NOTAS SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1992

Luis Lezcano Claude

Introducción

El tema de la libertad de prensa y otros vinculados a él, han girado en mi mente, por lo menos, desde 1992, es decir, desde la Convención Nacional Constituyente que en dicho año sancionó la Constitución en vigor. Es éste en varios años el primer intento  que realizo tratando de aclarar las muchas dudas que tenía al respecto. En lo personal el resultado ha sido satisfactorio aunque no definitivo ni completo. Ha sido también una forma de afirmarme en mi postura de no ceder al temor que inspira el poder mediático que tanto influye, positiva y negativamente, en esta sociedad. Reitero que no son las contenidas en este trabajo mis ideas definitivas. Pienso que no se trata de algo acabado, sino que, por el contrario, se puede avanzar más en el sentido de clarificar y profundizar los temas estudiados.

Tengo aún muy vívido el recuerdo de la forma en que se aprobaron los artículos constitucionales pertinentes. No dudaría en afirmar que el grupo de presión que mayor éxito alcanzó en relación con la Convención Nacional Constituyente, fue el de la prensa. En efecto, con el contacto importante en el seno mismo de la convención que significaron los constituyentes que eran periodistas, se logró la aprobación de los actuales preceptos constitucionales prácticamente sin modificaciones, es decir, en la forma en que tal sector los había presentado.

Una de las características de la llamada “transición democrática” fue el acrecentamiento del poder de la prensa. En 1992 estaba corriendo el cuarto año de libertades democráticas tras la dictadura de 1954 a 1989. No existía nadie, menos entre los convencionales constituyentes, que no fuera medularmente demócrata, por lo menos de palabra. Las “conversiones” de leales partidarios de la dictadura en fanáticos demócratas que la condenaban, aparentemente con la mayor convicción, se produjeron de un día para otro.

Este ambiente de apariencias falsas y el temor a un poder mediático en acelerado crecimiento, hicieron que no se ofreciera obstáculo alguno a los términos en que al máximo nivel se quería normar lo referente a la prensa.

Sobre la base de las disposiciones constitucionales y ese temor, no sólo de la gente común, sino también de políticos encumbrados y de autoridades de alto nivel, se fue construyendo el poder absoluto o cuasiabsoluto que actualmente goza la prensa. En verdad, habría que preguntarse si tal poder lo detentan, en realidad, únicamente los propietarios de los medios masivos de comunicación y sólo por reflejo protege a los trabajadores de la prensa, muchos de los cuales en actitud servil se prestan a actuar como vías de expresión de las ideas de sus patrones y a constituirse en defensores de sus intereses particulares.

En cuanto a la situación general del poder mediático, Jorge Carpizo expresa lo siguiente:

“… los medios masivos de comunicación … luchan en muchos países porque sus actividades no estén reguladas jurídicamente con la bandera de que respecto a aquéllas la mejor ley es la que no existe. Es decir, desean que el estado de derecho sea inexistente para ellos; anhelan no tener ningún límite para convertir la libertad en libertinaje y avasallar así las libertades de los demás a quienes se transforma realmente en objetos, a quienes también se les quiere suprimir su derecho a defenderse y poder acudir ante un juez a proteger ese derecho.

Los grandes empresarios de los medios masivos quieren el poder absoluto como el que detentaron algunos reyes y emperadores: a) persiguen estar situados encima de la ley, princeps legibus solutus, b) ser completamente irresponsables ya que desean que sus actos no se puedan impugnar jurídicamente, c) que su voluntad sea la única ley y las libertades de los demás se subordinen a la suya, d) hacen valer los derechos humanos como escudo a su arbitrariedad pero hay desprecio y aversión a los derechos humanos de los demás individuos”[1]

Los párrafos precedentes parecieran haber sido escritos específicamente para la realidad paraguaya.

Por su parte, Artemi Rallo Lombarte afirma cuanto sigue:

“De los medios de comunicación se dice que constituyen un poder ilimitado, exento de control, que, en manos de grandes grupos económicos o financieros, es capaz de poner en jaque al poder político, legitimado popularmente en forma directa (Legislativo) o indirecta (Ejecutivo) e, incluso, de amenazar la independencia del Poder Judicial (en el caso, por ejemplo, de los «juicios paralelos»). Se afirma, igualmente, que la actividad de los medios de comunicación exige de límites dirigidos a garantizar la efectividad de los restantes derechos fundamentales –y, en particular, de algunos de primera magnitud como la intimidad, el honor y la propia imagen- y de principios constitucionales como la protección de la infancia y la juventud”.[2]

En este trabajo analizamos los preceptos constitucionales respectivos, vemos los antecedentes en nuestros anteriores ordenamientos y hacemos referencia al derecho comparado. El estudio ha estado guiado por cuestionamientos tales como los siguientes: ¿en la Convención Constituyente de 1992 no se cedió demasiado a la presión del poder mediático consagrando disposiciones que dan a los derechos referentes a la prensa un carácter próximo a lo absoluto?; ¿los derechos reconocidos a la prensa no son como cualesquiera otros propios de un Estado de derecho, es decir, derechos que reconocen límites?; si es así, ¿cuáles son esos límites?; ¿cuáles son las modificaciones que en cuanto a los medios masivos deberían introducirse en la Ley Suprema?; ¿el temor al poder mediático alcanza también  a los órganos jurisdiccionales y la inactividad de éstos generada por ese temor, acrecienta el mismo en las demás personas ante la imposibilidad de obtener reparaciones en caso de abusos por parte de los medios masivos?

Estos y otros más son los interrogantes que guiaron la redacción de este trabajo.

Antecedentes nacionales

En las constituciones precedentes encontramos las siguientes disposiciones:

* Constitución de 1844, Art. 8° del Título X: Para establecer imprenta de particulares en la República, se tomará primeramente el permiso del Supremo Gobierno, dando el dueño o el administrador una fianza de dos mil pesos bajo la cual se comprometa cumplir con los reglamentos que les diere el Gobierno de la República.

* Constitución de 1870, Art. 24: La libertad de la prensa es inviolable, y no se dictará ninguna ley que coarte de ningún modo este derecho. En los delitos de la prensa solo podrán entender los jurados, y, en las causas o demandas promovidas sobre publicaciones en que se censure la conducta oficial de los empleados públicos, es admitida la prueba de los hechos.

Nótese que esta constitución habla de delitos de prensa.

* Constitución de 1940, Art. 19: Todos los habitantes de la República gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: … publicar sus ideas por la prensa sin censura previa siempre que se refieran a asuntos de interés general …

Art. 31: La edición y publicación de libros, folletos y periódicos serán reglamentados por la ley. No se permite la prensa anónima.

Esta Constitución admitía la posibilidad de reglamentar todo lo referente a la prensa.

* Constitución de 1967, Art. 72: La libertad de expresión y la de información, sin censura previa, son inviolables, y no se dictará ninguna ley que las limite o imposibilite, salvo en lo referente a las prohibiciones del artículo anterior [predicar el odio entre los paraguayos, predicar la lucha de clases, hacer la apología del crimen o de la violencia, proclamar la desobediencia a lo que disponen las leyes]. En tiempo de guerra, las informaciones sobre asuntos relacionados con la seguridad de la República y la defensa nacional podrán ser censuradas.

Art. 73: Será libre el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas. No se admitirá la prensa sin dirección responsable, ni la publicación de temas inmorales.

Art. 74: Ninguna persona o empresa editora de periódicos, así como ninguna difusora de radio o televisión, podrán recibir subvención de fondos públicos o privados del extranjero sin autorización del Gobierno.

Art. 75: En los procesos que se promovieren con motivo de publicaciones de cualquier carácter, que afectaren el honor, la reputación o la dignidad de las personas y que se refieran delitos de acción penal privada o a conductas privadas que esta constitución y la ley declaren exentas de la autoridad de los magistrados, no será admisible la  prueba de la verdad ni de la  notoriedad de tales hechos.

Dichas pruebas serán admitidas cuando el proceso se promueva por la publicación de censuras a la conducta oficial de los funcionarios públicos, y en los demás casos que  establezca  expresamente la ley.

Este último artículo es el antecedente directo del artículo 23 de la Constitución en vigor y de los otros también se han tomado algunas disposiciones.

La libertad de expresión y la de prensa

El Artículo 26 de la Constitución de 1992 establece lo siguiente:

Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja …

Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.

La libertad de expresión se refiere al derecho reconocido a toda persona para expresar sus ideas, pensamientos y opiniones libremente y a difundirlos por cualquier medio. Por ello, se puede apreciar que varias partes del artículo constitucional no constituyen sino el desarrollo del concepto señalado, como cuando se habla de “la difusión del pensamiento y de la opinión”. Asimismo, aún cuando se pueda distinguir entre información y pensamientos u opiniones, debe considerarse como otro aspecto de la libertad de expresión, el derecho de toda persona “a generar, procesar o difundir información” y a utilizar para ello “cualquier instrumento lícito y apto”.

Del mismo modo, la libertad de prensa, a la cual también alude el precepto, no constituye sino una forma de esa libertad de expresión

Limitando el concepto a la expresión escrita, una ley sueca define esta libertad del siguiente modo: “Se entiende por libertad de prensa el derecho de todo ciudadano sueco a publicar cualquier materia por escrito, sin impedimento previo de autoridad u otros órganos públicos, y a no ser perseguido por el contenido de lo publicado sino ante un tribunal de justicia, y a no ser castigado por ello, a no ser que el contenido vulnere los términos expresos de una disposición legal dictada para preservar el orden público sin eliminar la posibilidad de información al público”[3]

En el derecho a difundir el pensamiento y la opinión, así como en el de generar, procesar o difundir información, y particularmente en el de utilizar “cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”, está implícito el derecho de las personas a la creación de medios de comunicación. Asimismo, la libertad de ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas (Art. 29, 1ª parte, Cn.), sirve de sustento a ese derecho.

Todos estos derechos están consagrados en forma amplia reconociendo como titulares a las personas en general, y no sólo a los propietarios de medios masivos de comunicación y a los periodistas, aunque de hecho, los mismos están limitados en gran medida a éstos, por una parte, por el capital cada vez más importante que se requiere para establecer un medio periodístico; y por otra parte, porque el acceso a los medios existentes no está abierto a todos.

Censura previa

Nuestra Ley Suprema no admite la censura previa (Art. 26 Cn.). Esto significa que no puede ser objeto de control por parte de autoridad alguna el material que habrá de ser publicado en un periódico, revista, libro o cualquier material impreso. Tampoco lo puede ser el material que se difundirá en un programa radial o televisivo, o por medio de internet.

En consecuencia, cualquier persona tiene derecho a publicar lo que desee sin que nadie se lo pueda impedir o condicionar atendiendo al contenido del material. Pero libertad de prensa sin censura previa no significa que no pueda haber una responsabilidad ulterior derivada de lo publicado.

En relación con el “periodista columnista”, la Constitución prevé la posibilidad de que sus artículos puedan ser objeto de una censura interna en el medio en el cual trabaja y consagra el derecho de aquel a publicar sus opiniones firmadas, sin censura. Sólo reconoce a la dirección del medio (y consiguientemente, al propietario) el derecho de hacer constar su disenso (Art. 29, 2° pfo., Cn.).

Limitaciones establecidas en la Constitución

La Ley Suprema establece que las libertades de expresión y de prensa pueden ser ejercidas “sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución” (Art. 26 Cn.). Reforzando el mandato de que las limitaciones no sean otras que las establecidas al máximo nivel normativo, el mismo artículo dispone que no puede dictarse “ninguna ley que las imposibilite o las restrinja”.

Entre las limitaciones dispuestas a nivel constitucional, están las siguientes:

a) Las referentes a las publicaciones sobre procesos (Art. 22 Cn.).

b) La no admisión de la prueba de la verdad y de la notoriedad en ciertos procesos (Art. 23 Cn.).

c) Los hechos punibles que pueden ser cometidos por medio de la prensa (Art. 26 Cn.), cuya tipificación en la ley secundaria está autorizada por la Constitución.

d)  La no admisión de prensa carente de dirección responsable (Art. 27 Cn.).

e) La exigencia del pluralismo informativo (Art. 27 Cn.).

f) La regulación de la publicidad para la protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer (Art. 27 Cn.).

g) El derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime (Art. 28 Cn.), con todas las implicancias que del mismo pueden derivarse, entre ellas, el derecho de rectificación previsto en el mismo precepto.

h) El hecho de que el espectro electromagnético pertenezca al dominio público del Estado (Art. 30 Cn.)

i) El derecho de las personas a ser protegidas en su intimidad, su vida privada, su dignidad, su honor, su reputación y su imagen privada (Arts. 4, 30 y 33 Cn.).

j) La prohibición de que la crítica de las leyes incluya la prédica de su desobediencia (Art. 127 Cn.).

La mayor parte de estos puntos es objeto de un desarrollo más exhaustivo en páginas siguientes. Cabe señalar que los mismos podrían ser objeto de reglamentación por medio de una ley, lo cual no está prohibido por la Constitución.

Ley de prensa

“… no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja” (Art. 26 Cn.).

De acuerdo con nuestra Ley Fundamental, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la difusión del pensamiento y de la opinión, deben poder ejercerse sin censura previa y sin que ley alguna las imposibilite o las restrinja, es decir, se excluye la posibilidad del dictamiento de una “ley de prensa”.

La disposición tiene como antecedente la Constitución de 1870 (Art. 24) y la Constitución de 1967 (Art. 72). Sin embargo, esta última al admitir ciertos puntos que podían ser objeto de reglamentación legal, e igualmente la Constitución de 1940, al subordinar el goce de la libertad de prensa “a las leyes que reglamenten su ejercicio” (Art. 19), permitían que se dictara una ley de prensa.

En Suecia existe una “Ley sobre la libertad de prensa”, de 1994, de rango constitucional y de más de cien artículos, que reglamenta diversos aspectos de las publicaciones por escrito, tales como la publicidad de los documentos oficiales, la publicación de periódicos, las infracciones a la libertad de prensa, la responsabilidad penal, el procedimiento judicial en infracciones a la libertad de prensa, etc. Otra ley llamada “Ley Fundamental de la libertad de expresión”, también de 1994 y de más de medio centenar de artículos, reglamenta la libertad de expresar públicamente ideas, opiniones y sentimientos por radiofonía, televisión y medios similares de retransmisión y tiene un contenido similar a la anterior.

Las limitaciones dispuestas por la Constitución habrán de operar como un mecanismo de autocensura de los titulares de estos derechos, pues se presume que deben conocerlas. Este mismo efecto tendrán las disposiciones penales que tipifiquen hechos punibles que pueden ser cometidos por medio de publicaciones, como se verá más abajo.

Además de Suecia, en varios países europeos y latinoamericanos existen disposiciones legales que regulan el funcionamiento de los distintos medios masivos de comunicación. A nuestro criterio, tal legislación es imperiosa y absolutamente necesaria porque en un Estado de derecho no puede sostenerse que un ámbito de tanta influencia en la convivencia social, pueda estar exento de todo tipo de regulación jurídica. Por ello, no puede considerarse acertada la condena a priori de cualquier “ley de prensa” (o como se la quiera denominar), sin analizar previamente su contenido. Si se considera que constitucionalmente está prohibido su dictamiento, deberá procederse a modificar la Ley Suprema en cuanto fuere necesario.

Prácticas atentatorias contra la libertad de prensa

En el artículo 27, 3er.pfo., Cn., se establece lo siguiente:

Se prohíbe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir, de la manera que fuese, la libre circulación, la distribución y la venta de periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría responsable ….

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) se prescribe cuanto sigue: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” (Art. 13.3).

Una forma indirecta de impedir o restringir el ejercicio de la libertad de prensa, sin prohibir directamente la edición de un periódico o de someter a censura previa su contenido, es el de evitar mediante presiones a los proveedores que se dote a las empresas periodísticas de los insumos necesarios para la impresión (en particular, papel). La interferencia de frecuencias radioeléctricas que impida captar una radioemisora o un canal televisivo, debe entenderse como una forma de censura previa, no admitida por la Ley Suprema. Igualmente la obstrucción que signifique la imposibilidad total de circulación de un medio escrito, aunque no se haya impedido su impresión, constituye censura previa.

Cabe señalar en cuanto a este último punto, que la forma en que está redactado el precepto constitucional parecería no admitir la posibilidad de que una vez puesto en circulación el periódico, revista o libro, se pudiera ordenar por decisión judicial fundada la incautación o retirada de los ejemplares respectivos, de acuerdo con la ley. En varias legislaciones se admite esta posibilidad, lo cual, a nuestro criterio, no constituye ningún atentado contra la libertad de prensa.[4]

Hechos concretos que afectaron a ciertos medios masivos en los años de madurez de la dictadura, determinaron que se incluyeran las previsiones del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley Suprema.

Delitos cometidos por medio de la prensa

El Artículo 26 de la Constitución contiene la siguiente norma:   … No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa …

En esta disposición se admite que determinados hechos punibles pueden ser cometidos por medio de la prensa. Esto significa que en el ejercicio de la libertad de prensa se puede incurrir en excesos que constituyan delitos o crímenes. Se autoriza, pues, que la ley penal proscriba ciertas conductas al tipificarlas como hechos punibles, lo cual, en la eventualidad de que los mismos puedan ser cometidos por medio de la prensa, importa un parámetro para la autocensura del titular del derecho a fin de no incurrir en tales hechos.

Dados los extremos señalados, no puede considerarse a la ley penal que tipifique hechos punibles que pueden ser cometidos por medio de la prensa, como una ley que restringe la libertad de expresión, la libertad de prensa y la difusión del pensamiento y de la opinión.

En la ley sueca citada con anterioridad, se consagra la prohibición de la censura previa, pero igualmente se prescribe lo siguiente: “Nadie podrá ser acusado, condenado en virtud de la ley penal … salvo del modo y en los casos que especifique la presente ley”[5]

Según el Código Penal, como publicación se entenderán … los escritos, cintas portadoras de sonido o imágenes, reproducciones y demás medios de registro (Art. 14, inc. 3°).

En el mencionado cuerpo legal están previstos los siguientes hechos punibles que pueden ser cometidos mediante publicación:

        * Artículo 143. Lesión de la intimidad de la persona

1° El que, ante una multitud o mediante publicación en los términos del artículo 14, inciso 3°, expusiera la intimidad de otro, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su vida familiar o sexual o su estado de salud, será castigado con pena de multa.

2° Cuando por su forma o contenido, la declaración no exceda los límites de una crítica racional, ella quedará exenta de pena.

3° Cuando la declaración, sopesando los intereses involucrados y el deber de comprobación que según las circunstancias incumba al autor, sea un medio adecuado para la persecución de legítimos intereses públicos, ella quedará exenta de pena.

4° La prueba de la verdad de la declaración será admitida sólo cuando de ella dependiera la aplicación de los incisos 2° y 3°.

(La prueba de de la verdad admitida en esta disposición viola lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución, en concordancia con el artículo 33).

        * Artículo 144. Lesión del derecho … a la imagen

… 2° La misma pena [pena privativa de libertad de hasta dos años o multa] se aplicará a quien, sin consentimiento del afectado, produjera o trasmitiera imágenes:

  1. de otra persona dentro de su recinto privado;
  2. del recinto privado ajeno;
  3. de otra persona fuera de su recinto, violando su derecho al respeto del ámbito de su vida íntima …

        * Artículo 145. Violación de la confidencialidad de la palabra

1° El que sin consentimiento del afectado:

  1. grabara o almacenara técnicamente; o
  2. hiciera inmediatamente accesibles a un tercero, mediante instalaciones técnicas, la palabra de otro destinada a su conocimiento confidencial, será castigado con multa.

2° La misma pena se aplicará a quien hiciera accesible a un tercero una grabación o reproducción realizada conforme al inciso anterior.

(En este caso se incurriría en delito cuando, vía reproducción escrita u oral en un medio masivo de comunicación, se hiciera accesible a terceros -lectores u oyentes- grabaciones o reproducciones obtenidas en forma indebida, de acuerdo con este precepto legal).

        * Artículo 150. Calumnia

1° El que en contra de la verdad y a sabiendas afirmara o divulgara a un tercero o ante éste un hecho referido a otro, capaz de lesionar su honor, será castigado con multa.

2° Cuando el hecho se realizara ante una multitud, mediante la difusión de publicaciones conforme al artículo 14, inciso 3°, o repetidamente durante un tiempo prolongado, la pena podrá ser aumentada a pena privativa de libertad de hasta dos años o multa …

        * Artículo 151. Difamación

1° El que afirmara o divulgara, a un tercero o ante éste, un hecho referido a otro, capaz de lesionar su honor, será castigado con ciento ochenta días-multa.

2° Cuando se realizara el hecho ante una multitud, mediante difusión de publicaciones conforme al artículo 14, inciso 3°, o repetidamente durante un tiempo prolongado, la pena podrá ser aumentada a pena privativa de libertad de hasta un año o multa.

3° La afirmación o divulgación no será penada cuando sea dirigida confidencialmente a una persona allegada o cuando, por su forma y contenido, no exceda los límites de una crítica aceptable

4° La afirmación o divulgación no será penada cuando, sopesando los intereses y el deber de averiguación que incumba al autor de acuerdo con las circunstancias, se tratara de un medio proporcional para la defensa de intereses públicos o privados.

5° La prueba de la verdad de la afirmación o divulgación será admitida sólo cuando de ella dependa la aplicación de los incisos 3° y 4°…

(Igualmente en este caso la admisión de la prueba de la verdad puede resultar inconstitucional. Ello dependerá de cuál sea el hecho que origina la lesión al honor de una persona).

        * Artículo 153. Denigración de la memoria de un muerto

1° El que denigrara gravemente la memoria de un muerto mediante calumnia, difamación, injuria o lesión de la intimidad de la persona, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año …

        * Artículo 237. Incitación a cometer hechos punibles

1° El que públicamente, en una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3°, incitara a cometer un hecho antijurídico determinado, será castigado como instigador.

2° Cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La pena no podrá exceder aquella que correspondiera cuando la incitación señalada en el inciso anterior hubiese logrado su objetivo.

        * Artículo 238. Apología del delito

El que públicamente, en una reunión o mediante las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3°, hiciera en forma idónea para perturbar la paz pública la apología de:

  1. un crimen tentado o consumado; o
  2. un condenado por haberlo realizado,

será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.

        * Diversos hechos punibles relacionados con la revelación de secretos de Estado (previstos en los artículos 282 a 285), pueden ser realizados utilizando medios masivos de comunicación.

          * Artículo 289. Denuncia falsa

El que a sabiendas y con el fin de provocar o hacer continuar un procedimiento contra otro:

  1. le atribuyera falsamente, ante autoridad o funcionario competente para recibir denuncias, haber realizado un hecho antijurídico o violado un deber proveniente de un cargo público;
  2. le atribuyera públicamente una de las conductas señaladas en el numeral anterior; o
  3. simulara pruebas contra él,

será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

En el artículo 290 se admite la posibilidad de que el hecho punible sea realizado mediante las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3°.

En todos estos casos, la promoción de la acción penal respectiva será posterior a la publicación y tendrá a ésta como base. Por ello, el sometimiento a proceso de periodistas, directores o propietarios de medios masivos de comunicación en casos de presunta comisión de hechos punibles, así como su eventual condena a una pena privativa de libertad, al pago de una multa o al pago de una indemnización por daño moral, en modo alguno puede entenderse como un atentado a la libertad de prensa. Por el contrario, constituye una obligada y necesaria intervención de los órganos jurisdiccionales para la reparación de ciertos derechos de personas determinadas, que han sido afectados por el ejercicio abusivo de esta libertad que como cualquier otra libertad u otro derecho no puede tener carácter absoluto o ilimitado dentro de los marcos de un Estado de derecho.

Como lo expresa Jorge Carpizo: “La lucha de nuestros días es por subordinar a los medios masivos de comunicación al estado de derecho … La existencia de una legislación que precise los derechos, facultades, obligaciones y responsabilidades de los medios masivos de comunicación es indispensable …”.[6]

Ya la propia “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de la Revolución Francesa, al tiempo de establecer que “todo ciudadano puede … hablar, escribir o imprimir libremente”, también prescribía que “debe responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley” (Art. 11).

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), se establece que el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión “no puede estar sujeto a previa censura”, pero se admite que puede dar lugar a “responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley” (Cf. Art.13.2).

Cuando el proceso penal o el juicio civil por indemnización de daño moral, hubieren sido llevados de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales respectivas, nada se puede cuestionar sobre la simple base de que los involucrados sean periodistas, directores o propietarios de medios masivos de comunicación. La admisión de este supuesto constituiría una discriminación no permitida y una violación del principio de igualdad ante la ley.

La Ley Fundamental alemana prevé la posibilidad de que una persona abusara de la libertad de opinión, y en particular de la de prensa –entre otras libertades- para combatir el orden constitucional liberal y democrático. En este caso la considera indigna de tales derechos fundamentales y el Tribunal Constitucional Federal debe resolver sobre la eventual privación de los mismos (Cf. Art. 18).

Responsabilidad civil

El abuso de la libertad de prensa puede dar lugar a reparaciones de carácter civil tales como indemnizaciones por daños y perjuicios o por daño moral.

Al respecto, la ley sueca ya mencionada sólo condiciona que la declaración de dicha responsabilidad sea determinada del modo y en los casos que especifica la Ley sobre la libertad de prensa.[7] Esto implicaría que los casos que eventualmente pudieran  generar responsabilidad estuvieran definidos en la ley y que la determinación concreta de la misma fuera decidida por órganos jurisdiccionales.

Empleo de los medios masivos de comunicación social

Artículo 27 Cn. El empleo de los medios de comunicación es de interés público; en consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento.

No se admitirá la prensa carente de dirección responsable …

En este artículo se incurre en una imprecisión terminológica al hablar de “interés público” cuando debiera ser “interés social”, pues lo público está referido al Estado y aquí lo que se quiso decir es que el empleo de los medios masivos de comunicación es de interés de la sociedad.

Creemos que esta declaración constitucional es exagerada. En primer lugar debe hacerse la aclaración de que se trata de medios masivos de comunicación (escritos, radiales y televisivos) y no de medios de comunicación en general, lo cual sería diferente.

Es cierto que es importante la función que pueden cumplir los medios masivos de comunicación en la formación (y también en la deformación) de la opinión pública, pero no constituyen los únicos medios para dicho fin. También la escuela, la universidad, las iglesias, las asociaciones políticas y otros grupos desempeñan un papel muy importante en este aspecto.

Más grave aún nos parece que de la declaración inicial ya mencionada, se deduzca que los medios masivos de comunicación no puedan ser suspendidos en su funcionamiento ni clausurados. Ya hemos visto que hasta hechos punibles pueden ser cometidos sirviéndose de los mismos y no cabe pensar que un periódico, una estación de radio o un canal de televisión que sistemáticamente se presten a ello, deban seguir funcionando, no obstante que se impongan las sanciones penales y civiles correspondientes a los responsables. En nuestra opinión sería suficiente garantizar que los medios masivos de comunicación no puedan ser suspendidos en su funcionamiento ni clausurados sino en virtud de sentencia judicial, como prevén varias legislaciones.[8]

Regulación de la publicidad

La Ley Fundamental en vigor dispone lo siguiente: … La ley regulará la publicidad a los efectos de la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer (Art. 27, 5º pfo., Cn.).

A nuestro criterio, el vocablo “publicidad” puede ser tomado no sólo en la acepción de “divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.”, sino también en la de “conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos”.[9] Esta última acepción permite que la protección de derechos pueda tener una mayor amplitud al entenderse que la ley está habilitada a establecer normas que regulen todos los aspectos de la actividad de los medios masivos de comunicación que puedan afectar a niños, jóvenes, analfabetos, consumidores o mujeres.

Dentro de este concepto se inscriben las siguientes disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia:

Art. 29. “De la prohibición de la publicación

Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal”.

Art. 31. “De la prohibición de utilizar al niño o adolescente en el comercio sexual.

Queda prohibida la utilización del niño o adolescente en actividades de comercio sexual y en la elaboración, producción o distribución de publicaciones pornográficas…”.

Igualmente debe recordarse lo que dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su Art. 13.5:

“Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.[10]

La prohibición de propaganda a favor de la guerra es congruente con la renuncia a la guerra proclamada en la Ley Suprema en vigor (Art. 144). En la Constitución de 1967 se establecía la prohibición de predicar el odio entre los paraguayos y la de hacer la apología de la violencia (Cf. artículos 71 y 72).

En la “Ley de responsabilidad social en radio y televisión” de Venezuela (2004), se clasifican los elementos de lenguaje, de salud, de sexo y de violencia en tipos A, B, C, D y E (Art. 6). Los distintos programas radiales o televisivos pueden ser difundidos, de acuerdo con el tipo de elementos que contengan, en el “horario todo usuario”, en el “horario supervisado” o en el “horario adulto” (Art. 7).

No está permitida la difusión de mensajes que contengan elementos sexuales tipo E (“imágenes o sonidos sobre actos o prácticas sexuales reales, desnudez sin finalidad educativa en las cuales se muestren los órganos genitales, actos o prácticas sexuales dramatizados en los cuales se aludan o muestren los órganos genitales, actos o prácticas sexuales reales o dramatizados en los cuales se amenace o viole el derecho a la vida, la salud y la integridad personal o se menoscabe la dignidad humana, o actos o conductas sexuales reales que constituyan hechos punibles de conformidad con la ley”).

No está permitida “la difusión de mensajes que utilicen técnicas audiovisuales o sonoras que impidan o dificulten a los usuarios o usuarias percibirlos conscientemente” (Art. 7).

Para la protección del consumidor, se limita el tiempo de difusión de publicidad y propaganda (Art. 8). Se prohíbe la publicidad sobre cigarrillos, bebidas alcohólicas, juegos de azar, etc. (Art. 9). Se establece la obligatoriedad de difundir tres horas diarias de programas culturales y educativos, informativos o de opinión y recreativos dirigidos especialmente a niños, niñas y adolescentes; y un mínimo de siete horas de programas de producción nacional (Art. 14).

Derecho a informarse

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime (Art. 28, 1er. pfo., Cn.).

De conformidad con el precepto constitucional, la información que ofrezcan los medios masivos debe ser veraz, responsable y ecuánime. La libertad de expresión y la de prensa no otorgan a los medios el derecho de mentir ya sea difundiendo información directamente falsa, ya sea distorsionándola por minimizar o por exagerar la realidad o ya sea porque la información es suministrada en forma tendenciosa al presentarla pasada por el tamiz ideológico del periódico, considerado como el único válido, respetable, científico, democrático o lo que fuere. La intención de proporcionar una información veraz resultará de que se haya hecho todo el esfuerzo posible, de acuerdo con el tiempo que permite la periodicidad del medio, para comprobar que las fuentes son fiables, para acreditar la verosimilitud de la información, para contrastarla con la opinión de otras personas que pudieren estar involucradas, etc.

El carácter responsable y ecuánime de la información resultará igualmente y en gran medida, de que se haya observado lo señalado precedentemente y, sobretodo, de que se presente la información en forma objetiva, dando oportunidad a todos los que pudieren estar vinculados a ella o afectados por ella, a que den su versión o formulen sus opiniones.

La veracidad, la responsabilidad y la ecuanimidad de la información parecen, a veces, inexistentes en nuestros medios masivos de comunicación. Algunos días, el material suministrado por los medios escritos en cuanto a una única realidad nacional, parecería corresponder a dos o tres países diferentes. Es evidente que alguno de ellos miente o exagera. Ciertas veces es sólo la exageración de destacar en titulares de portada o de páginas interiores, determinados aspectos de una información, sacándolos de contexto. Otras veces se está directamente ante la mentira como cuando el titular principal de primera plana de un medio, no aparece en los demás ni siquiera como información secundaria del interior del periódico, como ha ocurrido. Esto sólo resulta normal si es el resultado de una investigación particular que un solo medio está realizando, pero no en cuanto a informaciones que debieran ser difundidas por todos.  Más refinada y perversa es la práctica de deformar la información a nivel del título principal y del resumen inicial (copete), aunque luego en el cuerpo exista bastante exactitud.

A veces, la tendencia ideológica muy conservadora del medio, reflejo del pensamiento de sus propietarios y también de la mayor parte de los periodistas de opinión o columnistas, atenta contra la objetividad. En efecto, la mera información y más aun si ella es la base de una opinión, se la presenta dentro de los marcos ideológicos del medio, lo cual a nuestro criterio sería legítimo, si se la explicitara para que las personas no fueran sorprendidas en su buena fe con datos que son presentados desde un punto de vista que se dice es el único valedero.

La ineptitud de muchos columnistas contribuye a que una información, a la cual se agrega una opinión, no sea en muchos casos responsable. La incursión de estos en campos que exigen una formación especializada, como por ejemplo el derecho o la economía, hace que el material proporcionado adolezca de muchas limitaciones.

Por último, no debe olvidarse que la ecuanimidad en la información supone, como mínimo, que se permita el ejercicio del derecho de rectificación en forma efectiva.

Acceso a las fuentes públicas  de información

Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo … (Art. 28, 2º pfo., Cn.).

Esta disposición se vincula con el principio de publicidad de los actos de gobierno, lo cual constituye una característica fundamental de un Estado de derecho. Debe entenderse que todos los documentos oficiales producidos por cualquier órgano de gobierno, del nivel que fuere, deben darse a publicidad y deben estar al alcance de cualquier persona y, obviamente, también de cualquier medio masivo de comunicación.

El libre acceso a las fuentes públicas de información no puede ser considerado como irrestricto. En primer lugar, el acceso al proceso de elaboración de un documento en el cual habrá de expresarse una decisión de un órgano de gobierno, puede ser vedado a todos. Lo que no puede negarse es el acceso a ese documento en su versión final y definitiva. Esto significa que de ningún modo importará violación de esta disposición el que no se permita a los medios de prensa estar presentes, por ejemplo, en las deliberaciones del Presidente de la República con sus ministros que luego concluye con el dictamiento de un decreto, o en las deliberaciones de la Corte Suprema de Justicia que dan como resultado la emisión de una resolución o acordada, o en las reuniones de las cámaras del Congreso declaradas secretas. Tampoco se puede reclamar ningún derecho a tener acceso a borradores de documentos, es decir, a versiones que aún pueden ser objeto de modificaciones y que no contienen la decisión final de un órgano determinado.

Una excepción en cuanto al funcionamiento de los órganos de gobierno, lo constituyen los cuerpos de representación popular como las cámaras del Congreso, las Juntas Departamentales y las Juntas Municipales, en que se admite el acceso no sólo a sus deliberaciones en plenario, sino incluso a las llevadas a cabo en comisión. Es decir, en este caso excepcional se accede a todo el proceso de elaboración del acto que habrá de emanar de dichos órganos. En el caso de los juicios orales, con algunas limitaciones, se accede a actos que luego conducirán al pronunciamiento de un fallo. Pero de ningún modo puede pretenderse que las deliberaciones de un órgano jurisdiccional colegiado, previas al dictamiento de la sentencia respectiva, deban ser accesibles a determinadas personas o a la prensa.

En segundo lugar, debe señalarse que el acceso a las fuentes públicas de información puede ser restringido por la ley, particularmente por razones de seguridad. De la imprecisa redacción del Art. 28, 2º pfo., Cn., se deduce que la ley al regular las modalidades de acceso, puede establecer ciertas limitaciones basadas en criterios razonables, que sin embargo, no impidan la efectividad de este derecho. Ya hemos visto que en los artículos 282 a 285 del Código Penal están tipificados algunos hechos punibles relacionados con la revelación de secretos de Estado, lo cual supone la existencia de información oficial que no puede ser dada a publicidad.

Igualmente, debe entenderse que lo que la norma constitucional pretendió expresar es que la ley reglamentaria también debe establecer el tiempo que debe mediar entre la manifestación de voluntad de acceder a las “fuentes públicas de información” y el acceso real y efectivo a las mismas. Igualmente deben estar contempladas las sanciones que habrán de aplicarse a quienes dificulten o impidan indebidamente dicho acceso.

En cuanto a “los instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información pública”, el artículo 30 de la Constitución establece que la ley debe asegurar el libre acceso a los mismos, en igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, impone a las autoridades el deber de asegurar que la información así obtenida no será utilizada para vulnerar la intimidad personal o familiar u otros derechos. Creemos que la única forma de lograr esto, es considerando que la obligación que tienen las autoridades en este tema, lleva implícita la autorización de restringir el acceso a la información que luego pudiera dar lugar a tales violaciones de derechos. Todo esto sin perjuicio de que igualmente estén previstas las disposiciones penales pertinentes.

Pluralismo informativo

Al respecto, la Ley Fundamental dispone: Se garantiza el pluralismo informativo (Art. 27, 4º pfo., Cn.).

El pluralismo informativo puede entenderse en el sentido de que no exista ninguna limitación en cuanto a la orientación ideológica de los medios masivos de comunicación social. Esto conduce a que el público pueda recibir informaciones y opiniones desde diversas perspectivas ideológicas. En nuestro país, como se ha señalado, existe un abrumador predominio conservador en cuanto a la línea editorial de los principales medios periodísticos. De hecho, ninguno de ello transmite un pensamiento ni tan siquiera moderadamente socialista o de izquierda.

El pluralismo informativo puede ser interpretado también en el sentido de evitar la concentración de los medios masivos en pocas manos, es decir, en el sentido de impedir la formación de un oligopolio de los mismos.

En la actualidad, los medios masivos de comunicación, en su mayor parte, son de propiedad privada. Los constantes avances tecnológicos aplicados en este campo, hacen que el acceso a los diferentes equipos, máquinas e implementos necesarios para desarrollar la actividad periodística, requiera la inversión de un capital cada vez mayor debido al alto costo de aquellos. Esto determina la concentración de los medios en pocas manos, de tal modo que, si tomamos en consideración los principales o más influyentes de ellos, podemos afirmar que existe una tendencia al oligopolio. La gran fuerza económica que esta circunstancia permite obtener a un reducido grupo de personas y su enorme capacidad de influir en la opinión pública, determina el surgimiento de un poder que muchas veces intenta actuar en pie de igualdad con los poderes públicos, incluso cuestionándolos y enfrentándolos, reclamando, sin embargo, para sí una intangibilidad o irresponsabilidad derivada de una supuesta representación popular que, sin embargo, no reconoce ningún procedimiento serio de constitución al no existir acto alguno en virtud del cual el pueblo haya otorgado un mandato a los medios periodísticos. Esto es lo que se ha llamado “usurpación de la soberanía popular por la dictadura mediática”.[11]

Sobre el tema, A. Rallo Lombarte sostiene lo siguiente: “En las democracias contemporáneas, el poder político (asentado en la lógica del principio de soberanía popular) puede ver fácilmente condicionada su acción pública por los poderes privados representados por los imperios mediáticos, nacionales o transnacionales (basados éstos, fundamentalmente, en la lógica economicista del mercado). Resulta evidente la amenaza autoritaria que impregna el sobredimensionamiento económico y social del mundo de la comunicación …”[12]

En el Paraguay, si consideramos los principales medios escritos (ABC, Última Hora y La Nación), los principales canales televisivos (Canal 9, Canal 13 y Telefuturo) y las principales radioemisoras, podemos concluir que los medios de mayor influencia, es decir, los que llegan a la mayor parte de los lectores y de la audiencia,  están en manos de poco más de diez familias o reducidos grupos societarios. Es decir, existe un oligopolio de los medios masivos de comunicación.

Como modo de contrarrestar esta tendencia, la Constitución colombiana establece lo siguiente: “… Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético” (Art. 75, 2º pfo.).

El constitucionalista español citado precedentemente, afirma que “la gran mayoría de Estados de la Europa occidental, Estados Unidos, Canadá o Australia hace tiempo ya asumieron la necesidad de intervenir en el mercado de la información”.[13] Menciona el caso de Francia donde la ley impide, a nivel regional y local, la presencia de un mismo grupo en más de dos de los siguientes ámbitos: televisión hertziana, televisión por cable, radio o prensa escrita. A nivel nacional, si bien se permite la presencia de un mismo grupo empresarial en cualquier ámbito mediático, se impide que éste rebase más de dos de los siguientes límites: 4 millones de habitantes comunicados por televisión hertziana, 6 millones por televisión por cable, 30 millones por radio o ser editor de más del 20% de la difusión total de diarios de información política y general.[14]

En nuestro país, el carácter de bien del dominio público que reviste el espectro electromagnético y la obligación impuesta constitucionalmente de asegurar el libre acceso al mismo, en igualdad de oportunidades (Art. 30 Cn.), permiten al Estado por medio del órgano gubernamental respectivo, establecer disposiciones legales que impidan una indebida concentración de medios masivos de comunicación. Una ley que regulara este aspecto resultaría muy positiva en cuanto a la democratización de la información.

Finalmente, otro aspecto del pluralismo informativo es el consagrado en el Art. 29, 2° pfo., Cn., en virtud del cual los periodistas columnistas tienen derecho a publicar  sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabajen.

Derecho de rectificación

… Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o  ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración  por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios (Art. 28, 2º. pfo., Cn.).

Este derecho aparece consagrado también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en los siguientes términos: “Derecho a Rectificación o Respuesta. 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial” (Art. 14).

En los hechos, las personas se encuentran en una situación de desigualdad en relación con los medios masivos de comunicación. La publicación de una “información falsa, distorsionada o ambigua”, por medios escritos, orales o visuales, puede producir efectos perniciosos en la propia persona, en su familia y en los distintos círculos en que ella se desempeña. La afectación del prestigio, el honor, la reputación o la dignidad que pudiera derivarse de la publicación, e, incluso, la simple divulgación de conductas privadas exentas de la autoridad pública, causan daños morales difíciles de reparar.

En estas circunstancias, además de las acciones de carácter penal o civil que pudiera plantear el afectado, se ha considerado apropiado consagrar el derecho de rectificación. El medio involucrado está obligado a publicar la rectificación en las mismas condiciones en que la información agraviante lo haya sido, es decir, en la misma página o sección, dando el mismo destaque en cuanto a título de la información y espacio dedicado a la misma, etc.

Debe recalcarse que el cumplimiento por parte del medio de esta obligación que le impone la Constitución, no lo libera de otras consecuencias que pudieran recaer sobre el mismo de conformidad con la ley y como resultado de un proceso judicial.

De todos modos, la conducta ética que debiera observar el medio, le obliga a publicar la rectificación con la celeridad necesaria, sin postergarla (postergando también la eficacia reparadora que pudiera tener) por medio de falsas promesas u otros artilugios, u obligando al afectado a recurrir finalmente a instancias judiciales en las cuales también podría provocarse la dilación del proceso por medios desleales.

Libertad de ejercicio del periodismo

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa … (Art. 29, 1ª parte, Cn.).

Este artículo constitucional comienza consagrando la libertad de ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas. Esto significa, quizá como lo más importante desde un punto de vista jurídico, que tal ejercicio no está sujeto a la autorización previa de autoridad pública alguna. Esto tiene una aplicación prácticamente directa y literal tratándose de medios escritos, pero cuando se trata de medios radiales o televisivos debe entenderse que la sujeción del funcionamiento de éstos a limitaciones (como la concesión de frecuencias) derivadas del uso del espectro electromagnético, cuyo dominio corresponde al Estado, no constituyen una violación del precepto constitucional. La necesidad de que dicho espectro sea usado en forma racional y con posibilidad de acceso al mismo en condiciones de igualdad, hacen imprescindible la adopción de ciertas medidas y procedimientos referentes a su uso.

Obviamente, esta libertad de ejercicio del periodismo reconocida a cualquier persona, tropieza con insuperables limitaciones de hecho. Por las razones ya expresadas en otra parte, no cualquiera se encuentra en condiciones de fundar un periódico, una estación de radiodifusión o un canal televisivo. Pero tampoco los que existen están al alcance, ni de periodistas ni de las personas comunes, como vías por medio de las cuales expresar sus ideas, pensamientos, opiniones o inquietudes. Esto depende del dueño del medio, del director o del jefe de prensa.

Derechos de los periodistas

… Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.

El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley (Art. 29 Cn.).

“La antidemocracia imperante en los medios masivos propicia prácticas realmente aberrantes que al final de cuentas lesionan el derecho a la información veraz y objetiva a la que tiene derecho la sociedad. Las principales de esas prácticas son: a) la «línea» de cómo debe proporcionarse la información, qué cuestiones no deben ser atendidas, el sentido con que debe darse la noticia; b) la censura al suprimirse o agregarse párrafos al trabajo del reportero o columnista; c) la indicación de qué instituciones y personajes deben ser cuidados y cuáles deben ser atacados”[15]

A contrarrestar, por lo menos en parte, estas prácticas aberrantes está orientado el artículo constitucional trascripto más arriba. En el mismo se consagra la llamada “cláusula de conciencia”, aunque sólo en forma parcial, es decir, no con la amplitud que se le ha dado en otros ordenamientos constitucionales. En efecto, el periodista no puede ser obligado a actuar contra los dictados de su conciencia, pero no se le reconoce el derecho de abandonar el medio en las condiciones establecidas en la ley laboral para un trabajador despedido sin causa justificada, con motivo del cambio de orientación ideológica de aquel.

F. Fernández Segado afirma que “en su esencia, la «cláusula de conciencia» consiste en la facultad del periodista de resolver su contrato laboral, obteniendo las indemnizaciones que hubieran de corresponderle caso de un despido improcedente, cuando la política de la empresa informativa en la que está empleado pueda llegar a comprometer seriamente su conciencia, esto es, sus concepciones morales, su libertad ideológica o incluso su propia dignidad profesional …”.[16]

El derecho al “secreto profesional” queda reconocido en cuanto el periodista no puede ser obligado a revelar sus fuentes de información, en general, por requerimiento de cualquier autoridad pública y, en particular, ante órganos jurisdiccionales.

El derecho reconocido al periodista columnista o de opinión a publicar sus opiniones firmadas, sin que pueda ser censurado internamente por el medio, debe ser apreciado en su realidad fáctica. En efecto, considerando que la contratación de los columnistas se hace teniendo en cuenta su tendencia ideológica a fin de que lo publicado sea congruente con la línea editorial del medio, es difícil que la discrepancia entre el columnista y la dirección (o mejor, el propietario) alcance relevancia de carácter ideológico. Lo más probable es que sea de otra índole. Además, dada la situación de dependencia laboral, serán muy limitados los casos en que el columnista, en lugar de ceder a la censura interna, insista en el ejercicio de su derecho. De todos modos, en este caso siempre le queda al propietario del medio la posibilidad de despedir al columnista, una vez cumplidas las disposiciones legales de carácter laboral.

Finalmente debe decirse que el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, que también se reconoce al periodista, constituye una limitación al derecho de propiedad del dueño del medio masivo. Este derecho junto con el señalado en el párrafo precedente, constituyeron las dos “grandes rebeliones” de los periodistas frente a los propietarios, en el marco de la Convención Constituyente de 1992.

El espectro electromagnético

De las señales de comunicación electromagnética

La emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnética son del dominio público del Estado, el cual, en ejercicio de la soberanía nacional, promoverá el pleno empleo de las mismas según los derechos propios de la República y conforme con los convenios internacionales ratificados sobre la materia.

La ley asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al aprovechamiento del espectro electromagnético, así como al de los instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información pública, sin más límites que los impuestos por las regulaciones internacionales y las normas técnicas. Las autoridades asegurarán que estos elementos no sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y los demás derechos establecidos en esta Constitución (Art. 30 Cn.).

Es éste un artículo bastante confuso e inexacto en cuanto a la terminología empleada y a la diversidad de temas tratados.

Entendemos que, en realidad, lo que se quiso expresar es que el espectro electromagnético es del dominio público del Estado, lo cual da derecho al mismo a controlar y regular la utilización de aquel.

En este sentido, el Estado por medio de la ley debe asegurar el libre acceso al aprovechamiento de dicho espectro electromagnético en condiciones de igualdad de oportunidades. Precisamente esto es lo que autoriza a que sea el Estado el que administre las concesiones respectivas de frecuencias radiofónicas, televisivas o de otras especies, limitando el tiempo de duración de las mismas, a fin de permitir mediante la obligación de renovarlas periódicamente que todos tengan oportunidad de acceder a dicho espectro. Este sería igualmente el fundamento jurídico para el dictamiento de leyes tendientes a prohibir el monopolio o el oligopolio en cuanto a la utilización del espectro electromagnético.

Por otra parte, se debe garantizar y asegurar que “la emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnética”, que constituyen la forma de “aprovechamiento del espectro electromagnético”, se haga de conformidad con las normas establecidas en el ordenamiento jurídico interno (en particular “normas técnicas”) y en los convenios internacionales sobre la materia, de que forma parte el Paraguay (“regulaciones internacionales”), promoviendo “el pleno empleo” de dicho espectro.

Finalmente, el precepto constitucional prescribe que las autoridades deben adoptar las medidas pertinentes a fin de que la utilización del espectro electromagnético no derive en la vulneración del derecho a la intimidad personal o familiar o de otros derechos.

Medios masivos de comunicación social del Estado

Los medios de comunicación dependientes del Estado serán regulados por ley en su organización y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso democrático y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y políticos, en igualdad de oportunidades (Art. 31 Cn.).

En este artículo constitucional están contenidas dos normas. La primera se refiere a que la organización y el funcionamiento de los medios masivos de comunicación social dependientes del Estado, deben ser regulados por ley. La segunda dispone acerca del acceso a los mismos, el cual debe estar permitido a todos lo sectores sociales y políticos, en igualdad de oportunidades, y en un marco democrático y de pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.

Publicación sobre procesos

La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento.

El procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada (Art. 22 Cn.).

Muchas veces los medios masivos de comunicación realizan un juicio previo, en particular cuando se trata de procesos judiciales del ámbito penal. Asumen, de hecho, ante la opinión pública la labor propia de jueces y tribunales. En la prensa se deciden con anticipación, mediante la opinión de periodistas y de lectores, oyentes o televidentes, aunque sin acceso alguno a los recaudos pertinentes, cuestiones que luego son objeto de discusión, prueba y decisión en un proceso judicial.

Como se ha dicho, “los medios … se atribuyen el papel de fiscal y de juez, condenando o absolviendo a una persona y cuando la sentencia judicial llega, resulta casi intrascendente porque la opinión pública ya juzgó alentada y auspiciada por los medios”[17]

Para evitar prejuzgamientos, la prensa debe indicar siempre y en forma precisa el estado del proceso y la situación procesal de los sometidos al mismo, con especial indicación acerca de si rige aún respecto de ellos la presunción de inocencia.

Al respecto, M. .J. Risso Ferrand sostiene que “… sería conveniente establecer por ley: a) la obligación de precisar con especial destaque la situación real del individuo (esto es, si hay sentencia definitiva y, si no la hay, especificar cuál es el estado de la causa y qué significa ello), y b) en los casos en que se produce el sobreseimiento, sentencia de absolución, etc., el medio que recogió la información debería tener la obligación de publicar y explicar el desenlace con el mismo destaque y detalle con que emitió la información original”.[18]

Prueba de la verdad o notoriedad en procesos sobre publicaciones

La prueba de la verdad y de la notoriedad no serán admisibles en los procesos que se promoviesen con motivo de publicaciones de cualquier carácter que afecten al honor, a la reputación o a la dignidad de las personas, y que se refieran a delitos de acción penal privada o a conductas privadas que esta Constitución o la ley declaran exentas de la autoridad pública.

Dichas pruebas serán admitidas cuando el proceso fuera promovido por la publicación de censuras a la conducta pública de los funcionarios del Estado, y en los demás casos establecidos expresamente por la ley (Art. 23 Cn.).[19]

De acuerdo con este artículo, en un proceso civil (por indemnización de daño moral) o en un proceso penal (querella por calumnia, difamación, injuria o denigración de la memoria de los muertos) promovidos con motivo de una publicación supuestamente subsumida en la norma constitucional, el magistrado interviniente debe:

a) Constatar que la publicación efectivamente afecta el honor, la reputación o la dignidad de la persona que promueve el juicio.

b) Constatar que la publicación se refiere a delitos de acción penal privada, cuya autoría se atribuye a quien promueve el juicio o de los cuales el afectado ha resultado ser víctima.

De acuerdo con el Código Procesal Penal, son perseguibles exclusivamente por acción privada los siguientes hechos punibles: maltrato físico, lesión, lesión culposa, amenaza, tratamiento médico sin consentimiento, violación de domicilio, lesión a la intimidad, violación del secreto de comunicación, calumnia, difamación, injuria, denigración de la memoria de un muerto, daño, uso no autorizado de vehículo automotor y violación del derecho de autor o inventor (Art. 17).

A modo de ejemplo, la publicación debe decir que fulano de tal (el actor o demandante) ha sido autor de los delitos de maltrato físico, violación de domicilio o calumnia en perjuicio de otra persona. O, por el contrario, que ha sido víctima de tales hechos.

c) Constatar, como alternativa, que la publicación se refiere a conductas privadas que la Constitución o la ley declaran exentas de la autoridad pública.

Dichas conductas privadas son aquellas que no afectan “al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros” (Art. 33 Cn.). Un ejemplo sería que la publicación se refiera al modo de vestir en el hogar, a las relaciones intrafamiliares, etc.

d) Constatados los extremos mencionados precedentemente, no puede admitir la prueba de la verdad y de la notoriedad de los hechos. Esta disposición constitucional tiene su fundamento en que si se trata de hechos cuya persecución penal sólo puede ser promovida por acción privada, lo cual significa que la inactividad del afectado puede determinar que los mismos no produzcan ninguna consecuencia; e igualmente si se trata de hechos considerados exentos de la autoridad pública, mal puede reconocerse a un medio periodístico el derecho de publicarlos aunque los hechos aludidos fueran verdaderos y notorios. Lógicamente, dicha prueba será admitida si la publicación alude a hechos punibles de acción penal pública.

Como excepción se establece que, aún en los supuestos mencionados más arriba, la prueba de la verdad y de la notoriedad de los hechos, debe ser admitida cuando el proceso haya sido promovido por la publicación de censuras a la conducta pública de los funcionarios del Estado, y en los demás casos establecidos expresamente por la ley.

En el artículo 24 de la Constitución de 1870 se establecía que “en las causas o demandas promovidas sobre publicaciones en que se censure la conducta oficial de los empleados públicos, es admitida la prueba de los hechos”.

El artículo 75 de la Constitución de 1967 disponía cuanto sigue: “Dichas pruebas serán admitidas cuando el proceso se promueva por la publicación de censuras a la conducta oficial de los funcionarios públicos, y en los demás casos que establezca  expresamente por la ley”.

La diferencia substancial está en la alusión a la “conducta pública” que hace la Ley Suprema en vigor, en lugar de la “conducta oficial” mencionada en las constituciones precedentes. A nuestro criterio, la primera expresión es más amplia y abarca la conducta de cualquier funcionario público (incluyendo a los de órganos de nivel estatal, departamental o municipal) en lugares públicos (en este caso, la palabra “pública” debe ser entendida con esta acepción), y no solamente la conducta de los mismos en ejercicio de sus respectivos cargos, a que pareciera limitarse la expresión “conducta oficial”.

Dentro de estos parámetros, la publicación sobre un intercambio de palabras en tono alto entre cónyuges particulares, en lugar público; o sobre las ofensas proferidas públicamente por un particular contra otro particular, que podrían configurar los delitos de difamación o calumnia, puede dar lugar a una proceso en el cual no deberá admitirse la prueba de la verdad o notoriedad del hecho.

En cambio, en las mismas circunstancias, si en los hechos estuviere involucrado un funcionario público y la publicación se hiciere para censurar el aspecto escandaloso de su conducta pública, la prueba de la verdad o notoriedad de los hechos deberá ser admitida por el magistrado en caso de que se promoviere un proceso.

La doctrina de la “real malicia” formulada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el año 1964, al dictar sentencia en el caso “New York Times contra Sullivan”, no ha sido utilizada por nuestros órganos jurisdiccionales. Creemos que en las circunstancias en que ni siquiera se admite la prueba de la verdad o notoriedad de los hechos, ella no tendría cabida. El análisis de la posibilidad de su aplicación debería ser dirigido eventualmente a los casos de publicaciones de censura a la conducta pública de los funcionarios o sobre hechos punibles de acción penal pública, en que no se pudiera probar la verdad o notoriedad de los hechos.

Como ya se ha mencionado, la admisión de la prueba de la verdad prevista en los artículos 143 y 151 del Código Penal, viola lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución.

Intimidad, vida privada, dignidad, honor, reputación e imagen privada

Nuestra Ley Suprema consagra el derecho de las personas a ser protegidas en su intimidad (personal y familiar), su vida privada, su dignidad, su imagen privada (Art. 33 Cn.), su honor y su reputación (Art. 4 Cn.).

El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU dice: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU contiene disposiciones muy parecidas: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), expresa lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

La vida privada comprende las actividades que desarrolla una persona en el ámbito de su domicilio o en otros lugares similares, cuyo conocimiento directo está limitado a sus familiares próximos y otros allegados, quedando normalmente fuera del conocimiento de otras personas, salvo que el propio afectado o los demás con acceso a la información, la comuniquen. Se trata de actividades que por no afectar el orden público o derechos de terceros, están exentas de la autoridad pública y no pueden ser objeto de publicación alguna no autorizada.

La intimidad puede ser distinguida de la vida privada, en el sentido de que se refiere a características biológicas, psicológicas, éticas, espirituales, socioeconómicas y biográficas de una persona, las cuales son consideradas por el afectado como datos propios de su personalidad, de difusión voluntaria y restringida. La intimidad comprende datos sobre filiación, matrimonios, divorcios, vida sexual, hábitos particulares, estudios académicos, amistades, enemistades, bienes, deudas, creencias religiosas, ideas políticas, enfermedades, etc. Tampoco estas circunstancias, en principio, pueden ser objeto de publicaciones no autorizadas.

El derecho a la protección de la propia imagen, o de la imagen privada como dice nuestra Constitución en forma menos precisa, impide que se pueda reproducir la imagen de una persona sin su consentimiento, aunque ello no afecte su dignidad o su reputación. Como se ha expresado, “el derecho a la propia imagen … atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública … consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad … perseguida por quien la capta o difunde”.[20]

La expresión “propia imagen” no deja dudas acerca de que este derecho rige aún cuando la persona se encuentre en un lugar público como una calle, una plaza, un restaurante o un local comercial, salvo que su imagen aparezca formando parte del conjunto de personas circunstancialmente presentes en esos sitios. En cambio, la expresión “imagen privada” puede generar la duda acerca de si la protección no tiene un alcance más limitado. Creemos que la interpretación correcta es la de darle idéntico alcance. En otras palabras, un medio periodístico se encuentra vedado de obtener imágenes de una persona tanto dentro de su recinto privado (domicilio, oficina, etc.), como cuando realiza actividades particulares en lugares públicos, salvo que medie el consentimiento de la misma.

De hecho, éste es el alcance que le da el artículo 144 del Código Penal cuando tipifica el delito de lesión del derecho a la imagen. Dice lo siguiente:

… 2° La misma pena [pena privativa de libertad de hasta dos años o multa] se aplicará a quien, sin consentimiento del afectado, produjera o trasmitiera imágenes:

  1. de otra persona dentro de su recinto privado;

       2.   del recinto privado ajeno;

      3.  de otra persona fuera de su recinto, violando su derecho al respeto del ámbito de su vida íntima …

En relación con los temas precedentes, es importante hacer referencia a la Ley Nº 1682/01 “Que reglamenta la información de carácter privado”, la cual en su artículo 4º expresa lo siguiente: “Se prohíbe dar publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables. Se consideran datos sensibles los referentes a pertenencias raciales o étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales; intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones, o afecten la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias”.

Debe señalarse también que, en salvaguarda de los derechos a la intimidad, a la privacidad y a la imagen privada, la autoridad interviniente en el allanamiento de un recinto privado, sea juez, fiscal o agente policial, no está investida de la facultad de autorizar la entrada de periodistas a la “morada, local comercial, despacho oficial u otro ámbito cerrado” (Art. 141 C. P.) objeto del cateo. La inviolabilidad de los recintos privados consagrada por la Ley Suprema (Art. 34 Cn.) no cede en este aspecto y la posibilidad de ingreso de la prensa depende de “que el consentimiento del que tiene derecho de admisión haya sido declarado expresamente o sea deducible de las circunstancias” (Art. 141 C. P.). En caso contrario, se comete el delito de violación de domicilio castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

En lo que se refiere a la protección de la dignidad, el honor y la reputación, nos remitimos a lo señalado al comentar el artículo 23 de la Constitución, que se refiere a la prueba de la verdad.

Inhabilidades

No pueden ser candidatos a senadores ni a diputados:

…  9) los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación … (Art. 197 Cn.).

Son inhábiles para ser candidatos a Presidente de la  República o Vicepresidente:

… 8)  los propietarios o copropietarios de los medios [masivos] de comunicación … (Art. 235 Cn.).

… Las inhabilidades para candidatos a gobernadores serán las mismas que para Presidente y Vicepresidente de la República … (Art. 162 Cn.).

La Ley Suprema inhabilita a los propietarios o copropietarios de medios masivos de comunicación social para ser candidatos a senador, diputado, presidente de la república, vicepresidente o gobernador. Esta inhabilidad se estableció pensando en la gran influencia que estas personas pudieran ejercer sobre el electorado, mediante la utilización de los medios de que son propietarios.

Este fundamento es sumamente inconsistente. El mal de una indebida influencia sobre el electorado, e incluso su manipulación, no se subsana impidiendo que los propietarios puedan ser candidatos; la acción perniciosa puede ser realizada a favor de un tercero.

Creemos que la solución al problema no es ésta, sino una adecuada regulación del empleo de dichos medios que contemple la prohibición de uso antes del período de campaña electoral, la limitación de uso durante el mismo y el acceso a ellos en condiciones de igualdad, tal como lo establece el Código Electoral en las disposiciones que se transcriben seguidamente.

Disposiciones del Código Electoral

En el Código Electoral están contenidas algunas disposiciones que afectan el funcionamiento de los medios masivos de comunicación social en períodos electorales. Son las siguientes:

Art. 290, 4° pfo.: La propaganda electoral a través de los medios masivos de comunicación social se extenderá por un máximo de sesenta días, contados retroactivamente desde dos días antes de los comicios. En los comicios internos de los partidos políticos la propaganda electoral no podrá exceder de treinta días.

Art. 299. Los medios masivos de comunicación social, una vez dictada la convocatoria a elecciones, están obligados, en un lapso no mayor de ocho días, a remitir al Tribunal Electoral de la circunscripción, sus tarifas ordinarias por los espacios de publicidad que venden.

En ningún caso tales tarifas tendrán variación, en más, en relación con las ordinarias para publicidad comercial. En el supuesto de que establecieren tarifas superiores a las normales, serán sancionados como más adelante se establece.

Art. 301. La propaganda estará limitada, por partido, movimiento político o alianza, a no más de media página por edición o su equivalente en número de centímetros de columna, en cada uno de los periódicos y revistas. En lo que respecta a la propaganda por televisión o radio, cada partido, movimiento político o alianza tendrá derecho a un máximo de cinco minutos por canal o radio, por día.

Inmunidad de opinión y libertad de prensa

Muchos periodistas y medios creen que, al igual que los legisladores, están investidos de inmunidad de opinión y, por tanto, no pueden ser sometidos a proceso alguno sobre la base de las publicaciones que realizan ya que de ellas no puede derivar responsabilidad alguna. Están profundamente equivocados.

La inmunidad de opinión de que gozan los legisladores significa efectivamente que no pueden ser sometidos a proceso penal por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones (Art. 191 Cn.). En otras palabras, queda vedada la posibilidad de instaurar contra ellos una querella por calumnia, difamación, injuria, etc. (Arts. 150 y sigtes. del C. P.), cuando las opiniones sean emitidas en la circunstancia señalada. Tampoco se puede promover una acción civil por indemnización de daño moral.

Las opiniones que emitan los legisladores en el ejercicio de sus funciones no generan responsabilidad alguna. Además, la protección que se les da es definitiva, perpetua o vitalicia respecto de las opiniones emitidas siendo legislador. Por tanto, el hecho de dejar de serlo no habilita la posibilidad de promover acciones que se refieran a tales opiniones.

La situación de los periodistas es diferente pues no gozan de inmunidad de opinión y las opiniones que viertan en el ejercicio de su profesión pueden generarles responsabilidades ulteriores, es decir, luego de su difusión pública.

La libertad de prensa sin censura previa, sólo garantiza que cualquier periodista o medio pueda publicar lo que desee y del modo que le plazca, sin que nadie pueda impedírselo. Pero este es el punto hasta el cual llega el derecho: la publicación libre de censura.

Pero no se trata de que de una publicación no pueda derivar responsabilidad penal o civil. El respeto a la libertad de prensa sin censura previa está plenamente cumplido al no impedirse la publicación. El hacer efectiva una eventual responsabilidad de periodistas, directores o propietarios de medios masivos, en sede judicial, mediante el correspondiente proceso, en modo alguno puede considerarse un atentado a la aludida libertad, si ello se da de conformidad con la legislación vigente.

Crítica de fallos judiciales

La Constitución establece que la crítica de los fallos judiciales es libre (Art. 256 Cn.). Esto significa que cualquier persona puede cuestionar los fundamentos de un fallo, sostener que los mismos son inconsistentes, afirmar que el fallo no se ajusta a lo alegado y probado en el juicio, aseverar que no ha sido dictado de conformidad con las normas aplicables al caso, etc. Esta crítica puede ser realizada también por medios masivos de comunicación.

Pero la crítica basada en elementos no contenidos en el fallo, aunque eventualmente pudieran constituir el entorno en el cual se lo dicta, supera los límites de la libertad de crítica de las decisiones judiciales y puede conducir a la comisión de los delitos de calumnia o difamación. En efecto, sostener, por ejemplo, que “sospechosamente” los juzgadores estudiaron un expediente de varios tomos en un tiempo relativamente breve, o afirmar que en el dictamiento de un fallo hubo injerencia política, no pueden constituir criterios amparados por la libertad de crítica de los fallos judiciales. Es más, prima facie pueden servir de base para los mencionados hechos punibles y para la eventual responsabilidad derivada de ellos, más aún considerando que es admisible la prueba de la verdad y de la notoriedad en estos casos.

Conclusiones

Las conclusiones que formulamos a continuación tienen carácter provisional y parcial. Además, dan por sentada la posibilidad de introducir todas las modificaciones constitucionales y legales que fueren necesarias para que las mismas sean llevadas a cabo.

Ellas son las siguientes:

Es necesario regular jurídicamente la actividad de los medios masivos de comunicación. Incluso con las actuales disposiciones constitucionales ello es posible en cuanto a varios aspectos, como se ha señalado más arriba.

Es necesario que se establezca con claridad que se puede proceder a la incautación de cualquier publicación con posterioridad a su puesta en circulación, en virtud de una decisión judicial y siempre que aquella incurra en abuso a la libertad de prensa. La reiteración de los hechos podría dar lugar a la suspensión del medio e incluso a su clausura, en todos los casos con intervención judicial.

Es necesario que se determine claramente que la renovación de la autorización para el uso del espectro electromagnético, está sujeto a la apreciación de la actuación anterior del medio por la autoridad administrativa, siempre con posibilidad de recurrir a instancias judiciales. En efecto, no existe razón alguna para mantener un medio que en forma reiterada ha incurrido en excesos a la libertad de prensa, previstos legalmente y determinados con intervención judicial en cada caso concreto. Del mismo modo se podría llegar a la clausura del medio.

Es necesario que los órganos jurisdiccionales actúen con independencia y firmeza, no cediendo al poder mediático, en la determinación de la responsabilidad civil y penal de los medios masivos y de las personas vinculadas a ellos.

Bibliografía

Carpizo, Jorge, “Los medios masivos de comunicación y el estado de derecho, la democracia, la política y la ética”, en Bazán, Víctor (coordinador), Defensa de la Constitución. Garantismo y controles, Buenos Aires, Ediar, 1ª. Ed., 2003.

Fernández Segado, Francisco. El sistema constitucional español, Madrid, Dykinson, 1992.

Mercado Luna, Ricardo, “Invocación de la doctrina de la real malicia: ¿monopolio de los medios de comunicación?, en Bazán, Víctor (coordinador), Defensa de la Constitución. Garantismo y controles, Buenos Aires, Ediar, 1ª. Ed., 2003.

Rallo Lombarte, Artemi. Pluralismo informativo y Constitución, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000.

Risso Ferrand, Martín J., “Algunas reflexiones sobre los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y la libertad de prensa”, en Konrad Adenauer Stiftung, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Montevideo, 2002.

Legislación

Código de la Niñez y la Adolescencia

Código Penal

Código Procesal Penal

Constitución de 1844.

Constitución de 1870.

Constitución de 1940.

Constitución de 1967.

Constitución de 1992.

Constituciones de los países de la Comunidad Europea

Constituciones latinoamericanas

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.

Ley de responsabilidad social en radio y televisión, Venezuela, 2004.

Ley Fundamental de la libertad de expresión, Suecia, 1994.

Ley Nº 1682/01 “Que reglamenta la información de carácter privado”.

Ley Nº 1969/02.

Ley sobre la libertad de prensa, Suecia, 1994.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.


[1] J. Carpizo, “Los medios masivos de comunicación y el estado de derecho, la democracia, la política y la ética”, en Víctor Bazán (coordinador), Defensa de la Constitución. Garantismo y controles, Buenos Aires, Ediar, 2003, 1ª. Ed., p. 444.

[2] A. Rallo Lombarte, Pluralismo informativo y Constitución, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, p. 37.

[3]Artículo 1, 1er. pfo., del Capítulo primero, de la Ley sobre la libertad de prensa, de Suecia, de 1994.

[4] Como ejemplo se puede mencionar la Constitución griega de 1975, Art. 14, inc. 3.

La Constitución española de 1978 establece lo siguiente: “Sólo podrá  acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial” (Art. 20.5).

La Constitución italiana de 1947 dispone cuanto sigue:

“… Sólo se podrá proceder a la recogida por auto motivado de la autoridad judicial en el caso de delitos por los que lo autorice expresamente la ley de prensa o en el supuesto de violación de las normas que la ley misma establezca para la indicación de los responsables.

En estos casos, cuando haya urgencia absoluta y no sea posible la intervención a tiempo de la autoridad judicial, podrá procederse a la recogida de la prensa periódica por funcionarios de la policía judicial, que deberán inmediatamente, y nunca más de veinticuatro horas después, ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial …” (Art. 21).

En Suecia está establecido que una publicación no puede ser objeto de confiscación o recogida, salvo del modo y en los casos que especifique la Ley sobre la libertad de prensa (Cf. Art. 3 del Capítulo primero). La misma ley dice que “podrá ser confiscado todo material impreso que constituya infracción a la libertad de prensa …” (Art. 7, del Capítulo séptimo).

[5] Cf. Arts. 2 y 3 del Capítulo primero, de la aludida Ley sobre la libertad de prensa.

[6] J. Carpizo, op. cit., p. 445.

[7] Cf. Art. 3 del Capítulo primero, de la citada Ley sobre la libertad de prensa.

[8] En la Constitución griega de 1975 se puede leer lo siguiente: “… el tribunal ordenará, conforme a los preceptos de la ley, la suspensión definitiva o temporal de la edición del impreso, y en casos graves prohibirá al condenado el ejercicio de la profesión de periodista …” (Art. 14, inc. 6).

[9] Diccionario esencial de la Real Academia Española, Madrid, Espasa Calpe, 1997, P. 904

[10] Similar disposición está contenida en el Art. 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

[11] J. García Morillo, citado por A. Rallo Lombarte, op. cit., p. 38.

[12] A. Rallo Lombarte, op. cit., p. 50.

[13] A. Rallo Lombarte, op. cit., p. 40.

[14] Íd., íd., p. 224.

[15] J. Carpizo, op. cit., p. 448.

[16] Francisco Fernández Segado, El sistema constitucional español, Madrid, Dykinson, 1992, p. 325.

[17] J. Carpizo, op. cit., p. 451.

[18] M. J. Risso Ferrand, “Algunas reflexiones sobre los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y la libertad de prensa”, en Konrad Adenauer Stiftung, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Montevideo, 2002, p. 296.

[19] Este artículo tiene como antecedente directo, el artículo 75 de la Constitución de 1967. También se alude al tema en la Constitución de 1870, Art. 24.

[20] M. J. Risso Ferrand, “Algunas reflexiones sobre los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y la libertad de prensa”, en Konrad Adenauer Stiftung, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Montevideo, 2002, p. 300.

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