APUNTES PARA LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL (*)

Luis Lezcano Claude

Introducción

Antes que nada se debe analizar si es éste un momento en que se dan las condiciones propicias para la realización de una reforma del Poder Judicial que pueda significar un mejoramiento de la organización y el funcionamiento del mismo, sin que exista exposición a un eventual retroceso en cuanto a las normas que lo regulan.

Por otra parte, se debe estudiar qué se pretende del Poder Judicial en cuanto órgano de administración de justicia. Dadas las características del mismo, su actuación es de carácter “residual”, y, en particular, en cuanto a las grandes inequidades sociales que constituyen enormes problemas de injusticia, el Poder Judicial prácticamente nada puede hacer. Aún cuando exista actualmente una tendencia a permitir el logro efectivo de derechos que antes estaban previstos como meras normas programáticas orientadoras de la actividad de los órganos de gobierno, resulta evidente que ciertas situaciones de injusticia sólo pueden ser revertidas en forma radical y en los tiempos breves que exige la premura de las situaciones críticas, por medio de la acción de los órganos legislativo y, sobretodo, ejecutivo. Es más, en Latinoamérica, en general, y en el Paraguay, en particular, existen situaciones de injusticia tan profundas, de tan larga data, que han creado habitualidad, acostumbramiento o resignación a las mismas, al punto de considerarlas “normales”.

En la solución de tales problemas, ¿qué puede hacer el Poder Judicial? En el mejor de los casos, lo que puede hacer es mínimo ante la magnitud del problema. Nos atreveríamos a decir que el paliar dichos problemas exige medidas radicales y sostenidas de órganos administrativos, y que la patente evidencia de su carácter de injusticia no hace necesaria la intervención previa de órganos jurisdiccionales en el marco de un proceso que concluya declarando tal carácter, determinando cuáles deben ser las medidas a adoptar y quiénes deben ser los beneficiarios de tales medidas, porque todo ello salta a la vista.

Si se admite el derecho a una existencia digna y la vigencia de una obligación social para proveer de la misma a todos los integrantes de la sociedad, no son necesarios dilatados procesos que necesariamente, como todos sabemos de antemano, deben concluir con el reconocimiento de tales derechos esenciales.

A veces incluso serán necesarias medidas revolucionarias, o muy cercanas a ellas, cuya imprescindible adopción obviamente no podrá estar en manos del Poder Judicial.

¿Quién puede dudar hoy que el derecho a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, a una atención a la salud acorde a los avances de la ciencia y la tecnología, a un empleo, al vestido y a los bienes materiales elementales, a la educación, etc., constituyen derechos a los cuales debe tener acceso cualquier persona, sin que para ello sea necesario pronunciamiento alguno de autoridad jurisdiccional que les reconozca tales derechos y ordene acciones que deban ser realizadas para satisfacerlos? ¿Se puede sostener que el derecho a acceder a unas condiciones materiales mínimas de existencia, debe ser probado en un juicio, del cual resulte el dictamiento de una resolución que lo reconozca y ordene las medidas pertinentes al respecto?

En cuanto a la solución del problema de la tierra, es decir, a la alta concentración de la misma en pocas manos, lo cual se vincula con el tema de la reforma agraria, prácticamente nula es la intervención que puede corresponderle al Poder Judicial. Lo referente a la reforma agraria depende de la voluntad del Congreso en cuanto a la realización de expropiaciones, y del Poder Ejecutivo en lo relativo a la organización de colonias agrícolas, con todo lo que ello implica en las distintas fases de la producción económica.

Ante medidas extremas como la invasión de propiedades privadas, ¿qué hace el Poder Judicial? Ordena el desalojo de los invasores y eventualmente su detención y procesamiento por “invasión de inmueble ajeno” (Art. 142 del Código Penal). Tratándose de jueces de derecho y no de equidad, es ésta la actuación que le impone la ley. ¿Es la solución a problemas sociales? ¿Puede el Poder Judicial hacer más que esto o proceder de otro modo?

En cuanto al, tantas veces mencionado, problema de la recuperación de las “tierras mal habidas” originadas en la época de la dictadura estronista, igualmente es nula la actuación que puede esperarse del Poder Judicial. En todos los casos nos encontraremos ante situaciones en que las acciones judiciales están prescriptas, o ante situaciones en que formalmente (es decir, en los papeles) no existe irregularidad alguna, o ante segundos o terceros adquirentes de buena fe a quienes no se puede perjudicar. Como se ve, el problema real de las “tierras mal habidas” no puede encontrar solución mediante la actuación de órganos jurisdiccionales que tienen muy constreñido el ámbito en que pueden moverse.

Sirva lo precedente para delimitar el campo de actuación que puede corresponderle al Poder Judicial en el marco de lo que se denomina Estado de Derecho, para tomar conciencia plena de las limitaciones del mismo en cuanto a administrar justicia, es decir, a revertir situaciones injustas que se presentan en la vida social; para comprender el carácter “residual” que habrá de tener su actuación en una sociedad en que los problemas estructurales deben ser solucionados por otras vías y mediante la acción de otros órganos de gobierno y otros actores.

Dentro de este contexto formulamos las propuestas de modificación de las normas constitucionales que regulan el Poder Judicial.

1. Las incompatibilidades de los magistrados judiciales

El artículo 254 de la Constitución prohíbe a los magistrados judiciales ejercer otros cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Esta disposición está plenamente justificada teniendo en cuenta la delicada función que desempeñan los mencionados funcionarios.

Lo mismo puede decirse de la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad político-partidaria, lo cual incluye el desempeño de cargos en partidos, asociaciones o movimientos políticos. En el precepto constitucional se debería precisar que se trata de actividad político-partidaria y no de actividad política en general, dado que los magistrados pueden votar en elecciones generales, departamentales o municipales, o en referendos.

Consideramos acertada también la prohibición de ejercer cualquier otra actividad profesional, pero en cuanto al ejercicio del comercio o la industria, la restricción puede resultar muy estricta. En efecto, cuando se trata del nombramiento de un magistrado, sólo existe la seguridad del desempeño del cargo por cinco años, y, dada esta limitada perspectiva, no se puede exigir al nominado que se desprenda en forma definitiva de la actividad comercial o industrial que desempeñaba. En la práctica lo que se logra son transferencias simuladas a testaferros.

A modo de ejemplo puede señalarse que, en sentido estricto, la persona designada como magistrado no puede mantener a su nombre un establecimiento ganadero porque la actividad propia del mismo consiste en la venta de cabezas de ganado, lo cual constituye acto de comercio; tampoco puede seguir dando en alquiler inmuebles de su propiedad, por la misma razón.  A nuestro criterio debe flexibilizarse esta restricción porque, por un lado, resulta injusta si se exige su estricto cumplimiento, como debiera ser mientras estuviera vigente la norma; y, por la otra, en la realidad sólo determina la realización de actos simulados, burlando la disposición constitucional.

La prohibición al designado como magistrado debería consistir simplemente en no poder seguir realizando por sí mismo la actividad comercial o industrial que venía desempeñando, atendiendo a que no se trate de “actividades privadas lucrativas incompatibles con su función” que son las que se limita a prohibir la Constitución venezolana (Art. 256). Obviamente que esto deberá completarse con la inhibición del magistrado en todos los casos que tuvieren alguna vinculación con la actividad comercial o industrial de que se trata.

2. El nombramiento de los ministros de la Corte Suprema de Justicia

a) En las constituciones paraguayas de 1870 y 1967, se adoptó el régimen de origen norteamericano consistente en que los miembros de la Corte Suprema de Justicia eran designados por el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Senadores. En la Constitución paraguaya de 1940, el acuerdo debía ser otorgado por el Consejo de Estado, lo cual puede ser considerado como inamisible en cuanto modelo a ser tenido en cuenta dado que este órgano casi en su totalidad dependía del Poder Ejecutivo, con lo cual el acuerdo perdía su carácter de mecanismo de control de la designación realizada por el Presidente de la República.

El procedimiento consagrado en las constituciones de 1870 y 1967, puede ser un procedimiento que funcione sin inconvenientes, como de hecho ocurre en los Estados Unidos y en otros países, siempre que la Cámara de Senadores asuma realmente su función de contralor mediante el otorgamiento o la denegación del acuerdo. Precisamente la situación fáctica que se dio durante la dictadura estronista en que la cámara alta se encontraba bajo el absoluto control del titular del Ejecutivo, con la consiguiente degradación del acuerdo a un mero acto formal, fue lo que determinó que en la Convención Nacional Constituyente de 1991/1992 se decidiera la substitución de este procedimiento de designación de los integrantes del máximo órgano jurisdiccional.

Pero el sistema en sí no es malo siempre que el acuerdo a cargo de la Cámara de Senadores opere como un real mecanismo de control de las designaciones pretendidas por el Poder Ejecutivo. Quizá en nuestro medio (dada la situación que se ha dado últimamente en cuanto a la denegación de acuerdos para la designación de embajadores) lo que deberá determinarse con exactitud es el alcance de la facultad de otorgar o no el acuerdo. En efecto, el órgano investido de la facultad debe comprender que el otorgamiento del acuerdo no debe estar supeditado a que el candidato propuesto sea el que el órgano designaría si tuviera la facultad de nombrarlo, sino simplemente a la verificación de que el candidato reúne los requisitos exigidos para ocupar el cargo de que se trate y, sobretodo, que no existe ningún motivo o razón que lo haga indigno para el desempeño de la función, aunque no fuera el candidato preferido.

b) El procedimiento previsto en la Constitución de 1992 difiere radicalmente del que habían consagrado las constituciones precedentes. La intervención del Poder Ejecutivo en la integración de la Corte Suprema de Justicia ha sido reducida considerablemente: se limita a la influencia que pudiera ejercer por medio de su único representante en el Consejo de la Magistratura y, con posterioridad, a la facultad de otorgar o no su acuerdo al designado por la Cámara de Senadores.

El procedimiento, tal como está legislado en la Ley Suprema en vigor, ofrece varias dificultades. En primer lugar, lo referente al Consejo de la Magistratura. En cuanto al mismo el inconveniente inicial es extrajurídico: su consideración como un órgano de rango inferior, mero auxiliar de la Cámara de Senadores y del Poder Ejecutivo, cuando en realidad tiene rango constitucional como estos órganos y un papel tan trascendente y de la misma relevancia que el de estos, en la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Es necesaria, pues, una revalorización del Consejo para lo cual, entre otros aspectos, debe mejorarse la calidad de sus integrantes.

Asimismo, es conveniente modificar la composición del Consejo de la Magistratura eliminando a los integrantes que provienen del Congreso y del Poder Ejecutivo, con lo cual incluso se podría ubicar a este órgano dentro de la estructura del Poder Judicial. Por el contrario se debe aumentar el número de miembros provenientes del órgano judicial, incluyendo las instancias inferiores. El procedimiento de designación de los profesionales abogados debe ser modificado a fin de evitar la injerencia político-partidaria y la realización de verdaderas campañas políticas para acceder al cargo.

La primera fase del procedimiento de designación, consistente en la integración de ternas, debe darse efectivamente a partir de una selección basada en criterios meramente académicos como lo exige la Constitución al hablar de “previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes” (Art. 264, inc. 1, Cn.).

Además, las ternas que surjan del Consejo de la Magistratura deben ser consideradas vinculantes, lo cual constituye la base de la facultad de nombramiento restringida que la Norma Máxima confiere a la Cámara de Senadores. Conviene aclarar aquí que la restricción impuesta a la cámara alta no debe tomarse como determinada por la sola voluntad de un órgano que algunos consideran de rango inferior (Consejo de la Magistratura), sino por la propia Constitución que le conferido a este órgano la atribución de conformar ternas de carácter vinculante.

Las ternas vinculantes, surgidas de un procedimiento basado en criterios académicos, operan asimismo como límite del ámbito en que pueden tener influencia los criterios meramente políticos. Los senadores los podrán hacer valer al efectuar el nombramiento respectivo, pero dentro del ámbito restringido de las ternas integradas con prevalencia de otros criterios.

Entendido el procedimiento de este modo (ternas vinculantes, criterios académicos primeramente y luego criterios políticos eventualmente), podría funcionar perfectamente.

En la tercera fase del procedimiento (acuerdo del Poder Ejecutivo), también pueden surgir algunos inconvenientes. En verdad, la doble limitación a la facultad de nombramiento de la Cámara de Senadores es atípica y no conveniente al restringirla en forma extrema. Una de las soluciones podría ser la de suprimir esta tercera fase. En caso de que no se adoptara esta decisión, el Poder Ejecutivo debería obrar al conceder o denegar el acuerdo respectivo del modo que señalamos más arriba en cuanto al sentido y el alcance que se debe dar al acuerdo. De todos modos sería necesario prever la solución para el caso de que no prestara su acuerdo. A nuestro criterio y a fin de que la facultad de nombramiento de la Cámara de Senadores no fuera despojada de todo contenido substancial, debería admitirse que pudiera ratificarse finalmente en la designación que hubiere hecho.

c) En el más reciente Derecho Constitucional comparado, encontramos en la Constitución del Ecuador (2008) que “… las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento con concurso de oposición y méritos, impugnación y control social …” (Art. 183). No compartimos la idea de dejar por completo en manos del Consejo de la Magistratura (o Judicatura) la designación de los integrantes del máximo órgano judicial. Como lo manifestamos precedentemente, creemos que el procedimiento actual que consta de tres fases, podría ser reducido a las dos primeras a cargo del Consejo de la Magistratura (integración de ternas sobre la base de criterios académicos) y la Cámara de Senadores (designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de las ternas propuestas), respectivamente.

En la Constitución de Bolivia (2009) se establece el siguiente procedimiento:

Artículo 182. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.

II La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos.

En realidad el procedimiento consta de una primera fase en que el órgano legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional), por mayoría de dos tercios, elige a los candidatos a miembros del Tribunal Supremo de Justicia (preselección o precalificación). En la segunda fase se busca la ratificación popular de lo actuado por el órgano representativo mediante la elección final de los integrantes del órgano jurisdiccional por el voto directo de los ciudadanos.

En definitiva, la primera elección está en manos de un órgano de integración netamente política y sólo cuando habrá de darse la votación popular se adoptan recaudos tendientes a evitar una indebida injerencia de los partidos políticos o la manipulación de los candidatos o del cuerpo electoral, ejercida por los mismos. Pensamos que el procedimiento, aunque novedoso, resulta muy arriesgado en cuanto a la posibilidad de lograr una adecuada integración del más alto órgano jurisdiccional.

La Constitución de Venezuela (1999) prevé, en su artículo 264, un procedimiento que consta de las siguientes fases: a) una primera preselección de candidatos a cargo del Comité de Postulaciones Judiciales, el cual está integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad (cf. Art. 270); b) una segunda preselección que corresponde al Poder Ciudadano, ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República (cf. Art. 273); y c) una tercera preselección para la decisión definitiva, a cargo de la Asamblea Nacional.

Este procedimiento con un triple filtro, aplicado con rigurosidad, puede concluir en una adecuada selección de los integrantes del máximo órgano jurisdiccional.

Las constituciones de la Argentina (1994) y el Brasil (1988), no tan recientes, mantienen el procedimiento tradicional de fuente norteamericana: nombramiento por el titular del Ejecutivo y acuerdo del Senado.[1] Consideramos que éste es también un procedimiento adecuado, siempre que el control ejercido por la Cámara de Senadores por medio del otorgamiento o la denegación del acuerdo, se ejerza efectivamente y sin exceder los límites propios de dicha facultad.

La Constitución del Uruguay (1967) establece un procedimiento que queda por entero en manos órgano legislativo. En efecto, los miembros de la Suprema Corte de Justicia son designados por la Asamblea General (Cámara de Representantes y Cámara de Senadores) por dos tercios de votos del total de sus componentes (cf. Art. 236).

d) Demora en la designación. Aún considerando que los plazos previstos en la Ley Nº 296/94 fueran de días hábiles (cf. Arts. 34 a 41), el procedimiento de designación de un ministro de la Corte Suprema de Justicia no podría superar los seis meses. Sin embargo, en la práctica hemos contemplado dilaciones que se extendieron a años. Esto es así porque en la mencionada ley no se establece ninguna consecuencia directa del incumplimiento de los plazos previstos para cada uno de los pasos que deben darse con vistas al nombramiento del nuevo ministro. Los órganos intervinientes en el procedimiento, en particular, la Cámara de Senadores, los han incumplido impunemente.

Para salvar este inconveniente es necesario incorporar alguna disposición como la prevista en la Constitución del Uruguay en los siguientes términos:

Artículo 236. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal.

Una disposición similar atendiendo a nuestro procedimiento de designación, significaría que la terna quedara conformada con los tres miembros de tribunales de apelación con mayor antigüedad, vencido el plazo concedido al Consejo de la Magistratura para hacerlo. Si la omisión se produjera en la siguiente fase, quedaría nombrado el integrante de la terna preparada por el Consejo de la Magistratura que tuviera mayor antigüedad en el desempeño de la función jurisdiccional, y si ninguno fuera magistrado, el de mayor edad. En caso de mantenerse la intervención del Poder Ejecutivo, si no da su acuerdo o no lo deniega en el plazo previsto, debe entenderse que lo concede en forma ficta, de modo tal que queda confirmado el designado por la Cámara de Senadores.

3. La inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia

El tema de la inamovilidad de los ministros del máximo órgano jurisdiccional, ha dado motivo a prolongados e interminables discusiones derivadas de la falta de una regulación constitucional en términos más claros y categóricos que impidieran cualquier duda sobre el particular.

Aún cuando creemos que, de conformidad con la redacción actual de la Constitución en vigor, la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema debe ser considerada como existente ab initio como se desprende del artículo 261 de dicho cuerpo jurídico, no somos partidarios de abrir las puertas a una permanencia muy prolongada en ese cargo. En efecto, creemos que debe estar asegurada una renovación en ese órgano cada cierto tiempo, aunque ello no debe depender de los vaivenes políticos, es decir, de la voluntad del circunstancial titular del Ejecutivo, o de una determinada composición de las cámaras y, menos aún, de la voluntad de los líderes políticos de un momento determinado. Por otro lado, ha de quedar asegurada la posibilidad de desempeño de los magistrados integrantes de la Corte Suprema con absoluta independencia. La substitución de miembros en la cúpula del Poder Judicial cada cierto tiempo, puede permitir la renovación de la jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional, sin que la misma quede estancada por largos periodos de tiempo.

Sostenemos que el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia debe ser desempeñado por un período único de alrededor de doce años, sin posibilidad de reelección. Los períodos, como acontece actualmente, deben ser personales; y en todos los casos debe estar prevista la jubilación de los magistrados, de modo tal que, aunque el período sea limitado, el futuro de aquellos esté asegurado con la consiguiente posibilidad de una actuación independiente al no depender de la clase política en cuanto a una reelección o a una actividad futura que le proporcione ingresos. El periodo de que hablamos no habrá de resultar breve si adicionalmente se dispone que cierto número de los integrantes del máximo órgano debe provenir de la carrera judicial. Incluso no lo será respecto de aquellos jurista que ingresen directamente como ministros de la Corte Suprema.

En el Derecho Constitucional comparado latinoamericano, encontramos varias constituciones que adoptan el criterio que señalamos. Entre ellas se encuentran la Constitución de Colombia (1991), con un período de ocho años (Art. 233); la del Ecuador (2008), con un período de nueve años (Art. 182); la de Venezuela (1999), con un período de doce años (Art. 264);  y la de México (1917), con un período de quince años (Art. 94).

4. La remoción de los ministros de la Corte Suprema de Justicia

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, así como los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo pueden ser removidos por la vía del juicio político. Este reconoce como una de las causales, la comisión de delitos (hechos punibles).[2]

Es incongruente con el sistema penal en vigor, conceder a órganos no especializados y de conformación eminentemente política, como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la facultad de formular acusación sobre la base de la supuesta existencia de hechos punibles y la de juzgar y eventualmente condenar por esos hechos, con la consecuencia de separar del cargo al enjuiciado.

La acusación es formulada sin intervención alguna del Ministerio Público, órgano encargado de ejercer la acción penal pública cuando se trata de hechos punibles perseguibles de oficio (Art. 268, inc. 3, Cn.); sin petición de la víctima e intervención de aquel órgano, cuando se trata de hechos punibles de acción penal pública perseguibles a instancia de parte; o sin ninguna petición de la víctima cuando se trata de hechos punibles de acción penal privada. En todos los casos resulta incongruente que actúe la Cámara  de Diputados sin que el órgano especializado y titular de la acción penal pública se haya manifestado, o, peor aún, sin que la propia víctima haya instado la intervención del Ministerio Público o haya actuado por sí misma promoviendo una querella criminal. No es posible admitir que la Cámara de Diputados pueda formular una acusación sin conocer la opinión de órgano que posteriormente, en caso de prosperar el juicio político y producirse la separación del cargo, es el que debe presentar la imputación y luego formular la acusación en sede penal.

Tampoco es admisible que la Cámara de Senadores adopte una decisión sobre la base de la supuesta comisión de un hecho punible, antes de que se haya llevado a cabo el correspondiente proceso penal y los órganos jurisdiccionales competentes se hayan pronunciado al respecto.

El procedimiento debe ser revisado profundamente, cuando menos en cuanto a que exista previamente una imputación formulada por el Ministerio Público o una querella criminal promovida por la supuesta víctima del hecho punible.

5. El control de constitucionalidad

El sistema de control de constitucionalidad delineado en nuestra Ley Suprema[3], confiere dicha función al máximo órgano jurisdiccional (Corte Suprema de Justicia) y no a un órgano extrapoderes, ubicado fuera del Poder Judicial, como sería un tribunal constitucional. Creemos que en cuanto a este aspecto, se puede mantener el sistema tal cual está, pues sus deficiencias no derivan, por lo menos en lo substancial, de esta característica.

El control es concentrado teniendo en cuenta que sólo puede ser realizado por la Corte Suprema. Esto es obvio cuando la vía es directa o principal, es decir, cuando la cuestión de constitucionalidad se plantea mediante una acción promovida ante el máximo órgano. Pero el carácter concentrado también se manifiesta cuando se provoca el control por una vía indirecta o incidental, como es el caso de la interposición de una excepción de inconstitucionalidad. En este caso, aún cuando la tramitación debe realizarse en la instancia respectiva, para el dictamiento de la resolución respectiva, la excepción debe ser remitida a la Corte Suprema.[4] Asimismo, cuando el magistrado interviniente considera inconstitucional una norma que debe aplicar para resolver el caso que tiene bajo su jurisdicción, debe recurrir a la Corte Suprema para contar con su criterio, sin que le sea permitido inaplicar la norma por propia decisión, aunque la norma fuera notoriamente inconstitucional.

Somos partidarios de que se admita la posibilidad de que los magistrados de primera y segunda instancias puedan ejercer el control de constitucionalidad, de oficio o a petición de parte, en los casos en que entiendan, con efectos limitados a los mismos.

En consecuencia, el control sería simultáneamente concentrado y difuso, con alcances diversos según que la inconstitucionalidad fuera declarada por la Corte Suprema de Justicia o por magistrados de instancias inferiores.

Esto nos conduce a otro de los problemas que presenta nuestro sistema de control de constitucionalidad: la declaración debe producir efectos limitados o “inter partes”, o efectos generales o “erga omnes”.

A nuestro criterio, se debe otorgar efectos generales a la declaración pronunciada por la Corte Suprema en casos que específica y exclusivamente han sido planteados para verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto normativo. Sólo en los casos cuyo objeto principal sea otro y el pronunciamiento esté a cargo de magistrados de instancias inferiores, la declaración habrá de producir efectos circunscriptos a dichos casos concretos.

Finalmente cabe señalar que el control de constitucionalidad debe ejercerse sólo respecto de actos normativos o leyes, y sobre las sentencias (actos jurisdiccionales) dictadas en asuntos referentes a la protección de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional (v. gr. sentencias dictadas en amparos, hábeas corpus o hábeas data).

Los demás actos jurisdiccionales podrán ser objeto de control de constitucionalidad por la vía del recurso de casación, ante la sala respectiva de la Corte Suprema. En  consecuencia, habrá de ser eliminada la acción de inconstitucionalidad contra sentencias.[5]

6. Designación de jueces y miembros de tribunales

En lo que concierne al nombramiento de jueces y miembros de tribunales de apelación, la Convención Nacional Constituyente de 1991/1992 adoptó la decisión de substraerlo prácticamente por completo del ámbito del Poder Ejecutivo. En efecto, la facultad de este órgano de designarlos con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (Art.180, inc. 8, de la Constitución de 1967), fue reemplazada por la intervención mínima que puede darse por medio del único representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

El procedimiento establecido en la Constitución en vigor nos parece acertado, sin dejar de tener en cuenta las modificaciones ya apuntadas que deben introducirse en cuanto a la composición del Consejo de la Magistratura, así como la necesaria consideración de las ternas elaboradas por el mismo, como vinculantes.

Asimismo, debe remarcarse que, de conformidad con lo preceptuado por la Ley Suprema, el proceder del Consejo de la Magistratura en cuanto a la conformación de las ternas habrá de estar guiado por criterios meramente académicos. Para el efecto se establece que se obrará “con igual criterio de selección y examen” (Art. 264, inc. 2, Cn.), es decir, “previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes” (Art. 264, inc. 1, Cn.).

Este mismo espíritu es el que prevale en normas constitucionales como las que transcribimos a continuación.

Constitución de Venezuela (1999), Art.255. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces y juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes

Constitución del Ecuador (2008), Art. 176. Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, …

Con excepción de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, las servidoras y servidores judiciales deberán aprobar un curso de formación general y especial, y pasar pruebas teóricas, prácticas y psicológicas para su ingreso al servicio judicial.

7. Inamovilidad de jueces y miembros de tribunales

a) La Ley Suprema dispone lo siguiente: … Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia (Art. 252, 2° pfo., Cn.).

La norma transcripta presenta varias imprecisiones que han dado lugar a discusiones e interpretaciones no siempre bien fundadas ni desinteresadas. Analizando el texto debe concluirse que se alude a la inamovilidad definitiva o permanente de magistrados de primera y segunda instancias.

El momento a partir del cual se adquiere dicha inamovilidad no ha sido determinado con la precisión que exige el asunto. La expresión “confirmados por dos períodos siguientes al de su elección” ha llevado a sostener que la inamovilidad permanente se adquiere, en opinión de unos, a partir de la segunda confirmación; y a criterio de otros, luego de cumplido el período correspondiente a la segunda confirmación. Nuestra interpretación, formada sobre la base de un estudio sistemático que toma en consideración la otra disposición constitucional que se refiere al tema, nos lleva a concluir que la inamovilidad definitiva se adquiere a partir de la segunda confirmación.[6]

La determinación del alcance del vocablo “cargo” usado en la norma, igualmente ha dado lugar a distintas interpretaciones. Algunos sostienen que debe ser tomado en sentido específico considerando como cargos distintos los de juez de primera instancia, miembro tribunal de apelación, etc., de modo tal que el tiempo necesario para alcanzar la inamovilidad definitiva, debe ser computado por separado para cada uno de ellos, y, es más, debe reiniciarse el cómputo si se  cambia de cargo. Otros, en cambio, entienden que el vocablo “cargo” debe ser tomado en sentido genérico como referido al cargo de magistrado, independientemente de la instancia en que se ejerza la función jurisdiccional. Esto tiene como consecuencia que el tiempo de ejercicio de la magistratura en cualquier instancia puede ser computado a los efectos de determinar la  adquisición de la inamovilidad definitiva. Además, la designación en una instancia superior debe ser considerada como una confirmación. Pensamos que esta última es la interpretación más lógica, aparte de que la otra resulta sumamente injusta al dejar sin efecto alguno períodos de tiempo de ejercicio de la magistratura, e incluso, en el peor de los casos, al obligar a renunciar a la inamovilidad permanente ya adquirida, para que sea posible un nombramiento en una instancia superior.

A todo lo apuntado precedentemente debe sumarse que los plazos previstos en la Constitución, aún cumplidos en forma estricta (cinco años correspondientes al período nombramiento, más otros cinco años del período de la primera confirmación), resultan demasiado prolongados. Lo son aún más si las confirmaciones se demoran por años.

En la Convención Nacional Constituyente de 1991/92, la idea era que la exigencia para que un magistrado adquiriera la inamovilidad definitiva o permanente, fuera el ejercicio ininterrumpido de la magistratura judicial por espacio de  diez años. La idea no fue plasmada correctamente en el texto constitucional y hoy tenemos la diversidad de opiniones e interpretaciones a que hemos aludido.

Si se pretende mantener el criterio señalado, debe redactarse una norma más simple, clara y precisa que refleje a cabalidad la idea. Sería necesario establecer algo así como que los magistrados adquieren la inamovilidad permanente o definitiva por el ejercicio ininterrumpido de la función jurisdiccional por espacio de diez años, sin que ello dependa de pronunciamiento alguno, bastando el simple transcurso del tiempo requerido.

b) Nuestro criterio es el de acortar el tiempo exigido para adquirir la inamovilidad permanente. Las constituciones del Brasil y el Uruguay establecen un periodo de prueba o interinato de dos años, que precede a la inamovilidad permanente y durante el cual la remoción puede darse en cualquier momento.[7]

Creemos conveniente que la inamovilidad permanente o definitiva sea adquirida por el magistrado al ser confirmado en el cargo, al ser designado en otra instancia o por el mero transcurso de seis años ininterrumpidos de ejercicio de la magistratura.

8. Remoción de jueces y miembros de tribunales

De conformidad con la Constitución y la legislación secundaria, el enjuiciamiento de jueces y miembros de tribunales de apelación, y su eventual remoción, debe ser realizado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por las causales previstas en la Ley Suprema.

En efecto, el artículo 253 Cn. prescribe lo siguiente: Los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados  y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de enjuiciamiento de magistrados

La Ley Nº 3759/09, “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados …”, contiene las siguientes disposiciones:

Si la causa de enjuiciamiento fuere la comisión de delitos, el Jurado podrá determinar que el magistrado o agente fiscal acusado sea puesto a disposición del Juez competente, a quien le pasará los antecedentes de la cuestión. En este caso, el proceso de enjuiciamiento quedará suspendido hasta que recaiga sentencia definitiva en el juicio penal.

… si por la comisión de delitos se presentare ante la justicia ordinaria, denuncia o querella criminal contra un magistrado o agente fiscal, el Juez elevará los antecedentes al Jurado mediante auto fundado. El Jurado examinará el mérito de la acusación y, en su caso, pondrá al enjuiciado a disposición del Juez de la causa, a los efectos de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo (Art. 13, 1º y 4º pfos.).

En consecuencia, si la causal de enjuiciamiento fuera el mal desempeño de funciones, el procedimiento se lleva adelante ante el propio Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, hasta su culminación. En cambio, si dicha causal fuera la comisión de delitos (hechos punibles), el J.E.M. se limita a autorizar o no la realización del proceso penal en sede judicial, es decir, su actuación consiste simplemente en conceder o denegar el desafuero del magistrado.

Las disposiciones legales transcriptas más arriba, resultantes de una interpretación del texto constitucional respectivo, proponen un procedimiento muy acertado pues, tratándose de hechos punibles, el ámbito propio y el que ofrece mayores garantías al magistrado es el Poder Judicial, mediante la realización de un proceso penal. De este modo, la decisión final que adopte el J.E.M. en cuanto a una eventual destitución del magistrado, guardará relación con lo que se resuelva en sede penal, sin que exista posibilidad de contradicción, como puede suceder en el caso del juicio político entre la decisión de separación de cargo adoptada por la Cámara de Senadores y un posterior fallo absolutorio en el proceso penal (cf. Art. 225 Cn.).

En este aspecto, es conveniente que a la interpretación que actualmente hace la ley se le dé rango constitucional, a fin de que quede establecida como única solución posible.

Además, en cuanto a otro tema, se debe revisar la composición del J.E.M. a fin de disminuir o eliminar el elevado número de integrantes provenientes de órganos con mucha vinculación con lo político-partidario. Sin duda, en un órgano encargado del enjuiciamiento de magistrados no resulta apropiado que exista un alto componente de esta extracción. Asimismo debería estudiarse la posibilidad de que las funciones que corresponden al J.E.M. sean transferidas al Consejo de la Magistratura, con la consiguiente refundición de ambos órganos en uno solo.

9. Los tribunales militares

El principio de unidad jurisdiccional está consagrado en nuestra Constitución en cuanto dispone que sólo el Poder Judicial “puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso” (Art. 248 Cn.).

Sin embargo, se reconoce a los tribunales militares como una de las excepciones a dicho principio (cf. Art. 174 Cn.). En efecto, dada su inserción en las Fuerzas Armadas y su dependencia del Poder Ejecutivo al estar investido el Presidente de la República del carácter de Comandante en Jefe de aquellas, los tribunales militares son tribunales de índole administrativa, aunque con potestad de imponer gravísimas penas privativas de libertad.

En la actualidad, esta excepción al principio de unidad jurisdiccional, resabio de épocas pretéritas en que los integrantes del estamento militar debían ser juzgados por sus pares, resulta del todo inadmisible.

Por ello, consideramos que los tribunales militares deben ser suprimidos como tales, quedando a cargo de los órganos pertinentes solamente la sanción de las faltas vinculadas a la actividad castrense, en la medida que ello resulte imprescindible para preservar carácter jerárquico que la naturaleza propia de las Fuerzas Armadas impone que tengan.

En cuanto a lo demás, debe crearse el fuero militar integrado a la justicia ordinaria. Esta postura ha sido adoptada por varias constituciones latinoamericanas. La Constitución brasileña (1988) prescribe lo siguiente: “Son órganos del Poder Judicial… los Tribunales y Jueces Militares” (Art. 92, VI). Por su parte, la Constitución venezolana (1999) dice: “La jurisdic­ción penal militar es parte integrante del Poder Judicial …” (Art. 261). La Constitución del Ecuador (2008) dispone cuanto sigue: “…Los miembros de las Fuerzas Armadas … serán juzgados por los ór­ganos de la Función Judicial; en el caso de delitos cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados por salas especializadas en materia militar …, pertenecientes a la misma Función Judicial. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los órganos compe­tentes establecidos en la ley” (Art. 160).

10. La actuación de congresistas-abogados

Sobre la base de lo dispuesto en el Art. 248 Cn. en la parte que dice: “… En ningún caso los miembros de los otros Poderes … podrán … intervenir de cualquier modo en los juicios …”, se ha sostenido que los congresistas (senadores o diputados) que fueren abogados, no pueden actuar como tales ejerciendo la representación de terceros. Incluso la jurisprudencia que parece imponerse es la de negar intervención a los mismos.

En nuestra opinión, del contexto general del artículo 248 de la Constitución debe deducirse que lo que se pretende prohibir es la intervención indebida o irregular de los mismos que implique un atentado a la independencia del Poder Judicial, en particular en su aspecto funcional referido al órgano-persona (magistrado). Ha de tratarse de una actuación que conlleve el uso indebido de influencias, proscrito por el artículo 201 de la Ley Suprema.

Además, en el régimen de incompatibilidades de senadores y diputados, no está incluida la prohibición de ejercer otra actividad profesional, juntamente con la de legislador (cfr. Art. 196 Cn.).

Todo lo que llevamos dicho no implica, sin embargo, que no seamos partidarios de prohibir la actuación de los legisladores-abogados. Lo que hemos hecho es simplemente analizar la normativa constitucional, lo cual nos lleva al convencimiento de que para adoptar una medida limitativa como la que mencionamos, es necesaria una norma expresa incluida en el régimen de incompatibilidades de los congresistas.

En el sentido indicado, la Constitución venezolana de 1999 establece que los diputados “están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva …” (Art. 197). Se debería pensar en una norma similar para incluirla en nuestra Ley Suprema.


Citas

[1] El artículo 99 de la Constitución de la Argentina, en su inciso 4, dispone lo siguiente: el Presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del  Senado.

Por su parte, el Art. 101 de la Constitución del Brasil dice:… Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serao nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

[2] En lo pertinente, el Art. 225 Cn. expresa: … sólo podrán ser sometidos a juicio político … por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

[3] Las disposiciones constitucionales que regulan el tema son las siguientes:

Art. 132 Cn. La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley.

Art. 259 Cn. Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: … 5) conocer y resolver sobre inconstitucionalidad …

Art. 260 Cn. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional:

1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso.

2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución …

[4] Art. 260, último pfo., Cn. … El procedimiento podrá iniciarse … por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.

Art. 13, Ley N° 609. La Sala Constitucional tendrá competencia para conocer y decidir en las excepciones de inconstitucionalidad que se interpongan en cualquier instancia …

[5] En la actualidad, en materia penal existe superposición entre la acción de inconstitucionalidad contra sentencias y el recurso de casación.

En efecto, en los supuestos previstos en los incisos 1 y 3 del artículo 478 del Código Procesal Penal, se ejerce un control de constitucionalidad por la vía del recurso de casación.

El texto legal es el siguiente:

Art. 478 CPP. El recurso extraordinario de casación procederá, exclusivamente:

1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor de diez años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional;

2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia, o

3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados.

[6] El artículo 8 de las Disposiciones Finales y Transitorias, de la Constitución, regula una situación algo distinta, pero también vinculada al tema de la adquisición de la inamovilidad permanente. Aquí se establece que se adquiere “la inamovilidad permanente a que se refiere el 2º párrafo del Artículo 252 “De la  inamovilidad de los magistrados”, a partir de la segunda confirmación”. No cabe pensar que la Ley Suprema pueda dar un trato diferenciado a unos y otros magistrados cuando se trata de una misma cuestión.

[7] La Constitución del Brasil (1988), Art. 95, prescribe: Los jueces gozan de las siguientes garantías:

I. carácter vitalicio, que, en el primer grado, sólo será adquirido después de dos años de ejercicio, dependiendo la pérdida del cargo en ese período de decisión del tribunal al que el juez estuviera vinculado y, en los demás casos, de sentencia judicial firme …

La Constitución del Uruguay (1967), Art. 239, dispone: A la Suprema Corte de Justicia corresponde:

…5º: Nombrar a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose, en cada caso, la mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte.

Estos nombramientos tendrán carácter de definitivos desde el momento en que se produzcan, cuando recaigan sobre ciudadanos que ya pertenecían, con antigüedad de dos años, a la Judicatura, al Ministerio Público y Fiscal o a la Justicia de Paz, en destinos que deban ser desempeñados por abogados.

Si los mismos funcionarios tuviesen menor antigüedad en sus respectivos cargos serán considerados con carácter de Jueces Letrados interinos, por un período de dos años, a contar desde la fecha de nombramiento, y por el mismo tiempo tendrán ese carácter los ciudadanos que recién ingresen a la Magistratura.

Durante el período de interinato, la Suprema Corte podrá remover en cualquier momento al Juez Letrado interino, por mayoría absoluta del total de sus miembros. Vencido el término del interinato, el nombramiento se considerará confirmado de pleno derecho …

Bibliografía

Fernández Arévalos, Evelio, Órganos constitucionales del Estado, Intercontinental Editora, Asunción, 2003.

Hernández Valle, Rubén, El Derecho de la Constitución, Ed. Juricentro,  San José, Costa Rica, 2 vols., 1993.

Lezcano Claude, Luis, Derecho Constitucional – Parte orgánica, Asunción, 2008, 2010.

Lezcano Claude, Luis, “El Control de Constitucionalidad en el Paraguay”, La Ley Paraguaya S.A., Asunción, mayo del 2000.

Lezcano Claude, Luis, Independencia del Poder Judicial, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. N. A., Asunción, 2003.

Legislación

Código Penal.

Constitución de Argentina, 1994.

Constitución de Bolivia, 2009.

Constitución del Brasil, 1988.

Constitución de Colombia, 1991.

Constitución de Ecuador, 2008.

Constitución de México, 1917.

Constitución del Uruguay, 1967.

Constitución de Venezuela, 1999.

(*) Esta monografía fue publicada en Reforma Constitucional, Asunción, Semillas para la Democracia, agosto de 2010.

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