Sobre el Protocolo Ushuaia II

Sobre el Protocolo Ushuaia II [1]

1. Indigna ver como cierta prensa marca su agenda a muchos políticos y congresistas, y como éstos, temiendo ser dejados de lado, no sólo se ajustan a ella sino que se esfuerzan por profundizar en la línea sugerida por el medio. Esto se puede apreciar claramente en cuanto al Protocolo Ushuaia II, subscripto recientemente.

2. Al respecto, cabe mencionar que al Poder Ejecutivo le corresponde “el manejo de las relaciones exteriores de la República … negociar y firmar tratados internacionales” (Art. 238, inc. 7, Cn.). Por tanto, el Presidente de la República no está obligado a consultar previamente con el Congreso respecto de este tema. Constituye un disparate mayúsculo considerar que las cláusulas contenidas en un tratado, por ser supuestamente contrarias a la soberanía o a los intereses del Estado paraguayo, puedan configurar la causal de mal desempeño de funciones que habilita la promoción de un juicio político (Art.225 Cn.). Afirmar esto denota una ignorancia supina en materia de Derecho Constitucional.

3. En el caso que nos ocupa, en forma necesaria se dará el control de parte del Congreso al aprobar o rechazar el tratado firmado por el Ejecutivo (Arts. 141 y 202, inc.9, Cn.). Sólo mediante el cumplimiento de este paso, más la ratificación, el acto quedará perfeccionado.

4. En cuanto al tema de fondo, presumiendo la buena fe de políticos y congresistas, se puede sostener que existe gran confusión.
En nuestra Ley Suprema está previsto el “derecho de resistencia a la opresión”, tanto en su forma pasiva o de desobediencia, como en su forma activa o de insurrección, contra un “gobierno usurpador”, es decir, contra quienes “invocando cualquier principio o representación contrarios a la Constitución, detenten el poder público” (Art. 138 Cn.). La Ley Fundamental faculta al pueblo a resistir a los usurpadores, esto es, a los gobernantes que carecen de legitimidad de origen.

Todo esto está reforzado, en el plano interno, por la “inhabilidad por atentar contra la Constitución” prevista para “los jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta Constitución” (Art. 236 Cn.).

5. Dentro de esta línea prevista por la Ley Suprema para el ámbito interno, debe interpretarse lo establecido a nivel de normas de carácter internacional que regulan el MERCOSUR. Si la propia Constitución habilita a los paraguayos a resistir a un gobierno usurpador, ¿qué contradicción existe con que en el ámbito de órganos regionales de integración de que participa el Paraguay, se habiliten medidas por las cuales los Estados socios eventualmente puedan hacer efectiva su solidaridad con la lucha del pueblo paraguayo contra sus opresores? El cierre de fronteras, la obstaculización de las comunicaciones, la no provisión de energía, etc., se darán contra un gobierno usurpador, no contra un gobierno democrático.

Es más, la misma Ley Suprema da una idea del derrotero a seguir al expresar cuanto sigue: “Los Estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales usurpadores, no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscripto o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay” (Art. 138, 2º pfo., Cn.). Surge con claridad la idea de aislar al gobierno usurpador.

Sólo los nostálgicos de Stroessner, Videla, Pinochet y otros dictadores, pueden lucubrar torcidas interpretaciones”.

P.S.: Se ha pretendido someter a juicio político al presidente Fernando Lugo por la responsabilidad que pudiere corresponderle por la firma del protocolo. ¿Cómo se puede proponer esto? El protocolo debe ser sometido al Congreso. Si existe la posibilidad -aunque sea teórica- de que el Congreso lo apruebe, ¿cómo se puede pretender un juicio político previo, sobre la base de la causal mencionada? ¿Se sabe ya de antemano cuál va a ser la opinión de las cámaras legislativas?

Asimismo se ha sostenido que tanto el presidente Lugo como el canciller Lara Castro han incurrido en violación del orden constitucional. Cualquier tratado internacional sólo queda perfeccionado después de que el Congreso lo apruebe y luego de que el Ejecutivo lo ratifique. Si esto no ocurre, el acto no existe y, por ende, no hay causal de enjuiciamiento -siguiendo la línea del absurdo de que la firma del protocolo pudiera serlo.

En los artículos 5 y 6 del Protocolo están previstas acciones que en nada suponen una intervención dentro del Paraguay, contra la voluntad de sus autoridades. Todas ellas son adoptadas allende sus fronteras, en el marco de un proceso de integración que no admite retroceder a la etapa perimida de las dictaduras. En forma irreflexiva se busca cuestionar todo lo que hace este gobierno, pero el supuesto en que hay que pensar es el de un gobierno no democrático, un “gobierno usurpador”, como dice la Constitución. Es el caso de Honduras. Allí se pudo apreciar la forma en que los gobiernos democráticos de América Latina reaccionan ahora cuando se derroca a gobernantes legítimos. En esa oportunidad se hizo, aunque infructuosamente, bastante más de lo que está previsto en el protocolo.

Lo verdaderamente lamentable es que, dada esta feroz campaña emprendida por ABC y seguida al pie de la letra, no solo por los congresistas sino por los demás medios masivos, será muy difícil que un Protocolo signado para la defensa de la todavía débil democracia del área, pueda ser aprobado.

Una lectura completa, racional y desapasionada del Protocolo, permitiría aprobarlo sin ningún problema. Pero a esta altura, con todo lo que se ha dicho en contra, con todo lo que los congresistas -en competencia por aparecer como los más patriotas, los más opositores- han declarado en contra del Protocolo, es sumamente difícil que puedan cambiar de opinión.


[1] Publicado parcialmente en “Última Hora”, el martes 10 de enero de 2012.

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