CONSTITUCIÓN DE 1844 (texto)

Ley que establece la Administración Política de la República del Paraguay, y demás que en ella se contiene

 TÍTULO I

De la Administración General

Artículo 1. La Administración General de la República se expedirá en adelante por un Congreso ó Legislatura Nacional de Diputados Representantes de la República; por un Presidente en quien resida el Supremo Poder Ejecutivo y por los Tribunales y Jueces establecidos por ley del Soberano Congreso Extraordinario de 25 de Noviembre de 1842.

Artículo 2. La facultad de hacer las leyes, interpretarlas ó derogarlas, reside en el Congreso Nacional.

Artículo 3. La facultad de hacer ejecutar las leyes y reglamentarias para su ejecución, reside en el  Supremo Poder Ejecutivo de la República.

Artículo 4. La facultad de aplicar las leyes reside en los Jueces y Tribunales establecidos por la ley.

TÍTULO II

Del Congreso o Legislatura Nacional

Artículo 1. El congreso Nacional se compondrá por ahora de doscientos diputados elegidos en la forma hasta aquí acostumbrada, debiendo ser ciudadanos propietarios de las mejores capacidades y patriotismo.

Artículo 2. El Congreso Nacional será convocado de cinco en cinco años en los casos ordinarios, contándose aquellos desde el 15 de Marzo de 1844. La convocación será treinta días antes cuando menos, y durará en sus sesiones el tiempo que el mismo Congreso acuerde.

Artículo 3. El Congreso se reunirá y abrirá sus sesiones en la Capital de la República, y tendrá el tratamiento de Muy Honorables Señores Representantes de la Nación; nombrará un Presidente, un Secretario, y los demás oficiales que requiera el despacho de los negocios.

Artículo 4. Para el mejor expediente de sus deliberaciones nombrará las comisiones que crea necesarias, y cada comisión nombrará un Presidente y un Secretario durante la comisión.

Artículo 5. Las comisiones darán por escrito sus dictámenes firmados, sin perjuicio de lo que puede informar in voce algunos de sus miembros.

Artículo 6. El Congreso Nacional se dará oportunamente un reglamento para el régimen interno de sus actos.

Artículo 7. Tendrá un archivo en que se reserven los registros de sus actas y demás documentos oficiales, y todo ello correrá a cargo del Secretario del Congreso.

Artículo 8. Es atribución del Presidente del Congreso el nombramiento de las comisiones, fijar el número de ellas hasta que se reglamente en esta parte lo conveniente. Es obligación de las comisiones dar aviso verbal al Presidente del Congreso cuando hayan concluido sus tareas, remitiéndose bajo de carpeta cerrada al Presidente del Congreso.

Artículo 9. El Presidente del Congreso pondrá a la deliberación del Congreso los asuntos despachados por las comisiones según el orden que fuere más conveniente.

Artículo 10. Es también atribución del Presidente del Congreso velar sobre la policía de la casa de los Señores Representantes, y cuidar que se observe toda circunspección y dignidad en todas sus deliberaciones.

TÍTULO III

De las atribuciones del Congreso Nacional

Artículo 1. Al Congreso Nacional corresponde formar las leyes y ordenanzas de cualquier naturaleza para regir la administración interior de la República, bien como el modificarlas, suspenderlas, o abolirlas.

Artículo 2. Elegir al Presidente de la República, recibirle el juramento de ley, y mandarle poner en posesión del mando.

Artículo 3. Corresponde al Congreso Nacional declarar la guerra, oídos los motivos que exponga el Presidente de la República.

Artículo 4. Recomendar al Presidente de la Nación cuando lo halle por conveniente la negación de la paz.

Artículo 5. Fijar los gastos generales con presencia de los presupuestos que presentare el Presidente de la República.

Artículo 6. Recibir las cuentas de inversión de los Fondos Públicos, examinarlas y aprobarlas.

Artículo 7. Fijar la ley, valor, pero y tipo de la moneda.

Artículo 8. Establecer Tribunales de Justicia y reglar la forma de los juicios.

Artículo 9. Crear y suprimir empleos de toda clase.

Artículo 10. Reglar el comercio interior y exterior.

Artículo 11. Demarcar el territorio de la República y fijar sus límites.

Artículo 12. Ratificar los tratados que hiciere el Presidente de la República, en los casos que lo permite la ley del Soberano Congreso de 26 de Noviembre de 1842 en el artículo 20.

TÍTULO IV

Del Poder Ejecutivo Permanente

Artículo 1. El Gobierno Nacional permanente, ha de ser desempeñado por un solo ciudadano con la denominación de Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay.

Artículo 2. Ninguno podrá ser electo Presidente de la República que no sea ciudadano del fuero común natural de la República del Paraguay, y que además tenga cuarenta y cinco años de edad, capacidad, honradez y patriotismo conocidos; buena conducta moral y un capital propio de ocho mil pesos.

Artículo 3. Para entrar al ejercicio de Presidente, hará en presencia del Congreso Nacional el juramento siguiente: “Yo Fulano de tal, solemnemente juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República; que protegeré la Religión Católica, Apostólica Romana, única del Estado; que conservaré y defenderé la integridad e independencia de la nación, y cuanto mejor pueda propenderé a la felicidad de la República”.

Artículo 4. El Presidente de la República durará en el cargo de la Presidencia Nacional por el tiempo de diez años desde el día de su elección.

Artículo 5. En el caso de enfermedad, ausencia del Presidente o mientras se proceda a nueva elección por su muerte, renuncia o por otra causa, el Juez Superior de Apelaciones entrará a ocupar el mando con calidad de Vice-Presidente de la República, prestando el juramento de ley, o en manos del mismo Presidente de la República, o por falta de éste en manos del Prelado Diocesano, con asistencia de todas las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas de la capital, sin cuyo requisito no tomará el mando de la República. Para este acto se constituirán las autoridades en el Palacio de Gobierno.

TÍTULO V

De la elección del Presidente de la República

Artículo 1. El Presidente de la República del Paraguay será elegido en sesión permanente por el Congreso Nacional, por votación nominal dada in voce por cada Diputado a pluralidad de sufragios, formándose a continuación la acta conveniente.

Artículo 2. El acto de las firmas no embarazará la recepción del Presidente legalmente electo, ni la toma de posesión del mando.

Artículo 3. Cuatro votos sobre la mitad harán la mayoría.

Artículo 4. En el caso de ser empatada la elección de presidente, se repetirá por segunda vez, y si en ésta ninguno obtuviese la mayoría, los ciudadanos entre quienes estén divididos los votos serán sorteados á presencia del Congreso Nacional, insaculando sus nombres en dos cédulas, y será Presidente el que decida la suerte.

Artículo 5. Luego de efectuada la elección de Presidente, será proclamado en alta voz por el Secretario del Congreso.

TÍTULO VI

Distintivos del Presidente de la República

Artículo 1. El presidente de la República usará uniforme de Capitán General, y una banda tricolor debajo del uniforme, de derecha a izquierda, y en aquella traerá pendiente al pecho un signo nacional o presea de honor, ambas costeadas por el tesorero de la República.

Artículo 2. La presea de honor será una estrella de oro orlada de brillantes, en cuyo centro se lea por un lado, “Poder Ejecutivo” y del otro “República del Paraguay”.

Artículo 3. El residente de la República tendrá las atribuciones y prerrogativas de Capitán General y podrá formarse una escolta de honor para custodia de su persona. La escolta no excederá de setenta y cinco plazas.

Artículo 4. Tendrá además dos o tres edecanes de órdenes es el Palacio, que alternen en el servicio. Un conserje y los sirvientes interiores que precisare, con sueldos abonables del Tesoro nacional.

TÍTULO VII

De las atribuciones del Presidente de la República

Artículo 1. La autoridad del Presidente de la República es extraordinaria en casos de invasión, de conmoción interior, y cuantas veces sea precisa para conservar el orden y la tranquilidad pública de la República.

Artículo 2. El Presidente de la Nación es el Jefe de la Administración General de la República.

Artículo 3. Publica y hace ejecutar las leyes decretos del Congreso, reglando su ejecución por reglamentos especiales.

Artículo 4. Convoca al Congreso Nacional en la época fijada por esta ley, o extraordinariamente cuando las circunstancias lo demanden.

Artículo 5. Hace la apertura del Congreso, y pasará informe por parte oficial del estado político de la República, y de las mejoras y reformas que considere dignas de su atención; finalmente cierra sus Sesiones.

Artículo 6. Expide las órdenes convenientes y en tiempo oportuno para la elección de Diputados.

Artículo 7. Es el Jefe Supremo de las Fuerzas navales y de tierra, exclusivamente encargado de su dirección en paz y en guerra: puede mandar en persona el ejército o en su lugar nombrar un jefe general que lo mande.

Artículo 8. Provee a la seguridad interior y exterior de la República.

Artículo 9. Publica la guerra y la paz, y toma por sí mismo cuantas medidas puedan contribuir a prepararlas.

Artículo 10. Hace los tratados de paz y alianza con concepto a lo que ordena el artículo 20 de la del Soberano Congreso extraordinario de 26 de Noviembre de 1842.

Artículo 11. Fija la Fuerza de línea y las milicias en todos sus ramos.

Artículo 12. Manda construir vasos de guerra, equiparlos y fijar su número.

Artículo 13. Nombra y destituye a los empleados civiles, militares y políticos.

Artículo 14. Igualmente nombra los enviados, agentes de negocios, y demás enviados diplomáticos.

Artículo 15. Puede recibir, según las fórmulas de etiqueta, los ministros y agentes de las naciones extranjeras, oyendo sus propuestas sin estipular cosa alguna en oposición a lo dispuesto en el precitado artículo vigésimo de la ley indicada.

Artículo 16. Ejerce el patronato general respecto de las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas con arreglo á las leyes: nombra los obispos y los miembros del Senado eclesiástico.

Artículo 17. puede celebrar concordatos con la Santa Sede Apostólica; conceder ó negar su beneplácito á los decretos de los concilios y cualesquiera otras constituciones eclesiásticas; dar ó negar el exequátur á las bulas ó breves Pontificáis, sin cuyo requisito nadie las pondrá en cumplimiento.

Artículo 18. Es el Juez privativo de las causas reservadas en el estatuto de la administración de justicia.

Artículo 19. Promueve y fomenta los establecimientos de la educación primaria y los de ciencias mayores.

Artículo 20. Puede indultar ó conmutar la pena capital en conformidad de lo dispuesto en el artículo quincuagésimo octavo del estatuto de justicia.

Artículo 21. Puede aumentar ó disminuir los sueldos de los empleados públicos.

Artículo 22. Aplica exclusivamente los ramos del diezmo en beneficio de las iglesias, de los ministros del culto, y demás de este ramo en conformidad de la ley especial que se ha dado á este respecto.

Artículo 23. Puede conceder retiros y jubilaciones, premios remuneratorios, ó cualesquiera otra gracia á los que hiciesen distinguidos servicios á la República.

Artículo 24. Puede visitar personalmente, en todo ó en parte, el territorio de la República, una ó más veces durante el período de la presidencia.

Artículo 25. Puede dispensar de todo impedimento, y habilitar á los hijos de la República para obtener donaciones, legados ó herencias, quedando revocadas todas las leyes en contrario.

Artículo 26. Abrir puertos de comercios, y elevar las poblaciones al rango de villa y ciudades, dando cuenta dando cuenta oportunamente al Congreso Nacional.

Artículo 27. Formar planes generales o particulares de educación pública, sometiéndolos después a la aprobación de la Representación Nacional.

Artículo 28. Acordar a los autores o inventores de establecimientos útiles, privilegios por tiempo determinados dando cuenta al Congreso Nacional.

Artículo 29. Puede conceder amnistía dando cuenta al Congreso Nacional.

Artículo 30. Todos los ramos de obras públicas, caminos, postas, correos, establecimientos de educación primaria y científicos, costeados por los fondos de la Nación: todos los objetos y ramos de hacienda y policía, son de la suprema inspección y resorte del Presidente de la República.

TÍTULO VIII

De los Ministros Secretarios

Artículo 1. Cuando el Presidente de la República lo creyere conveniente, podrá nombrar uno o más Ministros Secretarios de Estado, o reunir accidentalmente en un solo Ministerios los Departamentos de Gobiernos y de Relaciones Exteriores.

Artículo 2. El Ministro Secretario será removido de su empleo a la voluntad del Presidente de la República.

Artículo 3. El Ministro o Ministros de Estado no tendrán otro tratamiento con el de Usted, y no podrán dar orden alguna sin acuerdo y aprobación del Presidente de la República.

Artículo 4. Gozarán de una compensación que les asigne el Presidente de la República.

TÍTULO IX

Del Consejo de Estado

Artículo 1. El Consejo de Estado en la República del Paraguay se compondrá eventual o temporalmente del prelado diocesano, de dos Jueces de la Magistratura elegidos por el Poder Ejecutivo, y de tres ciudadanos de capacidad, también nombrados por el Supremo Gobierno de la República.

Artículo 2. El Consejo de Estado nombrará un Presidente Interino de su seno y un Secretario podrá ser de afuera del Consejo, teniendo la suficiencia necesaria para tal cargo.

Artículo 3. El Presidente de la República destinará el local donde ha de reunirse el Concejo de Estado.

Artículo 4. El Concejo de Estado y convocado por el Supremo Gobierno en los negocios graves y medidas generales de pública administración, principalmente cuando ocurra una guerra exterior o tratados con enviados de los Estados vecinos o Potencias extranjeras cuando fuere necesario conceder amnistía, poner vetos a las leyes y decretos del Congreso Nacional, y convocar extraordinariamente al Congreso.

Artículo 5. El Consejo de Estado dará sus dictámenes por escrito y firmados.

Artículo 6. Es obligado a guardar reserva en los asuntos que el Supremo Gobierno le sometiere con esta calidad.

Artículo 7. El Concejo de Estado prestará el juramento de ley en manos del Presidente de la república para poder entrar en sus funciones.

Artículo 8. A invitación del Presente de la República se reunirá el Consejo de Estado.

Artículo 9. Las vacantes de los Miembros del Consejo serán reemplazadas con los nombramientos que hiciere el Presidente de la República.

Artículo 10. El Presidente de la Nación después de impuesto de los dictámenes del Consejo de Estado, puede separarse de ellos, no hallándolos convenientes, y adoptar las resoluciones que tuviese a bien.

Artículo 11. Los Presidentes de la República, a la conclusión de su mando, son Miembros natos del Consejo de Estado y deben concurrir a él, además de los asignados en el artículo primero.

Artículo 12. El Consejo de Estado no tendrá más tratamiento que el de Señor del Consejo.

TÍTULO X

Ordenanzas Generales

Artículo 1. Los ciudadanos de la República presentarán su reconocimiento y obediencia al Presidente Nacional luego de estar en posesión del mando, y en la forma que lo determine el Presidente de la República.

Artículo 2. Los hombres son de tal manera iguales ante la ley, que esta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos, y favorecer igualmente al poderoso que al miserable.

Artículo 3. Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser oídos en sus quejas por el Supremo Gobierno de la Nación.

Artículo 4. Se permite libremente la salida del territorio la República llevando en frutos el valor o precio de sus propiedades adquiridas, observando además las leyes policiales y salvo perjuicio de tercero.

Artículo 5. Para entrar en le territorio de la República se observarán las ordenes anteriormente establecidas, quedando al libre arbitrio del Supremo Gobierno ampliarlas o restringirlas según lo exigiesen las circunstancias.

Artículo 6. Todos los empleados militares dados hasta aquí, y que en adelante se dieren, son empleados de pura comisión.

Artículo 7. Los establecimientos particulares de educación primaria, y los de otras ciencias que en adelante se establezcan en la República, sacarán primero licencia del Supremo Gobierno, siendo obligados los preceptores o maestros a presentar el plan de enseñanza, la materia que tratan de enseñar y los autores que se propongan seguir, sujetándose en todo a los reglamentos que les diere el Supremo Gobierno Nacional.

Artículo 8. Para establecer imprenta de particulares en la República, se tomará primeramente el permiso del Supremo Gobierno, dando el dueño o el administrador una fianza de dos mil pesos, bajo la cual se comprometa cumplir con los reglamentos que le diere el Gobierno de la República.

Artículo 9. Los habitantes de la República, sea cual fuese su oriundez, no reconocerán otros tribunales para todo género de causas que los establecidos por nuestras leyes patrias; de consiguiente queda prohibido el establecimiento de tribunales extranjeros bajo de cualquier forma.

Artículo 10. Queda prohibido el tráfico de esclavos o de negros, aun con el TÍTULO o pretexto de colonos.

Artículo 11. Se ratifican las leyes y decretos sancionados por el Soberano Congreso de 25 de Noviembre de 1842.

Artículo 12. La presente ley puede ser reformada o adicionada según lo exigiese la experiencia, y para esto se necesita:

1. El consentimiento y aprobación de la mayor parte del Congreso Nacional.

2. Que los artículos dignos de reformar estén plenamente demostrados en la necesidad de ser reformados.

3. Que el Poder Ejecutivo exponga, además, su opinión fundada para resolverse sobre la conveniencia y necesidad de la reforma o de alguna adición substancial.

4. Sancionada la necesidad de la reforma, se convocara un Congreso General con poderes especiales para verificar la reforma con las formalidades debidas.

5. Verificada la reforma, pasará al Poder Ejecutivo para su publicación o para que exponga los reparos que encontrare. En caso de devolverla con reparos, la votación de la mayor parte del Congreso hará su última sanción.

Artículo 13. Todo el que atentare o prestare medios de atentar contra la Independencia de la República o contra la presente ley fundamental, será castigado hasta con la pena de muerte, según la gravedad de su atentado.

Dada en la Sala e Sesiones del Congreso Nacional de la República del Paraguay a 13 de Marzo de 1844.

Juan Manuel Álvarez, Vicepresidente del Congreso Nacional

Fernando Patiño, Secretario del Congreso Nacional.

Asunción, Marzo 16 de 1844

Publíquese en la forma de estilo.

LÓPEZ.

BENITO MARTÍNEZ VARELA, Secretario interino de Gobierno.

REFORMA DE 1856[*]

EL CONGRESO GENERAL REGLAMENTA PARA LA CONVOCATORIA DE LOS 100 DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL PARA REFORMAR LA LEY DEL 13 DE MARZO DE 1844.

LEY

El Congreso general extraordinario convocado con poderes especiales para verificar las reformas de los artículos 1º del título 2º y 5º del tít. 4º de la ley del 13 de Marzo de 1844, sanciona con fuerza de ley:

Artículo primero

El Congreso Nacional se compondrá de cien diputados, debiendo ser ciudadanos revestidos de las condiciones de la propiedad, probidad, buena fama, conocido patriotismo, del goce de todos los derechos civiles, y de una capacidad regular.

Artículo segundo

Los Ciudadanos electores, y los elegibles, tendrán las mismas calidades exigidas en el anterior artículo 1º.

Artículo tercero

El gobierno dirigirá una circular para la elección de diputados, con designación del número que corresponda a cada distrito, y del día en que deban reunirse en la sala de sesiones. Las juntas electorales serán convocadas y presididas en las Villas por los Jefes de milicias; las elecciones tendrán lugar a pluralidad de votos; las actas serán firmadas por los electores y los elegidos, y se remitirán los originales al Ministerio de Gobierno, dejándose copias autorizadas en los archivos de cada distrito.

Artículo cuarto

Serán admitidos a la candidatura de la Presidencia, desde la edad de treinta años, los ciudadanos capaces de prestar ese importante servicio a la República.

Artículo quinto

Se atribuye al Poder Ejecutivo nacional la designación en pliego reservado, y puesto de un modo solemne y auténtico, en una oficina pública, de la persona que haya de ejercer la vice presidencia de la República en los casos prevenidos en el artículo 5º del título 4º de la ley de 13 de Marzo de 1844.

Artículo sexto

Las disposiciones contrarias a esta ley quedan sin efecto.

Artículo séptimo

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de sesiones del Congreso General de la Asunción, a los tres días del mes de Noviembre del año del Señor de mil ochocientos cincuenta y seis.


[*] Congreso extraordinario reunido en noviembre de 1856.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Renuncia

Asunción, 11 de diciembre de 2003.

Señor

Dr. Carlos Mateo Balmelli, Presidente

Cámara de Senadores

E.       S.       D.

De  mi consideración:

En la defensa realizada ante esa Cámara en fecha 1 de diciembre ppdo., y en los alegatos presentados en fecha 10 de diciembre ppdo., ha quedado demostrado en forma clara, categórica e indubitable que todas las supuestas acusaciones urdidas en la Cámara de Diputados, carecen en absoluto de todo fundamento jurídico. Al respecto he abundado suficientemente en las ocasiones mencionadas.

Vd. sabe que es así, aunque se empaque en sostener lo contrario. Asimismo entiende que todo esto no constituye más que una cuestión política llevada adelante en forma salvaje, arbitraria y sin ningún sustento no sólo jurídico, sino ético. A pesar de ello ha tenido activa participación en todo este despreciable proceso orientado supuestamente a la “reforma del Poder Judicial”.

Habiendo sido aniquiladas las acusaciones presentadas por los diputados, la decisión que adopte la Cámara de Senadores no podrá estar fundada de manera seria y responsable. No podrá apoyarse en argumentos jurídicos, ni tan siquiera en argumentos lógicos o aceptables.

Dadas las circunstancias descriptas precedentemente y sin que esto implique la más mínima aceptación de culpabilidad, elevando una vez más mi enérgica voz de protesta por el injusto y arbitrario proceso al que en virtud de un espurio “pacto político” me vi sometido, no me queda otra alternativa que presentar renuncia al cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

                                                                               Dr. Luis Lezcano Claude

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Alegatos

Los alegatos fueron presentados en forma oral el 10 de diciembre de 2003, del mismo modo en que días antes se había hecho el descargo. Como ya se ha expresado en la introducción general, dado que tal presentación se basó únicamente en una ayuda memoria, sólo trascribimos una cita y aportamos algunos datos aislados.

Después de la sesión de la Cámara de Senadores en que cada acusado presentó su descargo, los diputados que actuaban en calidad de fiscales acusadores (Rafael Filizzola, Nelson Chávez, Acha Mendoza y otro) se vieron obligados a retirar 14 de los 20 cargos que inicialmente habían presentado, es decir el 70% de los mismos. En mi caso, como no estaba incurso en dos de los cargos que se mantuvieron, se puede decir que el porcentaje se elevaba al 80%, considerando que no me afectaban 16 de los 20 cargos iniciales.

En estas circunstancias, el colega Ministro Dr. Víctor Núñez expresó lo siguiente a un medio de prensa:

“… La prueba más palpable de que hubo ligereza, de que hubo acusaciones infundadas, de que hubo manoseo de las personas y de que hubo maltrato a la institucionalidad del Poder Judicial y de la Corte en forma particular, es el hecho de que los acusadores ahora hayan retirado 14 de los 20 cargos …[70 %] .

… lo que creo es que sí lograron, con sus defensas, poner al descubierto muchas mentiras de la clase política, que durante mucho tiempo ha venido golpeando, a través de los medios de comunicación la conciencia de la opinión pública y que de repente esta misma prensa, se da cuenta que no es como afirmaron los acusadores. Vuelvo a repetir que la prueba más palpable de ello es que de 20 acusaciones se vieron forzados a retirar 14; si desisten de esa cantidad quiere decir que no tienen fundamentos …”.

Un dato importante que no debe ser olvidado, es que casi todos los casos subsistentes se basaban en el dictamiento de sentencias. ¿Cómo quedaban esas sentencias: eran válidas o no? Determinar esto era particularmente importante en relación con fallos cuya aplicación aún debía darse en el futuro.

En ocasión de la presentación de los alegatos, señalamos también que existían numerosos motivos de mucho peso que justificaban recurrir con posterioridad a instancias internacionales, es decir, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Algunos de los hechos irregulares que podrían servir de base a una presentación serían los siguientes:

a) Las numerosas reuniones realizadas por autoridades y líderes de los partidos políticos para decidir previamente el número de vacancias que habría de crearse en la Corte Suprema de Justicia.

b) La elaboración posterior de las causales de remoción de los tres ministros que faltaban, a fin de completar las seis vacancias que se había acordado previamente.

Para la elaboración de dichas causales se abrió una especie de “buzón de quejas”, lo cual contribuyó a la superficialidad, ligereza e inconsistencia de las mismas.

c) La violación del derecho a la defensa en juicio resultante de disposiciones contenidas en el reglamento ad hoc aprobado para el juicio político. Entre ellas cabe mencionar el traslado de dos días hábiles concedido para preparar la defensa, para lo cual debía analizarse la acusación contenida en alrededor de 900 fojas; la limitación a tres horas, del tiempo para la presentación de la defensa oral ante la Cámara de Senadores, etc.

d) La llamativa reducción del número de 20 cargos formulados originalmente, a 14 cargos, después de que los acusados hayan presentado sus defensas. Como se ha dicho, la reducción de los cargos en un 70%, revela por sí sola la falta de fundamentos serios y consistentes.

e) Luego de la aludida substancial reducción, la eventual condena se basaría en el hecho de haber dictado fallos judiciales supuestamente equivocados, arbitrarios o antijurídicos, dicho esto por órganos políticos que carecen de competencia en cuanto al ejercicio de función jurisdiccional alguna. Pero, fundamentalmente quedaría subsistente una pregunta: ¿los fallos que sirvan de base a la condena, son válidos o no válidos?

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Escrito de descargo del Ministro Dr. Luis Lezcano Claude

Contenido

Introducción

Caso 1: Declaración del vitaliciado de sus propios miembros, violación de los deberes de excusación previstos en el Código Procesal Civil.

Caso 2: Alteración del procedimiento constitucional para la confirmación de magistrados judiciales, interferencia en funciones propias de otro órgano judicial.

Caso 3: Usurpación de atribuciones legislativas en materia tributaria.

Caso 4: Interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

Caso 5: Incumplimiento de plazos procesales con grave perjuicio al funcionamiento de la administración pública.

Caso 6: Atentado contra atribuciones del Poder Legislativo para mantener en vigencia al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Caso 7: Atribución de potestades constitucionales expresamente reservadas al Poder Legislativo, con grave afectación del equilibrio de poderes consagrado en el Art. 3° de la Constitución y que constituye el hecho punible de “atentado contra el orden constitucional” (Art. 277 del Código Penal – Ley N° 1160/97).

Caso 10: Irregularidades en la licitación de las obras de la Torre Norte del Palacio de Justicia.

Caso 12: La insólita promoción del Juez Juan Carlos Paredes.

Caso 13: Autoaumento de salarios.

Caso 14: “Mundy Recepciones” o de las “Croquetas de Oro”.

Caso 15: Caso Nissen, el acoso judicial a un fiscal que investigaba casos de corrupción.

Conclusión

Introducción

Señor Presidente:

Señoras Senadoras:

Señores Senadores:

 Justificación de la defensa. Vengo a ejercer mi defensa ante esta Cámara en esto que se ha dado en llamar “juicio político”, convencido de que todo se trata de una farsa o, quizá, de una comedia. En efecto, creo que anticipadamente todos sabemos cual va a ser el sentido de la sentencia que habrá de dictar esta Cámara y todo lo que pueda expresar y demostrar aquí no servirá para la formación del criterio de cada uno de ustedes y para influir en la determinación del sentido del voto que habrán de emitir en una próxima sesión extraordinaria. Por lo menos, esto será así en cuanto a la mayor parte de los integrantes de la Cámara.

 Como se ha dicho, ¿de qué vale entonces ser payaso en este circo? Descartada la idea de poder influir en ustedes, salvo excepciones, mi presencia aquí se justifica únicamente por dos razones:

 a) Aprovechar esta tribuna para intentar que algunos ciudadanos puedan tener acceso de primera mano a algunas aclaraciones referentes a los hechos supuestamente irregulares que constituyen las endebles acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados. Intentaré, en una lucha de David contra Goliat, sustraer a algunos de la maléfica influencia que, en particular, en este tema han ejercido los medios masivos de comunicación. La contaminación y la deformación mediática, como indicaré más adelante, incluso se pueden apreciar en las acusaciones. Es decir, incluso personas – como los diputados – que se suponen debieran tener un criterio propio, han sucumbido ante la acción de los medios masivos.

 b) En segundo lugar, mi presencia encuentra justificativo en la necesidad de dejar constancia de la verdad en cuanto a los hechos que se me atribuyen, en los archivos del Congreso. Nada más que esto.

 Confabulación contra el Poder Judicial. Desde un inicio, el procedimiento se ha caracterizado por la más absoluta arbitrariedad, comenzando por la infeliz expresión del titular del Ejecutivo de “pulverizar el Poder Judicial”. En un Estado de Derecho que se precie de tal, ex abruptos como éste nunca deben pronunciarse, ni ser tolerados. Esto no constituye sino una clara confesión del deliberado deseo de un poder del Estado (inicialmente el Poder Ejecutivo, al cual luego de alía el Poder Legislativo), de arrasar con el restante poder, el Poder Judicial.

 Revela a idea de volver a convertir a éste último en un poder dependiente de los poderes políticos, como lo fue durante gran parte de la historia de nuestro país. Pero a la vez, esta actitud constituye un atentado al principio de independencia y equilibrio de los poderes del Estado, consagrado en el Art. 3º de la Constitución. En particular, el proceder que se ha utilizado hasta ahora constituye una grave conculcación de la independencia del Poder Judicial (Art. 248 Cn.).

 Pero es más, constituye, dentro de la terminología del Código Penal vigente, los crímenes de “Coacción a órganos constitucionales” (Art. 286) y de “Coacción … a los miembros de un órgano constitucional” (Art. 287), en este caso a miembros de la Corte Suprema de Justicia.

 La farsa adoptó, en su fase previa al juicio político, la forma de reuniones de autoridades y líderes políticos, en las cuales la discusión inicialmente giró en torno a determinar el número de Ministro de la Corte Suprema de Justicia que debían ser separados. En otras palabras, primeramente se intentó decidir el número de lugares de que se iba a disponer. Aquí la cosa parecía una tómbola: 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9. Se bajaba luego a 8, a7, a 6, etc. El procedimiento equivalía a lo que comúnmente se describe como “colocar la carreta delante de los bueyes”. No se procedió como correspondía de acuerdo con criterios lógicos, es decir, a determinar primeramente la existencia de determinadas irregularidades, para luego individualizar a los responsables de tales irregularidades y someterlos a juicio político. Se procedió exactamente a la inversa, en forma totalmente ilógica e irresponsable: se acordó el número de lugares de que se quería disponer y luego se buscaron o inventaron las supuestas causales.

 Actuación del Ejecutivo. En todo este procedimiento la actuación del titular del Ejecutivo fue exactamente la contraria a lo que la Constitución de 1992 quiere. En efecto, el Ejecutivo se ufanaba y se ufana de liderar esto que se da en llamar “reforma del Poder Judicial”.

 En el régimen de la Constitución de 1967, la intervención del Presidente de la República era gravitante en la integración del Poder Judicial. Designaba a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con acuerdo de la Cámara de Senadores (cf. Arts. 195, 151 inc. 2, y 180, inc. 8). Designaba a los miembros de los Tribunales, a los Jueces y demás Magistrados del Poder Judicial, con acuerdo de la Corte Suprema (Arts. 195 y 180 inc. 8). Además, todos los magistrados eran designados por períodos de cinco años, coincidentes con el presidencial, y podían ser reelectos (Art. 196). La inamovilidad era relativa, es decir, circunscripta a los cinco años. No existía posibilidad de adquirir la inamovilidad definitiva.

 La Constitución de 1992 quiso limitar la intervención del Poder Ejecutivo en cuanto se refiere al Poder Judicial. En efecto, de acuerdo con la Norma Suprema en vigor, las facultades de aquel poder se circunscriben a tener un representante (sobre ocho integrantes) en el Consejo de la Magistratura, y, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, a dar o no su acuerdo a los candidatos a Ministros que la Cámara de Senadores designe de las ternas que le envía el Consejo de la Magistratura. Se ve, pues, que la voluntad de la Constitución de 1992 es la reducir enormemente la intervención del Presidente de la República en la conformación del Poder Judicial (la maléfica influencia del Ejecutivo).

 Cuando se trata de magistrados de las instancias inferiores, el Ejecutivo no tiene más que un representante en el Consejo de la Magistratura y nada más.

 Cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, además de su representante en el citado Consejo, el Ejecutivo tiene la facultad de otorgar o no su acuerdo al candidato designado por el Senado, y nada más. Esto es lo que quiere nuestra Ley Suprema.

 En la realidad, las cosas son muy diferentes, como todo el mundo lo sabe. Es el Presidente de la República el que lidera, el que marca el compás, y los demás (léase: líderes de los partidos políticos) danzan al ritmo que se les impone. La actuación del Ejecutivo debe encuadrarse, de hecho, en la prohibición prescripta en el Art. 3º de la Constitución, de que ninguno de los poderes puede atribuirse facultades extraordinarias.

 El protagonismo debió haber estado en las Cámaras del Congreso. Pero, por lo menos, en la Cámara de Diputados se vio que se los puede manejar como borregos (borregos por su mansedumbre o docilidad, mas no por su blancura).

 Tortura psicológica. Yo nunca fui sometido a ninguna tortura física. Ahora sé lo que es la tortura psicológica.

 En una carta dirigida al Presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Julio César Franco, le expresaba lo siguiente:

  “ … esta refinada tortura moral y psicológica a la que nos tienen sometidos desde hace tres meses, resulta particularmente dolorosa e insoportable por ser tremendamente injusta e inmerecida.

 He cumplido con las tareas que me corresponden de la mejor manera posible. Nunca estuve comprometido en ninguna cuestión turbia. Me he desempeñado en forma absolutamente honesta. No existe ningún fallo del cual tenga que arrepentirme.

 Pero todo esto duele mucho más al saber que quienes tienen cierta proximidad a uno, conocen que todo es verdad, como en tu caso que, cuando me pediste mi renuncia, me dijiste que no existía duda en cuanto a mi honestidad y mi capacidad.

 Duele más aún cuando todo esto repercute inmerecidamente y sin razón alguna, en mi esposa, en mis hijos, en mi madre y en mis hermanos.

 El daño moral que nos han causado ya no tiene posibilidad de ser reparado en forma alguna”.

 Estas chicas, asistentes mías durantes años, que hoy me acompañan, y que han podido observar mi actuación de cerca y conocen el movimiento de expedientes en mi despacho, que conocen los entretelones del despacho, la trastienda, saben que nunca existió ninguna preferencia, favoritismo o irregularidad alguna.

 Menoscabo del Poder Judicial. Nunca el Poder Judicial, a través de su cabeza: la Corte Suprema de Justicia, había sido tan pisoteado, denigrado, manoseado, vilipendiado, humillado, ultrajado. Todo este supuesto proceso de “reforma del Poder Judicial” se ha caracterizado por un salvajismo inaudito y una inconmensurable arbitrariedad.

 La triste experiencia que hemos vivido en los últimos meses, me colocó en la situación de tener que expresar un único y tardío elogio al gobierno que nos subyugó de 1954 a 1989: “Ni siquiera durante la dictadura se trató tan mal al Poder Judicial”. Esto refleja a cabalidad el terrible perjuicio que la clase política en general está causando a la institucionalidad y a la construcción de un Estado de Derecho.

 No es que no existan deficiencias en el Poder Judicial y, en particular, en la Corte Suprema de Justicia, como también en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Pero la forma vandálica en que se lleva adelante el proceso, es propio sólo de pueblos primitivos y salvajes.

 No afirmamos que la independencia del Poder Judicial estuviera plenamente consolidada. Pero, al menos, con tropiezos se la iba construyendo. ¿Qué Corte son anterioridad se había atrevido a declarar la inconstitucionalidad de resoluciones de las Cámaras legislativas, de leyes dictadas por el Congreso, de decretos del Poder Ejecutivo? Esto refleja la independencia del Poder Judicial, pero parece que precisamente esto es lo que no se quiere.

 ¡Ay de los nuevos Ministros de la Corte Suprema! Tendrán que consultar con los poderes políticos antes de tomar cualquier resolución que les pudiera afectar. Si gran parte de las acusaciones se refieren a sentencias en las cuales supuestamente existen irregularidades, si el propio Presidente de la República advierte a los magistrados que no pueden dictar sentencias que perjudiquen al Estado, ¿como podrán los magistrados actuar con una mínima independencia de criterio?

 Traiciones y conductas pusilánimes. Este proceso fue una “larga noche de traiciones”. Nunca había descendido tanto como para ver tan de cerca la faz miserable de la existencia humana. Promesas formuladas en forma categórica y cara a cara, que a los pocos días eran incumplidas totalmente.

 Por lo menos en mi caso, debo decir que tuve una ventaja, si así pudiera llamarse, pues las traiciones fueron mayormente de personas con las cuales tenía escasa proximidad y confianza. Pero he podido ver como en otros casos, compañeros de juventud, de varios años de amistad (o falsa amistad?), de luchas políticas, gremiales o estudiantiles, vendían sus conciencias por menos de un plato de lentejas.

 Pero yo también tuve la traición de algunos amigos, o mejor, pseudo amigos, como el actual diputado Francisco Rivas. Siendo gobernador de la Cordillera, me pidió ser padrino de bautismo de mi hijo. El acto religioso, por gestiones suyas, se realizó en la Basílica de Caacupé y el festejo en su casa de esa misma ciudad.

 Hace poco fui a su oficina a hablarle sobre el juicio político. De muy buen grado, me prometió no sólo su voto sino el de tres diputados más sobre los cuales, según dijo, podía ejercer influencia. A partir de unos días después, ya fue imposible ubicarle. Su pusilanimidad, su cobardía y sus intereses personales políticos y crematísticos, pudieron más que cualquier otra consideración.

 El diputado Efraín Alegre me dijo algo así: “No voy a votar por vos, doctor, porque me va a perjudicar demasiado en mi carrera política”.

 De esta “larga noche de traiciones”, tampoco usted, señor presidente (Carlos Mateo Balmelli), estuvo ajeno. Me visitó en varias ocasiones en mi despacho en la Corte Suprema de Justicia[1]. En ese entonces Vd. no ocupaba ningún cargo público. No obstante, recibía un trato preferencial en cuanto a la facilidad de acceder a mi despacho. Varias veces fue a verme por motivos personales vinculados a un banco de plaza.

 Gastábamos siempre algunas bromas, antes de abordar el tema motivo de la visita. Recuerdo que en una ocasión, con inocultable intención de causarme molestia, al entrar me dijo: “Te manda saludos Laino”. Sin embargo, dadas las características de mi vinculación con el Dr. Domingo Laino, esto no podía causarme molestia alguna. No obstante, respondiendo a la aviesa intención suya, instantáneamente y sin pensar, le respondí: “Y a vos te manda saludos Fermín de Alarcón”.[2] Abruptamente se acabó la conversación previa y fuimos al tema que le interesaba.

 Su conducta posterior, ya iniciadas las actuaciones que precedieron al juicio político, en lo más mínimo respondió a la confianza y trato deferente que le había sido prodigado.

 La senadora Ana María Mendoza de Acha fue otra gran decepción. Durante largos años trabajó como adscripta al Registro Notarial de mi padre, en la oficina que funciona en la casa paterna. Atendiendo a la circunstancia mencionada, le pedí si podía adelantarme los motivos de la acusación en mi contra, dado que su hijo, el diputado Acha, había sido designado como uno de los fiscales acusadores. No creo haberle pedido nada indebido, ya que de todos modos, esa información tendría que serme comunicada. El favor consistiría nada más en adelantarme algo, tal vez sólo las grandes líneas, con vistas a tener mayor tiempo para preparar mi defensa. Incluso, su respuesta podría haber sido simplemente que le era imposible hacerlo.

 Sin embargo, cuando me llamó para darme su respuesta, me dijo algo que resultaba de consultas que yo no le había pedido que hiciera y que ella debió negarse a trasmitir: “Pedro dice que renuncies”. Esto reflejaba su falta de independencia personal, su comportamiento de marioneta, su falta de dignidad y su inconsecuencia. Aunque me causó una gran indignación, me limité a decirle que estaba bien.

 Con el diputado Nelson Chávez, otro de los fiscales acusadores, prácticamente no he tenido contacto alguno. Sin embargo, se formó una opinión negativa de mí a partir de la vez que no pude recibirlo cuando fue a visitarme a mi despacho de la Corte Suprema, sin anuncio previo. Esto refleja su chatura mental, su arbitrariedad y la errada sobreestimación de su persona.

 Otro caso es el de la diputada Blanca Lila Miñarro. La misma goza, en general, de buen concepto entre los periodistas y la gente, aunque lo que voy a narrar retrata con exactitud su personalidad. En una ocasión fue a verme a mi despacho de la Corte Suprema. Yo no la conocía personalmente. Se hizo anunciar como “diputada”, aunque el asunto por el cual iba era estrictamente personal. Estaba acompañada por otros dos empresarios, pero no dijo que entrarían con ella. Era la “diputada liberal” que iba a ver al “ministro liberal”. Ingresaron al despacho los tres y me hablaron de un juicio en que las contrapartes eran dos sociedades anónimas. Presté debida atención a la explicación, tratando ex profeso de no saber de lado de que S.A. estaban ellos; tampoco me lo dijeron. Les prometí celeridad y efectivamente cumplí lo prometido. Al poco tiempo me enteré que la beneficiada con la sentencia había sido la S.A. equivocada. Este fue el origen de la aversión de la diputada hacia mi persona. En su aberrante forma de pensar, era inconcebible que el “ministro liberal” pudiera fallar contra los intereses de la “diputada liberal”.

 Todas estas anécdotas las narro para ver las increíbles razones (?) en que se basan los diputados para desacreditar a una persona. Esto da una idea clara de los “fundamentos” en que basan sus actuaciones y decisiones.

 En dos ocasiones me solicitaron mi renuncia. El martes 14 de octubre de 2003, acudieron a mi despacho los Senadores Armando Espínola y Juan Carlos Ramírez Montalbeti, para hacerlo por primera vez. Eran portadores del pedido como emisarios del Comité Político u otras autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico. Esta actitud reflejaba la equivocada y perversa idea que tienen los políticos en cuanto a disponer de un cargo que consideran que pertenece a un partido determinado y que sólo es ejercido por delegación y autorización del mismo, por el tiempo que éste determine. Lo cierto es que poco tiempo después me dijeron que no era necesario que presentara mi renuncia. De todos modos, yo tenía ya la firme decisión de no presentarla por ningún motivo.

 El martes 21 de octubre, el propio presidente del Directorio del PLRA, Julio César “Yoyito” Franco, me la volvió a solicitar. Según me dijo, la idea era que le entregara mi renuncia sin fecha y que él haría uso del escrito de acuerdo con las circunstancias. Yo entendí que lo que se pretendía era un acto de sometimiento a las autoridades partidarias, una especie de trofeo que sería exhibido en ámbitos partidarios como prueba de mi acatamiento y de mi sumisión. Franco y las demás autoridades del PLRA no tienen la más mínima idea del respeto que deberían guardar a la independencia y a la dignidad de un magistrado judicial. Por supuesto, Franco no se imaginaba cuán lejos estaba de poder alcanzar su objetivo.

 De todos modos, me dijo que no era algo que debía resolverlo inmediatamente, sino que podía tomarme algunos días para hacerlo. Sin embargo, a los pocos días recibí una llamada de su esposa, la senadora Mirta Vergara quien en forma categórica me dijo que por ningún motivo renunciara. En ese momento ya no entendía que pasaba pues daba como un hecho resuelto mi salida de la Corte. No comprendía tampoco si el PLRA tenía un presidente, o, en realidad y efectivamente, una presidenta. Por mi parte, seguía invariable en mi postura de no renunciar y resistir hasta el final[3].

 Crítica al reglamento dictado por la Cámara de Senadores para el juicio político. El reglamento dictado por la Cámara de Senadores resulta inconstitucional, por lo menos, en cuanto a los siguientes puntos:

 En su Art. 2º expresa:  “…  Las resoluciones que dicte la Honorable Cámara de Senadores como Tribunal no podrán ser objeto de recurso alguno”.

 En un Estado de Derecho como el nuestro, ningún acto puede escapar al control de constitucionalidad, ni siquiera la actuación de un Poder del Estado, menos aún cuando están en juego principios y garantías que hacen al legítimo derecho a la defensa.

 Ley Nº 609, en su Art. 12, prescribe: “No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables”. Esta disposición legal debe ser interpretada en el sentido de que únicamente el órgano encargado de entender y decidir en un juicio en que se plantee una cuestión de constitucionalidad (es decir, la Corte Suprema de Justicia), es el que debe pronunciarse acerca de dar trámite o no a la acción planteada; y es el que, eventualmente, denegará tal trámite por tratarse de un cuestión no justiciable. En otras palabras, sólo la Corte Suprema, en ejercicio de una facultad que es exclusiva de ella, puede decidir cuándo nos encontramos ante una cuestión de ese carácter. No corresponde que por la vía de una disposición reglamentaria de una de las cámaras del Congreso, esto es, de una parte del órgano legislativo, se pretenda determinar la irrecurribilidad de una decisión adoptada por dicha cámara legislativa.

 El Art. 4º del reglamento hace referencia al plazo establecido para la notificación del traslado de la acusación: dos días hábiles. Este tiempo es a todas luces insuficiente tan siquiera para hacer una lectura superficial del contenido de la acusación que cuenta con más de 900 fojas. Lo es aún más para preparar una defensa digna y suficiente que dé credibilidad a este circo y permita a los ciudadanos tener una adecuada aclaración respecto de los hechos supuestamente irregulares de mi actuación como Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

 En cuanto dice que “cada defensa no podrá durar más de tres horas”, tengo que expresar que esta es una disposición a todas luces inconstitucional, porque se pretende coartar el derecho a la defensa en juicio consagrada en la Carta Magna y válida para todos y cada uno de los ciudadanos paraguayos.

 En cuanto se refiere al procedimiento seguido durante un juicio político, G. J. Bidart Campos expresa lo siguiente: “En todo cuanto puede comprometer derechos y garantías constitucionales del enjuiciado durante el procedimiento aplicable para su remoción, la decisión del órgano competente queda sujeta a control judicial” (La Ley argentina, 1996).

 Agrega el mismo Bidart Campos: “… si se impugna la decisión senatorial por motivos de procedimiento, el aspecto de forma (v. gr., violación del derecho de defensa), si podría cuestionarse por vía de dicho recurso, ya que con eso no se invade lo privativo del Senado, sino que se controla el procedimiento; y el procedimiento jamás es privativo de ningún órgano cuando está comprometida o violada una garantía individual, porque por encima de toda competencia de los órganos prevalece el derecho a la jurisdicción de los individuos”.

 La Corte Suprema de Justicia argentina, expresó en un fallo de 1993 cuanto sigue: “… no son revisables judicialmente las decisiones sobre el fondo, pero sí las condiciones bajo las cuales la Constitución otorgó el poder de juzgar, ya que la Corte puede evaluar si los otros poderes se han mantenido dentro de sus competencias, pues si se hubieran excedido, la decisión no hallaría respaldo constitucional (ej. si no hubieran respetado los dos tercios o si no hubieran permitido defenderse al imputado o si no hubiera existido congruencia fáctica entre la acusación y el fallo)”.

 “Sagués … avanza aún más: además del control de los principios del debido proceso y de defensa en juicio, sostiene que mal podría retacearse a la Corte el control de razonabilidad sobre la sustancia del fallo del Senado (esto es, que no sea arbitrario).

 Obviamente … es mucho más simple y fácil decir que el fallo dictado en el juicio político es asunto “político no justiciable” y archivar el recurso extraordinario, “pero tal actitud ya no es admisible en el derecho argentino, a las puertas del siglo XXI. Un asunto, no por ser político, deja de ser justiciable en lo que hace a la evaluación de la constitucionalidad de lo decidido” (La Ley argentina, 1994).

 Acusaciones de la Cámara de Diputados. En general se puede afirmar que las acusaciones son descabelladas y carentes de todo fundamento jurídico serio. En el mencionado escrito de acusación prevalecen la superficialidad y la ligereza en el tratamiento de los diversos casos.

 Gracias a Dios, no he sido incluido en todos los supuestos casos en que los redactores del escrito han encontrado irregularidades imputables, a su criterio, a la Corte Suprema de Justicia.

 No he sido incluido en el caso de las aeronaves decomisadas a narcotraficantes, en los casos de nepotismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Esto no significa, en lo más mínimo, que exista razón alguna para incluirme en los casos en que los acusadores decidieron hacerlo.

 Efectos erga omnes y conducta incoherente de legisladores. Merece una mención especial el caso 7 en el cual se discute si la Corte Suprema tiene o no facultades para dar a sus fallos alcances erga omnes En sentido estricto, se trata de dilucidar si puede dictar sentencias dándoles el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, pues en realidad la expresión erga omnes no fue utilizada en la parte resolutiva de ninguno de los fallos dictados.

 En relación con este caso, la Cámara de Diputados no puede formular acusación alguna, pues el propio Congreso Nacional cuando en el año 1998 impugnó de inconstitucionalidad el Decreto N° 117, del 18 de agosto de 1998, pidió que la Corte Suprema declarara la nulidad del mencionado decreto, lo cual equivale a solicitar el dictamiento de una sentencia con efectos erga omnes.

 En particular, los diputados Efraín Alegre Sasiain, Rafael Filizzola y Wildo Legal, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no debieron firmar el dictamen favorable de la citada comisión, pues ello implica una grave contradicción con actuaciones suyas anteriores. En efecto, participaron de la sesión del Congreso Nacional en la cual se autorizó al Presidente y al Vicepresidente de dicho cuerpo a promover la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117 pidiendo su nulidad, y votaron a favor de esta postura. Al referirnos al caso 7 ampliamos considerablemente esta sintética referencia al punto.

  Asunción indebida de facultades jurisdiccionales por parte de legisladores. Debe destacarse también la actitud de los redactores del escrito de acusación de arrogarse por sí mismos facultades jurisdiccionales, y constituirse en juzgadores de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia. Con ello, desvirtúan el sistema judicial vigente en la República al crear un cuerpo (los redactores del escrito de acusación, al que se han sumado algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales) que está en la cúspide de los órganos jurisdiccionales, con potestad pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre la legalidad o ilegalidad de las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia.

Estoy acusado en doce casos. Seis de ellos se refieren a cuestiones jurisdiccionales, es decir, a sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

El Art. 192 de la Constitución prohíbe a las Cámaras del Congreso solicitar informes sobre la actividad jurisdiccional.

El Art. 193 del mismo cuerpo, prohíbe a las Cámaras del Congreso citar e interpelar a los miembros del Poder Judicial en materia jurisdiccional.

El Art. 195 de la Ley Suprema establece que los magistrados judiciales no pueden ser investigados en materia jurisdiccional, por las Comisiones de Investigación que en forma conjunta constituyan las Cámaras del Congreso.

El Art. 255 de la Constitución prescribe que ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

Como se ve, las Cámaras no pueden pedir informes sobre la actividad jurisdiccional, ni interpelar a magistrados sobre cuestiones jurisdiccionales; las comisiones conjuntas no pueden investigarlos sobre el mismo tema; y los magistrados no pueden ser acusados o interrogados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

La Constitución en forma expresa, clara y categórica prohíbe a las Cámaras del Congreso realizar actuaciones mucho menos gravosas que la de pretender fundar la acusación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia para un juicio político, en las opiniones vertidas en fallos y en lo resuelto en los mismos. Sin embargo, varios de los “casos” del escrito de acusación se refieren a sentencias de la Corte Suprema. Esto es realmente absurdo y constituye una condenable violación de la Ley Suprema.

Resulta evidente que las acusaciones no pueden estar fundadas en la discrepancia que pudieran tener los señores Diputados, con el sentido de los fallos dictados por el máximo órgano jurisdiccional.

La Ley N° 1084 es la única que define el mal desempeño de funciones, pero ella no es aplicable a la Corte Suprema. Sin embargo, la traemos a colación, a fin de demostrar que en los casos en que se alude a supuestos en que el mal desempeño puede derivar del ejercicio de la función jurisdiccional, previamente debe haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia o de otro órgano de rango superior al magistrado enjuiciado. En ningún caso esta determinación puede quedar en manos del órgano juzgador pues ello implicaría darle funciones jurisdiccionales ordinarias y elevarlo a la categoría de órgano jurisdiccional supremo.

Caso 1: Declaración del vitaliciado de sus propios miembros, violación de los deberes de excusación previstos en el Código Procesal Civil.

En la misma denominación del caso se incurre ya en ligereza al aludir al “vitaliciado”, con lo cual igualmente se revela la extraordinaria influencia que ciertos medios periodísticos ejercen sobre quienes redactaron la acusación. En efecto, tal denominación no es sino la forma caricaturesca con que dichos medios se refirieron al tema en forma irresponsable, sin seriedad ni sentido jurídico.

No existe “vitaliciado”, sino eventual permanencia en el cargo, en virtud del principio de la inamovilidad de los magistrados judiciales, hasta la edad límite fijada constitucionalmente.

Al respecto, a pesar de que todo este procedimiento constituye un total avasallamiento del Poder Judicial, debe señalarse que la inamovilidad judicial es la conditio sine qua non de la independencia del órgano jurisdiccional. Si no está consagrada la inamovilidad de los magistrados no existe independencia del Poder Judicial.

En otras palabras, al estar los acusadores en contra de la inamovilidad judicial, como consecuencia están en contra de la independencia del Poder Judicial. Ambos temas están íntimamente vinculados y no se puede escindir uno del otro.

El problema que los acusadores llaman “vitaliciado” no es tal, o en todo caso, implica una burla o un desprecio de una disposición consagrada por la Ley Suprema. En efecto, de acuerdo con la Constitución todos los magistrados pueden llegar al “vitaliciado” (Art. 252 Cn.). Según el criterio de la Corte Suprema, reflejado en los fallos que los acusadores impugnan, la diferencia estaría nada más, por disposición de la Lex legum, en que los integrantes del máximo órgano jurisdiccional adquirirían dicha inamovilidad ab initio, en tanto que los demás magistrados luego de dos confirmaciones en sus cargos (lo cual significa en tiempo, después de diez años).

De todos modos, usando la terminología de los acusadores, el “vitaliciado” existiría ya sea desde el mismo nombramiento inicial, ya sea tras las dos confirmaciones en el cargo. Para todos, el límite del “vitaliciado” es la edad de setenta y cinco años.

El intento de fundamentación del caso se destaca porque refleja una extraordinaria superficialidad y un supino desconocimiento del Derecho Constitucional. Se afirma, por ejemplo, que “ningún artículo constitucional hace referencia al carácter vitalicio del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia”. Es cierto, pero creo que a los acusadores les resultará imposible encontrar en las sentencias cuestionadas la más mínima a alusión a dicho “vitaliciado”, lo cual sólo puede encontrarse en ciertos artículos periodísticos, y por reflejo en la mente de los acusadores.

El análisis simplista de los acusadores consiste en afirmar que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia son también magistrados y por tanto debe aplicárseles lo dispuesto en el artículo 252 de la Constitución. Si seguimos con este mismo criterio, ¿por qué se promueve este juicio político contra Ministros de la Corte Suprema, y no se nos somete al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, si al final somos también magistrados?

Este razonamiento por la vía del absurdo, lo hago para revelar la incomprensión total del tema por parte de los acusadores. A la pregunta formulada se debe contestar que se promueve el juicio político, porque para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, la Ley Suprema legisla un procedimiento especial para su eventual destitución, a pesar de que son también magistrados. Es decir que en este punto se hace una distinción.

En el mismo sentido, en cuanto a la adquisición de la inamovilidad, la Constitución también distingue. Establece por una parte, en el artículo 252 un régimen aplicable a todos los magistrados judiciales, con excepción de los Ministros de la Corte Suprema, respecto de los cuales estableció el artículo 261, es decir, un régimen especial.

En el análisis simplista de los acusadores no cabe la posibilidad de que la Constitución haya usado la expresión “magistrados” en un sentido lato, comprensivo de todos los magistrados judiciales incluidos los Ministros de la Corte Suprema; y también en un sentido específico o limitado, en el cual están incluidos sólo los magistrados judiciales de las instancias inferiores al máximo órgano. El ejemplo más claro y categórico del uso del vocablo “magistrados” con este último alcance es la ya aludida denominación del órgano Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el cual tiene competencia para enjuiciar a todos los magistrados, con exclusión de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

El hecho de que el tema no haya sido objeto de discusión en la Convención Nacional Constituyente no agrega nada, y, por el contrario, permite con mayor amplitud que el mismo pueda y deba ser objeto de interpretación en sede judicial, específicamente por el órgano investido por la Norma Suprema de la facultad de ser el intérprete final de la misma (Art. 247 Cn.).

El núcleo de la discusión planteada por medio de las acciones a que se alude en este caso, consistía en la determinación de la disposición constitucional aplicable a la permanencia y cesación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia en sus cargos.

Por una parte tenemos el Art. 252 de la Constitución, que reza así: “De la inamovilidad de los magistrados. Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por periodos de cinco años, a contar de su nombramiento.

Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos periodos siguientes al de su elección, adquirirán la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los ministros de la Corte Suprema de Justicia”.

El Art. 19 de la Ley N° 609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, la Resolución N° 421, de fecha 5 de noviembre de 1999, dictada por la Cámara de Senadores y el Decreto N° 6131, del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo, impugnados de inconstitucionalidad, se basaban en la aplicación del mencionado Art. 252 Cn.

Debe señalarse que el artículo 252 Cn. está incluido en la Sección I, “De las disposiciones generales”, del Capítulo III, “Del Poder Judicial”, de la Constitución.

Por otra parte, tenemos el Art. 261 de la Constitución, que expresa lo siguiente: “De la remoción y cesación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”.

El precepto que acabamos de transcribir está incluido en la Sección II, “De la Corte Suprema de Justicia”, del mencionado Capítulo III, “Del Poder Judicial”, de la Constitución.

Se puede afirmar que, en general, todas las disposiciones incluidas en la Sección I, del Capítulo III, de la Constitución, son aplicables a todos los magistrados, considerando este vocablo en su acepción amplia, es decir, comprendiendo incluso a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Vemos, pues, que, cuando la palabra “magistrados” es usada en sentido amplio o lato, incluye a los “ministros”. Con este alcance está empleado el vocablo “magistrados” en el último párrafo del Art. 248 Cn., lo cual hace que la sanción prevista para “los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados”, deba entenderse como aplicable también cuando el atentado está dirigido contra Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, cuando en el Art. 254 Cn., que determina las incompatibilidades , y en el Art. 255 Cn., que establece las inmunidades, se habla de “magistrados”, debe entenderse que el vocablo incluye a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los cuales quedan sometidos a aquéllas y gozan de estas últimas.

Pero la Constitución también emplea el vocablo “magistrados” en sentido restringido o específico, y en este caso no incluye a los Ministros de la Corte Suprema Justicia. Por el contrario, ambos apelativos se refieren a individuos que forman parte de categorías diferenciadas por determinadas circunstancias o características.

Tal cosa ocurre, por ejemplo, en los artículos 252 Cn. (De la inamovilidad de los magistrados) y 253 Cn. (Del enjuiciamiento y de la remoción de los magistrados). En estos casos, el vocablo “magistrados” comprende solamente a “los integrantes de los demás tribunales y de los juzgados” (Art. 250 Cn.) o a “los miembros de los tribunales y juzgados” (Art. 251 Cn.), distinguiéndolos de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, como se hace en los preceptos que acabamos de mencionar. Nótese que también en la denominación del órgano “Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados” la palabra está usada en su acepción restringida.

El Art. 252 Cn., transcripto más arriba, merece un estudio más detenido. Como dijimos está incluido entre las disposiciones generales referentes al Poder judicial. Lo precede un artículo que se refiere a la designación de “los miembros de los tribunales y juzgados de toda la República” (Art. 251 Cn.); y a continuación se encuentra el artículo que regula el enjuiciamiento y la remoción de los magistrados, entendida esta palabra en sentido restringido, sin lugar a dudas (Art. 253 Cn.).

En nuestra opinión, como ya lo expresamos, en el Art. 252 Cn. la palabra “magistrados” está empleada en su acepción restringida, es decir, no comprensiva de los “ministros” de la Corte Suprema de Justicia. Esto se refleja en las afirmaciones referentes a que los “magistrados” son inamovibles en cuanto a la sede (cuando los “ministros” de hecho tiene una sede única: la capital de la República), o a que los “magistrados” no pueden ser trasladados ni ascendidos (cuando tales posibilidades no caben en relación con los “ministros”).

Pero más claramente se nota la circunstancia mencionada, cuando en el segundo párrafo del Art. 252 Cn., la inamovilidad definitiva en el cargo adquirida por los magistrados (en sentido restringido) tras dos confirmaciones, queda referida en cuanto a su duración al “límite de edad establecido para los ministros dela Corte Suprema de Justicia”.

En definitiva, el Art. 252 Cn. es aplicable sólo a los demás magistrados, pero no a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

El Art. 261 Cn. está incluido en una Sección en que todos los preceptos que la integran se refieren en forma específica a la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, en virtud del principio de que la norma de carácter especial prevalece sobre la de carácter general, el aludido Art. 261 Cn., en la medida en que contenga disposiciones que consagren excepciones a lo preceptuado en los artículos incluidos en la Sección I, del Capítulo III de la Constitución, debe prevalecer sobre éstos.

El Art. 261 Cn. contiene dos normas. La primera se refiere a la remoción de los ministros de la Corte Suprema de Justicia: “Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser removidos por juicio político”. Esta disposición establece un régimen especial en cuanto a la remoción de los ministros de la C.S.J., es decir, consagra una excepción al régimen de remoción por medio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, establecido en el Art. 253 Cn. para los demás magistrados (o para los magistrados, si usamos este vocablo en sentido restringido).

La segunda norma contenida en el Art. 261 Cn. se refiere a la cesación de los Ministros de la C.S.J.: “Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”. Esta disposición constituye una excepción a lo establecido en el 2° párrafo del Art. 252 Cn. en relación con los demás magistrados. En el caso de éstos, además de la elección se necesitan dos confirmaciones para adquirir la inamovilidad hasta los 75 años.

En realidad, se puede afirmar que esta segunda norma habla de la permanencia o duración en el cargo. En efecto, cabe interpretarla en el sentido de que los Ministros de la C.S.J. permanecen en sus cargos hasta la edad de 75 años. No es necesaria confirmación alguna, pues la norma no alude a esta exigencia. De modo que, sólo el haber cumplido la edad mencionada, o circunstancias como la muerte o la renuncia, o –integrando la primera norma- el mal desempeño de funciones o la comisión de delitos que conlleven la remoción por juicio político, pueden determinar el cese de un ministro de la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de sus funciones.

El Fiscal General del Estado afirmó lo siguiente: “La carta política de la República crea, pues, el instituto de la inamovilidad para los miembros (“ministros”) de la Corte Suprema de Justicia, con un objetivo específico: asegurar al Poder Judicial las condiciones mínimas de estabilidad, independencia y prescindencia de las tempestades del debate político, a fin de que pueda cumplir adecuadamente con su función jurisdiccional.

La Convención Constituyente de 1992 se propuso, a nuestro entender, establecer un proceso de transición hacia una administración de justicia plenamente independiente. Para ello, dotó al órgano rector del Poder Judicial –la Corte Suprema de Justicia- de la seguridad jurídica que deviene de la inamovilidad absoluta y que le permite desenvolverse con equidad, imparcialidad y al abrigo de cualquier tipo de presión.

Volviendo el escrito de acusación, vemos que el intento de fundamentación es pobrísimo. Ello se aprecia también en la alusión  al Art. 128 Cn. en la parte que dice “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”, al Art. 3° (Del Poder Público) y al Art. 47 (De las garantías de la igualdad). No guardan relación con el tema en absoluto.

Pero otras alusiones que se hacen, no sólo reflejan pobreza en los argumentos, sino un desconocimiento supino y una intención de ofender y de descalificar con irresponsabilidad la labor desempeñada. En efecto, raya en la locura la afirmación de que el dictamiento de los fallos cuestionados, además de constituir mal desempeño de funciones, configuraría los delitos de prevaricato y asociación criminal!!!

Como se expresa en el escrito de acusación, se trataba de los casos de los Ministros Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos y Enrique Sosa Elizeche, por lo que a nuestro entender no estaba configurada la causal de excusación prevista en el Art. 20, inc. b, del Código Procesal Civil.

Los Acuerdos y Sentencias Nº 222 y 223, de fecha 5 de mayo de 2000, fueron subscriptos por el Dr. Antonio Fretes, entonces miembro de un Tribunal de Apelación, quien integró la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de uno de sus miembros naturales.

 La Cámara de Diputados rechazó el enjuiciamiento del Dr. Fretes, de modo que este caso no debe ser tomado en consideración. Proceder en forma contraria, importaría una irritante discriminación y arbitrariedad en la actuación de la Cámara baja.

 La causal no puede ser válida para unos, y no válida para otros. Esto constituye una flagrante violación del derecho a la igualdad consagrado en nuestra Ley Suprema.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los fallos mencionados.

 Caso 2: Alteración del procedimiento constitucional para la confirmación de magistrados judiciales, interferencia en funciones propias de otro órgano judicial.

 El caso se refiere a la Ley N° 1634 “Que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados del Poder Judicial”.

 Los redactores de la acusación se constituyen en juzgadores de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia y deciden que el Acuerdo y Sentencia N° 1033, del 19 de diciembre de 2001, es inconstitucional. Creíamos que la facultad de ejercer el control de constitucionalidad correspondía a la Corte Suprema, como instancia única y final. Pero al parecer no es así.

 Se discuten los criterios sustentados por la Corte. ¿Qué puede hacerse al respecto?

 El máximo órgano sostuvo que en la Ley Suprema no está definido el procedimiento para la confirmación de los magistrados de las instancias inferiores. Los redactores de la acusación afirman lo contrario y además están convencidos de que su opinión es la que debe prevalecer.

 En verdad, a nivel de legislación secundaria se buscó suplir esta falta. La Corte Suprema, en el marco de un caso concreto, no hizo otra cosa que interpretar una disposición de la Ley N° 1634, como a diario lo hacen los magistrados de todas las instancias en miles de casos. En el caso que nos ocupa se trataba de una interpretación a la luz de la Constitución.

 A pesar de que no corresponde analizar los argumentos sustentados en el fallo, no podemos dejar de mencionar que la inclusión necesaria del magistrado en la terna correspondiente a su cargo, respondía a la idea básica de que el órgano que realizó la designación es el que debía encargarse de la confirmación. Tal criterio, en su oportunidad, había sido sustentado también por el propio Congreso Nacional.

 En la práctica se observó que en un porcentaje cercano al ciento por ciento, el Consejo de la Magistratura incluyó en las ternas a los magistrados en ejercicio, con un número de votos elevado, pues de todos modos se votó también en estos casos. Por otro lado, se observó que la necesaria inclusión en la terna respectiva, no significó la necesaria confirmación por parte de la Corte Suprema, pues ésta en varios casos designó a otro de los integrantes de la terna.

 No ha existido, pues, alteración del procedimiento constitucional para la confirmación de magistrados judiciales, ni indebida atribución de funciones legislativas, ni interferencia en funciones propias de otro órgano.

 Por medio de una ley se ha suplido la falta de dicho procedimiento. Ante la promoción de una acción de inconstitucionalidad por quienes se consideraban agraviados en sus derechos, la Corte Suprema resolvió el caso en ejercicio de la facultad de que está investida. Lo hizo, como ya dijimos, en el marco de un caso concreto, interpretando una disposición de la propia ley objetada – ya que la acción fue desestimada – a la luz de la Ley Suprema, conforme a una facultad que le es exclusiva.

 El Acuerdo y Sentencia Nº 1033, del 19 de diciembre de 2001, que supuestamente sirve de base a este caso, fue subscripto por los Ministros Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes.

 La Cámara de Diputados rechazó el juicio político, es decir, decidió no formular acusación contra los mismos. Por ello esta causal no debe ser tenida en cuenta por las razones apuntadas en el caso precedente.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los fallos mencionados.

 Caso 3: Usurpación de atribuciones legislativas en materia tributaria.

 En este caso, quienes redactaron la acusación no distinguen entre la facultad de establecer tributos y la facultad de reajustar o actualizar el monto de los mismos. La primera es – como se afirma en la acusación – facultad exclusiva del Congreso, en el sentido de que los tributos sólo pueden ser establecidos por ley (cf. Arts. 44, 179 y 202, inc. 4, de la Constitución). Sin embargo, la segunda puede ser delegada a otro órgano, en determinadas circunstancias y dentro de ciertos límites.

 Las tasas judiciales (es decir, el tributo) han sido establecidas por ley: Ley N° 284/71 y actualmente Ley N° 669/95, modificada, a su vez, por la Ley N° 1273/98 y ésta, por la Ley N° 2046/02. Se ve, pues, que no ha existido “usurpación de atribuciones legislativas en materia tributaria”. La Corte Suprema de Justicia no ha creado tributo alguno.

 Debemos analizar ahora si existe delegación legislativa de la facultad de regular, reajustar o actualizar el monto del tributo.

 En la acusación se alude a dos resoluciones de la Corte Suprema por medio de las cuales se habría incurrido en irregularidad. Son ellas las siguientes: Resolución N° 977, del 8 de febrero de 2002, y Resolución N° 1134, del 30 de enero de 2003. Sólo voy a referirme a la primera de ellas, pues la segunda no fue subscripta por mí.

 Transcribimos a continuación las disposiciones legales que deben ser analizadas:

 * Resolución N° 977, del 8 de febrero de 2002.

Art. 1° Ajustar en ocho con cuatro décimas por ciento (8,4 %), las tasas judiciales, especiales y demás ingresos no tributarios vigentes en el Poder Judicial, de conformidad con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2001, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

 * Ley Nº 1857/2002 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2002”.

Art. 6º: Las tasas, aranceles y otros ingresos no tributarios de carácter institucional cuyas disposiciones legales no contemplen un factor de ajuste monetario, deberán ser actualizados o incrementados de conformidad a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2001. Esta medida deberá estar en vigencia antes del 15 de enero de 2002.

 * Ley 669 “Que modifica los gravámenes específicos establecidos en la Ley Nº 284/71, de Tasas Judiciales”.

Art. 11: La Corte Suprema de Justicia dispondrá las medidas que correspondan para implementar el reajuste automático de los gravámenes establecidos en el Artículo 1º de la presente Ley, en los casos de incrementos salariales autorizados por el Poder Ejecutivo.

 De las disposiciones legales transcriptas se deduce que la Corte Suprema de Justicia está autorizada por la ley a ajustar el monto de las tasas judiciales y demás, como lo hizo por medio de la Resolución N° 977, del 8 de febrero de 2002. Por una parte, debe señalarse que tal actuación está respaldada en las normas jurídicas insertas precedentemente, y por la otra, está claro que ello no constituye una creación de tributos, sino simplemente una actualización o ajuste de un tributo que ha sido creado por ley.

 En el supuesto negado de que existan dudas acerca de la ley aplicable, ello constituye una cuestión opinable respecto de lo cual no vemos por qué debe prevalecer – como verdad indubitable – el criterio de quienes redactaron la acusación, sobre el criterio sustentado por la Corte Suprema.

 No existe, pues, violación de precepto constitucional o legal alguno, y la afirmación de que esta actuación de la Corte Suprema puede ser incursada en figuras delictivas, sorprende por su ligereza y superficialidad.

 Los Ministros Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes también subscribieron las resoluciones que supuestamente sirven de sustento a este caso.

 La Cámara de Diputados no admitió el juicio político en relación con los mismos. En consecuencia, esta causal no puede ser tenida en cuenta.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los documentos mencionados en el presente caso.

 Caso 4: Interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

 La Cámara de Diputados había dictado la Resolución N° 864/2002 “Que cita e interpela al Director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Arquitecto Walter Reiser”.

Contra dicha resolución fue interpuesta una acción de inconstitucionalidad, y la Corte Suprema, por medio del A.I. N° 487, del 24 de abril de 2002, dispuso como medida cautelar la suspensión de efectos de la citada resolución de la Cámara de Diputados.

En la acusación se considera que “de esta manera, los ministros de la Sala Constitucional, interferían en el ejercicio de una función atribuida a las cámaras del Congreso por la propia Constitución”.

Los redactores de la acusación sostienen, imaginando lo que debió haber sido la actuación jurisdiccional correcta, que la Corte Suprema no debió conceder la suspensión de efectos de la Resolución de la Cámara de Diputados o, quizá, debió rechazar in límine la acción de inconstitucionalidad interpuesta.

Aluden a la doctrina de los “actos de gobierno”, “que normalmente están exentos en cuanto al fondo de la posibilidad de ser justiciables. Afirman que “en la Argentina existe abundante doctrina al respecto y la Corte Suprema normalmente no interviene en cuestiones políticas que hacen a los mencionados “actos de gobierno”. Pero sostienen igualmente y por suerte, que “en nuestro país tenemos poco discutido el tema”.

En primer lugar, debemos señalar que la doctrina argentina a que aluden, no es uniforme. Por el contrario, existen autores de gran envergadura que sostiene la justiciabilidad de todo tipo de actos de gobierno.

Así, G. J. Bidart Campos afirma lo siguiente: “Es fácil advertir que la no judiciabilidad de una cierta cantidad y calidad de actividades -las llamadas privativas y políticas-, al excluir la revisión judicial, impide que se remedie la inconstitucionalidad que puede afectar a aquellas actividades. Y con ello, una transgresión a la constitución escapa a la sanción invalidante, queda sin reparación en el orden de las garantías, y permanece impune. Consolidar tal efecto es una defección de la técnica tutelar de la constitución; un cúmulo de actos adquiere, por consiguiente, vía libre de poder vulneratorio de la constitución, por propia concesión del estado, que entrega inerme su orden jurídico fundamental y supremo a la discreción de sus órganos de poder”.[4]

El mismo autor agrega: “Cuando un juez revisa un acto del poder ejecutivo o del congreso, y lo descubre como lesivo de la constitución (aunque ese acto sea «político»), no está penetrando en el ámbito de otro poder para violar la división, sino todo lo contrario, controlando la supremacía constitucional para volver a su cauce la actividad que se evadió de él en detrimento de la constitución”.[5]

Bidart Campos resume las consecuencias de la admisión de “cuestiones no judiciables”, en los siguientes puntos:

“a) El no juzgamiento de las cuestiones políticas viola el derecho a la jurisdicción de la parte afectada, en cuanto le impide obtener una sentencia que resuelva la cuestión política propuesta o comprometida en la causa; la sentencia se dicta para limitarse a decir que sobre aquella cuestión el juez no puede pronunciarse.

b) El no juzgamiento de las cuestiones políticas implica también declinar el ejercicio pleno de la función estatal de administrar justicia.

c) Con ello se impide asimismo remediar la eventual inconstitucionalidad de las actividades que, por configurar cuestiones políticas, quedan exentas de control judicial.

d) Por último, si el estado no es justiciable cuando algunas de sus actividades se escudan tras la pantalla de las cuestiones políticas, la «responsabilidad» estatal se esfuma, pese a la eventual infracción constitucional en que incurra”.[6]

Linares Quintana, citado por Lazzarini, sostiene que “… los Tribunales están llamados a intervenir apenas estos poderes, usando de sus facultades privativas, actúen arbitraria u opresivamente, violando los derechos y garantías constitucionales y en general cuales quiera norma establecida por la Constitución. En efecto, el principio de la división de los poderes únicamente puede ser invocado para paralizar la acción del Poder Judicial con respecto a la actuación de los poderes políticos del gobierno, en tanto éstos se desenvuelvan dentro del ámbito que la Constitución les ha trazado y sin afectar los derechos y libertades constitucionales; pero nunca podría servir para dejar sin el amparo de los tribunales a los valores supremos que el sistema institucional sirve: la libertad y la dignidad del hombre; como que, precisamente, el instituto de la separación de los poderes reconoce como finalidad última asegurar la protección efectiva de la libertad individual … Es evidente que la no justiciabilidad de los actos políticos lo será en tanto y en cuanto los poderes políticos ejerzan su competencia dentro del límite demarcado por la Constitución, y no cuando bajo la apariencia de facultades privativas violen abiertamente la Carta Fundamental, saliendo de la órbita que el poder constituyente ha fijado”.[7]

Por su parte, Humberto Quiroga Lavié afirma: “El acto de control judicial respecto de una decisión política para verificar si ella ha excedido o no el marco constitucional no puede significar sustituir al gobernante en la decisión política, sino, simplemente, impedir que la violación constitucional se produzca”.[8]

Nosotros suscribimos este último criterio, y en apoyo del mismo también se pueden mencionar las siguientes palabras de Gozaíni: “… la supremacía constitucional opera en todos los ámbitos, y al permitirse la irrevisión, lo único que se obtiene es convalidar un acto agresivo a la carta fundamental”.[9]

En el mismo sentido, G. J. Bidart Campos sostiene cuanto sigue: “Es fácil advertir que la no judiciabilidad de una cierta cantidad y calidad de actividades impide que se subsane la eventual inconstitucionalidad que puede afectar a aquellas actividades … Entregar un margen discrecional a la exclusiva actividad de ciertos órganos de poder, sin que la judicatura cuide la razonabilidad, es dar curso a la posible arbitrariedad en que aquéllos pueden incurrir … La evasión al control judicial en una clase de actividad, aunque se pregone que esa actividad debe respetar la constitución, conduce en sus consecuencias irreparables a poner la voluntad del estado por encima de la constitución, y a despojar a los jueces de su jurisdicción para asegurar la vigencia de esa misma constitución con la sanción rigurosa de las sentencias”. Más adelante agrega: “… los tribunales deben ejercer el control judicial de constitucionalidad en todos los ámbitos y sobre todas las cuestiones”.[10]

En consecuencia, ningún acto, proviniere de quien proviniere, puede escapar a la posibilidad de ser sometido al control de constitucionalidad, por parte del órgano encargado del cumplimiento de dicha función por mandato constitucional. En un Estado de Derecho los actos de las autoridades públicas deben estar encuadrados en el marco legal, y en particular, constitucional. La verificación de este hecho, provocada por quien tiene derecho a ello, no puede ser soslayada en ningún caso.

Puede ser que en la Argentina la Corte Suprema no pueda intervenir cuando se trata de “actos de gobierno”. Pero en el Paraguay, la solución que se ha adoptado es un tanto diferente. Por ley, es decir, por un acto emanado del Congreso, se ha dejado a cargo de la propia Corte Suprema la determinación de las cuestiones no judiciables. En efecto, la Ley Nº 609 establece en su artículo 12 que “no se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables”. De este modo, compete al propio órgano jurisdiccional decidir, en cada caso concreto, si una cuestión determinada será o no sometida a control. No existen cuestiones no judiciables, ya se trate de “actos de gobierno”, “facultades privativas o políticas”, predeterminadas. Es más, en el proyecto de ley de la que sería la Ley N° 609, se incluía una enumeración de cuestiones no justiciables, pero tal criterio no fue aceptado por el órgano legislativo.

En concordancia con esta solución, Vanossi afirma lo siguiente: “Que sea la propia Corte por mandato constitucional la que asuma o resigne poderes, parece preferible a la recomendación de que las abstenciones de control tengan como base una cuestionable interpretación de «oportunidad» y «conveniencia»”.

 El Art. 193 de la Constitución, al aludir a los funcionarios que pueden ser citados e interpelados por cualquiera de las Cámaras del Congreso, menciona las siguientes categorías:

 a)     Ministros (que debe entenderse del Ejecutivo)

b)    Otros altos funcionarios de la Administración Pública.

c)     Directores y administradores de entes autónomos, autárquicos y descentralizados.

d)    Directores y administradores de entidades que administren fondos del Estado.

e)     Directores y administradores de empresas de participación estatal mayoritaria.

 La inclusión del Director paraguayo de una Entidad Binacional en una de las categorías mencionadas precedentemente, no es directa y, por el contrario, ofrece reparos y requiere de un estudio. Igual cuestionamiento nos habíamos planteado en la cátedra en cuanto a los miembros de las Fuerzas Armadas.

 Tal fue la razón que determinó el dictamiento del auto interlocutorio de suspensión de efectos de la resolución de la Cámara de Diputados. El criterio sentado por la Corte Suprema es el de que no existen cuestiones no justiciables consideradas en abstracto. El Código Procesal Civil en su Art. 553 le confiere la facultad discrecional de proceder a decretar tal suspensión y, además, se trataba de una cuestión respecto de la cual no existía ningún precedente.

 Estamos de acuerdo en que hoy, cuando ya existe el precedente del fallo en virtud del cual se decidió que corresponde la citación e interpelación de un Director paraguayo de una Entidad Binacional, una actuación similar de la Corte Suprema constituiría una “interferencia en el ejercicio de funciones constitucionales de la Cámara de Diputados”.

 Pero recalcamos la diferencia: cuando se planteó el caso a que se alude en la acusación no existía ningún precedente, es decir, la cuestión no estaba clarificada. Hoy existe un fallo que admite la posibilidad de esa citación e interpelación. Esta facultad efectivamente es privativa de las Cámaras del Congreso, pero no ilimitada, pues, como vimos, no puede exceder de las cinco categorías a que alude el artículo 193 de la Constitución.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los instrumentos mencionados en el presente caso.

 Caso 5: Incumplimiento de plazos procesales con grave perjuicio al funcionamiento de la administración pública.

 El problema de la mora judicial no puede ser enfocado en abstracto, sin ninguna referencia a ciertos parámetros, entre los cuales principalmente debe tenerse en cuenta la capacidad material del órgano. Por ello, resulta mucho más real y equitativo el estudio del nivel de producción en cuanto a cantidad de fallos dictados, refiriendo tal cantidad a años anteriores y a lo que se estima que en condiciones normales se puede producir.

 Si el tema se ve desde este punto de vista, no puede concluirse sino que la producción de la Corte Suprema ha ido creciendo enormemente con el transcurso de los años, lo cual se puede apreciar en los datos estadísticos que se insertan más abajo. Por otra parte, esa producción está por encima de la mayor parte de los demás órganos jurisdiccionales.

A continuación insertamos una “Estadística de resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia”

Año

ACUERDOS Y SENTENCIAS

AUTOS INTERLOCUTORIOS

1995

464

941

1996

586

1698

1997

754

1624

1998

485

1766

1999

765

2113

2000

778

2240

2001

1150

2105

2002

1580

2183

2003 (a octubre)

2775

1704

 Nótese como la producción de Acuerdos y Sentencias y de Autos Interlocutorios, se ha venido incrementando en forma constante. Resulta aleccionador también ver cómo, en cuanto a los Acuerdos y Sentencias, las turbulencias políticas producidas durante uno de los años que abarca el estudio, determinaron la disminución en la producción de tal tipo de resoluciones.

 Debe verse especialmente la alta producción alcanzada en el presente año y en los dos precedentes. Lo señalado no es algo circunstancial, sino marca una clara y sostenida tendencia que constituye un gran esfuerzo que está determinando la substancial disminución de la mora judicial. Como se puede apreciar no se trata de algo reciente o de último momento, sino de un plan con objetivos bien precisos.

 La alusión específica que se hace en este punto a la Ley N° 1626, “De la Función Pública”, denota un desconocimiento total de las características y de la magnitud del problema.

 No saben quienes redactaron la acusación que todos los artículos de la mencionada ley han sido impugnados por lo menos en una de las acciones de inconstitucionalidad promovidas.

 Tampoco saben que existen artículos que han sido impugnados en 104, 106, 114, 119, 122, 123, 126, 133,  134, 136, 138, 142, 144, 150, 151, 153, 165, 172, 185, 190, 195, 199, 202, 210, 212, 257, 298, 310, 325 y hasta en 343 acciones de inconstitucionalidad planteadas ante la Corte Suprema (acerca del punto anterior y de este punto, se acompaña la tabla respectiva).

 Ignoran igualmente que varias de las acciones han sido promovidas por los propios órganos estatales, tales como la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dinac, el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación del Depto. de Concepción, la Universidad Nacional de Asunción, el Ministerio de Salud Pública, Senacsa, la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el Hospital Nacional de Itauguá, el Ministerio de Educación y Culto, el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Conatel, ANDE, Petropar, Gobernación del Depto. de Caazapá, Banco Central del Paraguay, varias municipalidades, Dirección General de Aduanas. También han sido promovidas por numerosos sindicatos de funcionarios de entes públicos y grupos de funcionarios públicos.

 Como se puede apreciar, no se trata de una situación normal. Hemos creído que la solución del problema escapaba al mero control de constitucionalidad de todas las disposiciones de la ley, con una eventual declaración de inconstitucionalidad con efectos restringidos, como están convencidos y exigen que sea quienes redactaron la acusación. Esto crearía un verdadero caos jurídico y haría realidad lo afirmado por éstos de que “en Paraguay existan regímenes legales diferentes para los funcionarios del Estado”, en forma definitiva.

 El convencimiento de que la solución a este problema debía ser encarada con criterios más amplios y en un marco de colaboración entre los distintos poderes, llevó a intensas, aunque infructuosas gestiones, ante los integrantes de la anterior legislatura. Ante la situación excepcional de cuestionamiento de la totalidad de la ley, entendimos que lo más razonable y lógico, era que el propio órgano legislativo reestudiara su propio acto con vistas a aceptar o no las impugnaciones formuladas.

 Se buscaba con esto que el número de disposiciones de la ley que debieran ser sometidas a control de constitucionalidad, quedara reducido a algo razonable. No se trataba de eludir el trabajo, sino de evitar lo que en proporciones reducidísimas irrita a los redactores de la acusación: el supuesto papel de legislador que asume la Corte Suprema al declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de una ley. Ante el cuestionamiento total de la ley, podríamos pensar que nos encontramos ante la eventualidad de que la Corte Suprema deba decidir cual es el régimen de la función pública, con el agravante de que – como quieren quienes redactaron la acusación – tal decisión deba tener alcances restringidos, creando así una doble regulación legal de la situación.

 La situación real es la descripta. No existe una conducta “lesiva de las atribuciones legislativas del Parlamento, Poder del Estado constitucionalmente facultado para aprobar las leyes”. Es exactamente lo contrario, esperamos que el Congreso (quizá se tenga mejor suerte con esta legislatura) contribuya a dar solución a este problema de gran envergadura mediante una intervención determinante en un campo que, por supuesto, es de su competencia.

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que informe acerca del número de A.I. y Acuerdos y Sentencias dictados desde 1995 a la fecha, y sobre las acciones de inconstitucionalidad planteadas en relación con la Ley Nº 1626.

 Caso 6: Atentado contra atribuciones del Poder Legislativo para mantener en vigencia al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

 Se trata de la Ley N° 2248/03, Que modifica el Artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial.

 El Art. 265 de la Constitución dice: Se establece el tribunal de cuentas. La ley determinará su composición y su competencia …

 La citada ley limitó las atribuciones del Tribunal de Cuentas a lo contencioso-administrativo.

 Se plantearon ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, varias acciones de inconstitucionalidad contra la mencionada ley y se dispuso la suspensión de efectos de la misma.

 En el escrito de acusación se considera que la determinación de la suspensión de efectos constituye “una muestra más de la arbitrariedad con la que actúa la Corte Suprema de Justicia”, “un ejemplo más de cómo la Corte responde a intereses corporativos, sectarios …”.

 Se afirma, asimismo, que al suspender los efectos de la ley, en vigor desde hace pocos días, la Corte Suprema impide al Congreso el ejercicio de la facultad contenida en el Art. 202, inc. 20 de la Constitución.

 El conflicto o la superposición de atribuciones entre el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y la Contraloría General de la República, existe desde junio de 1992, es decir, desde hace más de 11 años. Se sostiene que ahora que el Congreso dictó la Ley N° 2248/03 para solucionar el problema mediante la limitación de funciones del Tribunal de Cuentas a lo contencioso-administrativo, la Corte Suprema de Justicia al dictar la medida cautelar de suspensión de efectos de la citada ley, impide que el Congreso pueda ejercer plenamente una atribución que durante 11 años no la pudo ejercer en debida forma, aún cuando el dictamiento de la ley pudo haberlo hecho mucho antes.

 La argumentación parece traída de los pelos. El Art. 553 del Código Procesal Civil confiere a la Corte Suprema la facultad discrecional de suspender los efectos de una ley contra la cual se interpusiere una acción de inconstitucionalidad. En otras palabras, es el propio Congreso que dicta las leyes, el que autoriza a la Corte Suprema a proceder eventualmente de este modo. Ahora se pretende que el ejercicio de esta facultad pueda derivar en una responsabilidad por mal desempeño de funciones. De prosperar esta interpretación, ello implicaría la tácita derogación de la facultad discrecional conferida a la Corte Suprema para decidir en qué casos procede y en qué casos no procede la suspensión de efectos de una ley atacada de inconstitucional.

 Debemos señalar, además, que en ocasión de la Convención Nacional Constituyente el tema de la existencia o no de superposición entre las funciones de la Contraloría General de la República y las del Tribunal de Cuentas, fue objeto de un prolongado debate. De modo que no se puede afirmar, como se hace en el escrito de acusación, que la forma correcta de dilucidar el tema consista necesariamente en la solución que se da en la Ley N° 2248/03, negando a la Corte Suprema su carácter de intérprete final de la Constitución.

 No obstante, debo señalar que en esa oportunidad propuse que la denominación “Tribunal de Cuentas” fuera substituida por la de “Tribunal Contencioso-administrativo”, delegando a la ley la regulación de los diferentes aspectos relacionados con el mismo.

 De cualquier manera, no puede verse en el ejercicio por parte de la Corte Suprema de una facultad que la ley le confiere, un “atentado contra atribuciones del Poder Legislativo”, que configure mal desempeño de funciones. Francamente esto constituye una tremenda exageración sin sentido alguno.

 Los autos interlocutorios en virtud de los cuales se suspenden los efectos de la Ley Nº 2248/2003 fueron suscriptos también por el Dr. Wildo Rienzi Galeano (véanse los A.I. Nº 1687 a 1694, todos de fecha 30 de octubre de 2003).

 Solicito se oficie a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita copia autenticada de los fallos mencionados.

 Caso 7: Atribución de potestades constitucionales expresamente reservadas al Poder Legislativo, con grave afectación del equilibrio de poderes consagrado en el Art. 3° de la Constitución y que constituye el hecho punible de “atentado contra el orden constitucional” (Art. 277 del Código Penal – Ley N° 1160/97).

 a) En este caso, la cuestión está centrada en el alcance erga omnes que la Corte Suprema de Justicia, actuando en pleno, dio a algunos de sus fallos. Antes que nada, debe aclararse que en la parte resolutiva de ninguna de las sentencias dictadas se ha utilizado la expresión erga omnes, sino que se ha hecho una remisión a lo que expresamente establece el Art. 137 de la Constitución, en su último párrafo.

 Igualmente, debe señalarse que los diputados Efraín Alegre Sasiain, Wildo L. Legal Martínez y Rafael Filizzola no pueden invocar esta actuación de la Corte Suprema de Justicia como mal desempeño de funciones o como actos por medio de los cuales se cometieron delitos, salvo que no tengan reparos en incurrir en contradicción con sus propios actos anteriores.

 En efecto,  en el acta de la Sesión del Honorable Congreso Nacional, celebrada el 19 de agosto de 1998, figuran, entre los nombres de otros senadores y diputados, los de los diputados Pedro Efraín Alegre Sasiain, Rafael Augusto Filizzola Serra y Wildo Luis Legal Martínez. En dicha sesión se aprobó la Resolución N° 1 del Congreso “Que autoriza al Presidente y Vicepresidente del Congreso Nacional a recurrir ante el Poder Judicial”. Dicha resolución, en su artículo 1°, reza así: “Autorizar al Presidente y al Vicepresidente del Congreso Nacional a recurrir ante el Poder Judicial, solicitando la nulidad del Decreto N° 117 de fecha 18 de agosto de 1998 …”.

 Consecuentemente con esta resolución, en el escrito de promoción de la acción de inconstitucionalidad en nombre del Congreso Nacional, se solicitaba en el petitorio, lo siguiente: … IV) Oportunamente, dicte sentencia haciendo lugar a la acción promovida, declarando la inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad del Decreto N° 117, de fecha 18 de agosto de 1998, del Poder Ejecutivo, impugnado mediante esta presentación” (f. 49 del expediente “Acción de inconstitucionalidad: “Contra Decreto N° 117 de fecha 18 de agosto de 1998, del Poder Ejecutivo (presentada por el Congreso Nacional)”.

 Era el propio Congreso Nacional el que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad con efectos erga omnes. Obviamente el Acuerdo y Sentencia N° 415, del 2 de diciembre de 1998, por el cual se resolvía el caso, fue recibido con gran algarabía y plena aceptación por el Congreso Nacional.

 Dicho fallo expresaba en su parte resolutiva, lo siguiente: “Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso Nacional contra el Decreto N° 117 del 18 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo, con el alcance previsto en los artículos 137 in fine y 248 segundo párrafo de la Constitución Nacional”.

 Ahora, sin embargo, no se menciona el Acuerdo y Sentencia N° 415, entre los que se objetan por el alcance de la decisión adoptada. ¿A qué se debe esta posición dual? ¿Debe quedar a criterio del Congreso decidir la aceptación del alcance que la Corte Suprema da sus fallos o, por el contrario, considerar que existe mal desempeño o comisión de delitos si el alcance es general?

 Creemos que constituye una enorme incoherencia tratar casos idénticos en forma diferente según el buen humor o mal humor de quienes tienen que calificar la cuestión.

 En el acta de la sesión mencionada, además de los nombres de los diputados Alegre, Filizzola y Legal, figuran los de los siguientes senadores y diputados: Martín Chiola, Armando Vicente Espínola, Ana María Figueredo, Juan Carlos Galaverna, Enrique González Quintana, Bader Rachid Lichi, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, Blas N. Riquelme, Amado Enrique Yambay, Carmelo Juan Benítez Cantero, Miguel Corrales Irrazabal, Marcelo Alberto Diego Duarte Manzoni, Óscar Alberto González Daher, Blas Antonio Llano Ramos, Benjamín Maciel Pasotti, Carlos Manuel Maggi Rolón, Teodoro Rivarola Galarza, Francisco Rivas Almada, Mario Gualberto Soto Estigarribia, Juan José Vázquez Vázquez y Cándido Carmelo Vera Bejarano.

 Suponemos que para la mayor parte de ellos, este caso no tendrá ninguna importancia, dado que en la oportunidad señalada dieron su voto favorable para que la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117 fuera instaurada, pidiendo la nulidad del mismo, es decir, el dictamiento de una resolución con efectos generales o erga omnes.

 b) Bidart Campos dice: “Nosotros somos partidarios de los efectos erga omnes de la declaración de inconstitucionalidad, es decir, de la invalidación total y general de la actividad contraria a la Constitución, sea que esa actividad se haya ejercido con formas de ley, de decreto, de resolución, etc.” (G. J. Bidart Campos, Derecho de amparo, Bs. As., Ed. Ediar, 1961, p. 130).

 El principal argumento esgrimido por quienes sostienen que la declaración de inconstitucionalidad de un acto normativo pronunciado por un órgano jurisdiccional, no debe producir efectos erga omnes, consiste en afirmar que de ser así se produciría una grave violación de la división tripartita de poderes, ya que una declaración con tal alcance tiene efectos derogatorios.

Para derogar una ley se necesita otra ley; y ésta sólo puede ser dictada por el Poder Legislativo. Una sentencia declarativa de inconstitucionalidad no podría tener nunca efectos derogatorios, pues ello importaría una flagrante violación del principio señalado, esto es, una injerencia del Poder Judicial en el ámbito que está reservado en exclusividad al Poder Legislativo.

Creemos que esto no es verdad, porque no existe con este tipo de declaración una invasión del ámbito de un poder por otro.

La Constitución establece el ámbito de ejercicio de atribuciones de cada uno de los poderes, y en cuanto cada órgano se mantenga dentro del ámbito que le es propio y exclusivo, ningún otro poder puede interferir en esa actividad. Pero, si los poderes se salen del círculo de sus atribuciones específicas, entonces sí se puede declarar la inconstitucionalidad de sus actos.

En forma más clara podemos decir: el Congreso tiene facultades para dictar leyes, pero no está autorizado a dictar cualquier tipo de leyes. Solamente puede dictar leyes que se enmarquen en la Constitución, es decir, leyes que sean constitucionales.

En tanto en cuanto el Congreso dicte leyes que sean inconstitucionales, no está obrando dentro del marco que la Constitución le fija, es decir, se está excediendo. Y el Poder Judicial no interfiere en el círculo propio del Poder Legislativo sino que, por el contrario, actuando como “custodio de la Constitución”, está cortando lo que sobrepasa los límites de las atribuciones del órgano legislativo. Por eso, no hay ningún tipo de intromisión de un Poder en otro. Cuando cualquier otro Poder se sale del ámbito propio que le confiere la Constitución, al Poder Judicial le corresponde dejar sin efecto tales actos, sean del Poder Legislativo, sean del Poder Ejecutivo, como en el caso de una ley inconstitucional o de un decreto inconstitucional.

No vemos que el atribuir este tipo de efectos a una sentencia declarativa de inconstitucionalidad importe una violación del principio de división de poderes, pues sólo se refiere a actos inconstitucionales, es decir, a actos dictados por los otros poderes saliéndose de sus atribuciones, pues es evidente que dentro de ellas no puede estar la facultad de violar la Constitución. El control de constitucionalidad busca en última instancia el restablecimiento del principio de supremacía de la Constitución en los casos en que ella ha sido violada.

c) La declaración de inconstitucionalidad con efectos generales o erga omnes produce, como ya hemos apuntado, efectos derogatorios, es decir, la norma reputada violatoria de la Ley Suprema es retirada del ordenamiento jurídico positivo y deja de tener vigencia para todos los casos futuros que eventualmente pudieran presentarse.

En cambio, la declaración de inconstitucionalidad con efectos limitados, sólo determina la inaplicabilidad de la disposición jurídica impugnada al caso concreto en estudio, pero en relación con todos los demás casos, la norma sigue vigente.

Se puede afirmar, entonces, que entre ambos tipos de declaración de inconstitucionalidad existe una diferencia cualitativa. Sin embargo, en cuanto a los efectos derivados de uno y otro, se puede sostener que en la práctica, la diferencia es más bien cuantitativa. La declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, priva de efectos a la norma cuestionada en relación con todos los casos que pudieran presentarse; la declaración con efectos limitados, se circunscribe a cada caso concreto. Pero no se debe olvidar que por acumulación de casos concretos -supongamos que una ley afecte a mil personas y todas ellas la impugnen- se puede lograr el mismo efecto de una declaración erga omnes, es decir, que la norma de hecho deje de tener vigencia. Esto demuestra que la diferencia en el aspecto cuantitativo, invocada como ventaja de lo restringido sobre lo amplio, puede ser superada en ciertos casos, equiparando en la práctica los efectos de uno y otro tipo de declaración de inconstitucionalidad.

Si aceptáramos el razonamiento precedente, no resulta lógico considerar que cuando la declaración produce efectos erga omnes, el ejercicio del control de constitucionalidad importa un atentado contra el principio de división de poderes y consagra un avance del órgano jurisdiccional en un campo reservado al Congreso; y, en cambio, cuando únicamente origina efectos inter partes, no se produce dicho atentado. Esta distinción no puede fundarse sólo en que los efectos del acto sean más amplios o menos amplios.

En todo caso, para ser coherentes, deberíamos hablar de que en los dos casos hay un atentado contra el órgano legislativo, porque tanto en uno como en otro, se deja sin efecto una disposición dictada por el Congreso. De manera que si bien la afirmación de que se hiere de muerte a la ley, se aplica en sentido estricto a la declaración de inconstitucionalidad con efectos erga omnes; no es menos cierto que la declaración con efectos inter partes, también hiere a la ley al privarle de efectos en un caso concreto.

Ya mencionamos que la acumulación de casos concretos puede producir efectos similares a la declaración con efectos generales. En ciertas situaciones incluso se llega al extremo de que el número de sujetos afectados por la ley es tan escaso, que la declaración de inconstitucionalidad con efectos limitados produce, de hecho, efectos erga omnes; v.gr.: una ley de expropiación.

d) Ocurre que muchas veces en los debates sobre la redacción de una norma jurídica, se dice una cosa, y luego se escribe otra, o se escribe más de lo que se dijo. En estos casos, la norma adquiere vida propia más allá de lo que se expresó en los debates. Algo de esto sucedió en el tema de la declaración de inconstitucionalidad.

La forma en que están redactados los artículos constitucionales referidos al tema, permite interpretar que la declaración de inconstitucionalidad puede tener efectos limitados o efectos generales.

Por una parte, la disposición contenida en el artículo 260, apartado 1, prescribe efectos limitados cuando se trata de la declaración de inconstitucionalidad de “leyes y de otros instrumentos normativos”. Pero puede afirmarse que en este supuesto, la declaración produce como efecto únicamente “la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso”, porque ella es pronunciada por la Sala Constitucional y no por la Corte en pleno.

Por otra parte, el artículo 132 de la Constitución dice: La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley. El artículo 259 de la Constitución cita entre las atribuciones de la Corte la de conocer y resolver sobre inconstitucionalidad (inciso 5).

Además, el artículo 137 de la Constitución, expresa en su último párrafo lo siguiente: Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución.

Bien cabe la interpretación de que lo dispuesto en los artículos 132 y 259, inciso 5, de la Ley Suprema, en concordancia con lo expresado en el artículo 137, último párrafo, otorgan a la Corte, actuando en pleno, la facultad de declarar la inconstitucionalidad con efectos erga omnes.

El artículo 259 de la Constitución al mencionar entre las  atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, la de conocer y resolver sobre inconstitucionalidad (inciso 5), no especifica nada en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad debe tener efectos limitados, como se tuvo el cuidado de establecer en relación con la Sala Constitucional. En este último caso la declaración no tiene más alcance que el de la inaplicabilidad de la norma cuestionada al caso concreto (Art. 260, ap. 1, de la Constitución).

Evidentemente se necesita un mecanismo que haga operativa la disposición contenida en el artículo 137, último párrafo, de la Constitución, que de otro modo quedaría sin posibilidad de aplicación práctica, como una mera declaración retórica. Creemos que vinculando dicha norma con lo preceptuado en los artículos mencionados con anterioridad (132 y 259 inc. 5, de la Constitución), se puede afirmar que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre inconstitucionalidad, cuando son adoptadas por el pleno, pueden tener alcance general, es decir, efectos erga omnes.

Este es el criterio que el máximo órgano jurisdiccional sostuvo en algunos fallos. Debe puntualizarse con énfasis que existe, por lo menos, un antecedente jurisprudencial de la anterior Corte Suprema. La sentencia N° 183, del 1° de julio de 1994, en su parte resolutiva dice: “Hacer lugar a la demanda de inconstitucionalidad deducida y en consecuencia declarar la inaplicabilidad de la Ley N° 244/93, con el alcance previsto en el Art. 137 in fine, de la Constitución Nacional”.[11]

En otras palabras, la Corte declaró que la Ley N° 244/93, referente a la organización de las Fuerzas Armadas, carecía de validez. Se sentó así una jurisprudencia novedosa: la declaración de inconstitucionalidad de una ley puede tener efectos derogatorios. La Ley N° 244/93, sancionada por el Congreso, dejó de tener vigencia por resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Siguiendo este mismo criterio, la actual Corte Suprema, actuando en pleno, dictó algunos fallos con el alcance mencionado. En el escrito de acusación se hace alusión a ellos, aunque, como dijimos, se omite el Acuerdo y Sentencia N° 415, del 2 de diciembre de 1998, que declaró la inconstitucionalidad del Decreto N° 117, a pedido del propio Congreso Nacional.

f) En el escrito de acusación se afirma que para fundamentar esta jurisprudencia de la Corte Suprema se hace referencia en forma exclusiva al sistema español, que los redactores de la acusación consideran que es diferente al vigente en nuestro país y que, por tanto, no puede servir de sustento a la postura de nuestro máximo órgano jurisdiccional.

Sabemos que el sistema español es diferente, básicamente porque el control de constitucionalidad está en manos de un Tribunal Constitucional, que constituye un órgano extrapoderes, y no a cargo del órgano máximo del Poder Judicial. Pero esta sola circunstancia no invalida toda referencia que se pueda hacer al mismo, precisamente si se tienen en cuenta las diferencias que existen entre uno y otro sistema.

Pero para evitar discusiones estériles vamos a hacer referencia al derecho comparado latinoamericano, en el cual encontramos casos muy similares al nuestro en que, incluso, la Sala Constitucional, por si sola, puede declarar la inconstitucionalidad de actos normativos (leyes) con alcances erga omnes.

Esto ocurre, por ejemplo, en el sistema constitucional salvadoreño, con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

 A continuación transcribimos los preceptos constitucionales  pertinentes:

Art. 174: “La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos …

La Sala de lo Constitucional estará compuesta de cinco magistrados designados por la Asamblea Legislativa, uno de los cuales será el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien también la presidirá.”

Art. 183: “La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

 En cuanto al sistema costarricense, Rubén Hernández Valle afirma lo siguiente: “Las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad, además de anular la norma o actos impugnados, tienen efectos de cosa juzgada y los eliminan del ordenamiento jurídico. En otros términos, la sentencia estimatoria en esta materia tiene efectos abrogativos y erga omnes hacia el futuro, pues la norma o acto declarados inconstitucionales desaparecen del ordenamiento jurídico, tal y como si hubieran sido derogados” (R. Hernández Valle, El Derecho de la Constitución, San José, Costa Rica, Ed. Juricentro, 1993, Vol. II, p. 718).

En Panamá, la declaración de inconstitucionalidad de actos normativos, con efectos erga omnes, corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno.

 El Art. 203 prescribe cuanto sigue: “La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

1- La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona …

… Las decisiones de la Corte en ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial.”

En Venezuela, de acuerdo con la Constitución de 1999, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de declarar la nulidad de leyes y otros instrumentos normativos. Esto equivale a la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales.

 Las disposiciones constitucionales pertinentes son las siguientes:

 Art. 334: “…Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados den ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.”

 Art. 336: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad de total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con esta Constitución.

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público…”.

 g) Como conclusión de este caso, queremos remarcar los siguientes puntos:

 – En este caso de la acusación, se nota que se han “cortado y pegado” diferentes “trabajos”, sin mucho cuidado, ni lógica.

 – Los redactores de la acusación, en un acto de soberbia, se arrogan en exclusividad la capacidad de poder realizar una acertada interpretación de las disposiciones de la Constitución. Por no sabemos que acto, a ellos les ha sido conferida la posibilidad de poseer la verdad indubitada y de calificar, en cambio, a la interpretación realizada por la Corte Suprema de errada, cuando menos.

 – Deducen ellos, no sabemos de donde, que la Corte Suprema sostiene que cuando actúa en pleno siempre y necesariamente sus resoluciones referentes a la declaración de inconstitucionalidad producen efectos erga omnes. En ningún caso se ha sostenido esto.

 Lo que se ha dicho es que cuando actúa la Sala Constitucional, por expresa disposición de la Ley Suprema, sus resoluciones sólo tienen efectos limitados o inter partes; y para darle efectos erga omnes a un fallo necesariamente debe intervenir el pleno de la Corte Suprema, aunque si no se hace la referencia al Art. 137, último párrafo, de la Constitución, los efectos no tienen tal alcance.

 Creen que se confunde la potestad de ampliar las salas con la facultad de dictar fallos con efectos erga omnes. Tremendo error. Sólo un análisis simplista, poco profundo y sin base jurídica puede sostener esto. La facultad de dictar sentencias con efectos erga omnes no deriva del hecho de que las salas puedan ser ampliadas con intervención de todos los miembros de la Corte Suprema. Dicha facultad le está conferida al máximo órgano jurisdiccional por las disposiciones constitucionales mencionadas más arriba, y la necesidad de que intervenga el pleno es indispensable porque la facultad le está conferida al pleno de la Corte Suprema y no a una de sus salas. Es lo contrario al razonamiento absurdo utilizado en el escrito de acusación.

 – Señalan una opinión doctrinaria – que no es más que eso: una opinión doctrinaria – como si fuera la verdad absoluta, en tanto que cualquier otra en sentido contrario, carecería de todo valor.

 – Los redactores de la acusación cometen el grave error de querer hacer prevalecer la legislación secundaria por encima de la Constitución. Sostienen que porque el Código Procesal Civil – legislación secundaria que regula la materia – no se refiere a los efectos erga omnes, no existe posibilidad de concluir que la propia Ley Suprema admita tales efectos.

 Olvidan que el C.P.C. es de 1988, es decir de antes de la Constitución de 1992, por lo que ha quedado desfasado y obviamente el supuesto argumento al que aluden, de que en él no están previstos los efectos erga omnes de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad, carece en absoluto de todo sustento lógico y jurídico.

 – No es cierto que la exclusividad de conocer y resolver las cuestiones de constitucionalidad esté reservada a la Sala Constitucional. No se puede afirmar tal cosa si se pretende un mínimo de rigurosidad científica, cuando el Art. 259 Cn. al hablar de los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, sin ninguna limitación, le confiere en su inc. 5, el conocer y resolver sobre inconstitucionalidad. En nuestro sistema, la Corte Suprema de Justicia reúne la triple calidad de Tribunal Constitucional, Tribunal de Casación y Tribunal de Apelación, en ciertos casos.

 – En la enumeración de los fallos en los cuales la Corte Suprema ha declarado la inconstitucionalidad del acto normativo impugnado, con los alcances previstos en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, se omite ex profeso el Acuerdo y Sentencia N° 415, del 2 de diciembre de 1998, que se refería al Decreto N° 117/98.

 Es que en ese caso, el propio Congreso Nacional, como vimos más arriba, pidió la declaración de nulidad del mencionado decreto. Es decir, el órgano legislativo admitió en forma expresa al pedir y luego al aceptar la decisión, que la Corte Suprema de Justicia estaba investida de la facultad de actuar del modo en que lo hizo en este caso.

 No se puede ahora – si existe un mínimo de decencia y coherencia – sostener en relación con casos similares, que ello constituye mal desempeño de funciones.

 En particular, los diputados Efraín Alegre Sasiain, Rafael Filizzola Serra y Wildo Legal, no debieron admitir este caso como uno de los supuestos fundamentos de la acusación.

 – La alusión a “Hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral”, es delirante.

 El Acuerdo y Sentencia Nº 415, del 2 de diciembre de 1998, fue subscripto también por el Dr. Wildo Rienzi Galeano.

 El Acuerdo y Sentencia Nº 979, de fecha 18 de septiembre de 2002, fue subscripto también por los Doctores Wildo Rienzi y Antonio Fretes.

 Caso 10: Irregularidades en la licitación de las obras de la Torre Norte del Palacio de Justicia.

 Este caso refleja desconocimiento del tema y una gran ligereza en el tratamiento del mismo. Igualmente se aprecia la influencia que ciertos medios de prensa ejercen sobre el público en general y, por lo visto, también sobre personas calificadas que, no obstante esta circunstancia, aceptan acríticamente como verdad indubitada todo lo publicado en los medios periodísticos.

 Al respecto existen datos categóricos que echan por tierra todo lo afirmado en la acusación.

 De acuerdo con el Art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Precalificación y Licitación Pública Nacional N° 01/2002 “De empresas o consorcios de empresas para la refacción y terminación de obras en la Torre Norte del Palacio de Justicia”, “la Corte Suprema  se reserva el derecho de declarar desierta la Precalificación y Licitación en el caso que considere no ser de su conveniencia ninguna de las ofertas presentadas, sin que esta situación dé derecho a los licitantes para reclamar daños y perjuicios”.

 Esta condición – así como todas las otras del Pliego de Bases y Condiciones -, fue aceptada por todos los participantes de la licitación, y es una disposición que con frecuencia se incluye en los citados pliegos.

 La Corte Suprema, en ejercicio de una atribución que le correspondía, declaró desierta la aludida Precalificación y Licitación Pública Nacional. En definitiva, las obras no se llevaron a cabo. En estas circunstancias, ¿qué irregularidad o perjuicio para el Estado pudo haber derivado de este hecho?

 Algunos de los oferentes promovieron ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, una acción contra la Corte Suprema de Justicia, pero luego desistieron de la misma. ¿Qué irregularidad existe en esto? Esta era la vía natural para cualquier reclamación o cuestionamiento sobre aspectos relacionados con la licitación, y, por ello, el desistimiento constituye, por el contrario, una prueba categórica de que todo terminó por los cauces normales.

 Dados los extremos señalados, constituye una irresponsabilidad que ofende sensiblemente la integridad y la honorabilidad de cualquier persona, el afirmar que “incurren los acusados dentro de la tipificación del delito de Lesión de Confianza tipificado en el art. 192 del Código Penal, en el presente caso en grado de tentativa”.

 Rechazo categóricamente esta afirmación. Se ha demostrado que no hubo adjudicación, que la Corte Suprema declaró desierta la licitación haciendo uso de una atribución de que estaba investida, y que los supuestos afectados promovieron un juicio contencioso-administrativo, del cual luego desistieron. No existe irregularidad alguna. No ha existido perjuicio alguno al erario público, ni nada parecido.

 La Resolución Nº 1172, “Por la cual se declara desierta la Precalificación y Licitación Pública Nacional Nº 01/2002, de empresas o consorcio de empresas para la refacción y terminación de obras en la Torre Norte del Palacio de Justicia”, de fecha 30 de abril de 2003, fue subscripta también por los Doctores Antonio Fretes y Wildo Rienzi Galeano.

 Caso 12: La insólita promoción del Juez Juan Carlos Paredes.

 Se califica de “insólita” la promoción del Juez Juan Carlos Paredes. Se afirma que el mismo “… no solamente no fue destituido del cargo, sino que inclusive la Corte lo premió con un ascenso a magistrado de segunda instancia …”. Se agrega que esto demuestra “negligencia y actitud corporativa … falta de voluntad para combatir la corrupción”.

 Todo lo afirmado carece en absoluto de fundamento y es fruto de la liviandad en el tratamiento del tema y del desconocimiento de procedimientos y disposiciones constitucionales.

 En primer lugar, debe señalarse que no es atribución de la Corte Suprema de Justicia el enjuiciamiento y la eventual destitución de los magistrados de grados inferiores. Tal atribución corresponde al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (Art. 253 Cn.), de modo que la expresión “no solamente no fue destituido del cargo” no puede ser referida a la Corte Suprema de Justicia.

 Es más, el Juez Juan Carlos Paredes fue absuelto en el mencionado caso, por el órgano constitucional competente para enjuiciarlo. En efecto, en virtud de la S.D. N° 14/2000, de fecha 26 de julio de 2000, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió absolver al Magistrado Juan Carlos Paredes, Juez Penal de Liquidación y Sentencia N° 1 de la Capital (se adjunta copia del fallo).

 Si el órgano competente lo absuelve, independientemente del criterio u opinión que se tuviera sobre el caso, la Corte Suprema de Justicia y cualquier otro órgano o persona, deben actuar en consecuencia de la resolución adoptada. No pueden hacerlo de otro modo, pues ello implicaría sobreponerse a la decisión adoptada de conformidad con la Constitución y la ley, y actuar indebidamente de acuerdo con su propio criterio como si este constituyera una decisión de jerarquía superior. Todo esto es inadmisible.

 No hubo, pues, “negligencia y actitud corporativa” ni “falta de voluntad para combatir la corrupción”. Si la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue de absolución, la actuación de la Corte Suprema de Justicia no podía ni debía estar condicionada a una supuesta situación irregular del citado magistrado, porque ello implicaría que la Corte, contra la decisión del órgano competente y sin el debido proceso –del cual, por el contrario, no resultó nada- le está imponiendo una sanción.

 Además, debe agregarse que, como es de público conocimiento, la designación de los magistrados se hace por votación secreta, de modo que resulta imposible determinar quienes fueron los ministros de la Corte Suprema de Justicia que votaron a favor de su nombramiento, ya que la decisión se adoptó por mayoría, no por unanimidad. Sería sumamente absurdo y arbitrario sostener que ante la imposibilidad de esta determinación, la supuesta responsabilidad por el hecho debieran cargarla todos los integrantes del mencionado cuerpo.

 La S.D. Nº 14/2000, del 26 de julio de 2000, por la cual se absuelve al Magistrado Juan Carlos Paredes, fue subscripta por el Dr. Wildo Rienzi G. y por el actual Senador Oscar González Daher.

 Caso 13: Autoaumento de salarios.

 En la denominación del caso se incurre en un error. No se trata aumento de salarios, sino de la determinación de bonificaciones por responsabilidad en el cargo.

 Se alude a la Acordada N° 250 de fecha 15 de febrero de 2002 y a la Resolución N° 1139 del 7 de febrero de 2003.

 La ligereza en el tratamiento del tema se puede apreciar en otro error. En efecto, se afirma que la Acordada N° 250 del 15 de febrero de 2002 contraviene el Decreto N° 20.139 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 2061/02 Que aprueba el Presupuesto de Gastos [sic] de la Nación para el ejercicio fiscal 2003”.

 La Acordada supuestamente viola un Decreto de fecha posterior. Como se sabe, el Presupuesto General de la Nación para el año siguiente, es aprobado en los últimos meses del año precedente (en este caso noviembre/diciembre de 2002, nunca antes del 1° de septiembre de 2002 – Art. 216 Cn.). La Acordada N° 250 fue dictada el 15 de febrero de 2002.

 El caso es muy simple. En el referido Decreto se establece que las bonificaciones por responsabilidad en el cargo no deben sobrepasar el 40 % de la remuneración básica mensual (sueldo más gastos de representación).

 En la acusación, sin prueba alguna, se afirma que lo establecido en dicho concepto supera el porcentaje fijado. Por el contrario, basta atender a lo que se establece en el Presupuesto General de la Nación como remuneración básica mensual de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, para comprobar que no se ha incurrido en ninguna irregularidad al determinar las bonificaciones por responsabilidad en el cargo.

 Por último, debe señalarse la malicia que contiene la denominación que se da a este caso al hablar de “autoaumento”. Indudablemente es la Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial y por disposición legal, la que debe dictar la resolución mediante la cual se adopta una medida como la que nos ocupa. Dicha decisión beneficia, es cierto, a los integrantes del máximo órgano, pero ello es así porque se trata de una resolución en la cual se determina la bonificación por responsabilidad en el cargo de los magistrados de todas las instancias.

 La Acordada Nº 250, del 15 de febrero de 2002, y la Resolución Nº 1139, del 7 de febrero de 2003, fueron subscriptas por los Doctores Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes.

 Caso  14: “Mundy Recepciones” o de las “Croquetas de Oro”.

 En este punto se hace una serie de observaciones fundadas antes que en criterios jurídicos objetivos, en deformaciones cargadas de subjetividad y superficialidad.

 a) Comienza el tratamiento ligero del tema con la misma denominación del caso: “croquetas de oro”, con lo cual se cede sin ningún sentido crítico a la caricaturización del tema, realizado por algunos medios periodísticos.

 Al respecto debe señalarse que los servicios comprendían por mes, 9400 almuerzos, 5854 almuerzos en viandas (Marmitex), 36.840 lunches. Estos servicios fueron prestados durante dos años.

 b) No se comprende, en absoluto, el alcance del control de constitucionalidad, aunque se afirme que “por supuesto que no se pretende que la Acción de Inconstitucionalidad constituye un recurso ordinario”.

 En nuestro ordenamiento jurídico, la facultad de ejercer el control de constitucionalidad está conferida a la Corte Suprema de Justicia, y en particular a la Sala Constitucional. Dicho control puede recaer sobre actos normativos (leyes) o sobre actos jurisdiccionales (sentencias). Dicho control puede ser provocado por la vía de la acción (directamente ante la Corte Suprema) o por la vía de la excepción (en cualquier instancia, en el marco de cualquier juicio, sin perjuicio de que las actuaciones se eleven luego a la Corte para decidir la cuestión).

 En el presente caso, se trataba de una acción de inconstitucionalidad promovida contra las sentencias dictadas en primera y segunda instancias. Se sabe que el objetivo de la acción planteada es el provocar el control de constitucionalidad de las sentencias impugnadas, no una nueva revisión de ellas en tercera instancia. El control de constitucionalidad consiste en verificar si en el dictamiento de las sentencias no se ha incurrido en violación de preceptos constitucionales. En otras palabras, consiste en constatar la adecuación de dichos actos jurisdiccionales al marco constitucional. No se trata de una revisión amplia y general de las sentencias, lo cual podría ser propio de los recursos. La Corte Suprema no actúa ni puede actuar en el marco de una acción de inconstitucionalidad como un tribunal de tercera instancia, ni puede convertir a dicha acción en un recurso de revisión de los fallos dictados en las instancias ordinarias, aunque discrepara con el criterio de los magistrados intervinientes, siempre que el proceso se hubiere llevado con observancia de las disposiciones consagradas en la Ley Suprema.

 En cuanto al alcance del control de constitucionalidad ha sido sentada una jurisprudencia uniforme, pacífica y de larga data, que arranca desde antes de 1995 y que ha sido mantenida en forma invariable por esta Corte Suprema.

 En relación con este punto, transcribimos a continuación ejemplos relativamente reciente de la jurisprudencia sentada sobre el punto.

 Acuerdo y Sentencia Nº 393 – 11 de noviembre de 1998

 …La lectura de los expedientes traídos a la vista revela que el accionante pretende reabrir el estudio de temas extensamente debatidos en las instancias ordinarias. Al respecto han sido dictadas las resoluciones respectivas, las cuales se basan en criterios razonables y en la aplicación de las disposiciones legales pertinentes. Dados estos extremos, se puede pensar que lo que se intenta es abrir indebidamente una tercera instancia de revisión por medio de una acción  de inconstitucionalidad. Pero esto, dada la naturaleza del juicio principal así como la finalidad específica del control de constitucionalidad, es en absoluto improcedente…

 Acuerdo y Sentencia Nº 53 – 11 de marzo de 1999

 …Ciertamente que es posible disentir con la valoración de las pruebas realizada por los magistrados, pero este solo hecho no justifica la promoción de una acción de inconstitucionalidad. De acuerdo con una jurisprudencia pacífica y constante, la apreciación de las pruebas constituye materia opinable, y siempre que los magistrados se mantengan dentro de los límites de sus facultades jurisdiccionales, la simple discrepancia de esta Corte con el criterio de los mismos no autoriza su intervención si no existe conculcación de preceptos constitucionales, como en el presente caso. Este máximo Tribunal, tratándose de este tipo de acción, no actúa por vía de apelación, sino a los efectos del control de constitucionalidad de los fallos dictados en las instancias ordinarias.

Si, como se observa en el caso en estudio, no ha existido violación alguna de norma de rango constitucional a todo lo largo del proceso, no cabe la intervención de éste órgano…

 Acuerdo y Sentencia Nº 105 –  5 de abril de 1999

 …La Corte Suprema de Justicia, actuando como tribunal de control de constitucionalidad, no constituye una instancia más para pronunciarse sobre cuestiones procesales que han sido debatidas y resueltas en las instancias ordinarias, salvo que exista una ostensible violación de normas constitucionales.  Esta circunstancia, no se presenta en caso de autos…

 Acuerdo y Sentencia Nº 223 – 12 de mayo de 1999

 … Los argumentos esgrimidos por el accionante se basan en su discrepancia con la valoración de las pruebas realizada por los magistrados de las instancias ordinarias. Este hecho no constituye, sin embargo, base suficiente para una nueva revisión del tema cuando se han agotado las instancias previstas en la ley. Pretender servirse para ello de una acción de inconstitucionalidad, resulta improcedente conforme lo ha señalado esta Corte en innumerables ocasiones. Los magistrados tienen la facultad legal de valorar las pruebas ofrecidas de conformidad con las reglas de la sana crítica, por lo que si sus apreciaciones se mantienen dentro del campo de lo razonable, la intervención de este máximo tribunal no corresponde ya que la vía escogida está orientada al control de constitucionalidad, exclusivamente…

 Acuerdo y Sentencia Nº 281 – 23 de junio de 2000

 …Por medio de la presente acción se pretende lograr la declaración de inconstitucionalidad, y consiguiente nulidad, de los fallos impugnados, por estar  ellos  afectados por supuestos vicios procesales que los invalidan. Como los mismos no fueron debida y oportunamente cuestionados, esta acción deviene improcedente pues se pretende convertirla en una instancia más de revisión de sentencias dictadas por magistrados de las instancias inferiores. Hacer lugar a la presente acción importaría desvirtuar el objeto propio y específico de la misma, que no es otro sino el control de constitucionalidad, pues en el caso en estudio no se observa conculcación alguna de preceptos de máximo rango…

 Acuerdo y Sentencia Nº 422 – 22 de agosto de 2000

 … Los argumentos expuestos por el accionante en su escrito de promoción, son los mismos que ya han sido objeto de consideración y detenido estudio en las instancias ordinarias. Esta circunstancia revela la intención de utilizar a esta vía, estatuida en forma específica a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad, como un recurso ordinario más para la revisión de decisiones adoptadas en las instancias precedentes. Dicha intención no puede ser avalada por esta Corte, pues, de conformidad con las opiniones doctrinales prevalecientes y la jurisprudencia constante y pacífica existente sobre el tema, la acción de inconstitucionalidad no debe ser equiparada a una tercera instancia…

 Acuerdo y Sentencia Nº 61 – 20 de marzo de 2001

 … El accionante, al fundamentar la presente acción, repite los argumentos esgrimidos en las instancias ordinarias. Se puede apreciar que los mismos se refieren a la valoración que los magistrados intervinientes realizaron de las pruebas ofrecidas y a la interpretación y aplicación del derecho efectuada por los aludidos juzgadores. Pero no existiendo conculcación de preceptos de máximo rango, como ocurre en el presente caso, la utilización de esta vía –legislada en forma específica para ejercer el control de constitucionalidad resulta improcedente. Admitir lo contrario importaría reconocer a la acción de inconstitucionalidad el carácter de un recurso ordinario más para la revisión de decisiones adoptadas en las instancias precedentes y constituir esta Corte en un tribunal de tercera instancia, cuando ello no corresponde. Las opiniones doctrinales prevalecientes y la abundante, constante y pacífica jurisprudencia existente sobre el tema, no admiten tal posibilidad…

 Acuerdo y Sentencia Nº 399 – 26 de julio de 2001

 …La lectura de las constancias procesales permite afirmar que los juzgadores han actuado guiados por tales reglas, aplicando las disposiciones legales que regulan el caso en estudio. Se han observado las normas que garantizan el debido proceso y el ejercicio del derecho a la defensa en juicio, por lo que no puede sostenerse que exista arbitrariedad.

En el momento de dictar las sentencias se ha tenido en cuenta la ley vigente en la materia así como los principios del derecho laboral, la doctrina y jurisprudencia existentes sobre el tema.

No se observa violación alguna de preceptos de rango constitucional. En las circunstancias descriptas, la acción promovida deviene improcedente. En efecto, la misma tiene una finalidad específica: hacer efectiva la supremacía de la Constitución mediante un procedimiento de control de constitucionalidad que conduzca a la declaración de la nulidad de las resoluciones judiciales que contradigan a aquella. El caso en estudio no puede prosperar. Lo contrario implicaría desvirtuar la acción de inconstitucionalidad, utilizándola como un recurso ordinario más de revisión; y provocar la intervención indebida de esta Corte como un tribunal ordinario …

 Acuerdo y Sentencia Nº 351 – 29 de abril de 2002

 …El accionante no comparte la decisión adoptada por los magistrados de las instancias ordinarias y sostiene que los fallos dictados son arbitrarios. Sin embargo, los argumentos expuestos por el accionante no resultan adecuados como para que una acción de esta naturaleza pueda prosperar. En efecto, no corresponde utilizarla como un recurso ordinario de revisión, con el fin de que en tercera instancia sean estudiados nuevamente los fallos dictados por los magistrados de las instancias ordinarias, en ejercicio de sus funciones.

Las discrepancias que se pudiere tener con las decisiones de éstos, no pueden ser planteadas por esta vía, cuando los fallos se enmarcan en las leyes vigentes en la materia, en las constancias de autos y en las reglas de la lógica. Solamente en caso de que se observen violaciones de principios, derechos o garantías constitucionales, resulta procedente la intervención de esta Corte con vistas a ejercer el control de constitucionalidad…

 c) Se critica el “pronto despacho”, “la notoria celeridad con la cual fue evacuada la cuestión” y de ello se deduce que existen “graves indicios de parcialidad en el juzgamiento”. Es más, con todo desparpajo se pretende que “dicha conducta se halla encuadrada dentro de la tipificación del delito de prevaricato previsto en el Código Penal en su artículo 305”.

 Palos por que bogas y palos por que no bogas. Es cierto que existen casos en que hay retraso, pero también existen cientos de casos en que se da la “notoria celeridad” que tanto llama la atención de los redactores del escrito de acusación. No pueden afirmar estos que sólo en este único caso se dio tal circunstancia. Eso sería muy llamativo, aunque por sí sola no constituiría ninguna irregularidad. Pero la verdad es que existen múltiples casos comunes, que no llaman la atención, en que se da tal celeridad.

d) Se afirma que no se “busca realizar un análisis sobre el acto jurisdiccional de la CSJ”, sin embargo, se avanza sobre el tema en forma indebida, como si la comisión encargada de redactar el escrito de acusación estuviera investida de atribuciones que le permitieran juzgar actos emanados de la Corte Suprema de Justicia, como si constituyeran una instancia superior e infalible.

 No se hace otra cosa sino asumir el carácter de un tribunal que pretende estar por encima de la Corte Suprema, cuando se afirma que “se ha partido de premisas falsas para condenar a la Binacional como oportunamente será demostrado si necesario fuere”. Tal afirmación resulta totalmente desubicada e irrespetuosa.

 Se alude luego, siguiendo siempre en el papel de juzgador supremo, analizando cuestiones jurídicas y fácticas que fueron objeto de estudio y pronunciamiento en sede judicial en las instancias pertinentes. No pueden los redactores del escrito de acusación tener la soberbia de creerse dueños de la justicia y de la verdad. Más adelante haremos mención a una serie de circunstancias que demuestran que la ligereza y el desconocimiento prevalecieron en el análisis de este caso. Esta alusión demostrará asimismo que la Corte Suprema hizo un estudio profundo del expediente y no “una lectura ligera de los fallos de los inferiores”. Lo que no saben los redactores es que no es necesario hacer una descripción detallada de cada paso que se da.

 Los supuestos problemas de proporciones para la Itaipú, el embargo de sus bienes, la dificultad de pago de salarios al personal de la entidad, los cuestionamientos de la dirección brasileña, etc., son cuestiones que sobrepasan los límites de un juicio y que escapan a la responsabilidad y a las posibilidades del órgano juzgador.

 La irresponsable alusión a una supuesta ligereza en la condena a la Entidad Binacional Itaipú, sobre la base de una “dudosa interpretación”, con lo cual se pretende de nuevo suplir con carácter supremo la función de los órganos jurisdiccionales, así como la mención de nuevo del mal desempeño de funciones y del delito de prevaricato, descalifican por completo esta acusación.

 f) No saben los redactores de la acusación que la fórmula matemática de reajuste del precio que debía pagarse fue establecida por la propia Entidad Binacional Itaipú en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Binacional que llamó para la provisión de los servicios.

 No se podrá afirmar que la Itaipú sea una entidad débil, carente de un asesoramiento jurídico adecuado. La fórmula de reajuste fue establecida en forma deliberada, unilateralmente y con pleno conocimiento de causa, con precedencia a cualquier actuación judicial.

 En sede judicial nunca se cuestionó la fórmula en sí, sino la forma de aplicarla. Se sabe que los jueces no pueden pronunciarse, en principio, más que sobre lo que las partes someten a jurisdicción.

 No saben los redactores de la acusación que ambas partes accedieron a someter la cuestión a un análisis pericial, teniendo en cuenta que la aplicación de la fórmula era una cuestión de carácter contable y administrativo.

 Fueron designados tres peritos, dos propuestos por cada una de las partes y el tercero por el juez.

 Las partes aportaron puntos al cuestionario que sería dirigido a los peritos y el juzgado resolvió incluir en el cuestionario todos los puntos que ambas partes solicitaron.

 Las respuestas dadas por todos los peritos (incluido el propuesto por la Itaipú) al cuestionario que les fuera dirigido fueron concluyentes, categóricas, concordantes y coincidentes en todo lo substancial.

 La suma que la Itaipú Binacional debía abonar a la firma demandante fue fijada ya en primera instancia. Dicho monto fue confirmado en segunda instancia. Hasta ese momento no existió ninguna reacción por parte de la  Itaipú. De ningún modo cabe pensar que no tenía un buen asesoramiento jurídico, o que siendo víctima de arreglos espurios en las instancias ordinarias no pudiera solicitar los buenos oficios de altas autoridades, aunque bastaría la intervención de las propias autoridades de la Itaipú, para alertar a la Corte Suprema sobre las irregularidades que supuestamente se estaban cometiendo. Tampoco se recurrió a denuncias a la prensa.

 Silenciosamente se planteó una acción de inconstitucionalidad, como si se tratara de un caso más. Nunca recibí la visita de un abogado de la Itaipú en relación con este caso. Con anterioridad, en casos ínfimos comparados con éste, de pago de indemnizaciones y otros rubros en materia laboral (que no excedían de 40 o 50 millones de guaraníes), había recibido la visita de profesionales interesados en los casos encomendados a ellos.

 El escándalo estalla luego de que se rechaza la acción de inconstitucionalidad promovida. Existieron cosas raras en este caso, pero ninguna de ellas estuvo vinculada con las actuaciones en sede judicial.

 Los redactores de la acusación debieran escandalizarse no porque se rechaza una acción de inconstitucionalidad dado que no se había observado en todo el curso del juicio ninguna conculcación de preceptos de máximo rango, sino de lo que precede a lo realizado en sede judicial. Allí está el meollo del asunto.

 Debieran escandalizarse por la inclusión de una fórmula de reajuste de las características de la que por sí misma, unilateral, deliberada y voluntariamente la Itaipú Binacional incluyó en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Binacional que llamó.

 No existió nada irregular en el dictamiento del fallo que rechazó la acción de inconstitucionalidad, en consecuencia, no cabe hablar de mal desempeño de funciones y mucho menos de la comisión de delitos.

 Caso 15: Caso Nissen, el acoso judicial a un fiscal que investigaba casos de corrupción.

 En este punto se repiten acríticamente los supuestos argumentos formulados por el propio Nissen.

 En el caso Nissen, la Corte Suprema de Justicia no ha hecho otra cosa que actuar como lo ha venido haciendo en numerosos casos similares de sentencias dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra las cuales se plantean acciones de inconstitucionalidad, y de pedidos de suspensión de magistrados enjuiciados.

 En cuanto a lo primero, en el mismo escrito de Nissen se afirma que, planteada una acción de inconstitucionalidad contra la Sentencia Definitiva N° 2/03, del 07/04/03, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Corte Suprema dispuso la suspensión de efectos de la misma de conformidad con lo dispuesto en el Art. 559 del C.P.C., “haciendo posible con dicha resolución, la reincorporación al cargo del Agente Fiscal Alejandro Nissen y la continuidad en las causas que hasta hoy se encuentran postergadas”.

 En cuanto a lo segundo, debemos decir que el hecho de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se haya reunido de manera extraordinaria y urgente a la tarde del mismo día (16/05/03) en que la Corte Suprema dispuso la suspensión de efectos de la sentencia mencionada en el párrafo precedente, el que haya dado “trámite de manera irregular a la denuncia formulada por el Abog. Luis Humberto Arévalos”, y el que haya solicitado a la Corte Suprema la suspensión del Agente Fiscal Nissen, en todo caso constituirían, si lo fueran, irregularidades imputables al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En esta parte se puede apreciar que la acusación está dirigida más bien a los integrantes de dicho órgano.

 Recibido por la Corte Suprema de Justicia el pedido de suspensión del Agente Fiscal Nissen, cuya premura en el envío –si ello constituyere irregularidad- no es imputable a aquella, se procedió como se ha venido haciendo en todos los casos anteriores.

 En efecto, fue dictada la Resolución N° 1182, del 20/05/03, por la cual se dispuso la suspensión del Agente Fiscal Nissen.

 La Constitución establece en su Art. 259 lo siguiente:

 Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

… 7) suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso …

 La misma disposición encontramos también el Art. 3°, inc. d), de la Ley N° 609/95, Que organiza la Corte Suprema de Justicia.

 La facultad de suspender preventivamente a magistrados judiciales enjuiciados, es una atribución de la Corte Suprema, y en el caso de Nissen, como numerosos casos más en que se procedió del mismo modo, existió un pedido del órgano al cual la Constitución confiere la facultad de enjuiciar a los aludidos magistrados. Se trataba de un pedido de un órgano competente, no de cualquier pedido. Se trataba de una suspensión preventiva durante el tiempo que durara el enjuiciamiento.

 En absoluto se puede hablar de que la Resolución N° 1182, del 20/05/03, haya sido “suscripta de manera arbitraria y en violación de las garantías constitucionales al debido proceso”. No es arbitraria pues se basa en las disposiciones constitucional y legal mencionadas más arriba. No viola las garantías del debido proceso, pues se trata nada más de una suspensión preventiva y la observancia de dichas garantías debe darse en el marco del proceso llevado a cabo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

 Rechazo, pues, categóricamente que se haya incurrido en violación alguna de preceptos constitucionales y legales. Más desacertada aún es la pretensión en encuadrar esta actuación dentro de la figura penal de prevaricato. No corresponde en absoluto.

 La alusión a un supuesto delito de “producción de documentos oficiales de contenido falso”, resulta altamente ofensiva. La acusación no puede basarse en las meras afirmaciones del Agente Fiscal Nissen.

 De todos modos, en el supuesto negado de que la firma obrante en la Resolución N° 1182 no perteneciera al Dr. Irala Burgos, ello no sería responsabilidad de los demás firmantes del documento, pues a ellos no les corresponde la certificación de la firma de los otros.

 Ofende enormemente que el escrito de acusación haya hecho suyas, sin ninguna comprobación y sin ningún sentido crítico, expresiones vertidas con toda irresponsabilidad por el Agente Fiscal Nissen en su escrito de denuncia. Entre ellas menciono la siguiente: “… la conducta desleal, vergonzosa y manipuladora del resto del cuerpo merece el repudio y la condena de toda la sociedad”.

 Repito: en el caso Nissen la actuación de la Corte Suprema ha consistido en el ejercicio de una atribución que le confiere la Ley Suprema y dicho ejercicio ha sido realizado a pedido del órgano constitucional competente para el juzgamiento de los magistrados judiciales.

 Conclusión

 Todo este proceso constituye una página de la historia que hubiera sido mejor no haberla vivido. Este proceso salvaje, arbitrario e inmisericorde es lo que las autoridades y los líderes políticos son capaces de producir.

 A esta altura de los acontecimientos lo que debemos hacer es apresurarnos a dar vuelta esta ignominiosa página de la historia, escrita supuestamente en nombre de la democracia, para mejorar el Poder Judicial y erradicar de él la corrupción. Pero muchos de quienes pretenden llevarla a cabo carecen en absoluto de autoridad moral para ello y otros, llevados por el vedetismo, el moralismo y cosas similares, se suman a la comparsa como meros agregados que danzan al ritmo que se les marca.

 Hemos analizado uno a uno los casos en que se nos imputan actos supuestamente irregulares, y hemos dejado al desnudo la absoluta carencia de sustento jurídico serio de las acusaciones que con soberbia y en forma irresponsable y superficial han formulado los fiscales acusadores.

 Creemos que no existe razón alguna para que prospere el juicio político en el cual estamos inmersos. Por ello pedimos a los señores Senadores su voto en contra del mismo, por no existir causal alguna que amerite la condena.

 En caso contrario, el huevo de la serpiente se seguirá incubando al calor de las incautas Cámaras legislativas y de líderes políticos pseudo religiosos y moralistas de derecha, o pseudo profetas revolucionarios hipócritas e inconsecuentes de izquierda.

 Nada más. Muchas gracias.

                                                                                                                                                                                                                                                             1º de diciembre de 2003.

[1] P.S.: Recuerdo que al hacer esta alusión, Mateo Balmelli puso cara de sorprendido, negando con gestos la veracidad de lo narrado. Fue una actitud torpe, pues su reiterada presencia en la Corte Suprema y, en particular, en mi despacho, era algo que les constaba, por lo menos, a cinco funcionarios entre ascensoristas, guardias y asistentes.

[2] Fermín de Alarcón era un personaje de nacionalidad española que había aparecido por el Paraguay. Cobró notoriedad al ser vinculado, incluso por medios periodísticos, con cuestiones turbias relacionadas con bancos de plaza. Es prácticamente seguro que Mateo Balmelli haya tenido contacto, cuanto menos profesional, con el citado individuo.

[3] Sobre este punto se consignan más datos en las “Anotaciones personales”, incluidas también en este blog.

[4]  G. J. Bidart Campos, El Derecho Constitucional del Poder, Bs. As., Ed. Ediar, 1967, T. II,  p. 335.

[5] Id., íd., p. 339.

[6] G. J. Bidart Campos, Tratado Elemental de Derecho Constitucional argentino, Bs. As., Ed. Ediar, 1988, T. II, p. 372.

[7] José Luis Lazzarini, El juicio de amparo, Bs. As., Ed. La Ley S.A., 1967, p. 198.

[8] H. Quiroga Lavié, Derecho Constitucional, Bs. As., Ediciones Depalma, 1987, p. 493.

[9] Osvaldo Alfredo Gozaíni, La Justicia Constitucional. Garantías, proceso y tribunal constitucional, Bs. As., Ed. Depalma, 1994, p. 122.

[10] G. J. Bidart Campos, La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional, Bs. As., Ed. Ediar, 1987, pp. 162 y 165.

[11] El citado Acuerdo y Sentencia N° 183 fue dictado en el expediente: “Acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 244/93, contra la Resolución de la Honorable Cámara de Diputados N° 60, de fecha 20 de noviembre de 1993 y la Resolución de la Cámara de Senadores N° 183, de fecha 9 de diciembre de 1993”.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Nota a la Cámara de Diputados

Asunción, 17 de noviembre de 2003.

 Señor Presidente:

            El jueves 13 ppdo., a las 10:45, recibí copia del proyecto de resolución con dictamen de Comisión de Asuntos Constitucionales, así como la copia del escrito de acusación.

            Le envío adjunta una copia de mi escrito de descargo en el cual desvirtúo cada una de las acusaciones en que supuestamente estoy involucrado.

         En general se puede afirmar que las mismas son descabelladas y carentes de todo fundamento jurídico serio. En el mencionado escrito de acusación prevalecen la superficialidad y la ligereza en el tratamiento de los diversos casos.

            Gracias a Dios, no he sido incluido en todos los supuestos casos en que los redactores del escrito han encontrado irregularidades imputables, a su criterio, a la Corte Suprema de Justicia.

           No he sido incluido en el caso de las aeronaves decomisadas a narcotraficantes, en los casos de nepotismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Esto no significa, en lo más mínimo, que exista razón alguna para incluirme en los casos en que los acusadores decidieron hacerlo.

            Merece una mención especial el caso 7 en el cual se discute si la Corte Suprema tiene o no facultades para dar a sus fallos alcances erga omnes En sentido estricto, se trata de dilucidar si puede dictar sentencias dándoles el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, pues en realidad la expresión erga omnes no fue utilizada en la parte resolutiva de ninguno de los fallos dictados.

            En relación con este caso, la Cámara de Diputados no puede formular acusación alguna, pues el propio Congreso Nacional cuando en el año 1998 impugnó de inconstitucionalidad el Decreto N° 117, del 18 de agosto de 1998, pidió que la Corte Suprema declarara la nulidad del mencionado decreto, lo cual equivale a solicitar el dictamiento de una sentencia con efectos erga omnes.

         En particular, los diputados Efraín Alegre Sasiain, Rafael Filizzola y Wildo Legal, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no debieron firmar el dictamen favorable de la citada comisión, pues ello implica una grave contradicción con actuaciones suyas anteriores. En efecto, participaron de la sesión del Congreso Nacional en la cual se autorizó al Presidente y al Vicepresidente de dicho cuerpo a promover la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117 pidiendo su nulidad, y votaron a favor de esta postura. Al referirnos al caso 7 ampliamos considerablemente esta sintética referencia al punto.

          Debe destacarse también la actitud de los redactores del escrito de acusación de arrogarse por sí mismos facultades jurisdiccionales, y constituirse en juzgadores de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia. Con ello, desvirtúan el sistema judicial vigente en la República al crear un cuerpo (los redactores del escrito de acusación, al que se han sumado algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales) que está en la cúspide de los órganos jurisdiccionales, con potestad pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre la legalidad o ilegalidad de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

          El Art. 192 de la Constitución prohíbe a las Cámaras del Congreso solicitar informes sobre la actividad jurisdiccional.

         El Art. 193 del mismo cuerpo, prohíbe a las Cámaras del Congreso citar e interpelar a los miembros del Poder Judicial en materia jurisdiccional.

         El Art. 195 de la Ley Suprema establece que los magistrados judiciales no pueden ser investigados en materia jurisdiccional, por las Comisiones de Investigación que en forma conjunta constituyan las Cámaras del Congreso.

         El Art. 255 de la Constitución prescribe que ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

          Como se ve, las Cámaras no pueden pedir informes sobre la actividad jurisdiccional, ni interpelar a magistrados sobre cuestiones jurisdiccionales; las comisiones conjuntas no pueden investigarlos sobre el mismo tema; y los magistrados no pueden ser acusados o interrogados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

         La Constitución en forma expresa, clara y categórica prohíbe a las Cámaras del Congreso realizar actuaciones mucho menos gravosas que la de pretender fundar la acusación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia para un juicio político, en las opiniones vertidas en fallos y en lo resuelto en los mismos. Sin embargo, varios de los “casos” del escrito de acusación se refieren a sentencias de la Corte Suprema. Esto es realmente absurdo y constituye una condenable violación de la Ley Suprema.

           Resulta evidente que las acusaciones no pueden estar fundadas en la discrepancia que pudieran tener los señores Diputados, con el sentido de los fallos dictados por el máximo órgano jurisdiccional.

         La Ley N° 1084 es la única que define el mal desempeño de funciones, pero ella no es aplicable a la Corte Suprema. Sin embargo, la traemos a colación, a fin de demostrar que en los casos en que se alude a supuestos en que el mal desempeño puede derivar el ejercicio de la función jurisdiccional, previamente debe haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia o de otro órgano de rango superior al magistrado enjuiciado. En ningún caso esta determinación puede quedar en manos del órgano juzgador pues ello implicaría darle funciones jurisdiccionales ordinarias y elevarlo a la categoría de órgano jurisdiccional supremo.

         Por las razones expuestas en esta nota y, más ampliamente, en la contestación a cada uno de los puntos del escrito de acusación, creo que la Cámara de Diputados debe pronunciarse en sentido contrario a la procedencia del juicio político en contra de mi persona.

            Le saludo con mi más distinguida consideración.

 Dr. Luis Lezcano Claude

Ministro

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Al Señor

Benjamín Maciel Pasotti, Presidente

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

E.        S.        D.

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JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Introducción general

En los últimos meses del año 2003, se llevó a cabo un juicio político contra tres de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Bonifacio Ríos Ávalos, Carlos Fernández Gadea y quien escribe estas líneas, Luis Lezcano Claude.

Con anterioridad, mediante maniobras políticas de distinto tipo e intensidad se había logrado la forzada renuncia de Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes y Raúl Sapena Brugada.

Quedaron en la Corte Suprema solamente Víctor Núñez Rodríguez, Wildo Rienzi Galeano y Antonio Fretes.

Todo el procedimiento que en su parte final adoptó la forma de un juicio político, fue llevado a cabo supuestamente para renovar la Corte Suprema de Justicia, aunque con el correr de los años, se pudo apreciar que el objetivo era crear seis vacancias en el máximo órgano jurisdiccional que luego pudieran ser llenadas a voluntad de los actores políticos prevalecientes en ese momento.

El supuesto procedimiento renovador fue propiciado fuertemente por el entonces Presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, y contó con el apoyo de los distintos partidos con representación en el Congreso: el Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Patria Querida, el Partido UNACE y otros menores.

A más de diez años de los acontecimientos, pongo a disposición por esta vía los documentos relacionados con mi persona. Se incluye el siguiente material:

1. Nota previa al juicio político, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados.

2. Escrito de descargo que sirvió de base a la defensa oral realizada por mí, el 1 de diciembre de 2003, durante aproximadamente 3 horas y 45 minutos, ante el pleno de la Cámara de Senadores.

3. De los alegatos, presentados igualmente en forma oral el 10 de diciembre de 2003, sólo se trascribe una cita y se aportan algunos datos aislados, dado que la formulación de los mismos se basó únicamente en una ayuda memoria.

4. La nota de renuncia presentada al entonces presidente del Congreso.

5. Anotaciones personales sobre el juicio político, escritas en diferentes momentos y referidas a aspectos informales, no públicos o publicitados, de trastienda. Esta información será proporcionada a medida que se transcriba la versión manuscrita original.

6. Algunas publicaciones de la prensa, que igualmente serán alzadas de a poco.

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SOBRE EL “JUICIO POLÍTICO” AL PRESIDENTE FERNANDO LUGO MÉNDEZ (2a. versión)

Introducción

La primera versión de este artículo fue escrita en el fragor de los acontecimientos y con la indignidad producida por hechos tremendamente injustos e ilegales que reflejaban la bestialidad de quienes los llevaban adelante. Hoy, a casi tres meses de los sucesos, la indignidad, antes aplacarse o diluirse, ha subido de punto, y la captación y valoración de los hechos, se ha vuelto más clara y diáfana.

Como advertencia previa, debe señalarse que el tema, por sus características e implicancias, exige alusiones no sólo jurídicas sino también políticas para su cabal comprensión.

El denominado “juicio político” llevado a cabo entre el jueves 21 y el viernes 22 de junio ppdo., fue un acto de barbarie, brutalidad y prepotencia de las cámaras legislativas, decidido previamente a nivel de los principales partidos políticos con representación en las mismas. Fue un acto manifiestamente arbitrario por su desconocimiento del ordenamiento jurídico y, por ende, contrario al Estado de derecho, realizado bajo el ropaje de las formas previstas en la Constitución para el juicio político. Por ello, bien puede ser calificado como un “golpe de estado parlamentario”.

Todo el procedimiento apareció impregnado de la soberbia, de la arrogancia y de la idea de la impunidad de poder llevarlo a cabo de cualquier forma y a cualquier costo, al tener el control fáctico de la situación. Las acusaciones inconsistentes, la pobrísima presentación de las mismas por los fiscales acusadores, los plazos brevísimos, la falta de discusión previa al dictamiento de la sentencia, demuestran el carácter absolutamente arbitrario de un procedimiento basado exclusivamente en una decisión política sustentada en contar con los votos necesarios para formular la acusación y dictar la sentencia condenatoria.

1.      Delimitación del objeto

Considerando las opiniones que han circulado por diversos medios, es conveniente distinguir, por una parte, los motivos que pudieran invocarse para tener una opinión favorable o desfavorable al presidente Lugo; y por otra parte, los motivos que pudieran mencionarse para sostener la constitucionalidad o inconstitucionalidad del “juicio político” realizado en junio ppdo.

De hecho, los motivos invocados por quienes tienen una posición contraria (v. gr.: haber mentido a la Iglesia Católica, su paternidad irresponsable, sus promesas incumplidas en la gestión gubernamental, sus frecuentes viajes al exterior, sus ideas de izquierda, etc.), no estaban incluidos entre los mencionados por los fiscales acusadores como generadores del “mal desempeño de funciones”. En rigor, cualquiera de los hechos mencionados precedentemente puede ser considerado válido en cuanto a decidir una actitud de simpatía o antipatía respecto de una persona, tras un brevísimo e informal “juicio social” sobre el tema. Pero debe tenerse bien en claro que se trata de argumentos más bien sentimentales o emocionales, algunos cargados de prejuicios o no plenamente verdaderos, que de ningún modo pueden ser trastrocados en argumentos jurídicos para intentar apreciar sobre esta base la constitucionalidad o inconstitucionalidad del procedimiento llevado a cabo bajo la denominación y apariencia de un “juicio político”.

De paso cabe señalar que aparece ya aquí una regla jurídica que rige cualquier proceso y que es aplicable también al juicio político: lo que no ha sido invocado en el marco de dicho proceso, debe considerarse como inexistente.

Un ejercicio mental interesante, si se quiere evaluar el “juicio político” desde un punto de vista jurídico, es dejar de lado a los efectos del análisis, que el involucrado era el presidente Lugo. Hay que olvidarse momentáneamente que los enjuiciados fueron Lugo e, indirectamente, sus colaboradores de ideas izquierdistas. En cambio, este dato resultará imprescindible cuando se quiera apreciar los hechos desde un punto de vista político.

2.      La explicación sencilla

Quienes pretenden sostener la constitucionalidad del “juicio político” recurren a la explicación sencilla, elemental y primaria de que supuestamente se dieron todos los pasos previstos en el artículo 225 de la Constitución. Dicen que hubo acusación de parte de la Cámara de Diputados (por amplia mayoría), oportunidad para la defensa, y resolución condenatoria de la Cámara de Senadores (por amplia mayoría). Esto es cierto, en particular en cuanto a la actuación de las cámaras legislativas. La explicación en términos sencillos favorece a la posición que sostiene la constitucionalidad del “juicio político” y facilita la difusión de la idea al gran público.

Sin embargo, lo señalado sólo es una verdad parcial y nos encontramos en situación de que la explicación que se ajusta a la verdad en su totalidad es más compleja, por ende más difícil de comprender y de ser difundida. Nos abocaremos a esta tarea, dentro de la brevedad que impone un escrito de estas características, señalando como eje principal la idea de que, en realidad, en el llamado “juicio político” no se observaron todas las disposiciones previstas constitucionalmente para el efecto.

3.      Desarrollo del “juicio político”

El jueves 21 de junio de 2012, por una amplia mayoría de votos, la Cámara de Diputados resolvió formular acusación contra el Presidente Fernando Lugo. Votaron a favor no sólo los diputados del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE (“oviedistas”) y el Partido Patria Querida –ideológicamente conservadores o de derecha, y que controlan el 93% de las bancas en dicha cámara- sino también la única diputada del Partido Democrático Popular, en teoría afín al Pdte. Lugo en lo ideológico.

La acusación se basó en los siguientes puntos:

–    El acto político partidario realizado en el Comando de Ingeniería (institución castrense).

–    El caso Ñacunday (invasiones de tierras en el departamento de Alto Paraná).

–    La creciente inseguridad.

–    La subscripción del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II, en el ámbito del MERCOSUR.

–    La matanza en Curuguaty (resultaron muertos 11 campesinos y 6 policías).

Posteriormente, se hizo la presentación oral del libelo acusatorio ante la Cámara de Senadores, por parte de los fiscales acusadores (cinco diputados).

La superficialidad y extraordinaria brevedad de esta presentación, así como la inconsistencia de las causales alegadas, ponían de manifiesto que se trataba del mero cumplimiento de un trámite cuyo final estaba asegurado.

En relación con todos los hechos mencionados, a lo sumo se podía alegar una responsabilidad general e indirecta del Presidente Lugo, aunque ninguno de ellos era de entidad suficiente como para justificar una sanción de tanta gravedad como la separación del cargo.

El viernes 22 de junio se llevó a cabo el “juicio” propiamente dicho, ante la Cámara de Senadores. Según el reglamento aprobado por la misma, la defensa –notificada de la acusación aproximadamente a las 18:00 del día anterior- debía hacer su presentación oral a partir del mediodía (12:00) y por un tiempo que no excediera las dos horas.

Luego la Cámara de Senadores debía proceder a la admisión o no de las pruebas. A partir de las 15:30, en un tiempo de treinta minutos para cada una, las partes debían realizar la presentación de sus alegatos. Finalmente, el tribunal juzgador debía deliberar y dictar sentencia, lo cual estaba previsto para las 16:30. Todo aconteció efectivamente como había sido establecido.

Desde el comienzo del “juicio político” en la Cámara de Diputados, hasta el dictamiento de la sentencia respectiva por la Cámara de Senadores, transcurrieron aproximadamente 30 horas, incluidas las de la noche y madrugada de los días de inicio y finalización del procedimiento. Esto amerita sobradamente la denominación de “juicio político express” que le han dado algunos medios periodísticos.

Concluido el “juicio político”, Federico Franco, hasta entonces Vicepresidente, asumió la Presidencia de la República, siendo aproximadamente las 18:00.

4. Acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional

Por los motivos a que aludiremos a continuación, el llamado “juicio político” al Presidente Lugo, aunque aparentemente haya seguido el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución, constituye un acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional.

5.      Primera inconstitucionalidad: no existió mal desempeño de funciones

En la Cámara de Diputados se observa una deficiencia de carácter substantivo o de fondo: las acusaciones formuladas no constituyen mal desempeño de funciones. Esto implica una inobservancia el artículo 225 de la Constitución, pues en virtud del mismo se exige como uno de los requisitos fundamentales para la procedencia de un juicio político, que se dé alguna de las causales previstas. Al invocarse hechos que no configuran la causal de mal desempeño de funciones, cae por tierra la pretensión de haberse dado cumplimiento a todos los presupuestos del juicio político.

Discrecionalidad y arbitrariedad. Si bien es cierto que cuando se trata de una causal de este tipo, es admisible cierto margen de discrecionalidad, ello debe darse dentro de criterios de razonabilidad. En otras palabras, el admitir cierta discrecionalidad no significa que se autoriza la arbitrariedad. La discrecionalidad nunca es absoluta, e incluso, para evitar excesos, el Congreso podría, por ley, definir los supuestos que determinan la causal de mal desempeño de funciones.[1]

Sin embargo, parece ser que las cámaras del Congreso entendieron lo contrario, lo cual se aprecia con claridad meridiana, en particular, en el caso más categórico y no controvertible del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II.

Se trata éste de un acto jurídicamente inexistente. Al respecto, lo actuado por el Poder Ejecutivo está encuadrado dentro de sus atribuciones. Además, el protocolo aún no fue sometido a la consideración del Congreso, oportunidad contemplada constitucionalmente para que este órgano ejerciendo su facultad de control sobre este tipo de actos, lo perfeccione al aprobarlo, o impida definitivamente su existencia, al no aprobarlo.

Es éste el procedimiento previsto al respecto y no el de considerar el hecho como una causal de mal desempeño de funciones que autoriza la realización de un juicio político y la destitución del titular del Ejecutivo como ha acontecido en este caso. La Ley Suprema establece que “los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados … integran el derecho positivo nacional …” (Art. 137 Cn.). Agrega luego que “los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Artículo 137” (Art. 141 Cn.). Se requiere, pues, que el protocolo sea aprobado por el Congreso y ratificado por el Poder Ejecutivo para que sea incorporado al ordenamiento jurídico paraguayo.

Hasta hoy se trata de una causal inexistente, muestra categórica de la arbitrariedad en la génesis del procedimiento.[2]

Falta de pruebas. Igualmente de relevancia substantiva es el hecho de que en la presentación oral de los diputados que actuaron como fiscales acusadores, se afirmara que no se aportaban pruebas, por tratarse de hechos de pública notoriedad. Era necesario probar la vinculación directa del Presidente de la República con tales hechos, en forma particular y concreta. Una supuesta responsabilidad general y difusa derivada de su carácter de tal o de su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no era suficiente.

En efecto, si tomamos el caso de la matanza de Curuguaty, ese hecho en sí mismo puede ser considerado público y notorio, pero no lo es la vinculación directa del titular del Ejecutivo con el mismo, lo cual debe ser probado. Lo mismo puede afirmarse respecto del acto político partidario realizado en el Comando de Ingeniería, el caso Ñacunday (invasiones de tierras en el departamento de Alto Paraná) y la situación de creciente inseguridad que se destaca, además, por su extraordinaria vaguedad.

Llama la atención también que todas las acusaciones fueran presentadas como casos de mal desempeño de funciones y no como casos de comisión de hechos punibles que algunas de ellas hubieran constituido, si fueran verdaderas. Tal vez la ausencia de medios probatorios obligó a presentarlas como casos de mal desempeño de funciones.

6.      Segunda inconstitucionalidad: la Cámara de Senadores no tiene la facultad de reglamentar un artículo constitucional

En la actuación de la Cámara alta se constatan deficiencias tanto formales como substantivas o de fondo, que determinan el carácter de acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional que revistió el denominado “juicio político”.

Una deficiencia substantiva vinculada con lo formal, es el hecho de que la Cámara de Senadores no tiene facultad para reglamentar, por sí sola, el juicio político (Art. 225 Cn.), aunque fuera únicamente en la parte del mismo que le concierne. En efecto, se está ante la reglamentación de un artículo constitucional, lo cual debe ser realizado por ley del Congreso.[3] No existiendo esta ley, debió aplicarse la legislación vigente, en forma supletoria.

Precisamente la reglamentación del juicio político en la forma que corresponde, es decir, por ley del Congreso, hará posible que en este punto exista seguridad jurídica para los eventuales afectados por el procedimiento. La relativa estabilidad de las normas que lo regulen, la objetividad de las mismas al ser dictadas sin tener enfrente a un afectado concreto, y su previsibilidad, eliminarán la posibilidad de que la Cámara de Senadores las establezca para cada caso particular, en una forma unilateral y caprichosa que ha alcanzado su expresión más patética, arbitraria, irracional y arrogante en el caso que nos ocupa.

7.      Tercera inconstitucionalidad: se violó el derecho a la defensa al no concederse el plazo indispensable para la preparación de la misma

A la falta de competencia de la Cámara de Senadores para reglamentar el juicio político en la fase que debía desarrollarse ante la misma, se sumó el establecimiento de un procedimiento sumarísimo, con plazos, en particular para ejercer el derecho de defensa, que resultaban arbitrarios e irracionales por lo exiguo de los mismos. Con absoluta falta de criterio jurídico, se ha afirmado absurdamente que, al no estar estatuidos en la Ley Suprema, ellos podían ser fijados libremente por la Cámara de Senadores según el talante de sus integrantes.

No se puede pretender que entre la notificación de la acusación (realizada aproximadamente a las 19:00 del jueves 21 de junio) y las doce del mediodía del día siguiente, existiera suficiente tiempo. Esto afectó el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en juicio, consagrado también, a nivel constitucional, para este tipo de procedimiento (cf. Art. 17, incisos 7 y 8, Cn.). En efecto, en este precepto se establece que en cualquier proceso del cual pueda derivarse pena o sanción, el afectado debe disponer de “plazos indispensables para la preparación de su defensa” (Art. 17, inc. 7, Cn.).

Es verdad que la determinación del “plazo indispensable” admite cierto grado de discrecionalidad, pero resulta evidente que la apreciación de lo apropiado o inapropiado de los plazos a ser otorgados, debe ser realizado tomando en consideración criterios de razonabilidad que no pueden evitar remitirse a ciertos parámetros tales como:

a) Otros plazos otorgados por la Constitución. Verbi gratia: el caso de la interpelación, en el cual las preguntas respectivas deben ser comunicadas al citado con una antelación mínima de cinco días (Art. 193 Cn.). Se trata de una figura diferente, cuyas eventuales consecuencias son menos gravosas; sin embargo, a pesar de esto se otorga el plazo señalado. Además, debe considerarse que, aún cuando las máximas autoridades que pueden ser sometidas a él, dentro del Poder Ejecutivo, son los ministros, se concede un plazo mucho más amplio que unas pocas horas.

b) Los plazos establecidos para los juicios políticos precedentes (1999, 2003), que fueron mucho más prolongados.

c) Los plazos establecidos para juicios y procedimientos especiales (v. gr. en el juicio de amparo se debe contestar la demanda al tercer día, Art. 573 del Código Procesal Civil).

d) El plazo de nueve días concedido para contestar la acusación, en el caso de enjuiciamiento de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por mal desempeño de funciones (Art. 23, Ley N° 3759/09).

Asimismo, el tiempo otorgado para presentar la defensa oral, fue exiguo. La limitación a dos horas, como máximo, constituye un desconocimiento de la garantía del debido proceso. Igualmente, el plazo previsto para preparar los alegatos y luego para presentarlos oralmente ante la Cámara de Senadores (treinta minutos), fue ínfimo hasta el punto de determinar la irrelevancia de esta etapa.

Más burdo que sostener que la Cámara de Senadores podía fijar los plazos con absoluta libertad al no estar ellos determinados por la Norma Máxima, resulta la pretensión de que el artículo 17 de la Constitución no es aplicable al juicio político, pues de él no puede derivar pena o sanción. En el caso que nos ocupa, el razonamiento sería que el Presidente Lugo fue separado de su cargo, pero como ello no podría ser tomado como pena o sanción (¿qué sería?), no corresponde reclamar la omisión de las garantías procesales consagradas en el mencionado precepto. Este argumento no merecería ninguna alusión si no fuera porque ha sido formulado en artículos publicados en una revista jurídica de prestigio.[4]

Pensamos que carece de todo sustento lógico y jurídico aseverar que la separación del cargo como consecuencia de la declaración de culpabilidad en un juicio político, no pueda ser calificada como pena o sanción. En el campo del Derecho Administrativo existe un amplio consenso en cuanto a que la separación del cargo, remoción o destitución constituye una sanción de carácter administrativo. En nuestra legislación, la Ley de la Función Pública contempla la destitución como sanción disciplinaria aplicable a las faltas graves (Art. 69 de la Ley Nº 1626/00).

8.      Cuarta inconstitucionalidad: falta de sustento jurídico de la decisión adoptada por la Cámara de Senadores

Concluida la tramitación del “juicio político”, la Cámara de Senadores, constituida en tribunal juzgador, no estudió lo alegado y probado por las partes, pues no hubo debate al respecto. En estas circunstancias, puede afirmarse que tácitamente la sentencia condenatoria tomó como fundamentos las inconsistentes acusaciones formuladas por los fiscales acusadores, cuyas extremas limitaciones ya han sido apuntadas más arriba. Prácticamente en forma directa se procedió a votar por la condena o no del enjuiciado.[5]

El juicio político no es equivalente al voto de censura. El procedimiento denominado juicio político, tal como está legislado en la Constitución de 1992, dentro de un sistema presidencial, exige que tanto la acusación como la condena estén basadas en la existencia real de, por lo menos, una de las causales previstas en el artículo 225 Cn., en este caso el mal desempeño de funciones. Tomadas las cosas con seriedad, no basta contar con la cantidad de votos necesarios para acusar y condenar porque no se trata de una cuestión de confianza o desconfianza política en el gobernante, como ocurre, en un sistema parlamentario, con el voto de censura. En este caso se provoca la caída del jefe de gobierno, puesto en el cargo por designación y vinculado al Parlamento, y no la de un gobernante cuyo cargo es de elección popular directa.

Por la razones expresadas con precedencia, se puede afirmar que la resolución de la Cámara de Senadores en virtud de la cual se declaró la culpabilidad del Presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, y se lo separó del cargo, es un acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional.

9. Juicio político, juicio judicial, juicio sometido a normas jurídicas

Tratando de justificar la forma que se procedió durante el “golpe de Estado parlamentario sumarísimo” (José Mujica, presidente del Uruguay), algunos han sostenido que el juicio político no es un juicio judicial, es decir, no es equivalente a un juicio llevado a cabo ante órganos jurisdiccionales. Esto es cierto en el sentido de que no se puede pretender someterlo a las normas que regulan el proceso de conocimiento ordinario, especialmente por la amplitud de los plazos que contempla, e, incluso, a las normas previstas para otros tipos de juicios judiciales.

Pero de aquí a pretender que el juicio político es un tipo de juicio no sometido a norma jurídica alguna o que sólo puede regulado por normas ad hoc dictadas por el propio órgano juzgador, con amplísimo margen de discrecionalidad, existe la distancia entre la verdad y la mentira.

En efecto, como se desprende de lo señalado más arriba, el juicio político es un juicio sometido a normas jurídicas. La primera de ella es el artículo 225 de la Constitución, al cual se suma el artículo 17 del mismo cuerpo, es decir, normas de máximo rango. Igualmente son aplicables, por analogía, ciertas normas de la legislación secundaria y algunos principios del derecho. Además, el Congreso puede (y debe) dictar una ley reglamentaria del juicio político que desarrolle y pormenorice las normas constitucionales.

10. Papel de las Fuerzas Armadas

La Ley Suprema establece que a las Fuerzas Armadas de la Nación les compete como parte de su misión, “defender a las autoridades legítimamente constituidas” (Art. 173 Cn.). Debe entenderse que la acechanza o el ataque contra autoridades legítimas que hace necesario proceder a su defensa, puede provenir de fuera de los órganos de gobierno o de alguno de estos mismos órganos, como aconteció en los sucesos de junio pasado.

En consecuencia, en estas circunstancias y sobre la base de lo preceptuado en esta norma constitucional, se puede sostener que una intervención de las Fuerzas Armadas tendiente a impedir el avasallamiento del Poder Ejecutivo por el Congreso, no hubiera constituido una actuación violatoria del ordenamiento supremo, sino el obligado cumplimiento de una función que integra la misión de aquellas en el marco de un Estado de derecho.[6]

11. La situación de Federico Franco

Federico Franco asumió la presidencia de la República como resultado de un acto inconstitucional del Congreso. Es cierto que fue electo como Vicepresidente en comicios populares, pero su acceso a la primera magistratura, siguiendo el orden de sucesión, debió darse como consecuencia de una acefalía del Poder Ejecutivo producida en circunstancias normales y no provocada por un golpe de Estado disfrazado de juicio político.

En consecuencia, Franco no tiene legitimidad de origen (en cuanto Presidente de la República) y, en la terminología constitucional (Art. 138 Cn.), es un usurpador de la titularidad del Poder Ejecutivo.

Por tanto, contra su gobierno se puede ejercer el derecho de resistencia a la opresión en las dos formas previstas en la Ley Fundamental (cf. Art. 138 Cn.).

12. ¿La resolución de la Cámara de Senadores es una cuestión justiciable o no?

La Resolución N° 881, de fecha 22 de junio de 2012, “Por la que se separa de su cargo de Presidente de la República del Paraguay al ciudadano Fernando Armindo Lugo Méndez”, dictada por la Cámara de Senadores, es justiciable, es decir, puede ser objeto de revisión en sede judicial. Específicamente lo que cabe es el control de constitucionalidad de la misma, por la vía de la acción respectiva.

En el marco de la legislación paraguaya, no existe cuestión alguna que a priori o en abstracto pueda ser considerada como no justiciable. En principio, toda cuestión es justiciable.

El artículo 12 de la Ley N°. 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone lo siguiente: “Rechazo “in limine”. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables …”. Esto significa que en cada acción planteada, esto es, en cada caso concreto, el órgano juzgador (la Corte Suprema), debe decidir inicialmente si se trata o no de una cuestión no justiciable, y, en caso afirmativo, debe rechazarla in límine. Pero es la Corte Suprema de Justicia el único órgano con facultad para pronunciarse sobre el tema, de modo que las declaraciones de legisladores, de otras autoridades o de otros órganos de gobierno, a lo sumo pueden ser consideradas como opiniones cuyo valor dependerá de la solvencia intelectual de quien las emita.

Un argumento de peso en este sentido, es el que sostiene que si las leyes que son actos emanados de ambas cámaras del Cogreso, pueden ser objeto de control de constitucionalidad sin restricción alguna, con mayor razón podrá serlo una resolución dictada por una sola de sus cámaras, por más importante que sea la decisión que se adopta mediante su dictamiento.

En el caso concreto del Presidente Lugo, la Corte Suprema de Justicia ha procedido correctamente al dar curso a la acción de inconstitucionalidad promovida contra la resolución de la Cámara de Senadores por la que se lo separaba del cargo.

13. Diferencia entre los juicios políticos recientes

En cuanto a este tema se hace necesario un análisis político. El juicio político llevado a cabo en marzo de 1999, contra el entonces presidente Raúl Cubas Grau, no fue sino la parte final del enfrentamiento entre dos sectores de extrema derecha del Partido Colorado (el “argañismo”, liderado por Luis María Argaña, y el “oviedismo”, liderado por Lino César Oviedo), y la forma en que se resolvieron las diferencias circunstanciales con el triunfo del primer sector.

Las presiones políticas a que fueron sometidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia luego de la asunción de la presidencia de la República por Nicanor Duarte Frutos (agosto de 2003), y el juicio político a que fueron sometidos tres de ellos, obedecieron a una razón más simple, mezquina y prosaica: crear espacios y llenarlos luego con gente que estuviera más comprometida con quienes controlaban el poder político.

El juicio político al Presidente Fernando Lugo, en junio de 2012, tuvo connotaciones diferentes a los anteriores e, incluso, inéditas en la historia paraguaya. Su destitución no sólo produjo un quiebre institucional, sino que fue una derrota popular. La derecha victoriosa logró detener las incipientes acciones de un gobierno progresista y se aseguró de que en el 2013 no pudiera darse un crecimiento de los sectores favorables a esa tendencia. Apartar a Lugo del poder, resultaba imprescindible a los efectos de disminuir significativamente las posibilidades electorales de la izquierda. Ahora la disputa se dará entre sectores conservadores.

Esa derecha victoriosa (integrada por los “partidos golpistas”: Partido Colorado-ANR, PLRA, UNACE, PPQ, PDP), ideológicamente contraria a Lugo, controla el 93% de las bancas en ambas cámaras del Congreso y durante sus casi cuatro años de gobierno, se constituyó en una traba insalvable. Esta composición de las cámaras explica la alta cantidad de votos obtenidos tanto para la acusación como para la condena del Presidente Lugo.

En realidad, lo que se llevó cabo bajo el ropaje de un juicio político constituye un episodio más de la lucha de clases en el seno de la sociedad paraguaya, episodio en el cual los congresistas actuando como representantes de las clases dominantes, abortaron un incipiente proceso orientado al cambio en beneficio de las clases populares.

14. El retorno de los brujos

Inmediatamente después del triunfo conservador y de las medidas impuestas al Paraguay en el plano internacional, surgieron en los medios masivos invocaciones a lemas tales como “tradición, familia y propiedad”, al tiempo que se reivindicaba el “orden católico tradicional” y se condenaban la teología de la liberación, la “neo subversión izquierdista” y el “socialismo del siglo XXI” definido como “metamorfosis del comunismo”.

La Junta Municipal de Ciudad del Este adoptó la delirante decisión de retirar un busto de Simón Bolívar como repudio al gobierno venezolano. El sector más retardatario de la Iglesia Católica se manifestó en contra del gobierno precedente y a favor de la nueva situación, por intermedio del Presidente de Conferencia Episcopal Paraguay (CEP), monseñor Claudio Jiménez, y del Obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres, principalmente.

Los representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), integrantes del autodenominado “sector productivo”, se apresuraron a manifestar su complacencia con el nuevo orden.

Los principales medios masivos de comunicación, particularmente el diario ABC, se convirtieron en voceros del nuevo gobierno y en implacables detractores del anterior.

La indignación ante situación creada ha motivado declaraciones como la siguiente: “Sólo algunos idiotas o golpistas declarados como Claudio Giménez, sus cofrades y tilingos obcecados como Aldo Zuccolillo, pueden esgrimir o creer en la versión de posibilidad de repitencia de la masacre del 99, para justificar su abierta traición a los más sagrados intereses de la nación y el crimen cometido contra la soberana voluntad del pueblo paraguayo”.[7]


[1] Es esto lo que se ha hecho, por mandato constitucional, en relación con los magistrados judiciales, los miembros del Ministerio Público y los del Ministerio de la Defensa Pública que pueden ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ver al respecto los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 3759/09.

[2] Más datos sobre este tema se pueden encontrar en el artículo de mi autoría denominado “Sobre del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II”, que puede ser consultado en el sitio: luislezcanoclaude.wordpress.com

[3] Esta afirmación se sustenta en lo prescripto en el artículo 202 de la Constitución que reza así: “Son deberes y atribuciones del Congreso: … 2)  dictar  los  códigos   y   demás  leyes,  modificarlos o derogarlos,   interpretando  esta Constitución …”. Este precepto faculta al Congreso a desarrollar, por medio de la ley, las disposiciones contenidas en la Ley Suprema, dando de este modo la interpretación legislativa de la misma.

[4] Véanse Bruno Fiorio C., “Juicio Político en Paraguay. Un análisis jurídico-objetivo y algunas reflexiones personales”, y Manuel Riera Domínguez, “El Juicio Político del Presidente del Paraguay”, en La Ley Revista Jurídica Paraguaya, Año 35, N° 7, agosto de 2012.

En el segundo de los artículos mencionados, se llega a afirmar lo siguiente: “…No fue necesario el derecho a la defensa, ni que participaran abogados, ni que se produjeran pruebas, ni que haya alegatos, ni fue correcto hablar de debido proceso …” (p. 1026). El delirio en su punto extremo.

[5] Votaron a favor de la sentencia de condena, los senadores del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, y el Partido Patria Querida, todos partidos conservadores de derecha, divergentes en lo ideológico con el Presidente Lugo. Votaron por la absolución: Luis Alberto Wagner, Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Alberto Grillón.

Son de destacar los votos de Desirée Masi, del PDP, en Diputados; y de Blas Llano, Efraín Alegre y Enzo Cardozo, en Senadores. Estos tres fueron ministros de F. Lugo y votaron por la condena. El último de ellos lo fue hasta el jueves 21, día en que renunció; el viernes 22 reasumió su banca en la Cámara de Senadores para votar en el sentido indicado.

[6] No debe olvidarse que, con pocos meses de antelación, fue la misma Cámara de Senadores la que pretendió avasallar al Poder Judicial, al intentar descabezar la Corte Suprema de Justicia por la vía de la no confirmación de siete de sus integrantes. En más de una ocasión, dicha cámara se ha asignado indebidamente la facultad de confirmar o no a los ministros del máximo órgano jurisdiccional.

[7] Palabras de José Rodríguez, dirigente sin tierra, Última Hora, 10 de septiembre de 2012. Claudio Giménez, Presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, y otros obispos, el día previo al juicio fueron junto a Lugo a Mburuvicha Roga (residencia presidencial), a solicitarle su renuncia a fin de evitar un eventual derramamiento de sangre como consecuencia de la represión de las manifestaciones de partidarios del presidente. Zucolillo es el propietario y director del diario ABC, el cual adoptó una posición decididamente favorable a la destitución de Lugo.

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