la República podía legislar durante dicho lapso por medio de decretos con fuerza de ley, aun cuando la Ley Suprema vigente no lo estableciera en forma expresa.

Uno de los decretos leyes famosos, aunque de escasos efectos prácticos, fue el Decreto-ley  Nº 7190, del 8 de febrero de 1945, en virtud del cual se declaró a la República del Paraguay en estado de guerra con las potencias del Eje. El documento fue subscripto por el Presidente Gral. Higinio Morínigo y por sus ministros Chiriani y Machuca. Según la Constitución de 1940, correspondía al Presidente de la República declarar la guerra, con el dictamen del Consejo de Estado y la autorización de la Cámara de Representantes (cfr. Art. 51, inc. 13; y Art. 76, inc. d). No pudo contarse con esta última, pues el mencionado cuerpo legislativo no había sido integrado aún.

Acefalía. En cuanto a la acefalía del Poder Ejecutivo, la Constitución de 1940 distinguía tres supuestos. Si se trataba de falta temporal(“inhabilidad temporal”) del Presidente de la República, la Asamblea Nacional (integrada por el Consejo de Estado y la Cámara de Representantes) debía designar a uno de los ministros para ejercer provisionalmente la Presidencia de la República.

En caso de falta definitiva del titular del Ejecutivo (por renuncia, inhabilidad o muerte), producida dentro de los dos primeros años de un período presidencial, la Asamblea Nacional debía designar a un presidente provisional quien, a su vez, debía convocar al pueblo a elecciones dentro del plazo de dos meses, para elegir al presidente efectivo o titular.

Si la falta definitiva se produjera en los tres últimos años de un período presidencial, la Asamblea Nacional debía designar al ministro o funcionario que ejercería la presidencia hasta la terminación del período (cf. Art. 58).

Cuando el 7 de septiembre de 1940 se produjo el trágico fallecimiento del Presidente de la República, General de Ejército José Félix Estigarribia, todavía no se había integrado el Consejo de Estado, ni habían sido electos los miembros de la Cámara de Representantes, por lo cual era imposible la reunión de la Asamblea Nacional de acuerdo con lo establecido en el Art. 58 de la Constitución de 1940, para la designación de un presidente provisional a cuyo cargo quedaría la convocación a comicios para la elección del nuevo presidente. Dadas las circunstancias mencionadas, el Consejo de Ministros procedió a designar “como Presidente Provisional de la República al señor Ministro de Guerra y Marina, ciudadano General de Brigada don Higinio Morínigo M.” (Decreto Nº 2981, del 7 de septiembre de 1940).

Como el fallecimiento de Estigarribia se había producido dentro de los dos primeros años de su período presidencial, Morínigo debía ejercer el cargo provisionalmente hasta tanto asumiera la primera magistratura el presidente electo en los comicios que el presidente provisional debía convocar dentro del plazo de dos meses.  Sin embargo, Morínigo desvirtuó la disposición constitucional (Art. 58) y “convocó” a elecciones en el plazo estipulado (el 15 de octubre de 1940), pero para “celebrarlas” el 15 de febrero de 1943.

El Decreto-Ley del 15 de octubre de 1940 decía en un punto de su “considerando” lo siguiente:

“Que el aplazamiento de las elecciones presidenciales desde luego, no implica la violación de ningún precepto de la nueva Constitución de la República, pues ésta sólo establece la fecha de la convocatoria a elecciones, pero no la de su verificación.

Que, en consecuencia, y a falta de un pronunciamiento expreso del Código Político en vigor, la fijación de la fecha en que ha de tener lugar la elección presidencial que lógicamente librada a la apreciación del Poder Ejecutivo”.

En consecuencia, Morínigo completó todo el período constitucional de Estigarribia (hasta el 15 de agosto de 1943), cuando ello sólo le hubiera correspondido hacer si hubieran transcurrido los dos primeros años de aquél, como lo establecía claramente la Ley Fundamental en vigor en ese entonces.

Morínigo continuó luego gobernando, pues mediante un procedimiento sui generis prorrogó su mandato por el periodo 1943-1948.  En efecto, las elecciones generales que con una antelación de más de dos años habían sido convocadas para el 15 de febrero de 1943, nunca se llevaron a cabo. En su reemplazo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley Nº 16.446, del 8 de enero de 1943, se realizó una “votación para la designación de Presidente de la República por el período 1943-1948”. El singular acto tuvo una duración de aproximadamente un mes, pues la “votación” se realizó los domingos desde el 16 de enero hasta el 14 de febrero de 1943. Expresamente no fue aceptada “la intermediación entre las masas ciudadanas y el Estado, de los llamados partidos” y, además, a fin de “no provocar la división de la familia paraguaya, ni agitar a la opinión pública” fue prohibida toda propaganda electoral, como también la proclamación de candidaturas, excepto la del propio Morínigo.

Habiendo conseguido de este modo continuar al frente del Poder Ejecutivo, sin embargo, no pudo concluir el período constitucional, pues fue obligado a renunciar el 3 de junio de 1948. La Asamblea Nacional designó al Dr. Juan Manuel Frutos para ejercer la presidencia provisional hasta concluir el período constitucional en curso, el 15 de agosto de 1948.

Juan Natalicio González, quien habla asumido la presidencia en la última fecha citada, fue depuesto el 30 de enero de 1949 por un golpe de estado. Dada la “renuncia” de González, la Asamblea Nacional designó sucesor al Gral. Raimundo Rolón, quien también fue derrocado al poco tiempo, el 26 de febrero de 1949, e igualmente tuvo que renunciar.

Las fuerzas militares que dieron el golpe de Estado designaron al Dr. Felipe Molas López como presidente provisional. Éste prestó juramento ante la Corte de Suprema de Justicia, en el Palacio de Justicia. No se observaron, por tanto, las disposiciones constitucionales referentes a la sucesión presidencial. El presidente Molas López, en vista de que aún no habían transcurrido los dos primeros años del período constitucional 1948-1953, convocó a elecciones y en las mismas resultó electo para completar dicho período.  Sin embargo, Molas López fue derrocado por un golpe de estado el 11 de septiembre de 1949 y debió presentar renuncia al cargo.

Designado por la Asamblea Nacional, asumió entonces la presidencia Federico Chaves, quien completó el período constitucional en curso hasta el 15 de agosto de 1953, fecha en que inició un nuevo período para el cual había sido electo en comicios celebrados ese mismo año.  El golpe de estado del 4 de mayo de 1954 puso fin a su mandato.

La sucesión presidencial del Dr. Chaves fue resuelta desde el punto de vista formal, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1940. El presidente Chaves presentó renuncia al cargo el 6 de mayo de 1954 y, en consecuencia, de acuerdo con el Art. 58 de la Constitución citada, fue convocada la Asamblea Nacional, la cual en sesión celebrada el 8 de mayo aceptó la renuncia de Chaves y nombró Presidente Provisional al Arq. Tomás Romero Pereira. Éste convocó a elecciones para el 11 de julio a fin de elegir a quien habría de completar el período presidencial en curso (1953-1958).  En las mencionadas elecciones resultó electo el Gral.  Alfredo Stroessner, quien asumió la presidencia el 15 de agosto de 1954.

Los hechos políticos producidos simultáneamente demuestran, sin embargo, que la sucesión presidencial de Federico Chaves se ajustó sólo formalmente a los preceptos constitucionales. En efecto, el 4 de mayo de 1954 se produjo un levantamiento militar encabezado por el Gral. Stroessner, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente Chaves fue obligado a presentar renuncia y la Asamblea Nacional designó como presidente provisional al Arq. Romero Pereira. Ambas medidas habían sido previamente aprobadas por la Junta de Gobierno del Partido Colorado, la cual además designó como candidato a la presidencia al Gral. Stroessner, quien de hecho dominaba la situación. Halperin Donghi, T. (1980) afirma que Stroessner “redujo al partido colorado a su agente político sin autonomía real” (p. 432).

En las elecciones del 11 de julio de 1954 no se permitió a los partidos opositores presentar candidatos o realizar cualquier tipo de propaganda. El candidato único resultó electo por amplia mayoría.

Consejo de Estado. La existencia de un Consejo de Estado investido de atribu­ciones de gran importancia, muchas de las cuales eran propias de un cuerpo legislativo de elección popular, contribuía a acrecentar los poderes del Presidente de la República debido al control que éste ejercía en cuanto a la integración y funcionamiento del mencionado consejo. Entre otras, las atribuciones del Consejo eran las siguientes: dictaminar sobre los proyectos de decretos con fuerza de ley, sobre asuntos de orden financiero y económico, sobre la declaración de guerra o el restablecimiento de la paz, sobre asuntos de política internacional, aprobar los acuerdos internacionales, prestar acuerdo para la designación de los miembros de la Corte Suprema, los agentes diplomáticos en el extranjero, los ascensos militares desde el grado de coronel, para conceder el pase a los decretos de los concilios y a las bulas, los breves y los rescriptos del Sumo Pontífice, o para retenerlos, proponer al Poder Ejecutivo las ternas de candidatos a arzobispos y obispos, constituirse en tribunal para juzgar a los miembros de la Corte Suprema, integrar la Asamblea Nacional para el caso de acefalía del Poder Ejecutivo y para declarar la necesidad de reforma total o parcial de la Constitución.

El Consejo de Estado estaba integrado por los Ministros del Poder Ejecutivo, el Rector de la Universidad Nacional, el Arzobispo del Paraguay, un representante del comercio, dos representantes de las industrias agropecuarias, un representante de las industrias transformadoras, el Presidente del Banco de la República y dos miembros de las Instituciones Armadas, en situación de retiro (cf. Art. 51, incs. 5, 7, 8, 11, 12, 13; y Arts. 58, 62, 63, 65, 83 y 94, de la Constitución de 1940).

En la Exposición de Motivos se justificó la creación de este órgano, en los siguientes términos: “Será un órgano de consejo y de asistencia directa para el Presidente de la República. No será precisamente una rama legislativa …El Consejo de Estado será un contrapeso y al mismo tiempo una institución intermediaria entre la Cámara de Representantes y el Presidente de la Nación”.

Juicio político. En la Constitución de 1940 se suprimió el juicio político para el Presidente y los ministros, y no se lo legisló para los consejeros de Estado. La Vicepresidencia no fue incluida en esta ley fundamental.

Intentando justificar esta supresión, en la Exposición de Motivos de la Ley Suprema se expresaba lo siguiente: “… antes de dar al Congreso el poder de equilibrar la acción del Poder Ejecutivo con la interpelación o con el juicio político, es preferible señalarle concretamente la función de dictar normas generales, con la facultad de reclamar una información completa sobre lo actuado”. Este argumento sumamente endeble sirvió para no legislar el juicio político en relación al Poder Ejecutivo, y también, como se puede apreciar, para eliminar la figura de la interpelación a los ministros.

Presidentes de la República durante la vigencia de la Constitución de 1940. Los que ejercieron la titularidad del Ejecutivo estando en vigor esta constitución, fueron los siguientes­:

Gral. José Félix Estigarribia (15 de agosto de 1939 – 7 de septiembre de 1940)

Gral. Higinio Morínigo Martínez (7 de septiembre de 1940 – 15 de agosto de 1943; 15 de agosto de 1943-3 de junio de 1948).

Dr. Juan Manuel Frutos (3 de junio – 15 de agosto de 194b).

Juan Natalicio González (15 de agosto de 1948 – 30 de enero de 1949).

Gral. Raimundo Rolón (30 de enero – 27 de febrero de 1949).

Dr. Felipe Molas López (27 de febrero- 11 de septiembre de 1949).

Federico Chaves (11 de septiembre de 1949 – 15 de agosto de 1953; 15 de agosto de 1953 – 6 de mayo de 1954).

Arq. Tomás Romero Pereira (8 de mayo – 15 de agosto de 1954).

Gral. Alfredo Stroessner (15 de agosto de 1954 -15 de agosto de 1958; 15 de agosto de 1958 -15 de agosto de 1963; 15 de agosto de 1963 -15 de agosto de 1968).

Cámara de Representantes. Sistema unicameral. Las dos cámaras legislativas establecidas en la Constitución de 1870 no diferían substancialmente en cuanto a la representación ejercida en cada una de ellas. Las diferencias entre una y otra consistían en la edad mínima de sus integrantes, el tiempo de duración del mandato, algunas atribuciones, pero no existía diferencia en cuanto al tipo de representación en cada una de las cámaras. En otras palabras, siendo el Paraguay un país unitario, no era posible que en una de las cámaras estuviera reflejada la representación de las unidades territoriales que integraban el Estado y en la otra una representación sobre una base poblacional directa, como ocurre en los Estados federales.

En estas circunstancias, la substitución de un sistema bicameral por uno unicameral, no era una idea descabellada, salvo porque atribuciones propias de una cámara alta, fueron otorgadas al Consejo de Estado, órgano dependiente del Poder Ejecutivo.

El reemplazo de un sistema bicameral por uno unicameral, fue justificado en la Exposición de Motivos de la Constitución de 1940 en los siguientes términos: “Una de las fallas de nuestro Senado consistía en que ese cuerpo no era en realidad sino la misma Cámara de Diputados reducida en número, cuando debieron haber formado parte de él otros representantes con otras atribuciones que diferenciaran al Senado de la Cámara popular … En los países federales como Estados Unidos y Argentina, el Senado tiene otra naturaleza; representa a los Estados o a las provincias. Pero en una república unitaria no cabe darle esta función”.

Duración del mandato, composición, elección, suplencias. La duración del mandato fue fijada en cinco años (Art. 70), uno más que lo que correspondía a la Cámara de Diputados según la Ley Fundamental precedente.

La Cámara de Representantes estaba integrada por miembros electos directamente por el pueblo, a razón de uno por cada veinte y cinco mil habitantes.

La renovación de la única cámara era total al cabo de cinco años (Art. 70) y, además, se previó la elección de suplentes (cf. Art. 67). Un motivo importante de la adopción de tales disposiciones, era evitar realizar elecciones con mucha frecuencia.

El período de sesiones ordinarias de la cámara era de cinco meses y se extendía desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto (Art. 70). Los restantes siete meses la cámara permanecía en receso, salvo prórroga de las sesiones ordinarias o convocatoria a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo. Durante ese lapso, el Presidente de la República podía ejercer su facultad de legislar por medio de decretos-leyes.

La Cámara de Representantes podía pedir informes por escrito al Poder  Ejecutivo sobre asuntos de interés público (Art. 73). La facultad de interpelar a los ministros de dicho poder, fue suprimida.

La fuerte injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso de formación y sanción de las leyes estaba reflejado en las siguientes disposiciones: a) tenía iniciativa legislativa exclusiva de Gastos de la Nación” (Art. 76, inc. 4); b) los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, debían ser tratados y despachados en el curso de las sesiones de ese año, y de no ser así quedaban convertidos en leyes, es decir, se operaba una sanción ficta (Art. 54); c) el veto total no podía ser reconsiderado por la cámara en el curso de las sesiones del año y d) en caso de veto parcial, para la ratificación de la sanción primitiva se requerían dos tercios de votos, en dos lecturas (Art. 79).

La Cámara de Representantes fue integrada recién en 1948. Esto significa que el Gral. Higinio Morínigo, quien accedió a la presidencia de la República luego del fallecimiento del Gral. José Félix Estigarribia acaecido el 7 de septiembre de 1940, gobernó durante todo ese lapso sin que el órgano legislativo estuviera en funcionamiento.

Disolución de la Cámara de Representantes. La Constitución de 1940 confería al Presidente la atribución de disolver la Cámara de Representantes (Art. 53).

El 27 de febrero de 1950, el presidente Federico Chavez decidió la disolución de la misma. Posteriormente, el 30 de mayo de 1959, fue disuelta por el Gral. Alfredo Stroessner. La medida fue fundamentada en el Decreto Nº 4845 en “la conveniencia nacional de acelerar el proceso de normalización institucional auspiciado por el Gobierno con acuerdo de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado)”. Se afirmó igualmente que, como “la Cámara de Representantes es el ámbito regular desde el cual la oposición cumple su función de contralor, indispensable en los regímenes democráticos, … es necesario dar igualdad de oportunidades a las organizaciones políticas democráticas que deseen concurrir a justas electorales libres y amplias” que serían convocadas para reintegrar la Cámara de Representantes luego de su disolución.

El Poder Ejecutivo interpretó en forma estrictamente literal la disposición que lo obligaba a “convocar a elecciones dentro del plazo de dos meses” (Art. 53, in fine, de la Constitución de 1940). En efecto, el 29 de julio de 1959, cuando expiraba dicho plazo, se convocó a la ciudadanía a elecciones generales y extraordinarias para integrar la Cámara de Representantes por el resto del período iniciado en 1958. Sin embargo, la fecha del acto eleccionario fue fijada para el 14 de febrero de 1960 (cfr.  Decreto Nº 6013). De este modo se burló la disposición constitucional, pues la misma, interpretada lógicamente, exigía que tanto la convocatoria a comicios como la efectiva realización de los mismos con vistas a reintegrar la Cámara de Representantes, se realizaran dentro de los dos meses subsiguientes.

Aparentemente la razón de la disolución era dar al cuerpo legislativo un carácter más democrático permitiendo que representantes de partidos políticos opositores pudieran incorporarse al mismo, pues hasta ese momento estaba integrado solamente por representantes del partido oficialista.

Sin embargo, los hechos acaecidos en esos días demuestran que la medida tenía por objetivo eliminar a un importante grupo de parlamentarios cuestionadores de la actuación del Poder Ejecutivo. En efecto, en su sesión del 29 de mayo de 1959, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría (36 votos contra 21) una declaración de repudio a la violencia policial ejercida contra una manifestación estudiantil; responsabilizó de esta actuación al jefe de Policía y dispuso pasar los antecedentes a la justicia ordinaria. Dos meses antes, varios de los parlamentarios defenestrados habían solicitado una inmediata normalización institucional cuyas bases iniciales debían ser el levantamiento del estado de sitio, la amnistía general y la derogación de las leyes represivas.

Poder Judicial. El Poder Judicial estaba integrado por una Corte Suprema de Justicia, como órgano máximo y conformada por tres miembros; por el Tribunal de Cuentas y demás tribunales de apelación, como segunda instancia; y por juzgados inferiores, como primera instancia (cf. Art. 80). La denominación de Corte Suprema de Justicia se incorpora al Derecho Constitucional paraguayo a partir de esta Constitución. La determinación del número y la competencia de tribunales y juzgados quedaba a cargo de la ley.

Entre los requisitos para integrar la Corte Suprema, se destaca el de “poseer título universitario de Doctor en Derecho” (Art. 81), incorporado a nuestro derecho a partir de 1940 y subsistente hasta hoy.

Se estableció que el período de ejercicio de funciones de todos los magistrados judiciales era de cinco años. Como una innovación en nuestro derecho, se dispuso que “la ley establecerá las condiciones y requisitos para la inamovilidad de los magistrados judiciales” (Art. 82).

En la Exposición de Motivos de la Constitución de 1940, se expresó lo siguiente: “Con asegurarle [al Poder Judicial] una mayor independencia y el carácter vitalicio en la duración de los magistrados, se habrá dado ya un gran paso en el perfeccionamiento de la vida judicial”. Más adelante se consignó cuanto sigue: “La nueva Constitución tiende a apartar aún más al Poder Judicial de la vida política. Y uno de los medios sería el de dar carácter vitalicio a sus componentes …”.

La intención, por lo menos considerando lo que se declaraba, era la de dotar al órgano juzgador de una mayor independencia. Otras normas contenidas en la misma Ley Suprema, así como el hecho de que la ley referente a la inamovilidad de los magistrados judiciales no fuera dictada en todo el tiempo de su vigencia, ponían en evidencia de que sólo de trataba de una expresión de deseos, algunas veces contradictorios.

El procedimiento del juicio político, previsto en la norma máxima precedente con mayor amplitud en cuanto a las autoridades afectadas, quedó circunscripto sólo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La acusación correspondía a la Cámara de Representantes y el Consejo de Estado se constituía en tribunal a los efectos del juzgamiento. El enjuiciamiento podía darse “por mal desempeño de sus funciones y por constituir peligro para la recta administración de la justicia” (Art. 83).

Cabe señalar que en esta constitución no había ninguna referencia a la cantidad de votos necesarios para iniciar el juicio y para adoptar una resolución condenatoria; en consecuencia, para ambos casos no se requería una mayoría calificada, sino la simple mayoría. Asimismo, no se encuentran precisadas las consecuencias de la condena (cf. Arts. 65 y 83).

A la laxitud que permite el hecho de que se trate de un juicio político y a las imprecisiones y omisiones señaladas, se agregaba la grave circunstancia de que la eventual declaración de culpabilidad quedaba a criterio del Consejo de Estado, órgano absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo. De este modo se completaba la dependencia del máximo órgano judicial respecto del titular del órgano administrador.

 El enjuiciamiento de los demás magistrados debía realizarse ante la Corte Suprema de Justicia (Art. 83).

 Los miembros de la Corte Suprema de Justicia eran nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Consejo de Estado (Art. 51, inc. 5; Art. 63, inc. 3 y Art. 84). La ya señalada situación de dependencia de dicho consejo, determinaba que la integración de la “Alta Cámara de Justicia de la República” (Art. 88), quedara sujeta al criterio del Presidente de la República. En realidad, en el modelo original de este sistema de designación (Constitución norteamericana), la facultad de otorgar el acuerdo corresponde al Senado; pero como en la Constitución de 1940 se estableció un sistema unicameral, indebidamente se trasladó esta atribución al Consejo de Estado.

El control total del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo, en cuanto al nombramiento de los integrantes de aquel, quedaba completado con la disposición que establecía que “los demás Magistrados y Jueces del Poder Judicial serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Corte Suprema” (Art. 84, 2ª parte).

CONSTITUCIÓN DE 1967

Circunstancias históricas

La substitución de la Constitución de 1940 por la de 1967 se debió principalmente a la necesidad de posibilitar que el Gral. Alfredo Stroessner continuará en el ejercicio de la presidencia de la República, dentro de un marco de respeto formal de las disposiciones constitucionales. Al concluir el período 1963-1968, las posibilidades de reelección admitidas por la Constitución de 1940 y por la Ley Nº 776/62, estaban agotadas para el Gral. Stroessner.

La solución propuesta para salvar el impedimento existente para una nueva reelección de un gobernante obsesionado por guardar, en apariencia, las formas legales, fue la de sancionar una nueva Constitución.

La Ley Suprema elaborada en 1967 estableció como norma general que el Presidente de la República “sólo podrá ser reelecto para un período más, consecutivo o alternativo” (Art. 173). A continuación se aclaraba que “cada período presidencial durará cinco años, a computarse desde el 15 de agosto de 1968” (Art. 174).

Es más, a los efectos de evitar toda duda, en el Art. 236 se dispuso cuanto sigue: “De acuerdo con el artículo 174 de esta Constitución, el actual período presidencial terminará el 15 de agosto de 1968. Para los períodos presidenciales que se sucedan a partir de esa fecha, y a los efectos de la elegibilidad y reelegibilidad del Presidente de la República, sólo se tomarán en cuenta los que se hayan cumplido desde entonces”.

Resultaba evidente que la Constitución había sido ajustada a las necesidades de Stroessner. La cuestión de su reelección fue el motivo determinante de la reforma constitucional y esa es la razón por la cual, abrupta e inicialmente, nos vemos obligados a abordar este tema.

La Constitución de 1967 era técnicamente superior a la precedente; ampliaba, en general, el catálogo derechos, libertades y garantías e incluía normas que profundizaban su adscripción al constitucionalismo social. Pero el hecho de que estas disposiciones fueran sistemáticamente trasgredidas, y el que las normas que consagraban la fuerte preeminencia del Poder Ejecutivo hayan sido mantenidas invariables, demuestran que el objetivo principal y determinante de la reforma constitucional fue la aludida cuestión de la reelección de Stroessner.

La Convención Nacional Constituyente de 1967

La Constitución de 1967 fue redactada con absoluto apego a las formalidades jurídicas que regían el procedimiento de reforma constitucional. Así, una vez declarada la necesidad de la reforma por la Asamblea Nacional, se convocó al pueblo a elecciones para la designación de convencionales a la Convención Nacional Constituyente.

De conformidad con la Constitución de 1940, la Asamblea Nacional (reunión en forma conjunta del Consejo de Estado y la Cámara de Representantes) tenía como una de sus atribuciones la de declarar la necesidad de la reforma de la Constitución (cf. Arts. 94 y 58).

La Convención, integrada por ciento veinte convencionales, sesionó durante tres meses. La distribución de bancas en la misma se hizo de acuerdo con un sistema poco democrático, consistente en otorgar dos tercios de las mismas al partido mayoritario, mientras el tercio restante se repartía proporcionalmente entre los partidos minoritarios.  Este sistema que oponía un elevado 66% para la mayoría a un escaso 33% para la minoría, debió haber sido reemplazado por un sistema de proporcionalidad directa. El sistema descripto constituyó una limitación a la legitimidad de la representación popular plasmada en el órgano titular del poder constituyente.

En la Convención Nacional Constituyente estuvieron representados cuatro partidos políticos, tres de ellos de oposición. Del total de 120 bancas, dos tercios (80) correspondieron al oficialista Partido Colorado y el tercio restante (40), se repartió en forma proporcional entre los partidos de oposición, del siguiente modo: al Partido Liberal Radical, que reaparecía en forma legal y abierta en la escena política, le correspondieron 29 bancas; al Partido Liberal, denominación usada por el sector que había colaborado con la dictadura desde principios de la década, le correspondieron ocho bancas; y al Partido Revolucionario Febrerista, le correspondieron tres bancas.Este sistema de distribución de bancas era el establecido en el Estatuto Electoral, Ley Nº 600, del 15 de julio de 1960. Según el mismo, al partido que obtuviere la mayoría de los votos, se le otorgaban las dos terceras partes de las bancas en disputa. El tercio restante se dividía en forma proporcional entre los partidos minoritarios (cf. Art. 8º).

Por detrás de la estricta observancia del formalismo jurídico, varias circunstancias -entre ellas la mencionada en los párrafos precedentes- demuestran las limitaciones del proceso de elaboración de la Constitución de 1967.

Ya se ha mencionado que la reforma total de la Constitución de 1940 fue propuesta luego de veintisiete años de estar en vigor, justamente cuando de conformidad con la misma ya no era posible una nueva reelección del presidente que entonces estaba al frente del Poder Ejecutivo. Por otra parte, amplios sectores de la población no fueron representados en la magna asamblea (v. gr. no participaron el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Popular Colorado, las agrupaciones políticas de izquierda[9]; el campesinado, a pesar de su carácter mayoritario en la composición poblacional del país, no tuvo una representación directa).

Además, las restricciones a la organización y a la actividad de los partidos políticos, sumadas a las irregularidades que rodearon al acto de votación para la elección de convencionales, produjeron una alteración del real caudal electoral de los distintos sectores políticos y ello, lógicamente, condujo a un falseamiento de la representación en el momento de la distribución de los escaños en la Convención Constituyente. Las deliberaciones se llevaron a cabo bajo el régimen del estado de sitio y sin libertad para los prisioneros de conciencia. En otras palabras, el ambiente en que se desarrolló la Constituyente no fue de plena vigencia de las libertades y garantías constitucionales.

El régimen del Gral. Alfredo Stroessner, imperante en ese entonces, no puede ser incluido sino entre las dictaduras militares tradicionales, pues, “las instituciones presidenciales son allí solamente un puro camuflaje” (Duverger, M., 1970, p. 213).

En efecto, “el vicio inherente al régimen de preponderancia presidencialista en América Latina”, es su aptitud “de prestarse a disimular las dictaduras bajo formas constitucionales” (Lambert, J., 1978, p. 523).

A nivel legislativo, dicho régimen fue calificado como dictadura. En efecto, la Ley N° 838/96 alude a “la dictadura de 1954 a 1989” y al “sistema dictatorial imperante en el país entre los años 1954 a 1989”.

El 16 de diciembre de 1966, la Cámara de Representantes dictó la Ley Nº 1198, “Que establece normas para la instalación y funcionamiento de la Convención Nacional Constituyente”. Algunas de sus disposiciones superaban claramente las atribuciones que pudieran corresponder a un órgano integrante del poder constituido, como lo era la Cámara de Representantes, respecto del órgano titular del poder constituyente, como lo era la Convención Nacional Constituyente. En efecto, era absolutamente impropio que dicha cámara legislativa determinara lo que podía ser objeto de la reforma constitucional y, sobretodo, decidiera que normas no podían admitir “modificaciones ni restricciones de ninguna clase”. Excediendo sus facultades, la Cámara de Representantes de hecho declaraba cláusulas pétreas a los artículos 19 y 29 de la Constitución de 1940, cuando ello no estaba establecido expresamente en el texto constitucional (cf. Art. 6º de la Ley Nº 1198/66). Además, los artículos excluidos fueron seleccionados en forma arbitraria si se evalúa su importancia en relación con otros artículos, y no se cumplió el mandato legal de que no experimentaran modificación alguna.[10]

La limitación del tiempo que podían durar las deliberaciones de la Convención a tres meses, igualmente resulta impropia. La definición del quórum y de la mayoría requerida para adoptar resoluciones, y la determinación de la composición de su mesa directiva (cf. Arts. 7º, 8º, 9º y 10º de la Ley Nº 1198/66), constituían materia propia del reglamento de la propia Convención y no de una ley.

Las deliberaciones se llevaron a cabo en el Teatro Municipal a partir del 23 de mayo. La metodología de trabajo adoptada fue la de estudiar en primer lugar los artículos que no presentaran mayores objeciones, dejando para el final aquellos en que hubiera posturas disímiles. De este modo fue aprobada por consenso la mayor parte del articulado de la nueva Ley Suprema, en un ambiente de discusión libre, con incorporación de propuestas de modificación provenientes de todos los sectores políticos. En las últimas sesiones de la Convención, el oficialismo colorado impuso su mayoría para la aprobación de los artículos (menos de diez) que determinaban el carácter autoritario de la Constitución de 1967, manteniendo o agravando las deficiencias de la Ley Fundamental precedente.

La circunstancia apuntada demuestra que la Constitución de 1967 puede ser calificada, en general, como una buena Constitución para su época. No incluía, por razones obvias, algunas disposiciones que hoy serían consideradas imprescindibles. Sólo unos pocos artículos de la parte orgánica la convertían en una Constitución autoritaria.

El 25 de agosto de 1967 fue sancionada la nueva Constitución y el Poder Ejecutivo la promulgó en la misma fecha. Como ya lo señalamos precedentemente, otra vez la puesta en vigor de la novel Ley Fundamental, producto final de la actividad del órgano titular del poder constituyente (la Convención Nacional Constituyente), se hizo depender de su promulgación por el Poder Ejecutivo, es decir, de un acto emanado de un órgano integrante del poder constituido. La Constitución de 1967 estuvo en vigor durante casi veinticinco años, hasta el 20 de junio de 1992.

Parte dogmática

La Constitución de 1967 mantuvo con modificaciones –que, por lo general, las mejoraban-  todas las disposiciones que consagraban derechos individuales y políticos. Ocurrió lo mismo en cuanto a las disposiciones que indican una clara adscripción a la línea del constitucionalismo social. Estaban pues incorporados los que hoy denominaríamos derechos humanos de segunda generación, es decir, los derechos sociales, económicos y culturales, aunque con carácter de normas programáticas.

Así, en la Constitución de 1967 encontramos secciones denominadas “Derechos sociales” (familia, educación y cultura, salud), “Derechos económicos”, “Derechos de los trabajadores” y el capítulo titulado “De la reforma agraria”. De dichas secciones extraemos las siguientes disposiciones propias del constitucionalismo social:

– El Estado debe organizar como institución social el bien de familia (Art. 82).

– “Toda familia tiene derecho a un hogar asentado sobre tierra propia, para lo cual se perfeccionarán las instituciones y se dictarán las leyes más convenientes a fin de generalizar la propiedad inmobiliaria urbana y rural, y promover la construcción de viviendas económicas, cómodas e higiénicas, especialmente para trabajadores asalariados y campesinos” (Art. 83).

– La obligación subsidiaria del Estado en cuanto al mantenimiento, la asistencia y la educación de menores, particularmente cuando se trataba de familias de prole numerosa y de escasos recursos (Art. 84).

– El dictamiento de las medidas necesarias para asegurar a todo niño, sin discriminación alguna, protección integral desde su concepción (Art. 85).

– “El Estado instituirá, en la medida de sus posibilidades, un régimen de seguridad social integral para toda la población del país. Sus beneficios alcanzarán aun a aquellas personas cuyo aporte económico a la sociedad sea nulo por razones no imputables a su voluntad” (Art. 88).

– La obligación del Estado de sostener las necesarias escuelas públicas (Art. 89).

– El otorgamiento de becas a quienes hubieren demostrado aptitudes sobresalientes, preferentemente a aquellos que carezcan de recursos económicos (Art. 90).

– La fijación por ley del contenido y límites de la propiedad privada, “atendiendo a su función económica y social” (Art.96).

– La fijación por ley de la extensión máxima de tierras de que puede ser propietaria una persona natural o jurídica, la consideración como latifundio de las áreas en exceso y la obligación de venderlas (Art. 129).

– La proscripción de la explotación del hombre por el hombre (Art. 104).

– Las disposiciones jurídicas fundamentales en materia laboral, que se declaran irrenunciables (Art. 105).

– La fiscalización de los contratos de trabajo, el salario mínimo, la previsión y asistencia sociales, la seguridad e higiene en el trabajo, por las autoridades pertinentes (Art. 107).

– La reforma agraria para lograr el mejoramiento económico de la población campesina (Art. 128).

Pasando a otro tema, cabe señalar que la Constitución de 1967 mantuvo el criterio de adscribir el Estado a una religión en particular. En este sentido, siguiendo la línea tradicional, se declaró “religión oficial” a la católica apostólica romana (Art. 6º).

El orden de prelación de las leyes fue claramente definido al establecer que la Constitución era la ley suprema y que los tratados internacionales y las leyes ocupaban los subsiguientes niveles jerárquicos (cf. Art. 8º).

La garantía del amparo, de origen mexicano, fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional y en términos muy correctos (cf. Art. 77). El Hábeas Corpus, en su modalidad reparadora (cf. Art. 78), logró propiamente el rango de norma máxima superando la escueta referencia al mismo contenida en la Ley Suprema precedente (Art. 26).

Los derechos políticos de los ciudadanos fueron consagrados en un apartado de la Constitución de 1967, en términos, en general, aceptables.

En trasgresión de la disposición constitucional que exigía la aplicación de un “sistema de representación proporcional” (Art. 111) para la distribución de cargos en los cuerpos colegiados, la ley secundaria disponía que las dos terceras partes de las bancas en disputa, se otorgaran al partido que obtuviera la mayoría de los votos; y el tercio restante se dividiera en forma proporcional entre los partidos minoritarios (Estatuto Electoral, Ley Nº 600, del 15 de julio de 1960, Art. 8º). La ley electoral de 1981 (Estatuto Electoral, Ley Nº 886, del 11 de diciembre de 1981, Art. 8), mantuvo el sistema.

El Código Electoral de 1990 (Ley Nº 1/90) estableció el sistema D`Hondt (Art. 273), para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados.

Para la elección del Presidente de la República se estableció el ballotagge o balotaje, en los siguientes términos: “Resultará electo el candidato que obtuviere más del cincuenta por ciento (50%) del total de los votos válidos emitidos. Si no se alcanzare esa mayoría se realizará una nueva elección en el plazo de treinta (30) días, en la que únicamente participarán los dos candidatos más votados” (Art. 256, inc. 2).

El sistema de balotaje o doble vuelta, no fue aplicado en ninguna oportunidad, pues al poco tiempo la Constitución de 1992 lo derogó (cfr. Art.230).

También fue creado el fuero electoral (Tribunales Electorales), integrado al Poder Judicial (Art. 284).

En la Constitución de 1967 se legisló por primera vez con rango constitucional sobre los partidos políticos (cf. Arts. 117/121).

Parte orgánica

Caracterización general. La caracterización general de la parte orgánica de la Constitución de 1967 tiene que hacerse en torno del Poder Ejecutivo, pues la forma en que está concebido este órgano determina y circunscribe las características y el accionar de los demás órganos de gobierno.

En el aspecto mencionado, la Ley Fundamental de 1967 tiene que ser inscripta dentro de lo que se ha dado en llamar “régimen de preponderancia presidencialista”, “presidencialismo reforzado”, o “hiperpresidencialismo”. Este tipo de régimen llenó la historia constitucional de América Latina durante varias décadas. En nuestro país se inició con la Constitución de 1940 bajo la influencia ideológica del totalitarismo y el impulso de las circunstancias históricas particulares que vivía la sociedad paraguaya. Al poco tiempo, sirvió como régimen apropiado para los requerimientos de la denominada “guerra fría”, bajo los auspicios de los Estados Unidos. La Constitución de 1967, desde su nacimiento, respondió a esta necesidad y por ello dio continuidad a su predecesora en todos los aspectos autoritarios de la misma. Este tipo de régimen empezó a decaer en la región en la década de los ochentas.

El aludido marco jurídico supremo que legalizaba numerosos elementos autoritarios, por lo general era aplicado por autoridades dictatoriales cuyo accionar, no obstante, iba más allá de las disposiciones constitucionales. Existía una relación dialéctica de influencia recíproca entre los gobernantes y el marco jurídico-constitucional. Éste creaba condiciones que inducían a instaurar un gobierno de características dictatoriales; y, a su vez, los gobernantes buscaban dar un respaldo legal a sus actos, o, por lo menos, a la mayor parte de ellos.

A continuación nos referiremos a los distintos órganos de gobierno, haciendo hincapié en las notas que marcan el predominio del Poder Ejecutivo.

Poder Legislativo. Composición. Después de veintisiete años se volvió a establecer un sistema bicameral. En efecto, el Poder Legislativo era “ejercido por un Congreso compuesto por dos Cámaras: una de Senadores y otra de Diputados” (Art. 133). La primera tuvo originalmente 30 miembros, elevados luego a 36; y la segunda 60 y luego 72.

Los legisladores eran de elección popular, su mandato era de cinco años y podían ser reelectos (Arts. 134 y 136).

Sesiones. El período de sesiones ordinarias se extendía del 1 de abril al 20 de diciembre, inclusive. La prórroga de las sesiones ordinarias de las cámaras del Congreso o su convocatoria a sesiones extraordinarias, dependían del Poder Ejecutivo (Art. 138). Esto importaba una inadmisible e inexplicable limitación al Poder Legislativo en cuanto a su funcionamiento autónomo. En  un sistema de división y equilibrio de poderes, resulta difícil explicar por qué el órgano legislativo debía depender del ejecutivo para prolongar sus sesiones más allá del 20 de diciembre o para reunirse en forma extraordinaria durante el período de receso.

 Otras disposiciones. Cada cámara, por separado, podía llegar a excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, “por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad o por inhabilidad física o mental, debidamente comprobada“(Art. 141). Los senadores y los diputados gozaban de las inmunidades de opinión, de arresto o detención, y de proceso (Art. 142). Se restableció la figura de la interpelación de los ministros del Poder Ejecutivo que había sido suprimida por la Constitución precedente (Art. 143).

El juicio político quedó circunscripto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La acusación correspondía a la Cámara de Diputados y el juzgamiento a la Cámara de Senadores (cf. Art. 151, inc. 3, y Art. 153, inc. 4).

La facultad de “dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos” (Art. 149, inc. 1), obviamente correspondía al Congreso. Pero la intervención del Poder Ejecutivo en varias etapas del proceso de formación y sanción de las leyes, era una característica que al tiempo de fortalecer a dicho órgano, debilitaba el poder de las cámaras legislativas. Así tenemos la iniciativa legislativa exclusiva del Ejecutivo, en determinadas materias. De esta manera, importantes proyectos de ley en materia económica, militar y política, entre ellos el Presupuesto General de la Nación, debían tener su origen en el citado órgano.

El procedimiento establecido para la consideración del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación estaba orientado a facilitar su rápida aprobación de acuerdo con su presentación original, por lo menos en su parte medular. El Poder Ejecutivo, a cuyo cargo estaba la elaboración del proyecto de ley, podía imponer en gran medida su voluntad en este aspecto, pues la Constitución, entre otras cosas, disponía que la falta de despacho dentro de los plazos perentorios establecidos, se entendía como aprobación, y sobretodo porque exigía mayoría absoluta de dos tercios para el rechazo total del proyecto, el cual en este caso debía ser presentado de nuevo en forma inmediata (Art. 163).

La facultad de veto permitía al titular del Ejecutivo objetar total o parcialmente un proyecto de ley sancionado por el Congreso. Las mayorías exigidas para que las cámaras pudieran rechazar el veto presidencial eran muy elevadas y, por tanto, difíciles de alcanzar, lo cual en la práctica convertía al órgano ejecutivo en instancia última en el proceso de formación de las leyes. El veto parcial sólo podía ser superado mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Cuando se trataba de veto total, se requería mayoría absoluta de dos tercios en ambas cámaras para volver a considerar el asunto y luego mayoría absoluta para rechazar el veto (Cf. artículos 157 y 158).

En suma, la imposibilidad de la autoconvocatoria a sesiones extraordinarias o de prorrogar sus propias sesiones ordinarias, la facultad de disolver el órgano legislativo conferida al Poder Ejecutivo, la iniciativa exclusiva de este órgano en determinadas materias y la difícil posibilidad de revertir un veto presidencial, debilitaban al Poder Legislativo y contribuían a la hipertrofia del Ejecutivo.

Poder Ejecutivo. “El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la República del Paraguay” (Art. 171). El carácter unipersonal determinaba que todas las atribuciones que correspondían a este órgano estuvieran concentradas en manos de una sola persona y que su ejercicio dependiera, en gran medida, de su exclusiva voluntad.

Como requisito para ser titular del Ejecutivo, se conservaba la ya entonces anacrónica exigencia de “profesar la religión Católica Apostólica Romana” (Art. 172), aunque la misma estaba acorde con la consagración de dicha religión como la oficial del Estado paraguayo.

El Presidente de la República era elegido por votación popular (Art. 173). La Ley Suprema no hacía referencia alguna a la mayoría requerida para ser electo, por lo que se entendió que era ésta una materia deferida a la ley. Así, los Estatutos Electorales de 1960 y 1981 dispusieron que fuera por simple mayoría. Posteriormente, el Código Electoral, Ley Nº 1/90, estableció la exigencia de la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos y si ningún candidato la obtuviere, se debía realizar una segunda elección entre los dos candidatos más votados (ballotagge o balotaje). Esta última disposición no llegó a ser aplicada.

Duración del mandato y reelección. La Constitución de 1967 fijó en cinco años el tiempo de duración de cada período presidencial (Art. 174). En cuanto a la reelegibilidad, el Art. 173 dispuso lo siguiente: “El Presidente de la República… sólo podrá ser reelecto para un período más, consecutivo o alternativo”.

El Gral. Stroessner pudo ser reelecto de nuevo, porque en la Constitución de 1967 se dispuso que se reiniciara el cómputo de los períodos presidenciales (cf. Arts. 174 y 236). De conformidad con esto fue elegido para los siguientes períodos presidenciales: 15 de agosto de 1968 a 15 de agosto de 1973; y 15 de agosto de 1973 a 15 de agosto de 1978.

Cumplidos los dos períodos señalados, nuevamente las posibilidades de más reelecciones del Gral. Stroessner quedarían cerradas constitucionalmente.  Antes de que ello ocurriera, una Convención Nacional Constituyente reunida en marzo de 1977, con la sola participación de representantes del Partido Colorado, sancionó la Enmienda Nº 1, por la cual se modificaba el Art. 173 de tal manera a permitir la reelegibilidad ilimitada del Presidente de la República. A partir de entonces simplemente se estableció que éste “podrá ser reelecto”.

Esta enmienda permitió al Gral. Stroessner ejercer la presidencia durante los períodos 1978-1983 y 1983-1988. Asimismo le posibilitó ser electo para el período 1988-1993.

Acefalía. En la disposición constitucional referente a la acefalía del Poder Ejecutivo (Art. 179), se previó para el caso de que la misma sea definitiva y se haya producido durante los dos primeros años del período presidencial en curso, que el presidente provisional convocara a elecciones “para dentro de los tres meses”. Esta redacción, un tanto forzada, de la norma constitucional se hizo buscando evitar la repetición del antecedente del Gral. Higinio Morínigo quien, después de ser electo presidente provisional tras la muerte del Gral. José Félix Estigarribia, conovocó a elecciones dentro del plazo previsto, pero para ser realizadas más de dos años después. Con la expresión “para dentro” se pretendía indicar que tanto la convocatoria como la realización efectiva de las elecciones, debía tener lugar en tres meses.

Facultades vinculadas con el Congreso. Ya hemos hecho alusión a la dependencia del Congreso respecto del Ejecutivo en cuanto a la prórroga de sus sesiones ordinarias y a la realización de sesiones extraordinarias. Asimismo, el Presidente de la República tenía una importante intervención en el proceso de formación de las leyes. Nos hemos referido, en especial, a la iniciativa exclusiva que le estaba reservada en determinadas materias y a las grandes dificultades que existían para las cámaras legislativas para revertir un veto del Poder Ejecutivo.

Facultad de nombramiento. El Presidente de la República gozaba de una amplia facultad de nombramiento, ejercida por sí solo o en colaboración con otros órganos, que le permitía proveer los más importantes cargos públicos. De esta manera dependían del mismo los nombramientos de los siguientes funcionarios: ministros, consejeros de Estado (la mayor parte), miembros de la Corte Suprema de Justicia, miembros de los tribunales, jueces y demás magistrados del Poder Judicial, Fiscal General del Estado, Agentes y Procuradores Fiscales, miembros de las Fuerzas Armadas, embajadores y ministros plenipotenciarios del servicio exterior de la República, delegados de gobierno, intendentes municipales, etc.

Estado de sitio.Los artículos de la Constitución de 1967 que regulaban esta institución eran los siguientes:

Artículo 79. Para la defensa de esta Constitución y de las autoridades creadas conforme a ella, se instituye el estado de sitio, que podrá ser aplicado solamente en caso de conflicto o guerra internacional, de invasión exterior, de conmoción interior, o de amenaza grave de uno de estos hechos.

El estado de sitio será total o parcial según afecte a todo el territorio de la República, o solo a parte de él, y durante su vigencia se podrá detener a las personas indiciadas de participar en algunos de esos hechos, o trasladarlas de un punto a otro de la República, y prohibir reuniones y manifestaciones públicas. Los detenidos en virtud del estado de sitio permanecerán en locales sanos y limpios no destinados a reos comunes, y los traslados se harán siempre a localidades pobladas y salubres. La declaración del estado de sitio será por tiempo limitado y responderá en todos los casos a los fines de su institución. Su vigencia no interrumpirá el funcionamiento de los Poderes del Estado, ni afectará el ejercicio de sus prerrogativas. La ley reglamentará la aplicación del estado de sitio.

Artículo 181. En los casos previstos en el artículo 79 de esta Constitución, el Poder Ejecutivo podrá decretar el estado de sitio, debiendo expresar los motivos en que se funda, las garantías que se suspenden o restringen y si rige para todo o parte del territorio nacional, y adoptar las medidas autorizadas en el mencionado artículo. Del Decreto respectivo dará cuenta al Congreso dentro de los cinco días siguientes al de su publicación.

Se puede apreciar que los problemas que se presentaron durante la dictadura respecto del estado de sitio, no derivaban del texto constitucional que, en líneas generales, estaba bien concebido. Podría afirmarse incluso que en esta Ley Suprema, como en las precedentes, se legisló un estado de sitio muy restringido en cuanto a las facultades extraordinarias que confería, si se lo comparaba con instituciones similares contempladas en las constituciones de otros países latinoamericanos.

Las grandes, prolongadas y diversas arbitrariedades cometidas durante el régimen dictatorial en relación con el estado de sitio, se debieron a abiertas violaciones del texto constitucional o a amañadas interpretaciones del mismo. Entre las primeras podemos mencionar la declaración del mismo cuando no estaban dadas las causas que justificaban su instauración; la desvirtuación del tiempo limitado de duración que la Constitución exigía, mediante el dictamiento de sucesivos decretos que lo prorrogaban sistemáticamente cada tres meses, convirtiendo una medida de carácter limitado en una situación permanente y continua en ciertas zonas del territorio paraguayo; la detención de personas que no tenían ninguna vinculación con los motivos de implantación de la medida de excepción; la detención de personas en zonas donde no estaba en vigencia dicha medida; las detenciones practicadas sin que existiera orden escrita (decreto) que ofreciera las garantías derivadas de ella; el mantenimiento de la detención de algunas personas por tiempos muy prolongados, que en algunos casos superaron una década e incluso dos, sin ponerlas a disposición de la autoridad judicial competente.

Entre las malas interpretaciones del texto constitucional –realizadas de buena fe o ex profeso– se encontraba la que sostenía que no cabía ningún tipo de control respecto del estado de sitio: ni judicial, ni del Congreso. La Corte Suprema de Justicia entendió que tanto la declaración del estado de sitio, como las medidas adoptadas durante su vigencia, constituían cuestiones políticas no justiciables. En consecuencia, la detención de personas no podía ser objeto de revisión judicial en cuanto a las causas que motivaron la medida o en relación con el tiempo de duración de la privación de libertad. La obligación del Ejecutivo de “dar cuenta” al Congreso fue interpretada como una mera información al cuerpo legislativo, sin que éste nada pudiera hacer al respecto.

La facultad de declarar el estado de sitio, que correspondía en exclusividad al Presidente de la República, así como la de ejercer las facultades extraordinarias que el mismo confería, habiendo sido suprimida la opción del ciudadano detenido de abandonar el país, contribuían, sin duda, a fortalecer al Poder Ejecutivo.

El caso que más dramáticamente puso de manifiesto la absoluta necesidad de que la Corte Suprema de Justicia ejerciera el control judicial de los actos realizados por el Poder Ejecutivo en virtud del estado de sitio, fue el del ex Sargento Escolástico Ovando. En efecto, condenado en irregular proceso a quince años de prisi6n por su supuesta participación en la comisión de un delito, Ovando permaneció privado de su libertad durante el tiempo mencionado; pero una vez purgada la pena, su encierro fue prolongado por seis años más por decisión del Poder Ejecutivo, el cual buscó justificar la medida adoptada invocando el Art. 79 de la Constitución. Interpuesto el “hábeas corpus” y luego de recibida la comunicación de que la detención se relacionaba con el estado de sitio, la Corte, sin más trámite, se pronunció en el sentido de declarar que la acción era improcedente. Resultaba, sin embargo, muy difícil imaginarse cómo una persona aislada durante quince años, habría podido participar desde su celda en hechos relacionados con la implantación de la medida de excepción. Esto era realmente imposible, y como la atribución presidencial de detención sólo afectaba a las personas indiciadas de participar en tales hechos, la Corte, luego de la comparecencia del detenido, debió ordenar su libertad por la manifiesta ilegalidad de la medida del Ejecutivo.

La facultad de disolver el Congreso. En virtud del Art. 182 de la Constitución  de 1967, el Poder Ejecutivo podía decretar la disolución de las cámaras legislativas. Al Presidente de la República correspondía decidir si estaban dadas o no las causas -de amplia interpretación- que justificaban la adopción de la medida. En un régimen presidencial esta facultad carece por completo de justificativo. Como resultado, se acrecentaban las atribuciones del Ejecutivo y el Congreso quedaba en una situación de total dependencia respecto de aquel.

Durante la vigencia de la Constitución de 1967, la única oportunidad en que –de hecho- las cámaras del Congreso quedaron disueltas fue luego del golpe de Estado del 2-3 de febrero de 1989.

La facultad de dictar decretos-leyes. Al igual que durante el tiempo de vigencia de la Constitución de 1940, el Presidente de la República podía legislar por este medio “durante el receso del Congreso o hallándose éste por cualquier causa desintegrado” (Art. 183). Esta facultad confería al Presidente, en materia legislativa, un poder comparable al del Congreso aunque la doctrina siempre consideró que dicha facultad sólo debía ser ejercida en casos imprevistos y urgentes que impidieran legislar por la vía ordinaria. De esto se deduce que los decretos-leyes no podían versar sobre cualquier materia (v. gr. la tributaria), pues respecto de varias de ellas era difícil que se dieran las circunstancias de imprevisibilidad e impostergabilidad que justificaran la emisión de un decreto-ley. Sin embargo, frecuentemente se abusó del ejercicio de esta facultad buscando crear situaciones irreversibles que tornaran irrelevante la posterior revisión de los decretos-leyes por el Congreso, aún cuando ella debía ser realizada “dentro de los primeros sesenta días del siguiente período ordinario de sesiones” (Art. 183).

La facultad de dictar decretos.leyes constituía una delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, dado que dicha facultad sólo podía ser ejercida durante el breve período de receso parlamentario (tres meses y diez días) y durante la eventualidad de la desintegración del Congreso, no ofrecía en sí misma ninguna objeción. Más bien el ejercicio indebido de la misma fue lo que contribuyó a acrecentar el predominio del Ejecutivo.

Juicio político.El juicio político no fue previsto para el Presidente de la República, ni para los ministros del Poder Ejecutivo, ni para los integrantes del Consejo de Estado. La Vicepresidencia no había sido legislada.

La circunstancia señalada, a primera vista, podía interpretarse como un debilitamiento de la posición del presidente al colocarlo, en caso de tratarse de la comisión de delitos, en situación de poder ser sometido a la justicia ordinaria sin que existiera ningún procedimiento previo que cumplir. Pero en la práctica, el inmenso poder de que estaba investido hacía imposible que un integrante del Ministerio Público o una persona cualquiera  iniciara la correspondiente acción judicial mientras el presidente estuviera en ejercicio de sus funciones. Mientras tanto, sin embargo, la prescripción de la acción corría, pues, teóricamente, no existía ningún impedimento para ocurrir ante los tribunales.

Además, la inexistencia del juicio político impedía que el presidente pudiera ser destituido por actos que, sin constituir delitos, denotaran mal desempeño de sus funciones.

Consejo de Estado. El Consejo de Estado, órgano asesor del Poder Ejecutivo, fue vaciado de las atribuciones propias de una cámara alta que indebidamente se le habían conferido de conformidad con la Constitución de 1940. Se lo redujo a los límites de órgano meramente dictaminante, como correspondía. El Poder Ejecutivo ejercía un control prácticamente total sobre el Consejo de Estado. El nombramiento y la remoción de la casi totalidad de sus miembros dependían, de una u otra manera, de aquel. Esto hizo que su atribución dictaminante sobre proyectos de decretos-leyes, asuntos de política internacional y de orden financiero o económico y sobre los méritos del candidato a Fiscal General del Estado, revistiera escasa importancia, dado su carácter de órgano absolutamente dependiente. Por otra parte, esta característica hacía que el Consejo de Estado al cumplir su función de integrar la Asamblea Nacional (en caso de acefalía del Poder Ejecutivo o para declarar la necesidad de la reforma total o de la enmienda de la Constitución), se constituyera en vehículo de expresión de la voluntad del Ejecutivo en dicho órgano, con un importante número de votos.

Presidentes de la República durante la vigencia de la Constitución de 1967. Los titulares del Ejecutivo durante la vigencia de esta constitución, fueron los siguientes:

Gral.  Alfredo Stroessner (15 de agosto de 1968-15 de agosto de 1973: 15 de agosto de 197315 de agosto de 1978; 15 de agosto de 1978-15 de agosto de 1983; 15 de agosto de 1983-15 de agosto de 1988: 15 de agosto de 1988-3 de febrero de 1989).

Gral. Andrés Rodríguez (3 de febrero de 1989-15 de agosto de 1993).

Poder Judicial. El Poder Judicial era ejercido por una Corte Suprema de Justicia, de no menos de cinco miembros, y por los tribunales y los juzgados que establecidos por ley (Art. 193). Dentro de la amplia facultad de nombramiento del Presidente de la República estaba incluida la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (con acuerdo del Senado), y la de los demás magistrados integrantes del Poder Judicial (con acuerdo de la citada Corte), (cf. Arts. 151, inc. 20; 180, inc. 8; y 195).

La situación imperante durante la dictadura, determinaba que el acuerdo exigido fuera nada más que un mero formulismo y no un mecanismo de limitación y control de la facultad de nombramiento del titular del Ejecutivo.

Esto conducía a que, en los hechos concretos, la integración del Poder Judicial en su totalidad, estuviera en manos del Presidente de la República.

Una disposición constitucional particularmente grave en cuanto al Poder Judicial, era la que establecía que “los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales, los Jueces y demás Magistrados serán designados por períodos de cinco años, coincidentes con el presidencial, y podrán ser reelectos” (Art. 196). Los magistrados judiciales gozaban únicamente de inamovilidad temporal ya que eran nombrados por períodos de cinco años,  durante los cuales sólo podían ser removidos por las causales previstas en la Constitución y siguiendo el procedimiento legislado en la misma (cf. Art. 196). Los períodos de nombramiento debían coincidir con el presidencial, lo cual constituía un elemento más de dependencia respecto del Ejecutivo. En efecto, la única posibilidad de continuar en el cargo que tenían los magistrados, era la de ser reelectos por otro período de cinco años, dentro de los mismos parámetros. Es decir, quedaban pendientes de la voluntad del Presidente de la República, pues era éste, como titular de la facultad de nombramiento, quien debía decidir la nueva designación del magistrado y solicitar el acuerdo respectivo. De este modo, el presidente reelecto o el nuevo presidente podían hacer las substituciones que consideraran necesarias en el cuerpo de magistrados judiciales. No existía posibilidad de alcanzar la inamovilidad permanente o definitiva.

Juicio político. El juicio político quedó circunscripto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Las causales previstas eran las de “comisión de delitos o mal desempeño en sus funciones”. La acusación correspondía a la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta de dos tercios de votos. El juzgamiento estaba a cargo de la Cámara de Senadores, la cual sólo podía declarar culpables a los enjuiciados por la misma mayoría. El fallo no tenía más efecto que el de destituir a los acusados, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran intentarse contra ellos ante la justicia ordinaria (cf. Arts. 151, inc. 3; 153, inc. 4, y 196 de  la Constitución de 1967).

Otros temas. La independencia del Poder Judicial quedaba garantizada así como su exclusividad como órgano competente para conocer y decidir en los actos de carácter contencioso (Art. 199).

En la Constitución de 1967 se legisló por primera vez al máximo nivel la facultad de ejercer el control de constitucionalidad. Dicha atribución fue conferida a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente respecto de leyes en sentido genérico o actos normativos (cf. Art. 200). Posteriormente, por vía jurisprudencial, el control se extendió a las sentencias o actos jurisdiccionales.

Ministerio Público. El Ministerio Publico era ejercido por un Fiscal General del Estado, por Agentes Fiscales y por Procuradores Fiscales (Art. 209). El primero de ellos era designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Senadores, y los demás directamente por el Poder Ejecutivo (cf. Arts. 211 y 151, inc. 2).

En la Constitución de 1967, bajo la denominación de Ministerio Público estaban comprendidas dos instituciones bien diferenciadas: la Procuraduría General y el Ministerio Público propiamente dicho, las cuales debían estar separadas pues desempeñaban funciones muchas veces incompatibles. La primera debía depender del Poder Ejecutivo, pero el segundo debía ser un órgano autónomo, como se ha establecido en la actual constitución. Al no suceder esto, aumentaba el predominio del Ejecutivo pues dada la situación de dependencia del Ministerio Público, sus funciones propias no eran ejercidas a cabalidad cuando los presuntos responsables de los hechos investigados, eran integrantes del órgano administrador.

Reforma constitucional. En cuanto a la reforma de la Constitución estaban previstas la reforma total y la enmienda. Ambas eran competencia exclusiva de la Convención Nacional Constituyente (cf. Art. 219).

La entrada en vigor de la Constitución de 1967 quedó sujeta a su promulgación por parte del Poder Ejecutivo (cf. Art. 232). Ya hemos apuntado precedentemente que este proceder es incorrecto porque, en cuanto a su vigencia, no se puede hacer depender el acto resultante del ejercicio del poder constituyente, de un acto (la promulgación) que emana de uno de los órganos que ejercen el poder constituido.

Supremacía del Ejecutivo. En resumen, se puede aseverar que durante el tiempo de vigencia de la Constitución de 1967 existió una clara supremacía del Ejecutivo sobre los demás poderes, por la hipertrofia de hecho y de derecho de aquel órgano.

Por una parte, la Ley Suprema contenía normas impropias de un sistema presidencial y atentatorias contra el principio de equilibrio de los órganos de gobierno, lo cual la convertían en una Constitución autoritaria. De este modo, el Estado de derecho, quedaba gravemente debilitado, y sólo la supresión de las escasas disposiciones constitucionales que lo desvirtuaban, hubieran permitido su plena recuperación.

Tales disposiciones eran las siguientes:

a) La facultad exclusiva de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso y la de convocarlo a sesiones extraordinarias, otorgada al Presidente de la República. La posibilidad de funcionamiento autónomo del órgano legislativo durante el receso, no podía quedar supeditada a la decisión de otro órgano.

b) La supresión del juicio político en relación con el Presidente de la República, lo cual eventualmente podía concluir en su impunidad.

c) La facultad de veto, ya sea parcial o total, prácticamente insuperable por las cámaras legislativas por las mayorías exigidas para ello. Esta circunstancia convertía, de hecho, al Poder Ejecutivo en el legislador final.

d) La facultad de disolver el Congreso, que colocaba a este órgano a merced del Poder Ejecutivo.

e) La inexistencia de inamovilidad definitiva o permanente de los magistrados judiciales, sus períodos coincidentes con el presidencial y la dependencia del Poder Ejecutivo en cuanto a su reelección. Todo esto configuraba un Poder Judicial débil y dependiente.

Las disposiciones precedentes constituían los “pecados capitales” de la Constitución de 1967. La superación de los mismos era imprescindible para convertirla en una Constitución democrática acorde a las corrientes doctrinarias del momento histórico de su sanción.

Por otra parte, existían disposiciones que en sí mismas no eran cuestionables, pero cuya interpretación y aplicación en casos concretos, contribuyeron en forma substantiva e indebida a acrecentar las facultades del Ejecutivo. Entre ellas, podemos mencionar las siguientes:

a) El nuevo cómputo en cuanto a la elegibilidad y reelegibilidad para el cargo de Presidente de la República, a partir del 15 de agosto de 1968. A esto, la Enmienda de 1977 sumó la reelección en forma ilimitada.

La admisión de la reelección en forma limitada, no ofrece reparos, pero las disposiciones precedentes fueron adoptadas específicamente para favorecer a quien en ese momento se encontraba en ejercicio de la presidencia de la República, contribuyendo a aumentar su poder.

b) La amplia facultad de nombramiento conferida al Presidente de la República, en particular en cuanto al Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia y otros magistrados. El ejercicio de esta atribución se encontraba limitada por el acuerdo que debía otorgar otro órgano. En la práctica, dadas las circunstancias del momento, tal exigencia no constituía más que un mero trámite.

c) La facultad de dictar decretos-leyes. Esta delegación legislativa bien utilizada, es decir, circunscripta en cuanto al tiempo al receso parlamentario (y a los momentos en que el Congreso estuviere disuelto, lo cual debía suprimirse) y en cuanto a la materia a lo urgente e impostergable, no ofrecía objeciones. El problema consistió en el uso indebido de esta facultad en materias que no correspondían.

d) La iniciativa legislativa exclusiva del Poder Ejecutivo en ciertas materias.

e) El mantenimiento del Consejo de Estado, con atribuciones muy disminuidas, es decir, como un órgano de escasa utilidad, aunque con la facultad de integrar con las cámaras legislativas la Asamblea Nacional, representando -de hecho- al Poder Ejecutivo.

f) La facultad de declarar el estado de sitio y las facultades excepcionales que correspondían al Presidente de la República durante su vigencia, contribuían a acrecentar su poder. Sin embargo, los problemas en este punto no derivaban de un estado de sitio en realidad muy débil, sino de la interpretación del texto constitucional que sostenía que el mismo estaba exento tanto del control del Congreso como del control jurisdiccional, y de los excesos cometidos durante el tiempo que estuvo en vigor.

En definitiva, desde el punto de vista jurídico, con la modificación de unos pocos artículos, se podían eliminar las grandes deficiencias que hacían a la Constitución de 1967 una constitución autoritaria, convirtiéndola en una constitución democrática acorde con las ideas vigentes en el momento en que fue sancionada.

CONSTITUCIÓN DE 1992

El derrocamiento de la dictadura

El golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989 produjo la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner. El movimiento político consistió estrictamente en un golpe de Estado, es decir, en la substitución de las personas que ejercían las diversas funciones de gobierno, sin que se alteraran las estructuras sociales, económicas y políticas, por lo menos en un grado que revistiera cierta radicalidad. La conservación del estado de cosas, en forma prácticamente inmutable, se pudo observar en la continuidad en el poder del Partido Colorado, el mismo que se había constituido en el sostén civil de la dictadura. Los líderes militares y civiles del golpe de Estado fueron personas que habían estado ligadas al “estronismo” por décadas y que sólo unos pocos años antes de la caída habían sido apartadas del poder como consecuencia de las luchas intestinas de la Asociación Nacional Republicana. En particular, el triunfo de los llamados “militantes” y su control excluyente del partido a partir de 1987, con el consiguiente desplazamiento de los denominados “tradicionalistas”, determinó cierta aceleración de los aprestos finales que condujeron al golpe de Estado. Éste produjo como cambios más notables la vigencia bastante amplia de las libertades formales y la celebración de comicios aceptablemente democráticos para la elección de autoridades, sin que se produjeran alteraciones substanciales de carácter estructural.

 La Constitución precedente y la necesidad de su modificación

La Constitución de 1967 llevaba sobre sí el estigma de ser “la constitución de la dictadura”. Había que modificarla necesariamente. Apenas se empezó a hablar del tema, el primer punto de discusión fue el referente a si la reforma debía ser parcial o total.

La Constitución entonces en vigor era susceptible de ser mejorada tomándola como base, sin tener que modificarla radicalmente. En cuanto a la parte dogmática había que ampliar el catálogo de derechos de acuerdo con las normas consagradas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y asimismo debían ser ampliadas las garantías consagradas en la Ley Suprema. En cuanto a la parte orgánica, había que eliminar los artículos que contenían las disposiciones de carácter autoritario, retocar las atribuciones de los órganos de gobierno ya previstos, y agregar otros órganos de gobierno. Para la actualización de la Constitución de 1967 y su conversión en una constitución completamente democrática, además de las modificaciones secundarias y la incorporación de nuevas disposiciones, hubiera bastado con la modificación radical o la supresión de no más de diez artículos.

Inicialmente, el nuevo gobierno se mostró partidario de una reforma parcial, pero finalmente la carga simbólica y emocional de romper con el inmediato pasado dictatorial mediante la eliminación del instrumento supremo de su ordenamiento jurídico, enarbolada principalmente por los sectores de oposición,  determinó que se optara por la reforma total.

En consecuencia, el 12 de junio de 1991, la Asamblea Nacional, conformada por las Cámaras del Congreso y el Consejo de Estado (Art. 220 de la Constitución de 1967), procedió a declarar la necesidad de la reforma total de la Ley Fundamental precedente.

La Convención Nacional Constituyente

Los comicios para la elección de los integrantes de la Convención Nacional Constituyente se celebraron el 1 de diciembre de 1991. Realizado el escrutinio de los votos y la posterior proclamación por las autoridades electorales, la Convención quedó integrada con 122 convencionales del Partido Colorado, 55 convencionales del Partido Liberal Radical Auténtico, 19 convencionales del Movimiento Constitución Para Todos, un convencional del Partido Demócrata Cristiano y un convencional del Partido Revolucionario Febrerista. En total los convencionales constituyentes fueron 198.

Partido o movimiento politico

Cantidad de convencionales

Porcentaje

ANR

122

62%

PLRA

55

38%

CPT

19

PDC

1

PRF

1

Total

198

100%

La gran diferencia en el número de convencionales alcanzada por el Partido Colorado en comparación con los partidos de oposición, no guardaba relación con la cantidad de votos obtenidos por cada sector, en el sentido de que la diferencia no era tan marcada. El sistema de elección de los convencionales tanto por lista nacional como por listas departamentales determinó esta deformación en la representación que favoreció de manera notable al Partido Colorado. El porcentaje del 62% de las bancas de la Convención Nacional Constituyente, en manos de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), contrapuesto al 38% en manos de los partidos de oposición, no se correspondía con la diferencia de votos obtenidos por cada uno de estos sectores.

La cantidad de convencionales constituyentes era indudablemente muy elevada tanto si se tomaba en cuenta la población el país, como si se la comparaba con la cantidad de convencionales que en otros países integró la respectiva asamblea constituyente celebrada en la misma época (Véanse los casos de Brasil, 1988, y de Colombia, 1991). El número excesivo de convencionales se pretendió justificar afirmando que de tal modo se permitía la participación de organizaciones políticas de menor caudal electoral, pues una cantidad menor de convencionales, determinaría que ellos tuvieran su origen en los dos partidos tradicionales casi en exclusividad. Este exceso se pudo notar en el hecho de que no habrá sido sino un poco más del tercio de los convencionales, el que tuvo una participación activa en la discusión de los diversos artículos.

Debe puntualizarse también que muchos de los convencionales, particularmente los propuestos por el Partido Colorado, habían estado vinculados estrechamente a la dictadura. El mismo presidente de la Convención, Óscar Facundo Insfrán, había sido convencional por dicho partido en la Convención Nacional Constituyente de 1967 y diputado por el mismo partido por varios períodos.[11] En los momentos inmediatamente posteriores al golpe de Estado, las abjuraciones del “estronismo” y las “conversiones” a la democracia de muchos de los adláteres de la dictadura fueron muy frecuentes.

En relación con la Convención Nacional Constituyente, esta tardía “fiebre” democrática –en buena medida oportunista y determinada por la condena a la dictadura que se acababa de derrocar-, se tradujo en una suerte de competencia entre los diversos sectores políticos por presentar –y luego aprobar- las propuestas más avanzadas. Esta circunstancia permitió que fueran consagradas en la nueva Constitución disposiciones que probablemente no hubieran sido aprobadas, si el transcurso de un tiempo más prolongado hubiera permitido que las aguas volvieran a su cause normal y que la “euforia democrática” se calmara, con el consiguiente resurgimiento de las posturas conservadoras y reaccionarias, como la experiencia lo ha demostrado. Esto es categórico en cuanto al Partido Colorado, sostén civil de la dictadura, y lo es también en relación con los sectores más atrasados del resto del espectro político.

El funcionamiento de la Convención

En la Convención Nacional Constituyente de 1992 se presentaron once proyectos de constitución completos y numerosas propuestas parciales referentes a diversos temas. Los proyectos completos fueron los del Poder Ejecutivo, la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), el Partido Liberal Radical Auténtico, el movimiento Constitución para Todos, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Humanista, el Partido Revolucionario Febrerista, el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) de la Universidad Católica, la Unión Industrial Paraguaya y dos proyectos individuales. Entre las propuestas parciales se pueden mencionar las de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los pueblos indígenas, el Comité de Iglesias, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, etc.

La Convención Nacional Constituyente se reunió desde el 30 de diciembre de 1991, hasta el 20 de junio de 1992. La ceremonia inaugural celebrada en la fecha indicada en primer lugar, contó con la presencia del entonces Presidente de la República, Gral. Andrés Rodríguez. La Convención se reunió en sesiones plenarias que tuvieron lugar en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay. Como una preparación de éstas, se reunió en una sala anexa la Comisión Redactora, integrada por treinta convencionales de los distintos partidos, encargada de elaborar el proyecto que sería discutido en las sesiones plenarias.

Fue tomado como proyecto-base, el de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), considerando que era el sector político mayoritario en la Convención. No era éste, sin embargo, el mejor proyecto de Constitución tanto desde el punto de vista formal, como en cuanto a su contenido substantivo. En cuanto se refiere al primer aspecto, éste fue el origen de las múltiples deficiencias técnicas que presenta el texto constitucional en vigor.

Las discusiones se llevaron a cabo en un ambiente de amplia libertad, tolerancia y respeto a las diferentes posturas. En muchos casos, en las sesiones plenarias, la división de los votos fue trasversal a los diferentes sectores políticos representados en la Convención, es decir, los convencionales emitían sus votos de acuerdo con sus convicciones o intereses particulares, sin que existiese una postura adoptada previamente por el sector político al cual pertenecían y que debiera ser acatada. Así, de hecho, funcionó una “coordinadora campesina” que buscaba plasmar las aspiraciones de este sector, en las normas pertinentes que fueran incorporadas a la nueva Ley Suprema. En cuanto a otros temas de relevancia, tales como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, etc., se pudo observar igualmente una división de votos que no respondía a la pertenencia partidaria, sino a convicciones sociales, religiosas o de otra índole.

En algunos casos, en especial en el de la ANR, las divergencias partidarias internas fueron trasladadas al seno de la Convención. Igualmente en algunas oportunidades se pudo apreciar la desconfianza existente entre los convencionales de los diferentes partidos, lo cual hizo que a veces las propuestas de modificación de ciertos artículos fueran tomadas con mucho temor y cuidado.

Fue constituida una Comisión de Estilo y Técnica Legislativa, pero la misma sólo funcionó en cierta medida en cuanto a las cuestiones de estilo y, de hecho, no funcionó en cuanto a las cuestiones de técnica legislativa, lo cual determinó que los numerosos problemas de esa índole de que adolece la Constitución de 1992, no pudieran ser evitados cuanto menos en una parte substancial.

Algunos temas de debate

Pocos fueron los temas en que la división de votos se dio por partidos, o mejor, aquellos en que el Partido Colorado impuso su mayoría en forma disciplinada, al entender que se trataba cuestiones que podían tener repercusiones políticas negativas para dicha asociación política. Uno de ellos fue el de la exigencia de la radicación en el territorio paraguayo, como uno de los requisitos para ser elector (Art. 120). Con ello se negaba a los paraguayos residentes en el exterior la posibilidad de intervenir mediante su voto en cualquier tipo de elecciones celebradas en nuestro país. Esta prohibición –de exclusiva responsabilidad de la ANR- obedeció a un mal cálculo de sus líderes. El primer error provino de pensar que tras la larga dictadura, la inmensa mayoría de los paraguayos residentes en el exterior sería adversa al Partido Colorado. El segundo error consistió en considerar que ese potencial electorado suplementario era mucho más numeroso de lo que en verdad lo era, y sobre todo, que sería relativamente fácil movilizarlo y lograr su participación efectiva en algunas elecciones. Este error histórico fue corregido mediante la enmienda aprobada en 2011, sólo que a un costo de algunos millones de dólares solventados por todo el pueblo paraguayo, cuando la responsabilidad fue de un puñado de dirigentes del Partido Colorado.

Otro tema en que la Asociación Nacional Republicana igualmente impuso su mayoría, fue el de la exigencia sólo de la simple mayoría para la elección del Presidente de la República (Art. 130). En el Código Electoral entonces vigente (Ley Nº 1/90), se había establecido dos años antes el balotaje o segunda votación, para el caso de que ninguno de los candidatos obtuviera más del cincuenta por ciento de los votos válidos emitidos en la primera votación. La situación era la siguiente: la ANR había sufrido su primera derrota electoral post dictadura, en las elecciones municipales de Asunción, en mayo de 1991, y a pesar de su victoria en las elecciones para convencionales constituyentes en diciembre de ese mismo año, no se sentía confiada o segura en cuanto a las siguientes elecciones presidenciales de 1993. En este caso el cálculo fue acertado, pues en dichas elecciones con el 39% del candidato colorado (J. C. Wasmosy), contra el 32% del candidato del PLRA (D. Laino) y el 23% del candidato del Encuentro Nacional (G. Caballero Vargas), su derrota en la segunda vuelta estaba asegurada.

El tema del control de constitucionalidad tuvo un tratamiento muy particular en el seno de la Convención. Se trataba de una cuestión muy técnica que escapaba a la comprensión de la mayor parte de los convencionales. La decisión acerca del órgano a cuyo cargo debía estar este control, fue tomada ya a nivel de la Comisión Redactora. Al respecto se dispuso que el control de constitucionalidad siguiera a cargo de la Corte Suprema de Justicia, creándose dentro de ella una Sala Constitucional, y desechando la idea de constituir un Tribunal Constitucional. En plenaria el tema de debate fue el alcance que se debía dar a la declaración de inconstitucionalidad, es decir, efectos limitados o “inter partes”, o efectos generales o “erga omnes”. El desconocimiento y la desorientación de gran parte de los convencionales sobre el tema, determinó que, al arduo debate entre un grupo reducido de convencionales, siguiera una votación dividida en partes equilibradas, trasversal a los partidos políticos y en la cual una cantidad importante de convencionales decidió el sentido de su voto por la confianza que tenían en los convencionales que aparecieron como referentes de una y otra moción. Por escaso margen triunfó la primera de las mociones.

Grupos de presión

Varios grupos e instituciones ejercieron presión sobre la Convención. La Iglesia Católica y otras iglesias se hicieron sentir por medio de notas, de contactos con algunos convencionales y de una manifestación pública frente al local de sesiones, el día en que se trató el artículo 4° Del derecho a la vida. En una parte del mismo, respecto de la vida, se establecía lo siguiente: “Se garantiza su protección, en general, desde la concepción”. La divergencia giraba en torno a la inclusión de la expresión “en general”, pues se consideraba que quedaba habilitada la posibilidad de legislar con amplitud sobre el aborto. A pesar de todo, la disposición fue aprobada tal como había sido propuesta.

Las Fuerzas Armadas ejercieron una presión dudosa legalidad dadas las características de las mismas y la forma en que ella fue ejercida. En efecto, se dieron contactos con varios convencionales y particularmente una reunión de convencionales colorados con el entonces Presidente de la República, Gral, Andrés Rodríguez, el Ministro de Defensa y otros generales. El encuentro tuvo lugar en el Ministerio de Defensa y, según información recabada de algunos de los participantes, los jefes militares, como consecuencia del disgusto generado por algunas disposiciones aprobadas por la Convención, llegaron a plantear al Gral. Rodríguez la posibilidad de hacer un autogolpe para disolver la Convención Nacional Constituyente y desconocer lo aprobado por la misma. Una de las disposiciones no aceptadas fue la que consagró en forma amplia la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. El debate acerca del Comandante de las Fuerzas Militares también causó preocupación, aunque el tema finalmente fue resuelto en forma satisfactoria para las Fuerzas Armadas.

Una tarde, en el local de sesiones de la Convención circuló insistentemente el rumor de que el avance de tanque sobre la citada sede era inminente. La intranquilidad en la sala y la notoria disminución de convencionales, fueron evidentes. Sin embargo, las deliberaciones del día concluyeron con toda normalidad.

Otro de los grupos que alcanzó plenamente sus objetivos fue el vinculado a los medios masivos de comunicación. El deseo de adherirse, por convicción o por guardar las apariencias, a una de las libertades emblemáticas de un régimen democrático, como lo es la libertad de prensa; así como el temor de enfrentarse a un grupo cuyo poder tenía un crecimiento vertiginoso, hicieron que las disposiciones que regulaban todo lo referente a la prensa (artículos 26/31) fueran aprobadas tal cual fueron presentadas por los propios periodistas. La tarea fue facilitada aún más por el hecho de que en la propia Convención, los medios tenían una importante cabeza de puente: cuatro convencionales, por lo menos, eran importantes periodistas.

Disposiciones que el Presidente Gral. Rodríguez consideró contrarias a él

El Gral. Rodríguez y sus partidarios consideraron ofensivo para aquel lo establecido en el artículo 235, inc.9, que reza así:

“Son inhábiles para ser candidatos a Presidente de la República o Vicepresidente:

9. el cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al realizarse la elección, o la haya desempeñado por cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquélla”.

Los rumores que circulaban en el sentido de que el Gral. Rodríguez, ante la imposibilidad de ser reelecto, propiciaría la candidatura de una de sus hijas, hizo que esta propuesta de agregado al artículo referente a las inhabilidades para la presidencia de la República, presentado directamente a la plenaria, tuviera el apoyo de un importante sector de la bancada colorada, lo cual decidió su rápida aprobación.

Este hecho motivó que al día siguiente, en el Palacio de López, se dieran diversas manifestaciones de apoyo a Rodríguez, por lo que se consideró una afrenta al mismo.

En el artículo 19 de las Disposiciones Finales y Transitorias, se dispuso cuanto sigue: “A los efectos de las limitaciones que establece esta Constitución para la reelección en los cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se computará el actual período inclusive”. La cláusula constitucional (Art. 229) que prescribía la prohibición absoluta de reelección, fue reforzada con esta disposición que no dejaba dudas acerca de que el Gral. Andrés Rodríguez de ningún modo podía ser reelecto. Ni el simulado carácter general que se pretendió dar la norma con la impropia e ilógica alusión a “la reelección en los cargos electivos de los diversos poderes del Estado”, pudo crear la más mínima duda acerca del destinatario de la norma. En efecto, en el Poder Judicial no hay cargos de elección popular; en el Poder Legislativo, los cargos electivos (senadores y diputados) no tienen ninguna restricción en cuanto a la reelección. La única limitación establecida sobre el tema se refiere al Poder Ejecutivo.

Además, esto fue incluido a pesar de la promesa formulada públicamente por el Gral. Rodríguez, en su discurso inaugural de la Convención Nacional Constituyente, el 30 de diciembre de 1991, en el sentido de que no aspiraba a ser reelecto. Esta afirmación fue aplaudida de pie por el pleno de la Convención.

Disgustado Rodríguez porque, según manifestó, no se confió en su palabra, no acudió a prestar juramento o formular promesa de acatamiento a la nueva Constitución, ante el pleno de la Convención Nacional Constituyente, el 20 de junio de 1992, como estaba previsto.

Sanción, promulgación, vigencia y publicación de la Constitución

El Preámbulo contiene una afirmación novedosa que rompe una tradición en el Derecho Constitucional paraguayo, la de que la Convención Nacional Constituyente sanciona y promulga la constitución. La Constitución de 1844 fue promulgada por el Poder Ejecutivo. De hecho su denominación oficial era la de “Ley que establece la administración política de la República del Paraguay y demás que en ella se contiene”, por lo que su promulgación por el Presidente de la República no parecía rara, aunque en el artículo 13, del Título X, se hablaba de “ley fundamental”. La Constitución de 1870, aunque sancionada por una Convención Nacional Constituyente, también fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Es bien conocido el procedimien­to irregular que culminó con la puesta en vigor de la Constitución de 1940 por medio de un decreto. La Constitución de 1967, después de ser sancionada por una Convención Nacional Constituyente, igual­mente fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

En nuestra opinión la decisión de la Convención Nacional Constituyente de 1992 de sancionar y promulgar la constitución, fue acertada. El pueblo, por medio de sus representantes, ejercía el poder constituyente y no puede admitirse que el perfeccionamiento del acto resultante del ejercicio de dicho poder (es decir, la plena validez y vigencia de la constitución), quede supeditado a la decisión de un órgano componente del poder constituido, como lo es el Poder Ejecutivo. Porque debe entenderse, como ocurre en el proceso de formación y sanción de las leyes, que reconocerle a un órgano determinado la facultad de promulgar una ley, conlleva igualmente el concederle la facultad de vetarla. Aunque esta posi­bilidad resulta remota, no es lo más acertado hacer depender del Poder Ejecutivo la puesta en vigor de una constitución, atendiendo a que uno de los requisitos exigidos para que las leyes obliguen es el de su promulgación (Art. 213).

El criterio señalado fue incorporado al texto constitucional para futuras reformas o enmiendas. Así, en el artículo 289 se establece, para el caso de la reforma, que “sancionada la nueva Constitución por la Convención Nacional Constituyente, quedará promulgada de pleno derecho”; y para el caso de la enmienda, el artículo 290, prescribe que “si el resultado de éste (es decir, el referéndum a que debe ser sometida la enmienda aprobada por el Congreso) es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulga­da, incorporándose al texto constitucional”.

En el título de las Disposiciones Finales y Transitorias, la Ley Suprema contiene las siguientes disposiciones:

“Artículo 1 DFT. Esta Constitución entra en vigencia desde la fecha. Su promulgación se opera de pleno derecho a la hora veinticuatro de la misma …”.

“Artículo 18 DFT. El Poder Ejecutivo  dispondrá  de  inmediato la edición oficial de diez mil ejemplares de esta Constitución en los idiomas castellano y guaraní …”.

En la parte final del título se consignó cuanto sigue: “Queda sancionada esta Constitución. Dada en el recinto de deliberaciones de la Convención Nacional Constituyente, a los veinte días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos, en la ciudad de la Asunción, Capital de la República del  Paraguay”.

De conformidad con lo transcripto, la Constitución de 1992 fue sancionada el 20 de junio de ese año. Su promulgación se operó de pleno derecho a la hora veinticuatro del 20 de junio de 1992. En consecuencia, entró en vigencia el 21 de junio de 1992 (a pesar de lo expresado en el Art. 1 DFT). Asimismo, llama la atención que se dispusiera su entrada en vigencia sin que existiera una publicación oficial de la misma, la cual se ordenaba en esta parte. No debe olvidarse que la Ley Suprema disponía en relación con las leyes comunes, es decir, con las leyes dictadas por el Congreso, que “la ley no obliga sino en virtud de su promulgación y su publicación” (Art. 213).

Juramento o promesa

En el artículo 2 de las Disposiciones Finales y Transitorias, se dispuso que “el Presidente de la República, el Presidente del Congreso y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, prestarán juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir esta Constitución, ante la Convención Nacional Constituyente el día sábado 20 de junio de 1992”.

            En la fecha indicada, las autoridades mencionadas no comparecieron a raíz de las divergencias que había tenido el Presidente de la República con la Convención Nacional Constituyente. Sólo los integrantes de ésta concurrieron a prestar juramento o formular promesa. Fue la primera violación de la nueva Ley Suprema, el mismo día en que fue sancionada. Las otras autoridades lo hicieron en la semana siguiente, en la sede del Congreso.

Fe de erratas

Después de que la Convención Nacional Constituyente hubiera concluido su tarea con la sanción y promulgación de la nueva Constitución, se elaboró una “fe de erratas” cuya validez es objeto de discusión hasta hoy.

Posiblemente la Constitución de 1992 sea la única en el mundo que tenga una Fe de Erratas. Esto, obviamente, es no ningún motivo de orgullo.

Lo que sucedió no fue nada formal ni premeditado. Por el contrario, es difícil de creer que haya sucedido. Luego de las discusiones en la plenaria de la Convención Nacional Constituyente, se iba guardando por medios informáticos el texto que resultaba. Hacia el final de las sesiones y poco antes de la fecha fijada para la sanción de la nueva Constitución, la versión más avanzada del texto se perdió. Inexplicablemente no se contaba con copias de seguridad. Para intentar reconstruir el texto final, se recurrió a la memoria y las anotaciones de algunos de los convencionales y a versiones anteriores que no habían desaparecido. La tarea se hizo a las apuradas, con poco tiempo, y así se logró reconstituir -como se pudo- el texto que fue presentado como la versión oficial de la Constitución y que fue sancionado y promulgado el 20 de junio de 1992.

Con posterioridad, cuando ya la Convención Nacional Constituyente se había disuelto, algunos convencionales se percataron de que el texto oficial contenía algunos errores. No encontraron mejor solución que redactar una Fe de Erratas para subsanar dichos errores, como si la Constitución se tratara de un libro cualquiera que había salido de una imprenta con algunas deficiencias.

Esta tarea la realizó a posteriori un grupo de convencionales que no se sabe si fueron los mismos que realizaron la reconstrucción del texto final, aunque se puede presumir que hubiera gran coincidencia entre los integrantes del primero y segundo grupos.

Por las circunstancias señaladas se puede apreciar que no hubo formalidad alguna en cuanto a la redacción de la Fe de Erratas, ni tampoco un procedimiento predeterminado que se siguiera y que permitiera afirmar que la misma quedó integrada al texto oficial de la Constitución. De hecho, la Convención Nacional Constituyente ya no estaba en actividad.

Por medio de la Fe de Erratas se corrigen muchos errores gramaticales sencillos y obvios (mayúscula-minúscula, concordancias gramaticales, puntuación, etc.) que no afectan el contenido jurídico del texto constitucional. Pero existen algunos casos -por suerte los menos- en que la modificación no es meramente formal, sino de fondo.

A nuestro criterio, el texto oficial es el aprobado por la Convención Nacional Constituyente el 20 de junio de 1992. De hecho, esta es la versión publicada como tal por la Imprenta Nacional, por orden del Poder Ejecutivo. De todos modos, es interesante tener cuenta las modificaciones sugeridas en la Fe de Erratas.

En el campo práctico hasta hoy no se han presentado dificultades de relevancia derivadas de la diversidad de los textos.

Preámbulo

El preámbulo de la Constitución de 1992 afirma que “el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente”, se da a sí mismo dicha Consti­tución. Siguiendo la línea de los preámbulos de las constituciones precedentes, contiene una invocación a Dios. A continuación alude al reconocimiento de la dignidad humana, el aseguramiento de la libertad, la igualdad y la justicia, la reafirmación de los princi­pios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, la ratificación de la soberanía e independencia nacio­nales y la integración a la comunidad internacional.

Prácticamente todas las ideas expuestas en el preámbulo están contenidas en diversos artículos constitucionales, incluso en forma textual. Por ello el valor del preámbulo de la Constitución de 1992 como fuente de interpretación es casi nulo.

Algunas disposiciones de la Constitución de 1992

En la parte dogmática de la Constitución de 1992, se puede apreciar que la misma se mantiene en la línea del constitucionalismo social. Prueba de ello son los capítulos referidos a la familia, los pueblos indígenas, la salud, la educación y cultura, los derechos laborales y la reforma agraria.

En cuanto a la forma regulación de la propiedad privada, se puede apreciar una involución en relación con las normas contenidas en la Constitución de 1967 y, más aún, en cuanto a lo consignado en la Constitución de 1940. La exigencia del pago previo como condición de toda expropiación, salvo la de latifundios improductivos, limita mucho las posibilidades del Estado en este campo.

Otra limitación en cuanto al efectivo goce de derechos consagrados, es el carácter de normas programáticas que se da a la mayor parte de las consignadas en el texto máximo. Se debe avanzar en lo que es la tendencia actual: convertir a dichas normas en normas operativas en el mayor grado posible.

En cuanto a la parte orgánica, la Constitución de 1992 indudablemente marca el tránsito de la preponderancia presidencialista al presidencialismo moderado. Entre otras, podemos hacer alusión a las siguientes normas:

a)  La creación de la Vicepresidencia y del Consejo de Ministros.

b) La no reelección del Presidente de la República. Esta norma tiene un carácter absoluto. No se sigue la línea histórica del constitucionalismo paraguayo que siempre ha admitido la posibilidad de la reelección. Tampoco está acorde con la tendencia que se observa en el más reciente derecho constitucional latinoamericano.

c)  Se restablece el juicio político para el Presidente de la República, para el  Vice Presidente y los ministros del Poder Ejecutivo. Se lo extiende también a otros funcionarios.

d) Se regulan con amplitud las figuras del pedido de informes, la interpelación y el voto de censura, tomadas del sistema parlamentario.

e) Se establece la inhabilidad de militares en servicio activo para la Presidencia de la República y la Vicepresidencia.

f)  Se crean los gobiernos departamentales.

g)  Se establece la elección popular de los intendentes, los cuales anteriormente eran designados por el Poder Ejecutivo.

h) La iniciativa legislativa exclusiva del Poder Ejecutivo, de mucho peso en los anteriores ordenamientos constitucionales, se ve notablemente reducida.

i)  Se suprime la facultad presidencial de dictar decretos-leyes.

j) Se regula la facultad de veto del Poder Ejecutivo en una forma equilibra que permite una eventual ratificación del Congreso en la sanción primitiva.

k)  El Congreso recupera su facultad de prorrogar sus sesiones ordinarias y la de convocarse a sí mismo a sesiones extraordinarias.

l)  Se elimina la facultad de disolver el Congreso que constituía el punto neurálgico de desequilibrio de los órganos de poder y la base fundamental del predominio del Ejecutivo.

m) Se crean las Comisiones conjuntas de investigación de las cámaras del Congreso.

n)  Se modifica el sistema de  nombramiento de la Corte Suprema de Justicia y de los demás magistrados judiciales, sustrayéndolo a la fuerte injerencia del Poder Ejecutivo.

o)  Se legisla en forma amplia aunque no precisa, como nunca antes, acerca de la inamovilidad de los magistrados judiciales.

p)  Se crea la Justicia Electoral.

q)  Se deslindan el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, dándole al primero carácter autónomo y situando al segundo bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.

r)   Se crea la figura del Defensor del Pueblo.

s)   Asimismo se crea la Contraloría General de la República.

t)   Las facultades del Poder Ejecutivo durante el estado de excepción siguen siendo reducidas. El control de dicha institución queda en manos del Congreso.

Presidentes de la República durante la vigencia de la Constitución de 1992

Juan Carlos Wasmosy (15 de agosto de 1993 – 15 de agosto de 1998).

Raúl Cubas Grau (15 de agosto de 1998 – 28 de marzo de 1999).

Luis González Macchi (28 de marzo de 1999 – 15 de agosto de 2003).

Nicanor Duarte Frutos (15 de agosto de 2003 – 15 de agosto de 2008).

Fernando Lugo (15 de agosto de 2008 – 22 de junio de 2012).

Federico Franco (22 de junio de 2012- …).

Juicio político

Durante la vigencia de la Constitución de 1992, tres veces se aplicó el procedimiento del juicio político. A continuación describimos las notas principales de ambos casos.

Caso del Presidente Raúl Cubas Grau. En sesión extraordinaria celebrada el miércoles 24 de marzo de 1999, la Cámara de Diputados  resolvió formular acusación ante la Cámara de Senadores contra el Presidente de la República, Ing. Raúl Cubas Grau, “por hechos que constituyen la causal de mal desempeño y que, además, podrían constituir delitos cometidos en el ejercicio del cargo” (Resolución N° 162).

La sesión se llevó a cabo con la presencia de 73 de los 80 miembros de la Cámara. La decisión fue adoptada mediante el voto favorable de 49 diputados, lo cual constituía mayoría de dos tercios de votos.

En la exposición de motivos de la citada Resolución N° 162, se expresaba lo siguiente:

“El mal desempeño de funciones imputado al Presidente de la República se funda en la realización de sucesivos actos gubernativos que demuestran su falta de idoneidad para el cargo y su responsabilidad en hechos moral y legalmente reprochables en una sociedad que pretende vivir en un Estado de Derecho; y alguno de los cuales podría incluso reputarse como punibles por nuestro derecho penal vigente.

Los hechos atribuibles al ciudadano Presidente de la República, y a través de los cuales se materializa la conducta gubernativa caracterizada como mal desempeño de funciones en la que se funda la presente acusación se resumen en:

a) Atentado contra el sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control establecido en el artículo 3º de la Constitución Nacional para el ejercicio del poder público, mediante la emisión del Decreto Nº 117, de fecha 18 de agosto de 1998.

b) Negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales ante la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Resolución Nº 471, de fecha 23 de septiembre de 1998;

c)  Alzamiento contra la supremacía de la Constitución Nacional establecida en el artículo 137 de nuestra Ley Fundamental;

d) Incumplimiento de la obligación de colaborar  con la justicia prevista en los artículos 238, inc. 15 y 257 de la Constitución Nacional; y

e)  Negativa pública y manifiesta a someterse a los mandatos judiciales y frustración de la persecución y ejecución penal.”

La iniciación del juicio político fue precipitada por el atentado del martes 23 de marzo, en que perdió la vida el Vicepresidente de la República, Dr. Luis María Argaña.

El jueves 25 de marzo de 1999, en sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, tres diputados designados por la cámara a la cual pertenecían, en carácter de fiscales acusadores, presentaron el libelo acusatorio. El Presidente de la República compareció por medio de dos representantes.

El sábado 27 de marzo, el Presidente de la República, por medio de sus representantes presentó su defensa y ofreció las pruebas de descargo.

Posteriormente, la Cámara de Senadores estudió las pruebas ofrecidas por las partes. Fueron admitidas las documentales de ambas partes y fueron rechazadas las demás pruebas ofrecidas por la defensa. Fue fijado el lunes 29 de marzo, como fecha en que las partes debían presentar sus alegatos. Sin embargo, el juicio no pudo culminar debido a que el domingo 28 de marzo, en horas de la noche, el Presidente de la República, Ing. Cubas Grau, presentó su renuncia al cargo.

En este caso sólo faltó la presentación de alegatos por ambas partes y el dictamiento del fallo por parte de la Cámara de Senadores, constituida en Tribunal, para que se llegara al final del juicio político.

El Presidente Cubas Grau ejerció el cargo por espacio de siete meses y medio, entre el 15 de agosto de 1998 y el 28 de marzo de 1999.

Caso de la Corte Suprema de Justicia en 2003

Caso del Presidente Fernando Lugo Méndez

CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente estudio pueden ser sintetizadas en los siguientes puntos:

–  La Constitución de 1870 no es elaborada en un ambiente propicio para el ejercicio soberano del poder constituyente, aún cuando haya sido sancionada por una Convención Nacional Constituyente.

–  La Constitución de 1870 constituye la incorporación de los principios del liberalismo a nuestra realidad, aunque la forma en que se hace no es de mucha originalidad al ceñirse muy estrechamente al modelo de la Constitución argentina de 1853.

– La Constitución de 1870 presenta el aspecto positivo de aportar un catálogo de libertades, derechos y garantías comparativamente mucho más completo que el contenido en los instrumentos constitucionales precedentes.

– Dichos derechos, libertades y garantías incorporados, casi en su plenitud, por primera vez al ordenamiento jurídico paraguayo, tienen un carácter meramente formal –dentro del alcance y de lo pretendido por el liberalismo-  pero que resulta a todas luces muy limitado al tiempo presente. Debe tenerse presente esto como una prevención a cualquier propuesta de considerar a esta constitución como un modelo paradigmático para la actualidad.

– La Constitución de 1870 delinea una efectiva división de las funciones del poder. En los largos años de su vigencia, se puede constatar, sin embargo, un ligero predominio del Poder Ejecutivo –desde luego propio de un sistema presidencial- y la injerencia fáctica de las fuerzas armadas y de los partidos políticos tradicionales, cuya actuación fue, en todos los casos de las frecuentes violaciones del orden supremo, la causa principal y determinante de la inestabilidad política.

–  La Constitución de 1940, a pesar de su origen no precisamente ortodoxo, ofrece el gran aporte de introducir al país en la línea del constitucionalismo social, con la incorporación a su texto, en su parte dogmática, de una serie de disposiciones  referentes a condiciones de la existencia material de los gobernados, que exigen del Estado ciertas prestaciones a su cargo.

– En su parte orgánica, la Constitución de 1940 sienta las bases de lo que se conoce como presidencialismo reforzado o hiperpresidencialismo, que en años posteriores se hará común en toda Latinoamérica, bajo los auspicios de los Estados Unidos y en el marco de la “guerra fría” y la lucha contra el comunismo.

–  La Constitución de 1967 perfecciona y amplía el plexo de derechos, libertades y garantías, hasta el punto de que se puede afirmar que el contenido de su parte dogmática, no ofrece reparo alguno. La sistemática violación de las disposiciones contenidas en esta parte, constituyó uno de los graves problemas de la dictadura.

–  En su parte orgánica, la Constitución de 1967 mantiene o profundiza las deficiencias de su predecesora, lo que hacen que se mantenga dentro de la línea predominante en Latinoamérica de supremacía del Poder Ejecutivo. No obstante esto, la modificación de un número muy limitado de disposiciones podían transformarla de una constitución autoritaria en una constitución enteramente democrática.

–  La Constitución de 1992 recoge y profundiza todo lo positivo de las constituciones precedentes en cuanto a libertades, derechos y garantías, y agrega disposiciones nuevas a partir del derecho comparado y del derecho internacional de los derechos humanos. De este modo, su parte dogmática se constituye en lo más avanzado que haya tenido el Paraguay.

–  En su parte orgánica se restable el equilibrio entre los distintos órganos de poder, se incorporan nuevos órganos y funciones. En este aspecto, la Constitución de 1992 representa el tránsito desde el presidencialismo reforzado al presidencialismo moderado. Las diversas deficiencias técnicas, principalmente en esta parte de su texto, sumadas a las apetencias, la ignorancia y la mala fe de los actores políticos, han sido en buena medida, la causa de diversos problemas político-jurídicos que se han presentado durante su vigencia.

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CONSTITUCIONES PARAGUAYAS

Constitución de 1870

Constitución de 1940

Constitución de 1967

Constitución de 1992


Notas

[1]Miembros de la “Legión Paraguaya”, constituida durante la Guerra de la Triple Alianza por paraguayos traidores a la patria, que se armaron contra ella y en apoyo de los ejércitos enemigos.

Precisamente, la Constitución de 1870, que poco tiempo después quedaría sancionada, definió esta situación en los siguientes términos: “La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro …” (Art. 119).

[2] Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 26 de agosto de 1789. XVII.Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.

[3] Art. 33. Los votos serán verbales o escritos y todos por los mismos sufragantes.

Art. 34. Los votos verbales serán emitidos en alta voz por los sufragantes; los escritos serán leídos del mismo modo por el Presidente de la mesa …

Art. 36. Cada sufragante votará por el número de Senadores y Diputados que designe la convocatoria de la elección.

[4] Para completar la referencia a estos acontecimientos históricos, aunque fuera ya de cuanto se refiere al juicio político, cabe señalar que Rivarola procedió a la disolución de las cámaras legislativas. Las mismas fueron luego reintegradas mediante elección popular. Ante las nuevas cámaras, Rivarola presentó renuncia a su cargo de Presidente de la República, pensando que la dimisión no le sería aceptada, pero el Congreso la aceptó y el Vicepresidente asumió la titularidad del Ejecutivo. Se trata de dos temas diferentes: disolución del órgano legislativo y sucesión presidencial, que son abordados con mayores detalles en el lugar correspondiente.

[5] El Tte. Cnel (S.R.) Dr. Rarnulfo Sánchez, al comentar la Constitución de 1940, consideraba a los casos mencionados en el Art. 15, in fine, como “los dos casos en que según la Constitución, el Estado paraguayo puede ser socialista” (Sánchez, R., 1964, p. 41). Consideramos que lo expresado no es correcto, aunque sirve para llamar la atención sobre disposiciones cuya inspiración socialista es indudable.

[6] Durante el gobierno del Gral. Higinio Morínigo se dictó el siguiente decreto:

Decreto Nº 12.246, del 25 de abril de 1942,  por el cual se disuelve el Partido Liberal y se cancela su personería jurídica (parte resolutiva).

“Art. 1º. Disuélvase el Partido Liberal cuya personaría política, queda cancelada.

Art. 2º. Prohíbese el desarrollo de actividades políticas tendientes a favorecer la subsistencia de dicho Partido …”.

[7] En relación con la reelección presidencial durante la vigencia de la Constitución de 1940, el Dr. Rafael Eladio Velázquez aporta los datos que se insertan a continuación:

“En nuestro sistema de 1940, que es el que ha introducido el principio de la reelegibilidad inmediata, en siete oportunidades cuatro presidentes han presidido elecciones que a ellos mismos los consagraron como presidentes constitucionales de la República, y hasta hoy, en 27 años de vigencia de esa Carta Política, nunca un presidente constitucional ha transmitido pacíficamente el mando a otro presidente constitucional.

Todos los casos de transmisión del mando de un presidente a otro, ha sido transmisión del mando de presidentes provisionales, que no alcanzaban a tener seis meses en el ejercicio de ese poder”, Convención Nacional Constituyente de 1967, Diario de Sesiones, T. IV, p. 262.

[8] Artículo 52. Si sobreviene alguna amenaza grave de perturbación interior o conflicto exterior que pueda poner en peligro el ejercicio de esta Constitución y a las autoridades creadas por ella, el Presidente de la República declarará en estado de sitio una parte o todo el territorio de la República, con cargo de dar cuenta a la Cámara de Representantes. Durante el estado de sitio, el Presidente de la República podrá ordenar el arresto de las personas sospechosas. Podrá también trasladarlas de un punto a otro de la República, salvo que ellas prefieran salir fuera del país. Una ley reglamentará la aplicación del estado de sitio para la defensa del orden y de la seguridad de la República.

[9] En Ley Nº 1198, del 16 de diciembre de 1966, “Que establece normas para la instalación y funcionamiento de la Convención Nacional Constituyente”, se establecía como uno de los requisitos para ser Convencional el “no pertenecer a partido o entidades que sustenten ideología comunista u otra de tendencia totalitaria” (cf. Art. 3º). Esta norma denota la intolerancia ideológica existente, lo cual ya era inadmisible incluso para ese momento.

[10] Artículo 19 de la Constitución de 1940. Todos los habitantes de la República gozan de los siguientes derechos, conformen a las leyes que reglamenten su ejercicio: elegir profesión; trabajar y ejercer todo comercio e industrias lícitos, salvo las limitaciones que, por razones sociales y económicas de interés nacional, imponga la ley; reunirse pacíficamente; peticionar a las autoridades; publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, siempre que se refieran a asuntos de interés general; disponer de su propiedad; asociarse con fines lícitos; profesar libremente su culto; aprender y enseñar.

Artículo 29 de la Constitución de 1940. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán desmedidas multas.

[11] Fue miembro de la Cámara de Representantes (período 1963-1968) y luego miembro de la Cámara de Diputados (períodos 1968-1973 y 1973-1978), durante un extenso período de la dictadura estronista.

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