Reglamento de Gobierno de 1813 (comentario)

Luis Lezcano Claude

Nueva Roma, la Patria ostentara
Dos Caudillos de nombre y valer
Que rivales, cual Rómulo y Remo,
Dividieron gobierno y poder

Fragmento del Himno Nacional, se refiere a los primeros cónsules Francia y Yegros

 

Características generales. El llamado Reglamento de Gobierno de 1813 fue aprobado por el segundo Congreso General, el 12 de octubre de 1813. Dicho Congreso se reunió a partir del 30 de septiembre en el templo de la Merced y estuvo integrado por más de mil diputados. Éstos fueron designados en forma democrática en elecciones populares y libres, mediante el voto de todos los ciudadanos de cada una de las poblaciones y en proporción al número de los electores.
Estos primeros congresos generales del naciente Estado paraguayo, además de las funciones propias de un órgano integrante del poder constituido, ejercieron el poder constituyente, en particular, en cuanto a la determinación de los órganos de gobierno.
La redacción del Reglamento fue encomendada al Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia y al Capitán Pedro Juan Cavallero, quienes lo presentaron al Congreso el 12 de octubre, fecha en que fue aprobado por aclamación. La sanción del citado instrumento constitucional debe inscribirse dentro del ejercicio del poder constituyente.
Si se toma en consideración la afirmación contenida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, de que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución (Art. 16), resulta evidente que el Reglamento de Gobierno de 1813 no puede ser considerado propiamente una constitución en el sentido en que la entendemos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En efecto, el Reglamento carece de una declaración de derechos y garantías de los gobernados (parte dogmática) y, además, la separación de las funciones clásicas del poder está delineada en forma muy limitada en cuanto guarda relación con el órgano legislativo y en forma embrionaria en lo que se refiere al órgano judicial.
No obstante lo señalado, por el hecho de organizar el gobierno, aunque fuera con grandes deficiencias en cuanto al equilibrio y la división de funciones de los órganos creados, e incluso sujetando la creación de uno de ellos (el judicial) al criterio de otro, además de otras cuestiones, el Reglamento de Gobierno de 1813 debe ser considerado como la primera ley de carácter constitucional que tuvo el Paraguay.
El Reglamento es un instrumento breve, consta sólo de diecisiete artículos. La mayor parte de ellos se ocupan en regular el órgano ejecutivo que, por su carácter permanente y por las atribuciones que se le reconocían, era el que realmente ejercía el gobierno.
República del Paraguay. Debe destacarse que en este Reglamento se usó por primera vez la expresión “República del Paraguay” (Art. 1), lo cual implicaba un rompimiento expreso con la monarquía española y con las provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata, en particular con las autoridades constituidas en Buenos Aires. Refuerza la idea de que la alusión a la “República del Paraguay” contenida en el instrumento, debe ser tomada como una verdadera declaración de independencia, la referencia que se hace más adelante en cuanto a la reunión de los habitantes en Congreso General “como pueblo libre y soberano” (Art. 14).
Se hace alusión también a “la escarapela tricolor de la República” que debía llevar el sombrero que como divisa de su dignidad correspondía usar a los cónsules (Art. 2).
Consulado. A imitación del consulado romano o del consulado de Bonaparte y Sièyes, se adoptó esta forma de gobierno. Las funciones ejecutivas quedaban en manos de dos Cónsules de la República del Paraguay, quienes eran nombrados expresamente en el instrumento: don Fulgencio Yegros y don José Gaspar de Francia (Art. 1). Se trataba, pues, de un ejecutivo colegiado. El mandato de los cónsules era de un año, quedando sujeto luego a lo que determinara el nuevo Congreso General que debía reunirse al cabo de dicho lapso.
No se hacía ninguna distinción en cuanto a las facultades que correspondían a los cónsules. En este sentido se establecía que “tendrán jurisdicción y autoridad en todo igual, la que ejercerán unidamente y en conformidad. Por consecuencia, todas las providencias de govierno se expedirán firmadas por los dos” (Art. 2).
Para el manejo interno del órgano colegiado se establecía la figura de la presidencia, pero se dejaba muy en claro que sólo debía tener este alcance. Así se afirmaba que ella quedaba “reducida solamente a lo interior del tribunal”, “limitada a la economía y réjimen interior del tribunal” (Art. 4). Asimismo, se prescribía que “el que la exerza se titulará cónsul de turno, y de ningún modo cónsul presidente”. Los cónsules debían alternarse por cuatro meses cada uno, correspondiendo el primer turno al cónsul Francia (Art. 9).
Se dejaba “al arbitrio y prudencia de los dos cónsules el arreglar de común acuerdo y conformidad todo lo concerniente al mejor despacho y expediente de todos los negocios de gobierno en todos sus ramos” (Art. 12). Todas las áreas concernientes al gobierno quedaban en manos de los cónsules. Ejercían éstos facultades ejecutivas, militares y judiciales.
Como una atribución y un deber de carácter predominantemente militar, se les encomendaba “la conservación, seguridad, y defensa de la República con toda la vijilancia, esmero y actividad que exijen las presentes circunstancias” (Art. 3). La importancia de tal obligación se remarcaba al aludir a ella como el “primer cuidado” que debían tener los cónsules. Las “presentes circunstancias” a que se hace mención, eran el peligro de una intervención portuguesa, las pretensiones de los porteños de integrar al Paraguay como una provincia más del nuevo Estado que se pretendía constituir sobre la base del desaparecido Virreinato del Río de la Plata, y eventualmente un intento español de recuperar sus colonias.
A los cónsules se les confería la gradación y los honores de “Brigadieres del Ejército” (Art. 1). La Comandancia General de Armas debía ejercerse “por la jurisdicción unida de los dos cónsules” (Art. 5).
No obstante esta disposición, la tropa y el armamento debían dividirse por mitad al mando y cargo de cada uno de los cónsules. Debía haber dos batallones de infantería de suerte que cada cónsul tuviera su batallón del cual sería “jefe y comandante particular y exclusivo”. El batallón existente quedaba a cargo del cónsul Yegros y el cónsul Francia debía crear el suyo. En cuanto a las compañías de artillería se adoptaba igual criterio y así, con el mismo carácter de jefe y comandante particular, la primera correspondía a Yegros y la segunda a Francia (Cf. Arts. 6 y 7).
Como se ve, si bien se consagraba la figura del ejercicio de la Comandancia General de Armas en forma conjunta por ambos cónsules, a continuación se establecían detalladas previsiones para asegurar que cada cónsul por separado tuviera el control efectivo de la mitad de la tropa y de los armamentos.
La permanencia o la elección de los integrantes de los mencionados cuerpos militares, dependía de sus respectivos comandantes. Sin embargo, los despachos de oficiales debían ser otorgados por ambos cónsules. Asimismo, las causas particulares de cualquiera de los militares, debía “ventilarse y juzgarse por la jurisdicción unida de los cónsules” (Cf. Art. 8).
Los casos de discordia entre los cónsules debían ser dirimidos por el secretario, en cuanto no se opusiera a lo dispuesto en el Reglamento. Si existieren dos secretarios, debía dirimir aquel a quien corresponda actuar en los negocios de la clase en que ocurra la discordia (Art. 11).
En caso de falta absoluta de uno de los cónsules “por muerte o por retiro”, el otro debía convocar, dentro de un mes, a Congreso General para elegir al substituto (Art. 14).
El poder de los cónsules, que como se ha visto abarcaba todos los ramos del gobierno, no estaba limitado o controlado sino por el Congreso General que debía reunirse una vez al año en forma ordinaria, y por el Cabildo de Asunción, en determinados aspectos. En cuanto a este último órgano se establecía que se le “pasará noticia” del cambio de turno de los cónsules “para su inteligencia” (Art. 9, in fine). Además, la facultad conferida a los cónsules para fijar su propio sueldo, el de los secretarios y el de los miembros del Tribunal Superior de Recursos, debía ser ejercida “con audiencia y consulta del mismo cavildo” (Art. 13).
Congreso General. Un Congreso General debía reunirse el 15 de octubre de cada año. Esta constituiría la reunión ordinaria del órgano. Quedó fijado en mil diputados o “sufragantes” el número de integrantes del congreso y esta cantidad no podría ser modificada sino por otro congreso. Los diputados debían ser electos popularmente. La atribución del pueblo de “mejorar su gobierno si fuese necesario” ejercida por medio de un Congreso General, revela que éste estaba investido de algunas facultades constituyentes.
A este órgano se alude denominándolo “congreso general de la provincia” (Art 14), pero también se lo llama “Congreso Soberano” en el artículo 16. El Congreso General debía reunirse en forma extraordinaria, como ya se ha apuntado, en caso de falta absoluta de uno de los cónsules.
Tribunal Superior de Recurso. Quedaba también “al arbitrio y prudencia de los dos cónsules … la creación de un tribunal superior de recurso, que deberá conocer y juzgar en última instancia conforme a las leyes, según la naturaleza de los casos y juicios que se dejase a su conocimiento” (Art. 12).
Este tribunal, al cual también se lo denomina “cámara de recursos” (Art. 13), nunca llegó a crearse. Tal circunstancia pone de manifiesto la nula posibilidad de ejercicio de la función jurisdiccional en forma autónoma.
Vigencia y juramento del Reglamento. El Reglamento debía ser observado “hasta la determinación del futuro Congreso” (Art. 15). De conformidad con lo establecido en el mismo, tendría entonces una duración mínima de un año que era el tiempo al cabo del cual debía reunirse un nuevo Congreso General.
Los cónsules debían comparecer inmediatamente a jurar ante el Congreso “el observar y hacer observar fiel y cumplidamente el presente reglamento”. Igualmente debían hacerlo los oficiales de las tropas acuarteladas y, a su vez, éstos debían tomar juramento a los demás militares (Art. 16).

Bibliografía

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