JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN 2003 Nota a la Cámara de Diputados

Asunción, 17 de noviembre de 2003.

 Señor Presidente:

            El jueves 13 ppdo., a las 10:45, recibí copia del proyecto de resolución con dictamen de Comisión de Asuntos Constitucionales, así como la copia del escrito de acusación.

            Le envío adjunta una copia de mi escrito de descargo en el cual desvirtúo cada una de las acusaciones en que supuestamente estoy involucrado.

         En general se puede afirmar que las mismas son descabelladas y carentes de todo fundamento jurídico serio. En el mencionado escrito de acusación prevalecen la superficialidad y la ligereza en el tratamiento de los diversos casos.

            Gracias a Dios, no he sido incluido en todos los supuestos casos en que los redactores del escrito han encontrado irregularidades imputables, a su criterio, a la Corte Suprema de Justicia.

           No he sido incluido en el caso de las aeronaves decomisadas a narcotraficantes, en los casos de nepotismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Esto no significa, en lo más mínimo, que exista razón alguna para incluirme en los casos en que los acusadores decidieron hacerlo.

            Merece una mención especial el caso 7 en el cual se discute si la Corte Suprema tiene o no facultades para dar a sus fallos alcances erga omnes En sentido estricto, se trata de dilucidar si puede dictar sentencias dándoles el alcance previsto en el Art. 137, último párrafo, de la Constitución, pues en realidad la expresión erga omnes no fue utilizada en la parte resolutiva de ninguno de los fallos dictados.

            En relación con este caso, la Cámara de Diputados no puede formular acusación alguna, pues el propio Congreso Nacional cuando en el año 1998 impugnó de inconstitucionalidad el Decreto N° 117, del 18 de agosto de 1998, pidió que la Corte Suprema declarara la nulidad del mencionado decreto, lo cual equivale a solicitar el dictamiento de una sentencia con efectos erga omnes.

         En particular, los diputados Efraín Alegre Sasiain, Rafael Filizzola y Wildo Legal, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no debieron firmar el dictamen favorable de la citada comisión, pues ello implica una grave contradicción con actuaciones suyas anteriores. En efecto, participaron de la sesión del Congreso Nacional en la cual se autorizó al Presidente y al Vicepresidente de dicho cuerpo a promover la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 117 pidiendo su nulidad, y votaron a favor de esta postura. Al referirnos al caso 7 ampliamos considerablemente esta sintética referencia al punto.

          Debe destacarse también la actitud de los redactores del escrito de acusación de arrogarse por sí mismos facultades jurisdiccionales, y constituirse en juzgadores de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia. Con ello, desvirtúan el sistema judicial vigente en la República al crear un cuerpo (los redactores del escrito de acusación, al que se han sumado algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales) que está en la cúspide de los órganos jurisdiccionales, con potestad pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sobre la legalidad o ilegalidad de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia.

          El Art. 192 de la Constitución prohíbe a las Cámaras del Congreso solicitar informes sobre la actividad jurisdiccional.

         El Art. 193 del mismo cuerpo, prohíbe a las Cámaras del Congreso citar e interpelar a los miembros del Poder Judicial en materia jurisdiccional.

         El Art. 195 de la Ley Suprema establece que los magistrados judiciales no pueden ser investigados en materia jurisdiccional, por las Comisiones de Investigación que en forma conjunta constituyan las Cámaras del Congreso.

         El Art. 255 de la Constitución prescribe que ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

          Como se ve, las Cámaras no pueden pedir informes sobre la actividad jurisdiccional, ni interpelar a magistrados sobre cuestiones jurisdiccionales; las comisiones conjuntas no pueden investigarlos sobre el mismo tema; y los magistrados no pueden ser acusados o interrogados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

         La Constitución en forma expresa, clara y categórica prohíbe a las Cámaras del Congreso realizar actuaciones mucho menos gravosas que la de pretender fundar la acusación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia para un juicio político, en las opiniones vertidas en fallos y en lo resuelto en los mismos. Sin embargo, varios de los “casos” del escrito de acusación se refieren a sentencias de la Corte Suprema. Esto es realmente absurdo y constituye una condenable violación de la Ley Suprema.

           Resulta evidente que las acusaciones no pueden estar fundadas en la discrepancia que pudieran tener los señores Diputados, con el sentido de los fallos dictados por el máximo órgano jurisdiccional.

         La Ley N° 1084 es la única que define el mal desempeño de funciones, pero ella no es aplicable a la Corte Suprema. Sin embargo, la traemos a colación, a fin de demostrar que en los casos en que se alude a supuestos en que el mal desempeño puede derivar el ejercicio de la función jurisdiccional, previamente debe haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia o de otro órgano de rango superior al magistrado enjuiciado. En ningún caso esta determinación puede quedar en manos del órgano juzgador pues ello implicaría darle funciones jurisdiccionales ordinarias y elevarlo a la categoría de órgano jurisdiccional supremo.

         Por las razones expuestas en esta nota y, más ampliamente, en la contestación a cada uno de los puntos del escrito de acusación, creo que la Cámara de Diputados debe pronunciarse en sentido contrario a la procedencia del juicio político en contra de mi persona.

            Le saludo con mi más distinguida consideración.

 Dr. Luis Lezcano Claude

Ministro

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Al Señor

Benjamín Maciel Pasotti, Presidente

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

E.        S.        D.

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