ESTATUTO PROVISORIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (1842)

Asunción Noviembre veinte y cuatro de mil ochocientos cuarenta y dos.

El Supremo Gobierno de la República ha acordado y decreta el siguiente Esta­tuto Provisorio.

Capítulo Primero

De la administra­ción de justicia

Artículo primero. La administración de justicia en general será uniforme en todo el terri­torio de la República y se ejercerá provisoriamente por jueces de paz, alcaldes ordinarios, comisionados actualmente empleados en la Campaña, jueces de lo civil y de lo criminal, y un juez superior de apelacio­nes.

Capítulo Segundo

De los jueces de paz

Segundo. Los jueces de paz observarán el reglamento que por separado les hará pasar el Supremo Gobierno de la República.

Tercero. Como jueces no decidirán en de­mandas cuya importancia exceda de doscientos pesos.

Cuarto. En todos los casos que deban conceder apela­ciones para ante los juzgados respectivos pasarán a los interesados las actas del juicio apelado por copia fiel de las que hubiesen formado.

Quinto. En todas las causas o juicios de menores, de pobres de solemnidad y de esclavos nombrarán accidentalmente un defensor que represente las acciones y derechos de aquellos.

Sexto. Los jueces de paz perseguirán y aprehenderán todos los vagos y delincuentes que cometan cualquier clase de crimen en sus distritos y los remitirán con las informaciones debidas al Juez del Crimen en la Capital y en la Campaña al jefe del Partido o Alcalde Ordi­nario donde lo hubiere.

Séptimo. En las Villas y en los pueblos cabezas de departamentos habrá un juez de paz, bien como en los demás pueblos de la dependencia del departamento y en los distritos y valles de nume­rosa población.

Octavo. Los jueces de paz en la Capital serán tres, uno del distrito de la Catedral, otro del de la Encarnación y otro de San Roque, el cual será titu­lado Juez de Paz de San Roque y de la Recoleta.

Nono. Los jueces de paz no podrán ser recusados sino con causa probada, de cuyo artículo conocerán en la Cam­paña el Alcalde Ordinario o el Jefe de Partido adon­de no hubiere Alcalde y en la Capital el Juez en lo Civil.

Décimo. Este juicio será verbal, y en su fallo no habrá recurso alguno. En caso de ser legítima la recusación, el Juez de Paz recusado se asociará con dos hombres buenos a satisfacción de partes.

Capítulo tercero

De los Alcaldes Ordinarios

Undécimo. Continuarán los Alcaldes Ordinarios en la campaña con la misma jurisdicción que tenían y se expedirán en sus actuaciones con dos testigos a falta de escribanos.

Duodécimo. Los Alcaldes Ordinarios conocerán en las causas criminales leves sentenciándolas en primera instancia, pero en las graves remitirán los reos con sumarios al Juez del Crimen de la Capital.

Décimo tercio. El Supremo Gobierno aumentará o disminuirá el número de Alcaldes en la Campaña según mejor convenga al Servicio Público.

Décimo cuarto. Los Alcaldes Ordinarios conocerán en grado de apelación en las causas falladas en los juzgados de paz.

Dé­cimo quinto. Si la sentencia del juez de paz fuese revocada en apelación en todo o en parte, el Alcalde Ordinario otorgará otra apelación para ante el Juez Superior  de   apelaciones.

Décimo sexto. Del  mismo modo de las causas que se inician, en el juzgado del Alcalde  Ordinario se apelará de su sentencia para ante el Juez  de lo Civil en la Capital, y siendo en causa criminal se apelará para ante el juez del Crimen en la Capital.

Décimo séptimo. En las Villas y puntos de comercio los Alcaldes Ordinarios conocerán en las causas mercantiles en la misma forma que en las civi­les.

Décimo octavo. Los Alcaldes Ordinarios no podrán ser recusados sino con causa probada de cuyo artículo conocerá el juez más inmediato en juicio verbal; de su fallo no habrá apelación. Pero resultando legítima la recusación el Alcalde Ordinario se asociará con dos hombres buenos para conocer  en la causa.

Capítulo cuarto

De los jueces comisionados, Jefes Urbanos y Comandantes

Décimo nono. Los Comisionados de partido continuarán por ahora con la misma jurisdic­ción que se les ha acordado por el Supremo Gobier­no. Conocerán en las causas o demandas que les com­peten, y en las que no excedan de cien pesos otorgando apelaciones para ante el juez en el criminal, actuando en unas y en otras con dos testigos.

Vigésimo. En las causas criminales graves remitirán los reos con suma­rios al Juez del Crimen de la Capital.

Vigésimo pri­mero. Los jefes urbanos y comandantes se limitarán por ahora al Servicio Militar y  además al  ramo de policía que se les ha encomendado.

Capítulo quinto

De los Jueces Civiles

Vigésimo segundo. Habrá en la Capital de la República dos jueces civiles uno para las causas de este título y otro para las criminales; serán nombrados por el Supremo Gobierno con la do­tación que por ahora les acuerde y durarán en sus empleos por el tiempo de su buen comportamiento o hasta que el Gobierno tenga a bien relevarlos.

Vigé­simo tercero. Actuarán con dos testigos ínterin no se les provea de un escribano con la dotación competente.

Vigésimo cuarto. Habrá un defensor general de menores, de pobres y de esclavos que nombrará el Gobierno con la dotación que corresponda para que represente las acciones y derechos de aquellos en sus causas civiles y criminales.

 Capítulo sexto

Del Juez en lo civil

Vigésimo quinto. El Juez de lo Civil conocerá en las causas que excedan de doscientos pesos. En las de inventario y partición de bienes de difuntos permitirán se proceda por los testamentos y herederos extra judicialmente, si ellos lo solicitan con obligación de presentar los inventarios y particiones a la aproba­ción judicial, procediendo siempre en juicios verbales y extendiendo las actas respectivas.

Vigésimo sexto. Conocerá en todos los juicios de deslinde, internacio­nes en campos o terrenos, localidades, dirección de agua, servidumbres, caminos y en las causas que exijan conocimiento facultativo nombrarán un inteligente o perito que con vista de ojos o examen de la cosa litiga­da dé su dictamen por escrito, sólo en lo pertinente a su facultad.

Vigésimo séptimo. Conocerá además en todas las causas finales otorgando los recursos ordina­rios para ante el Juez Superior de apelaciones.

Vi­gésimo octavo. Conocerá en las causas que se le pre­senten en apelación de cualquiera de los jueces de campaña.

Vigésimo nono. Conocerá en las causas mer­cantiles en la misma forma que en las civiles.

Trigé­simo. En todos los casos en que el juez de lo civil haya de sentenciar en causas civiles de apelación pro­cederá con dos colegas sacados a la suerte de una lista de quince individuos que el Supremo Gobierno nom­brará en la capital cada principio de año.

Trigésimo primero. El Juez de lo Civil sólo podrá ser recusado con causa probada, de cuyo incidente conocerá por suerte uno de los ciudadanos de la lista del artículo antecedente.

Trigésimo segundo. Este artículo se deci­dirá en juicio verbal y en caso de ser legítima las recusaciones como en la del impedimento legal pasará la causa al juez del crimen.

 Capítulo séptimo

Del Juez del Crimen

Trigésimo tercero. El Juez del Crimen podrá conocer y será juez privativo del crimen en toda la República fuera de las causas que más adelante se excepcionan de su conocimiento. Sustanciará las se causas por sí sólo y para dar sentencia formará tribu­nal con dos hombres buenos sacados a la suerte de la lista expresada en el artículo trigésimo.

Trigésimo cuarto. Conocerá en igual forma y decidirá en todas las causas de vagos, de embriaguez pública, uso de arma en pelea, vida corrompida e inmoral, en las de juegos prohibidos, en las de robo y muerte y en las de injurias concediendo apelación de sus sentencias para ante el Juez Superior de apelaciones.

Trigésimo quinto. Conocerá además en todas las causas de con­trabando derogándose todas las disposiciones que haya en contrario.

Trigésimo sexto. Para intervenir en la primera instancia de las causas comprendidas en los dos precedentes artículos habrá un agente fiscal nom­brado por el Gobierno con la dotación que por ahora se le asigne.

Trigésimo séptimo. A los reos presentes formalizado el sumario en causa grave se les notificará o requerirá hasta tercera vez para el nombramiento de un defensor de capacidad y si ellos no lo hicieren poniéndose constancia en autos de estas diligencias se pasará el proceso, siendo insolvente el reo, al defensor general de pobres.

Trigésimo octavo. Si la causa fuese seguida sin aprehensión del reo se citará al defensor general para que presencie el juramento de los testigos.

Trigésimo nono. En ningún caso podrá el juez del crimen comentar el examen de los reos a los es­cribientes ni a los escribanos.

Cuadragésimo. En los casos de impedimento o recusación del juez del crimen se procederá como está prevenido en los artículos treinta y uno y treinta y dos y conocerá el juez de lo civil.

Capítulo octavo

Del Juez Superior de apelacio­nes

Cuadragésimo primero. Habrá un Juez Superior para conocer en el recurso de apelaciones y en los de súplica de todas las causas que se decidan ante los jueces inferiores de lo civil y de lo criminal.

Cuadra­gésimo segundo. El Juez Superior será nombrado por el Supremo Gobierno de la República, debiendo ele­girlo de aquellos ciudadanos de notoria probidad y honrades.

Cuadragésimo tercero. Para el desempeño de sus funciones le nombrará el Gobierno un Secreta­rio y una ordenanza.

Cuadragésimo cuarto. El Juez Superior cíe Apelaciones y los empleados del artículo anterior vencerán respectivamente los sueldos que les acuerde el Gobierno.

Cuadragésimo quinto. En apela­ción conocerá y decidirá en todas las causas civiles y en las criminales.

Cuadragésimo sexto. En el grado de súplica conocerá el Juez Superior de Apelaciones aso­ciándose con cuatro hombres buenos casados en suerte de la lista de que habla el artículo treinta.

Cuadragésimo séptimo. De las sentencias de súplica cualquiera que sea la cantidad que se litigare no habrá recurso alguno sino el extraordinario de nulidad e injusticia notoria cuando la cantidad llegare a dos mil pesos.

Cuadragésimo octavo. Este recurso se hará dentro de seis días y no se admitirá sin previo depósito de cua­trocientos pesos en la tesorería general.

Cuadragésimo nono. Para conocer en el recurso de nulidad e injus­ticia notoria se formará un tribunal eventual de cinco hombres buenos y capaces sacados en suerte de la lista del citado artículo treinta.

Quincuagésimo. Integrado el tribunal eventual entrará a conocer y determinar el recurso sin admitir más escritos que el de su introduc­ción, expresando la nulidad e injusticia notoria y el de la contestación contraria.

Quincuagésimo primero. Si el recurrente fuere vencido en la instancia de nuli­dad e injusticia notoria se aplicará el depósito por mi­tad a la parte contraria y al fisco.

Quincuagésimo segundo. Toda sentencia pronunciada en revista en las causas criminales de gravedad cualquiera que sea la pena impuesta se mandará efectuar con previo aviso al Supremo  Gobierno.

Quincuagésimo  tercero. El Juez Superior de recursos no es recusable sino con  causa probada, y en ella conocerá por suerte uno de los ciu­dadanos de la lista del artículo trigésimo. El juicio será verbal y de su fallo no habrá apelación.

Quincua­gésimo cuarto. En los casos de declararse justa la recusación del juez de apelaciones se formará un tri­bunal eventual compuesto de cinco ciudadanos de la lista mencionada fuera del que ha conocido en el ar­tículo de recusación  que debe  excluirse en este  caso.

Quincuagésimo quinto. Habiendo en los nombrados impedimento legal podrán ser recusados. La recusación se determinará sobre tablas y en caso de ser legítimo se reemplazarán los recusados, todo en la misma forma que antes y no se admitirán más recusaciones.

Quin­cuagésimo sexto. Tendrá su despacho público el Juez de apelaciones en el local que le destinare el Supremo Gobierno y el mismo Juez Superior de apelaciones se­ñalará las horas de mañana y tarde para su despacho dando de ello aviso al Supremo Gobierno y al público.

Capítulo nono

De los crímenes exceptuados

Quincuagésimo séptimo. El Supremo Gobierno es Juez Priva­tivo de las causas de traición a la República, de las de conmoción o conjuración contra el orden y tranquili­dad  pública y en la de atentar contra  la vida  del Supremo Gobierno de la República dando cuenta in­formativa de lo obrado al Soberano Congreso.

Quin­cuagésimo octavo. En obsequio de la humanidad podrá el Supremo Gobierno indultar la pena de muerte pre­vio informe del juez de la causa cuando medien graves y poderosos motivos salvo los delitos que la ley excep­túa.

Capítulo décimo

Disposiciones   generales

Quin­cuagésimo nono. En todos los juicios civiles de meno­res, de pobres de solemnidad y de esclavos así en primera como en segunda y tercera instancia desempeñará las funciones de defensa, el defensor general que expresa el artículo vigésimo cuarto.

Sexagésimo. La acusación en las causas criminales corresponde al agente fiscal del crimen de que habla el artículo trigésimo sexto, Capítulo séptimo.

Sexagésimo prime­ro. En las causas de contrabando y demás ramos per­tenecientes al fisco nacional intervendrá por parte de éste, fiscal general que nombrará el Supremo Gobier­no accidentalmente por ahora.

Sexagésimo segundo. Una sola rebeldía será suficiente para sacar los autos por apremio.

Sexagésimo tercero. En los casos de du­das que puedan ocurrir a los Alcaldes ordinarios, jue­ces de lo civil y del crimen las propondrán y con­sultarán al Juez Superior de apelaciones, quien no pudiendo resolverlas, las elevará al Supremo Gobier­no, proponiendo lo que crea más conforme a la admi­nistración de justicia en cada caso.

Sexagésimo cuarto. Por ahora todos los jueces contenidos en este Estatuto serán nombrados por el Supremo Gobierno de la Re­pública hasta que se dé una norma general para la elección de jueces de paz, alcaldes ordinarios y jueces civiles de lo civil y criminal quedando siempre reservado al Supremo Gobierno el nombramiento de Juez Superior de apelaciones.

Sexagésimo quinto. Los jueces de paz y los Alcaldes ordinarios percibirán por sus actuaciones los derechos de arancel general.

Sexa­gésimo sexto. El Juez Superior de Apelaciones y los jueces de lo civil y de lo criminal pasarán al Supremo Gobierno cada seis meses una noticia circunstanciada de todas las causas así civiles como criminales con ex­presión de su estado y día en que fueron iniciadas.

Sexagésimo séptimo. En los delitos en que no haya de recaer pena corporal serán puestos los acusados en libertad en cualquier estado de la causa dando fianza legal.

Sexagésimo octavo. Ningún individuo podrá ser preso por deuda civil que no provenga de delito o cua­si delito.

Sexagésimo nono. Todos los asuntos defi­nitivos o con fuerza de tales que pronuncie el Juez Superior de apelaciones y los jueces de lo civil y cri­minal serán motivados por la aplicación de las leyes vigentes a los hechos, haciéndose expresa mención de las unas y los otros.

Septuagésimo. En los casos ordina­rios los curas vicarios ni sus tenientes curas procederán a casar a ningún viudo o viuda que tenga hijos menores sin que primero hayan formalizado inventa­rio de sus bienes en debida forma, dando al cura cons­tancia judicial de haberlo así practicado. Los infrac­tores de esta ordenación incurrirán en pena de multa de veinte y cinco hasta cincuenta pesos.

Septuagésimo primero. Quedan abolidas la pena de tormento y la confiscación de bienes.

Septuagésimo segundo. Que­dan derogadas las leyes de Indias como incompatibles con nuestra existencia política libre e independiente.

Septuagésimo tercero. Son empero vigentes las leyes de Castilla, las de las partidas y las de Toro con lo que no digan oposición a nuestras leyes patrias y mientras la República no sancione sus códigos.

Sep­tuagésimo cuarto. Desde la publicación de éste Estatu­to provisorio quedan suprimidos los cuerpos municipa­les de la República y sus respectivos archivos los pasarán inmediatamente bajo de inventario y recibo a los Alcaldes ordinarios del lugar, y en la Capital a los jueces de lo civil y de lo criminal para que cada uno se encargue del ramo que le corresponde dándose cuenta del resultado al Gobierno.

Septuagésimo quinto. Para ser Alcalde ordinario, Juez de Paz, etc., se necesitará además de alguna capacidad, ser ciudadano natural de la República, tener algún capi­tal o industria útil, ser hombre de probidad y de buena moral y las demás circunstancias que requieren las leyes generales.

Septuagésimo sexto. Ningún indi­viduo electo o nombrado Juez de Paz, Alcalde Ordina­rio, etc. podrá excusarse de admitir el cargo a menos que sea con una causa ostensible grave y justificada.

Septuagésimo séptimo. Todos los jueces son responsables ante la ley de la menor injusticia que cometieren.

Septuagésimo octavo. El Juez Superior de Apelaciones se formará un reglamento interno para el régimen de su administración y la pasará al conocimiento del Su­premo Gobierno.

Septuagésimo nono. Usará vestido todo negro y decente con sombrero armado y bastón de puño de oro. Los jueces de lo civil y de lo criminal usarán el mismo vestido que el juez Superior de Ape­laciones y también bastón con puño de oro con sombre­ro redondo y la cucarda de la República. Los Alcaldes ordinarios y los jueces de paz llevarán el mismo vestido negro con sombrero redondo y la cu­carda de la República y llevarán bastón con puño de plata.

Octogésimo. El tratamiento del Juez Superior de Apelaciones será de Señoría. Los jueces de paz, los alcaldes ordinarios y los jueces de lo civil y criminal no tendrán más tratamiento que el de un particular.

Octogésimo primero. Todos los jueces contenidos en el presente Estatuto al tomar posesión de sus empleos prestarán juramento solemne de sostener la indepen­dencia y libertad de nuestra República y desempeñar fielmente el empleo que ella le confía. El Juez Supe­rior de Apelaciones prestará juramento en manos del Supremo Gobierno de la República. Los jueces de paz y los jueces de lo civil y criminal lo prestarán por ahora ante el Juez Superior de Apelaciones, y en lo sucesivo ante los jueces salientes a excepción del Juez Superior de Apelaciones.

Octogésimo Segundo. Los jueces de paz y alcaldes ordinarios de campaña prestarán su juramento ante la autoridad más inme­diata y en lo sucesivo en manos de los jueces salientes.

Publíquese y circúlese en la forma de estilo para los fines consiguientes.

Carlos Antonio López. Mariano Roque Alonso. Be­nito Martínez Varela, Secretario interino del Supremo Gobierno.

Concuerda este testimonio con el Supremo Decre­to original de su tenor a quien en lo necesario me re­mito.

Y de mandato del Supremo Gobierno de la Repú­blica lo autorizo y firmo en la Asunción a 11 de enero de 1843.

Benito Martínez Varela

Secretario interino del Supremo Gobierno

FUENTE: Archivo Nacional de Asunción, Sección His­toria, Volumen 252.

(Versión paleográfica de la Dra. Idalia Flores de Zarza).

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