SOBRE EL “JUICIO POLÍTICO” AL PRESIDENTE FERNANDO LUGO MÉNDEZ (2a. versión)

Introducción

La primera versión de este artículo fue escrita en el fragor de los acontecimientos y con la indignidad producida por hechos tremendamente injustos e ilegales que reflejaban la bestialidad de quienes los llevaban adelante. Hoy, a casi tres meses de los sucesos, la indignidad, antes aplacarse o diluirse, ha subido de punto, y la captación y valoración de los hechos, se ha vuelto más clara y diáfana.

Como advertencia previa, debe señalarse que el tema, por sus características e implicancias, exige alusiones no sólo jurídicas sino también políticas para su cabal comprensión.

El denominado “juicio político” llevado a cabo entre el jueves 21 y el viernes 22 de junio ppdo., fue un acto de barbarie, brutalidad y prepotencia de las cámaras legislativas, decidido previamente a nivel de los principales partidos políticos con representación en las mismas. Fue un acto manifiestamente arbitrario por su desconocimiento del ordenamiento jurídico y, por ende, contrario al Estado de derecho, realizado bajo el ropaje de las formas previstas en la Constitución para el juicio político. Por ello, bien puede ser calificado como un “golpe de estado parlamentario”.

Todo el procedimiento apareció impregnado de la soberbia, de la arrogancia y de la idea de la impunidad de poder llevarlo a cabo de cualquier forma y a cualquier costo, al tener el control fáctico de la situación. Las acusaciones inconsistentes, la pobrísima presentación de las mismas por los fiscales acusadores, los plazos brevísimos, la falta de discusión previa al dictamiento de la sentencia, demuestran el carácter absolutamente arbitrario de un procedimiento basado exclusivamente en una decisión política sustentada en contar con los votos necesarios para formular la acusación y dictar la sentencia condenatoria.

1.      Delimitación del objeto

Considerando las opiniones que han circulado por diversos medios, es conveniente distinguir, por una parte, los motivos que pudieran invocarse para tener una opinión favorable o desfavorable al presidente Lugo; y por otra parte, los motivos que pudieran mencionarse para sostener la constitucionalidad o inconstitucionalidad del “juicio político” realizado en junio ppdo.

De hecho, los motivos invocados por quienes tienen una posición contraria (v. gr.: haber mentido a la Iglesia Católica, su paternidad irresponsable, sus promesas incumplidas en la gestión gubernamental, sus frecuentes viajes al exterior, sus ideas de izquierda, etc.), no estaban incluidos entre los mencionados por los fiscales acusadores como generadores del “mal desempeño de funciones”. En rigor, cualquiera de los hechos mencionados precedentemente puede ser considerado válido en cuanto a decidir una actitud de simpatía o antipatía respecto de una persona, tras un brevísimo e informal “juicio social” sobre el tema. Pero debe tenerse bien en claro que se trata de argumentos más bien sentimentales o emocionales, algunos cargados de prejuicios o no plenamente verdaderos, que de ningún modo pueden ser trastrocados en argumentos jurídicos para intentar apreciar sobre esta base la constitucionalidad o inconstitucionalidad del procedimiento llevado a cabo bajo la denominación y apariencia de un “juicio político”.

De paso cabe señalar que aparece ya aquí una regla jurídica que rige cualquier proceso y que es aplicable también al juicio político: lo que no ha sido invocado en el marco de dicho proceso, debe considerarse como inexistente.

Un ejercicio mental interesante, si se quiere evaluar el “juicio político” desde un punto de vista jurídico, es dejar de lado a los efectos del análisis, que el involucrado era el presidente Lugo. Hay que olvidarse momentáneamente que los enjuiciados fueron Lugo e, indirectamente, sus colaboradores de ideas izquierdistas. En cambio, este dato resultará imprescindible cuando se quiera apreciar los hechos desde un punto de vista político.

2.      La explicación sencilla

Quienes pretenden sostener la constitucionalidad del “juicio político” recurren a la explicación sencilla, elemental y primaria de que supuestamente se dieron todos los pasos previstos en el artículo 225 de la Constitución. Dicen que hubo acusación de parte de la Cámara de Diputados (por amplia mayoría), oportunidad para la defensa, y resolución condenatoria de la Cámara de Senadores (por amplia mayoría). Esto es cierto, en particular en cuanto a la actuación de las cámaras legislativas. La explicación en términos sencillos favorece a la posición que sostiene la constitucionalidad del “juicio político” y facilita la difusión de la idea al gran público.

Sin embargo, lo señalado sólo es una verdad parcial y nos encontramos en situación de que la explicación que se ajusta a la verdad en su totalidad es más compleja, por ende más difícil de comprender y de ser difundida. Nos abocaremos a esta tarea, dentro de la brevedad que impone un escrito de estas características, señalando como eje principal la idea de que, en realidad, en el llamado “juicio político” no se observaron todas las disposiciones previstas constitucionalmente para el efecto.

3.      Desarrollo del “juicio político”

El jueves 21 de junio de 2012, por una amplia mayoría de votos, la Cámara de Diputados resolvió formular acusación contra el Presidente Fernando Lugo. Votaron a favor no sólo los diputados del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE (“oviedistas”) y el Partido Patria Querida –ideológicamente conservadores o de derecha, y que controlan el 93% de las bancas en dicha cámara- sino también la única diputada del Partido Democrático Popular, en teoría afín al Pdte. Lugo en lo ideológico.

La acusación se basó en los siguientes puntos:

–    El acto político partidario realizado en el Comando de Ingeniería (institución castrense).

–    El caso Ñacunday (invasiones de tierras en el departamento de Alto Paraná).

–    La creciente inseguridad.

–    La subscripción del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II, en el ámbito del MERCOSUR.

–    La matanza en Curuguaty (resultaron muertos 11 campesinos y 6 policías).

Posteriormente, se hizo la presentación oral del libelo acusatorio ante la Cámara de Senadores, por parte de los fiscales acusadores (cinco diputados).

La superficialidad y extraordinaria brevedad de esta presentación, así como la inconsistencia de las causales alegadas, ponían de manifiesto que se trataba del mero cumplimiento de un trámite cuyo final estaba asegurado.

En relación con todos los hechos mencionados, a lo sumo se podía alegar una responsabilidad general e indirecta del Presidente Lugo, aunque ninguno de ellos era de entidad suficiente como para justificar una sanción de tanta gravedad como la separación del cargo.

El viernes 22 de junio se llevó a cabo el “juicio” propiamente dicho, ante la Cámara de Senadores. Según el reglamento aprobado por la misma, la defensa –notificada de la acusación aproximadamente a las 18:00 del día anterior- debía hacer su presentación oral a partir del mediodía (12:00) y por un tiempo que no excediera las dos horas.

Luego la Cámara de Senadores debía proceder a la admisión o no de las pruebas. A partir de las 15:30, en un tiempo de treinta minutos para cada una, las partes debían realizar la presentación de sus alegatos. Finalmente, el tribunal juzgador debía deliberar y dictar sentencia, lo cual estaba previsto para las 16:30. Todo aconteció efectivamente como había sido establecido.

Desde el comienzo del “juicio político” en la Cámara de Diputados, hasta el dictamiento de la sentencia respectiva por la Cámara de Senadores, transcurrieron aproximadamente 30 horas, incluidas las de la noche y madrugada de los días de inicio y finalización del procedimiento. Esto amerita sobradamente la denominación de “juicio político express” que le han dado algunos medios periodísticos.

Concluido el “juicio político”, Federico Franco, hasta entonces Vicepresidente, asumió la Presidencia de la República, siendo aproximadamente las 18:00.

4. Acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional

Por los motivos a que aludiremos a continuación, el llamado “juicio político” al Presidente Lugo, aunque aparentemente haya seguido el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución, constituye un acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional.

5.      Primera inconstitucionalidad: no existió mal desempeño de funciones

En la Cámara de Diputados se observa una deficiencia de carácter substantivo o de fondo: las acusaciones formuladas no constituyen mal desempeño de funciones. Esto implica una inobservancia el artículo 225 de la Constitución, pues en virtud del mismo se exige como uno de los requisitos fundamentales para la procedencia de un juicio político, que se dé alguna de las causales previstas. Al invocarse hechos que no configuran la causal de mal desempeño de funciones, cae por tierra la pretensión de haberse dado cumplimiento a todos los presupuestos del juicio político.

Discrecionalidad y arbitrariedad. Si bien es cierto que cuando se trata de una causal de este tipo, es admisible cierto margen de discrecionalidad, ello debe darse dentro de criterios de razonabilidad. En otras palabras, el admitir cierta discrecionalidad no significa que se autoriza la arbitrariedad. La discrecionalidad nunca es absoluta, e incluso, para evitar excesos, el Congreso podría, por ley, definir los supuestos que determinan la causal de mal desempeño de funciones.[1]

Sin embargo, parece ser que las cámaras del Congreso entendieron lo contrario, lo cual se aprecia con claridad meridiana, en particular, en el caso más categórico y no controvertible del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II.

Se trata éste de un acto jurídicamente inexistente. Al respecto, lo actuado por el Poder Ejecutivo está encuadrado dentro de sus atribuciones. Además, el protocolo aún no fue sometido a la consideración del Congreso, oportunidad contemplada constitucionalmente para que este órgano ejerciendo su facultad de control sobre este tipo de actos, lo perfeccione al aprobarlo, o impida definitivamente su existencia, al no aprobarlo.

Es éste el procedimiento previsto al respecto y no el de considerar el hecho como una causal de mal desempeño de funciones que autoriza la realización de un juicio político y la destitución del titular del Ejecutivo como ha acontecido en este caso. La Ley Suprema establece que “los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados … integran el derecho positivo nacional …” (Art. 137 Cn.). Agrega luego que “los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Artículo 137” (Art. 141 Cn.). Se requiere, pues, que el protocolo sea aprobado por el Congreso y ratificado por el Poder Ejecutivo para que sea incorporado al ordenamiento jurídico paraguayo.

Hasta hoy se trata de una causal inexistente, muestra categórica de la arbitrariedad en la génesis del procedimiento.[2]

Falta de pruebas. Igualmente de relevancia substantiva es el hecho de que en la presentación oral de los diputados que actuaron como fiscales acusadores, se afirmara que no se aportaban pruebas, por tratarse de hechos de pública notoriedad. Era necesario probar la vinculación directa del Presidente de la República con tales hechos, en forma particular y concreta. Una supuesta responsabilidad general y difusa derivada de su carácter de tal o de su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no era suficiente.

En efecto, si tomamos el caso de la matanza de Curuguaty, ese hecho en sí mismo puede ser considerado público y notorio, pero no lo es la vinculación directa del titular del Ejecutivo con el mismo, lo cual debe ser probado. Lo mismo puede afirmarse respecto del acto político partidario realizado en el Comando de Ingeniería, el caso Ñacunday (invasiones de tierras en el departamento de Alto Paraná) y la situación de creciente inseguridad que se destaca, además, por su extraordinaria vaguedad.

Llama la atención también que todas las acusaciones fueran presentadas como casos de mal desempeño de funciones y no como casos de comisión de hechos punibles que algunas de ellas hubieran constituido, si fueran verdaderas. Tal vez la ausencia de medios probatorios obligó a presentarlas como casos de mal desempeño de funciones.

6.      Segunda inconstitucionalidad: la Cámara de Senadores no tiene la facultad de reglamentar un artículo constitucional

En la actuación de la Cámara alta se constatan deficiencias tanto formales como substantivas o de fondo, que determinan el carácter de acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional que revistió el denominado “juicio político”.

Una deficiencia substantiva vinculada con lo formal, es el hecho de que la Cámara de Senadores no tiene facultad para reglamentar, por sí sola, el juicio político (Art. 225 Cn.), aunque fuera únicamente en la parte del mismo que le concierne. En efecto, se está ante la reglamentación de un artículo constitucional, lo cual debe ser realizado por ley del Congreso.[3] No existiendo esta ley, debió aplicarse la legislación vigente, en forma supletoria.

Precisamente la reglamentación del juicio político en la forma que corresponde, es decir, por ley del Congreso, hará posible que en este punto exista seguridad jurídica para los eventuales afectados por el procedimiento. La relativa estabilidad de las normas que lo regulen, la objetividad de las mismas al ser dictadas sin tener enfrente a un afectado concreto, y su previsibilidad, eliminarán la posibilidad de que la Cámara de Senadores las establezca para cada caso particular, en una forma unilateral y caprichosa que ha alcanzado su expresión más patética, arbitraria, irracional y arrogante en el caso que nos ocupa.

7.      Tercera inconstitucionalidad: se violó el derecho a la defensa al no concederse el plazo indispensable para la preparación de la misma

A la falta de competencia de la Cámara de Senadores para reglamentar el juicio político en la fase que debía desarrollarse ante la misma, se sumó el establecimiento de un procedimiento sumarísimo, con plazos, en particular para ejercer el derecho de defensa, que resultaban arbitrarios e irracionales por lo exiguo de los mismos. Con absoluta falta de criterio jurídico, se ha afirmado absurdamente que, al no estar estatuidos en la Ley Suprema, ellos podían ser fijados libremente por la Cámara de Senadores según el talante de sus integrantes.

No se puede pretender que entre la notificación de la acusación (realizada aproximadamente a las 19:00 del jueves 21 de junio) y las doce del mediodía del día siguiente, existiera suficiente tiempo. Esto afectó el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en juicio, consagrado también, a nivel constitucional, para este tipo de procedimiento (cf. Art. 17, incisos 7 y 8, Cn.). En efecto, en este precepto se establece que en cualquier proceso del cual pueda derivarse pena o sanción, el afectado debe disponer de “plazos indispensables para la preparación de su defensa” (Art. 17, inc. 7, Cn.).

Es verdad que la determinación del “plazo indispensable” admite cierto grado de discrecionalidad, pero resulta evidente que la apreciación de lo apropiado o inapropiado de los plazos a ser otorgados, debe ser realizado tomando en consideración criterios de razonabilidad que no pueden evitar remitirse a ciertos parámetros tales como:

a) Otros plazos otorgados por la Constitución. Verbi gratia: el caso de la interpelación, en el cual las preguntas respectivas deben ser comunicadas al citado con una antelación mínima de cinco días (Art. 193 Cn.). Se trata de una figura diferente, cuyas eventuales consecuencias son menos gravosas; sin embargo, a pesar de esto se otorga el plazo señalado. Además, debe considerarse que, aún cuando las máximas autoridades que pueden ser sometidas a él, dentro del Poder Ejecutivo, son los ministros, se concede un plazo mucho más amplio que unas pocas horas.

b) Los plazos establecidos para los juicios políticos precedentes (1999, 2003), que fueron mucho más prolongados.

c) Los plazos establecidos para juicios y procedimientos especiales (v. gr. en el juicio de amparo se debe contestar la demanda al tercer día, Art. 573 del Código Procesal Civil).

d) El plazo de nueve días concedido para contestar la acusación, en el caso de enjuiciamiento de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por mal desempeño de funciones (Art. 23, Ley N° 3759/09).

Asimismo, el tiempo otorgado para presentar la defensa oral, fue exiguo. La limitación a dos horas, como máximo, constituye un desconocimiento de la garantía del debido proceso. Igualmente, el plazo previsto para preparar los alegatos y luego para presentarlos oralmente ante la Cámara de Senadores (treinta minutos), fue ínfimo hasta el punto de determinar la irrelevancia de esta etapa.

Más burdo que sostener que la Cámara de Senadores podía fijar los plazos con absoluta libertad al no estar ellos determinados por la Norma Máxima, resulta la pretensión de que el artículo 17 de la Constitución no es aplicable al juicio político, pues de él no puede derivar pena o sanción. En el caso que nos ocupa, el razonamiento sería que el Presidente Lugo fue separado de su cargo, pero como ello no podría ser tomado como pena o sanción (¿qué sería?), no corresponde reclamar la omisión de las garantías procesales consagradas en el mencionado precepto. Este argumento no merecería ninguna alusión si no fuera porque ha sido formulado en artículos publicados en una revista jurídica de prestigio.[4]

Pensamos que carece de todo sustento lógico y jurídico aseverar que la separación del cargo como consecuencia de la declaración de culpabilidad en un juicio político, no pueda ser calificada como pena o sanción. En el campo del Derecho Administrativo existe un amplio consenso en cuanto a que la separación del cargo, remoción o destitución constituye una sanción de carácter administrativo. En nuestra legislación, la Ley de la Función Pública contempla la destitución como sanción disciplinaria aplicable a las faltas graves (Art. 69 de la Ley Nº 1626/00).

8.      Cuarta inconstitucionalidad: falta de sustento jurídico de la decisión adoptada por la Cámara de Senadores

Concluida la tramitación del “juicio político”, la Cámara de Senadores, constituida en tribunal juzgador, no estudió lo alegado y probado por las partes, pues no hubo debate al respecto. En estas circunstancias, puede afirmarse que tácitamente la sentencia condenatoria tomó como fundamentos las inconsistentes acusaciones formuladas por los fiscales acusadores, cuyas extremas limitaciones ya han sido apuntadas más arriba. Prácticamente en forma directa se procedió a votar por la condena o no del enjuiciado.[5]

El juicio político no es equivalente al voto de censura. El procedimiento denominado juicio político, tal como está legislado en la Constitución de 1992, dentro de un sistema presidencial, exige que tanto la acusación como la condena estén basadas en la existencia real de, por lo menos, una de las causales previstas en el artículo 225 Cn., en este caso el mal desempeño de funciones. Tomadas las cosas con seriedad, no basta contar con la cantidad de votos necesarios para acusar y condenar porque no se trata de una cuestión de confianza o desconfianza política en el gobernante, como ocurre, en un sistema parlamentario, con el voto de censura. En este caso se provoca la caída del jefe de gobierno, puesto en el cargo por designación y vinculado al Parlamento, y no la de un gobernante cuyo cargo es de elección popular directa.

Por la razones expresadas con precedencia, se puede afirmar que la resolución de la Cámara de Senadores en virtud de la cual se declaró la culpabilidad del Presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, y se lo separó del cargo, es un acto manifiestamente arbitrario y, por ende, inconstitucional.

9. Juicio político, juicio judicial, juicio sometido a normas jurídicas

Tratando de justificar la forma que se procedió durante el “golpe de Estado parlamentario sumarísimo” (José Mujica, presidente del Uruguay), algunos han sostenido que el juicio político no es un juicio judicial, es decir, no es equivalente a un juicio llevado a cabo ante órganos jurisdiccionales. Esto es cierto en el sentido de que no se puede pretender someterlo a las normas que regulan el proceso de conocimiento ordinario, especialmente por la amplitud de los plazos que contempla, e, incluso, a las normas previstas para otros tipos de juicios judiciales.

Pero de aquí a pretender que el juicio político es un tipo de juicio no sometido a norma jurídica alguna o que sólo puede regulado por normas ad hoc dictadas por el propio órgano juzgador, con amplísimo margen de discrecionalidad, existe la distancia entre la verdad y la mentira.

En efecto, como se desprende de lo señalado más arriba, el juicio político es un juicio sometido a normas jurídicas. La primera de ella es el artículo 225 de la Constitución, al cual se suma el artículo 17 del mismo cuerpo, es decir, normas de máximo rango. Igualmente son aplicables, por analogía, ciertas normas de la legislación secundaria y algunos principios del derecho. Además, el Congreso puede (y debe) dictar una ley reglamentaria del juicio político que desarrolle y pormenorice las normas constitucionales.

10. Papel de las Fuerzas Armadas

La Ley Suprema establece que a las Fuerzas Armadas de la Nación les compete como parte de su misión, “defender a las autoridades legítimamente constituidas” (Art. 173 Cn.). Debe entenderse que la acechanza o el ataque contra autoridades legítimas que hace necesario proceder a su defensa, puede provenir de fuera de los órganos de gobierno o de alguno de estos mismos órganos, como aconteció en los sucesos de junio pasado.

En consecuencia, en estas circunstancias y sobre la base de lo preceptuado en esta norma constitucional, se puede sostener que una intervención de las Fuerzas Armadas tendiente a impedir el avasallamiento del Poder Ejecutivo por el Congreso, no hubiera constituido una actuación violatoria del ordenamiento supremo, sino el obligado cumplimiento de una función que integra la misión de aquellas en el marco de un Estado de derecho.[6]

11. La situación de Federico Franco

Federico Franco asumió la presidencia de la República como resultado de un acto inconstitucional del Congreso. Es cierto que fue electo como Vicepresidente en comicios populares, pero su acceso a la primera magistratura, siguiendo el orden de sucesión, debió darse como consecuencia de una acefalía del Poder Ejecutivo producida en circunstancias normales y no provocada por un golpe de Estado disfrazado de juicio político.

En consecuencia, Franco no tiene legitimidad de origen (en cuanto Presidente de la República) y, en la terminología constitucional (Art. 138 Cn.), es un usurpador de la titularidad del Poder Ejecutivo.

Por tanto, contra su gobierno se puede ejercer el derecho de resistencia a la opresión en las dos formas previstas en la Ley Fundamental (cf. Art. 138 Cn.).

12. ¿La resolución de la Cámara de Senadores es una cuestión justiciable o no?

La Resolución N° 881, de fecha 22 de junio de 2012, “Por la que se separa de su cargo de Presidente de la República del Paraguay al ciudadano Fernando Armindo Lugo Méndez”, dictada por la Cámara de Senadores, es justiciable, es decir, puede ser objeto de revisión en sede judicial. Específicamente lo que cabe es el control de constitucionalidad de la misma, por la vía de la acción respectiva.

En el marco de la legislación paraguaya, no existe cuestión alguna que a priori o en abstracto pueda ser considerada como no justiciable. En principio, toda cuestión es justiciable.

El artículo 12 de la Ley N°. 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone lo siguiente: “Rechazo “in limine”. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables …”. Esto significa que en cada acción planteada, esto es, en cada caso concreto, el órgano juzgador (la Corte Suprema), debe decidir inicialmente si se trata o no de una cuestión no justiciable, y, en caso afirmativo, debe rechazarla in límine. Pero es la Corte Suprema de Justicia el único órgano con facultad para pronunciarse sobre el tema, de modo que las declaraciones de legisladores, de otras autoridades o de otros órganos de gobierno, a lo sumo pueden ser consideradas como opiniones cuyo valor dependerá de la solvencia intelectual de quien las emita.

Un argumento de peso en este sentido, es el que sostiene que si las leyes que son actos emanados de ambas cámaras del Cogreso, pueden ser objeto de control de constitucionalidad sin restricción alguna, con mayor razón podrá serlo una resolución dictada por una sola de sus cámaras, por más importante que sea la decisión que se adopta mediante su dictamiento.

En el caso concreto del Presidente Lugo, la Corte Suprema de Justicia ha procedido correctamente al dar curso a la acción de inconstitucionalidad promovida contra la resolución de la Cámara de Senadores por la que se lo separaba del cargo.

13. Diferencia entre los juicios políticos recientes

En cuanto a este tema se hace necesario un análisis político. El juicio político llevado a cabo en marzo de 1999, contra el entonces presidente Raúl Cubas Grau, no fue sino la parte final del enfrentamiento entre dos sectores de extrema derecha del Partido Colorado (el “argañismo”, liderado por Luis María Argaña, y el “oviedismo”, liderado por Lino César Oviedo), y la forma en que se resolvieron las diferencias circunstanciales con el triunfo del primer sector.

Las presiones políticas a que fueron sometidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia luego de la asunción de la presidencia de la República por Nicanor Duarte Frutos (agosto de 2003), y el juicio político a que fueron sometidos tres de ellos, obedecieron a una razón más simple, mezquina y prosaica: crear espacios y llenarlos luego con gente que estuviera más comprometida con quienes controlaban el poder político.

El juicio político al Presidente Fernando Lugo, en junio de 2012, tuvo connotaciones diferentes a los anteriores e, incluso, inéditas en la historia paraguaya. Su destitución no sólo produjo un quiebre institucional, sino que fue una derrota popular. La derecha victoriosa logró detener las incipientes acciones de un gobierno progresista y se aseguró de que en el 2013 no pudiera darse un crecimiento de los sectores favorables a esa tendencia. Apartar a Lugo del poder, resultaba imprescindible a los efectos de disminuir significativamente las posibilidades electorales de la izquierda. Ahora la disputa se dará entre sectores conservadores.

Esa derecha victoriosa (integrada por los “partidos golpistas”: Partido Colorado-ANR, PLRA, UNACE, PPQ, PDP), ideológicamente contraria a Lugo, controla el 93% de las bancas en ambas cámaras del Congreso y durante sus casi cuatro años de gobierno, se constituyó en una traba insalvable. Esta composición de las cámaras explica la alta cantidad de votos obtenidos tanto para la acusación como para la condena del Presidente Lugo.

En realidad, lo que se llevó cabo bajo el ropaje de un juicio político constituye un episodio más de la lucha de clases en el seno de la sociedad paraguaya, episodio en el cual los congresistas actuando como representantes de las clases dominantes, abortaron un incipiente proceso orientado al cambio en beneficio de las clases populares.

14. El retorno de los brujos

Inmediatamente después del triunfo conservador y de las medidas impuestas al Paraguay en el plano internacional, surgieron en los medios masivos invocaciones a lemas tales como “tradición, familia y propiedad”, al tiempo que se reivindicaba el “orden católico tradicional” y se condenaban la teología de la liberación, la “neo subversión izquierdista” y el “socialismo del siglo XXI” definido como “metamorfosis del comunismo”.

La Junta Municipal de Ciudad del Este adoptó la delirante decisión de retirar un busto de Simón Bolívar como repudio al gobierno venezolano. El sector más retardatario de la Iglesia Católica se manifestó en contra del gobierno precedente y a favor de la nueva situación, por intermedio del Presidente de Conferencia Episcopal Paraguay (CEP), monseñor Claudio Jiménez, y del Obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres, principalmente.

Los representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), integrantes del autodenominado “sector productivo”, se apresuraron a manifestar su complacencia con el nuevo orden.

Los principales medios masivos de comunicación, particularmente el diario ABC, se convirtieron en voceros del nuevo gobierno y en implacables detractores del anterior.

La indignación ante situación creada ha motivado declaraciones como la siguiente: “Sólo algunos idiotas o golpistas declarados como Claudio Giménez, sus cofrades y tilingos obcecados como Aldo Zuccolillo, pueden esgrimir o creer en la versión de posibilidad de repitencia de la masacre del 99, para justificar su abierta traición a los más sagrados intereses de la nación y el crimen cometido contra la soberana voluntad del pueblo paraguayo”.[7]


[1] Es esto lo que se ha hecho, por mandato constitucional, en relación con los magistrados judiciales, los miembros del Ministerio Público y los del Ministerio de la Defensa Pública que pueden ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ver al respecto los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 3759/09.

[2] Más datos sobre este tema se pueden encontrar en el artículo de mi autoría denominado “Sobre del Protocolo de Montevideo, Ushuaia II”, que puede ser consultado en el sitio: luislezcanoclaude.wordpress.com

[3] Esta afirmación se sustenta en lo prescripto en el artículo 202 de la Constitución que reza así: “Son deberes y atribuciones del Congreso: … 2)  dictar  los  códigos   y   demás  leyes,  modificarlos o derogarlos,   interpretando  esta Constitución …”. Este precepto faculta al Congreso a desarrollar, por medio de la ley, las disposiciones contenidas en la Ley Suprema, dando de este modo la interpretación legislativa de la misma.

[4] Véanse Bruno Fiorio C., “Juicio Político en Paraguay. Un análisis jurídico-objetivo y algunas reflexiones personales”, y Manuel Riera Domínguez, “El Juicio Político del Presidente del Paraguay”, en La Ley Revista Jurídica Paraguaya, Año 35, N° 7, agosto de 2012.

En el segundo de los artículos mencionados, se llega a afirmar lo siguiente: “…No fue necesario el derecho a la defensa, ni que participaran abogados, ni que se produjeran pruebas, ni que haya alegatos, ni fue correcto hablar de debido proceso …” (p. 1026). El delirio en su punto extremo.

[5] Votaron a favor de la sentencia de condena, los senadores del Partido Colorado-ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, y el Partido Patria Querida, todos partidos conservadores de derecha, divergentes en lo ideológico con el Presidente Lugo. Votaron por la absolución: Luis Alberto Wagner, Carlos Filizzola, Sixto Pereira y Alberto Grillón.

Son de destacar los votos de Desirée Masi, del PDP, en Diputados; y de Blas Llano, Efraín Alegre y Enzo Cardozo, en Senadores. Estos tres fueron ministros de F. Lugo y votaron por la condena. El último de ellos lo fue hasta el jueves 21, día en que renunció; el viernes 22 reasumió su banca en la Cámara de Senadores para votar en el sentido indicado.

[6] No debe olvidarse que, con pocos meses de antelación, fue la misma Cámara de Senadores la que pretendió avasallar al Poder Judicial, al intentar descabezar la Corte Suprema de Justicia por la vía de la no confirmación de siete de sus integrantes. En más de una ocasión, dicha cámara se ha asignado indebidamente la facultad de confirmar o no a los ministros del máximo órgano jurisdiccional.

[7] Palabras de José Rodríguez, dirigente sin tierra, Última Hora, 10 de septiembre de 2012. Claudio Giménez, Presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, y otros obispos, el día previo al juicio fueron junto a Lugo a Mburuvicha Roga (residencia presidencial), a solicitarle su renuncia a fin de evitar un eventual derramamiento de sangre como consecuencia de la represión de las manifestaciones de partidarios del presidente. Zucolillo es el propietario y director del diario ABC, el cual adoptó una posición decididamente favorable a la destitución de Lugo.

3 comentarios

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3 Respuestas a “SOBRE EL “JUICIO POLÍTICO” AL PRESIDENTE FERNANDO LUGO MÉNDEZ (2a. versión)

  1. pablo colman

    excelente !!!

    • Estimado Pablo, te agradezco el comentario

      • pablo colman

        es un honor para mi y toda la ciudadanía que te sigue con la lectura tus comentarios atinados, y que esclarece nuestras mentes en los hechos y derechos que nos aflige día a día en pos de un bienestar mejor para todo el pueblo paraguayo, muchas gracias Dr. profesor !!!

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